Actualmente, las calles de la ciudad están repletas de policías (aproximadamente uno cada ciento cincuenta personas), supuestamente para combatir la inseguridad. Pero no apuntan a los verdaderos responsables. En consonancia con el gobierno nacional, dirigen su aparato represivo hacia los sectores populares y de trabajadores, seleccionando los sujetos de persecución. Lamentablemente cuentan con el aval del estado, el gobierno de Dela Sota y sus legisladores, los medios hegemónicos de comunicación y el Poder Judicial. Se dirigen a la opinión pública decidiendo “un chico con gorra caminando por la calle o un trabajador reclamando por su fuente laboral es peligroso”, mientras garantizan la impunidad de un oficial que asesina a un joven por la espalda o la seguridad para una fábrica que despide y discrimina a sus trabajadores. Así, muestran a la sociedad una infinidad de operativos policiales, tanto en barrios carenciados como en protestas.

Esto ha dejado el saldo de ocho jóvenes muertos en lo que va del año, algunos asesinados por la espalda, otros acribillados y otros que aparecen “suicidados” en las comisarías. El Código de Faltas de Córdoba, en teoría, sirve para “garantizar” la convivencia. Pero incluye muchas conductas que no constituyen delito, en muchos casos violando garantías constitucionales. Con términos ambiguos como “decoro personal”, “decencia pública”, “escándalo” y, sobre todo, la figura del “merodeo”, le permite a la policía detener a jóvenes por “portación de rostro” como si fueran delincuentes.

Hay que derogar ya el Código de Faltas (una herramienta para la represión y estigmatización). E ir más allá, ante un estado provincial que busca la “seguridad vengativa”, en lugar de la seguridad preventiva, desviando los recursos públicos hacia las fuerzas policiales en desmedro de la educación, la salud y la inserción laboral como formas de seguridad social y prevención de delitos. En la misma línea de un estado nacional que lejos de garantizar los derechos humanos, dicta leyes como la Antiterrorista o impulsa proyectos “antipiquetes”, apoyándose en Milani y Berni, los designados por Cristina Kirchner para reprimir a los que luchan.

Tenemos que acabar con la tolerancia selectiva y dejar de mirar para otro lado cuando suceden casos de gatillo fácil o violencia policial y continuar con la más amplia movilización para desmantelar el aparato represivo.