Escribe Adolfo Santos

Que la inflación en nuestro país es altísima todo el mundo lo sabe. Esto es más grave cuando los aumentos de los medicamentos han sido siderales en 2020, ¡en plena pandemia!

Un informe del Observatorio de Costos de la Salud, reproducido por Página/12 el 17 de febrero pasado, señala que los medicamentos de uso hospitalario aumentaron un promedio de 278%, superando ampliamente los índices de inflación. Productos como el propofol (de uso en pacientes graves con Covid-19) tuvieron aumentos anuales de 335 por ciento. Incluso, el acenocumarol -anticoagulante para evitar accidentes cerebrovasculares (ACV) en personas que padecen arritmias- incrementó su precio de venta al público 1.397 por ciento. Por su parte, los fármacos para el tratamiento de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis aumentaron 84% en promedio, aunque algunos llegaron a subir 1.300 por ciento. En este escenario, el gobierno “nacional y popular” permite tranquilamente que los laboratorios y grandes grupos farmacéuticos aumentan sin control y se lleven sus ganancias “en pala”.

-          Martha Rosenberg, feminista, psicoanalista, fundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

-          Graciela Zaldúa, psicóloga, profesora titular consulta e investigadora UBA.

-          Elsa Schwartzman. Socióloga y docente e investigadora Universidad de Buenos Aires (UBA) fundadora de la Campaña nacional por el derecho al aborto

-          Hugo Leale. Psicólogo, profesor adjunto e investigador Universidad de Buenos Aires (UBA)

-          Patricia Pines. Docente de CABA. Integrante del colectivo familias Vacantes para todos en las escuelas públicas

-          Gustavo Alonso. Integrante del colectivo Familias por retorno seguro a las escuelas CABA

-          Eduardo Jofré. Profesor y consejero directivo del ISEF Dr. Enrique Romero Brest.  

-          Soledad Devalle. Tocoginecóloga del Hospital Pirovano

-          Clara Bibiloni. Enfermera Hospital Fernández.

-          Dra. Claudia Figari. Investigadora principal de Conicet y Directora del CEIL-Conicet. Profesora titular en Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Universidad Nacional de Luján (UNLu)

-          Edith Bello. Supervisora  (jubilada) de educación media CABA

-          Mónica Insaurralde. Prof. Adjunta ordinaria, Área Didáctica, Departamento de Educación, Universidad Nacional de Luján (UNLu) Prof. Adjunta regular, Problemáticas didácticas de la Educación Secundaria y Residencia, Escuela de Educación, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, UACO

-          Marcelo Hernández. Sec de Derechos Humanos de ADUNLu.  Dr. Profesor Adjunto en el Dpto de Educación.

-          Pablo Bergel. Sociólogo, diputado (mc: 2011-2015) Legislatura CABA Bloque Verde al Sur

-          Natalia Piñon. Psiquiatra. Guardia del Hospital Penna.

-          Eduardo Joly. Presidente de la Fundación Rumbos. En defensa de la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad.

-          Medardo Ávila Vázquez. Medico pediatra, docente cátedra de pediatría de la Universidad nacional de Córdoba (UNC) y coordinador de la red de pueblos fumigados

-          Flavia Di Filippo. Médica pediatra, coordinadora de la red de pueblos fumigados

-          Fernando Barri. Biólogo, investigador de Conicet.

Ver petitorio y firmas completas nacionales e internacionales en:

uit-ci.org 

izquierdasocialista.org.ar 

Camilo García. Médico en la sala Covid-19, Centro Hospitalario Epicura, ciudad de Ath, Bélgica.

“Hoy la humanidad está frente a una pandemia que ha provocado la muerte de cientos de miles de personas. En una proeza técnica se produjeron vacunas en solo unos meses. Sin embargo, en este mundo neoliberal se puso el beneficio económico delante de la vida de las personas. Liberar las patentes de las vacunas permitiría que rápidamente las capacidades ociosas de decenas de laboratorios puedan ponerse a producir vacunas para prevenir enfermedades que ponen en riesgo a la humanidad. Es indispensable y urgente que los seres humanos vuelvan a ser más importantes que los beneficios económicos”.

Sasha Avila Levandosky. Estudiante que perdió a su mamá, su papá, su abuela y su tío en 2020 por el coronavirus.

“Firmé el petitorio porque no puede ser que exista una brecha entre el rico y el pobre por la vacuna. Eso debe culminar porque no pueden existir negociados fraudulentos. La salud no se negocia, las vacunas deben estar libres de patentes ya que sería lo ideal para la población”.

Estamos asistiendo a una inequidad en el acceso a las vacunas: quienes tienen más recursos las acaparan. El mundo está en espera de la finalización de la vacunación en los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, a la que accedieron agotando la cantidad de vacunas disponibles para el resto del mundo, sin posibilidad de que algunos países puedan producir su propio stock debido a la existencia de las patentes. De ese modo no se puede concretar la vacunación.

Liberar las patentes de las vacunas permitiría que países como la Argentina, que tiene capacidad para producirlas, lo hagan y no tengan que depender de las fábricas centralizadas para completar esquemas de vacunación. Mientras se espera, aumenta en miles la cantidad de enfermos y fallecidos, la pandemia sigue en aumento y las posibilidades de mutaciones más severas amenazan con invalidar parcial o totalmente las actuales vacunas.

El negocio de las vacunas a nivel mundial produce muertes en pos de un aumento de precios y una presión social sobre los gobiernos, obligados a comprarlas casi a niveles de extorsión. Si se liberan las patentes los precios caerían de modo que no sería un negocio, y eso es lo que en momentos de pandemia debe hacerse, ya que la vida es el derecho principal a defender.

Según Médicos Sin Fronteras, nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de Covid-19 en 2021. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de una mayor solidaridad por parte de los países: “El ‘nacionalismo de las vacunas’ nos perjudica a todos”, dijo a principios de enero. Debemos apelar a la liberación de las patentes y a la transferencia de tecnología que logre una autonomía plena en pos de salvar vidas. En este marco es correcto encarar una campaña internacional con todos los que coincidan con estos objetivos.

*Oscar Atienza es Médico cirujano, Docente universitario en Medicina, Doctor en Medicina y Cirugía, Magister en Salud Pública

Escribe Atilio Salusso

"La ley permite que el presidente expropie una fábrica para la seguridad del país. ¿Cuándo se hará cargo el presidente Biden de la fábrica de vacunas covid Pfizer en Kalamazoo y comenzará a operar las 24 horas del día, los siete días de la semana? Cientos de miles murieron. Envíe tropas a Kalamazoo", le reclamó el famoso cineasta y documentalista Michael Moore al flamante presidente de Estados Unidos a través de su twitter.

De esta manera le salió al cruce a Biden quien había dicho al recibir la primera dosis de la vacuna que "no había nada de qué preocuparse".

El reclamo de Moore obedece a la crisis tremenda ocasionada por el faltante de vacunas culpa de las multinacionales. Y con su audaz propuesta, muestra una salida ante la emergencia para que el Estado yanqui se haga cargo de producir millones de vacunas para combatir el mal.