Sep 28, 2021 Last Updated 9:15 PM, Sep 27, 2021

Escribe Adolfo Santos

Los vacunatorios VIP no son exclusividad de la Argentina. Estos hechos de corrupción ocurren también en otros países. Saltaron escándalos en Perú, Chile, Ecuador, el Estado español, Italia y Polonia, entre otros, donde se vacunaron ex presidentes, políticos, artistas, generales, sindicalistas y obispos en forma secreta y al margen de los programas que rigen para la población en general. Muchos, por el repudio popular, tuvieron que renunciar a sus cargos, como sucedió con Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor del Ejército español. En Perú, el ex presidente Martín Vizcarra, su esposa, la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, ex funcionarios como Pablo Checa Ledesma, del PC y dirigente de la CGTP, y otros 480 funcionarios fueron vacunados con este método irregular. Una conducta despreciable que demuestra la verdadera cara de estos gobiernos capitalistas que actúan para salvar pequeños grupos de privilegiados.

Ya están fraguando la impunidad. Varios juristas de distintos países han adelantado que esta conducta de  incumplir protocolos “no es delito”, ya que no se estaría violando la ley ni hay enriquecimiento de por medio. Es decir, en el capitalismo la corrupción y la desidia no se condenan. Quedará en manos de la movilización y el repudio social llevar a estos personajes a la cárcel.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop.

A esta altura queda claro que la sed de ganancia de las multinacionales está impidiendo la vacunación de la población mundial. Se vacunaron en todo el mundo cerca de 210 millones de habitantes. De ellos, solo 40 millones completaron las dosis que garantizan la inmunidad, son apenas el 0,51% de la población mundial. Es lenta e inequitativa. Seis países imperialistas (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) concentran 92 de esas 210 millones de dosis aplicadas y más de la mitad de quienes hasta ahora pudieron recibir la inmunización completa. En el otro extremo hay treinta países, que nuclean a 1.900 millones de personas, donde ni siquiera se ha empezado a vacunar.

Un puñado de monopolios farmacéuticos y laboratorios, amparados por los gobiernos imperialistas, está impidiendo que haya una producción suficiente para poder inmunizar a la población del planeta. Su causa es el régimen de patentes y propiedad intelectual de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permite que cada una de esas empresas tenga la exclusividad para producirlas y venderlas a pesar de ser resultado del conocimiento científico y técnico acumulado durante décadas por investigaciones en universidades, hospitales e institutos, financiadas con presupuestos públicos. La vigencia de las patentes y la propiedad intelectual permite la apropiación privada de este bien común impidiendo su producción generalizada. En cambio, la libre cooperación internacional, en función de las necesidades sociales, permitiría que la vacuna se produjera y llegara a todo el planeta sin distinción.

Los países imperialistas más poderosos, con pagos por adelantado, garantizaron sus vacunas. Canadá y la Unión Europea, por ejemplo, han adquirido cantidades que superan varias veces a la de su población. Los países del continente africano o de América latina quedan, entonces, completamente rezagados.

La Argentina es uno de los 99 países firmantes de la iniciativa encabezada por India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que plantea la suspensión de las patentes mientras dure la pandemia. El presidente Alberto Fernández dijo en el Foro de Davos que la vacuna debe ser un “bien público global”. Sin embargo, la vacuna AstraZeneca que se produce en la Argentina está al servicio del Grupo Insud-Pharma (de Hugo Sigman, empresario ligado al gobierno) en acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim. Por eso le exigimos al gobierno de Alberto Fernández que obligue al Grupo Insud a que ceda la fórmula para que implemente de manera urgente una gran producción nacional de emergencia de millones de vacunas.

Nuestro país tiene la infraestructura industrial y el recurso humano para elaborar esa y otras vacunas. Hay grandes centros de producción privados y estatales que permiten hacerlo. Por otra parte, hay al menos seis proyectos en curso para producir vacunas que reciben escaso o nulo financiamiento del Estado. Es necesaria una política del gobierno que centralice en todo el país un plan nacional de producción y distribución de vacunas gratis para la Argentina, al igual que la distribución masiva de plasma, suero equino y todos los medicamentos e insumos necesarios para impedir muertes evitables por el Covid-19.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y nuestro diputado nacional, Juan Carlos Giordano, con su proyecto de ley, estamos impulsando una campaña nacional e internacional sumándonos a Médicos Sin Fronteras y otras personalidades y organizaciones, sacando pronunciamientos e impulsando distintas acciones para que se desconozcan las patentes. Recientemente, el gremio Cicop sacó un pronunciamiento que señala: “Volvemos a bregar por la condición de bien público que deben tener las vacunas, con la correspondiente liberación de todas las patentes. Será el único modo de proteger a la población de todos los países y en igualdad de condiciones frente a la catástrofe sanitaria en la que estamos inmersxs”. Saludamos este pronunciamiento y llamamos a impulsar acciones unitarias entre todos los que queremos enfrentar las patentes para que haya vacuna para todas y todos.

