Los “operativos humillación” como fueron bautizados, incluyeron “corralitos”, donde los jóvenes eran exhibidos antes de ser trasladados y según datos de la policía sólo el 82% de los detenidos tenía algún tipo de antecedente. Este accionar fue masivamente repudiado. El jueves 7 de mayo unas ocho mil personas marchamos para exigir que se termine con la represión, se derogue el Código de Faltas y el jefe de policía Suárez sea destituido.

Los candidatos del PJ, el FpV y la alianza PRO-UCRJuez, al hablar de inseguridad, criminalizan la pobreza y buscan “combatir el crimen”. Y esquivan hablar de las verdaderas causas del problema. Se quedan en lo cosmético de la cantidad de móviles y agentes policiales, por ejemplo, sin decir ni una palabra de las grandes redes de tráfico de drogas y personas, en las que hay total connivencia entre empresarios del tráfico, policías, jueces y funcionarios políticos que usan como mano de obra barata a los miles de jóvenes en situación de absoluta vulnerabilidad al no tener posibilidades de acceder a una educación y trabajo dignos.

Tras 32 años de gobierno del PJ y la UCR la situación de la provincia es sumamente crítica. Córdoba encabeza las estadísticas de casos de gatillo fácil y femicidios. La policía y el poder político tienen estrechos lazos con los narcos, que cada vez tienen más peso. Es fundamental desbaratar las mafias, desmantelar el aparato represivo y policial, y promover la autoorganización de los vecinos para protegerse, anular el Código de Faltas y generar condiciones de vida digna para los miles de jóvenes que día a día son excluidos.