 


 
 

 

  • Este miércoles 3 de marzo a las 19 realizaremos una charla virtual “No a las patentes de vacunas - Vacunas para todas y todos”. Donde expondrán Reynaldo Saccone y Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista FIT Unidad. Se transmitirá por Facebook y Youtube Live de Izquierda Socialista.

 

 

 

Escribe Adolfo Santos

Que la inflación en nuestro país es altísima todo el mundo lo sabe. Esto es más grave cuando los aumentos de los medicamentos han sido siderales en 2020, ¡en plena pandemia!

Un informe del Observatorio de Costos de la Salud, reproducido por Página/12 el 17 de febrero pasado, señala que los medicamentos de uso hospitalario aumentaron un promedio de 278%, superando ampliamente los índices de inflación. Productos como el propofol (de uso en pacientes graves con Covid-19) tuvieron aumentos anuales de 335 por ciento. Incluso, el acenocumarol -anticoagulante para evitar accidentes cerebrovasculares (ACV) en personas que padecen arritmias- incrementó su precio de venta al público 1.397 por ciento. Por su parte, los fármacos para el tratamiento de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis aumentaron 84% en promedio, aunque algunos llegaron a subir 1.300 por ciento. En este escenario, el gobierno “nacional y popular” permite tranquilamente que los laboratorios y grandes grupos farmacéuticos aumentan sin control y se lleven sus ganancias “en pala”.

-          Martha Rosenberg, feminista, psicoanalista, fundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

-          Graciela Zaldúa, psicóloga, profesora titular consulta e investigadora UBA.

-          Elsa Schwartzman. Socióloga y docente e investigadora Universidad de Buenos Aires (UBA) fundadora de la Campaña nacional por el derecho al aborto

-          Hugo Leale. Psicólogo, profesor adjunto e investigador Universidad de Buenos Aires (UBA)

-          Patricia Pines. Docente de CABA. Integrante del colectivo familias Vacantes para todos en las escuelas públicas

-          Gustavo Alonso. Integrante del colectivo Familias por retorno seguro a las escuelas CABA

-          Eduardo Jofré. Profesor y consejero directivo del ISEF Dr. Enrique Romero Brest.  

-          Soledad Devalle. Tocoginecóloga del Hospital Pirovano

-          Clara Bibiloni. Enfermera Hospital Fernández.

-          Dra. Claudia Figari. Investigadora principal de Conicet y Directora del CEIL-Conicet. Profesora titular en Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Universidad Nacional de Luján (UNLu)

-          Edith Bello. Supervisora  (jubilada) de educación media CABA

-          Mónica Insaurralde. Prof. Adjunta ordinaria, Área Didáctica, Departamento de Educación, Universidad Nacional de Luján (UNLu) Prof. Adjunta regular, Problemáticas didácticas de la Educación Secundaria y Residencia, Escuela de Educación, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, UACO

-          Marcelo Hernández. Sec de Derechos Humanos de ADUNLu.  Dr. Profesor Adjunto en el Dpto de Educación.

-          Pablo Bergel. Sociólogo, diputado (mc: 2011-2015) Legislatura CABA Bloque Verde al Sur

-          Natalia Piñon. Psiquiatra. Guardia del Hospital Penna.

-          Eduardo Joly. Presidente de la Fundación Rumbos. En defensa de la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad.

-          Medardo Ávila Vázquez. Medico pediatra, docente cátedra de pediatría de la Universidad nacional de Córdoba (UNC) y coordinador de la red de pueblos fumigados

-          Flavia Di Filippo. Médica pediatra, coordinadora de la red de pueblos fumigados

-          Fernando Barri. Biólogo, investigador de Conicet.



Ver petitorio y firmas completas nacionales e internacionales en:

uit-ci.org 

izquierdasocialista.org.ar 

 


Camilo García. Médico en la sala Covid-19, Centro Hospitalario Epicura, ciudad de Ath, Bélgica.

“Hoy la humanidad está frente a una pandemia que ha provocado la muerte de cientos de miles de personas. En una proeza técnica se produjeron vacunas en solo unos meses. Sin embargo, en este mundo neoliberal se puso el beneficio económico delante de la vida de las personas. Liberar las patentes de las vacunas permitiría que rápidamente las capacidades ociosas de decenas de laboratorios puedan ponerse a producir vacunas para prevenir enfermedades que ponen en riesgo a la humanidad. Es indispensable y urgente que los seres humanos vuelvan a ser más importantes que los beneficios económicos”.

Sasha Avila Levandosky. Estudiante que perdió a su mamá, su papá, su abuela y su tío en 2020 por el coronavirus.

“Firmé el petitorio porque no puede ser que exista una brecha entre el rico y el pobre por la vacuna. Eso debe culminar porque no pueden existir negociados fraudulentos. La salud no se negocia, las vacunas deben estar libres de patentes ya que sería lo ideal para la población”.

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