Jun 19, 2024 Last Updated 5:08 PM, Jun 18, 2024

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Izquierda Socialista Esquel

Luego del fuerte apriete de Alberto Fernández al PJ chubutense, el gobernador Arcioni convocó a una sesión extraordinaria para el 5 de febrero para aprobar, de una vez, la zonificación minera en Chubut. El jueves 4 de febrero se convocó a una jornada nacional contra la minería en Chubut. Fue un día histórico para la movilización antiminera. Logramos nacionalizar la lucha como nunca antes, se sumaron decenas de ciudades en todo el país. Para esto tuvo un rol central la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, de la que formamos parte, que respondió al llamado de la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut).

Para poder sesionar el 5 en Diputados se convocó a la Comisión de Ambiente. Pero la comisión no pudo “modificar” el proyecto de zonificación (el 128/20) y pasó a un cuarto intermedio para el jueves. La presión de la enorme movilización dio resultado. Ese día tampoco pudo “concluir con su tarea” y suspendieron la sesión extraordinaria del viernes. Paralelamente la jueza Arbilla de Esquel hizo lugar al recurso presentado por vecinos dictando la suspensión de la sesión hasta que se resuelva la cuestión de fondo respecto a la falsedad ideológica y la ilegalidad del proyecto de Arcioni. Seguramente también influenció el lapidario informe del CenPat-Conicet que se conoció en la semana, que solicita retirar el proyecto oficial y tratar la Iniciativa Popular.

Algunos sectores del peronismo quieren adjudicarse la suspensión del tratamiento de la ley y dicen que hay que seguir “mejorándola”. No es así. No la pudieron aprobar debido a la lucha en la provincia y en el resto del país, donde ambientalistas y la izquierda nos movilizamos contra el saqueo y la contaminación. Así, se hizo una importante y gran marcha en CABA donde estuvieron los diputados nacionales Juan Carlos Giordano y Mónica Schlottahuer, entre otros dirigentes de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda. ¡Algunos periodistas de Rawson hablaron de los gritos de Arcioni en la casa de gobierno al enterarse que sus planes no pueden avanzar!

Como hay mucho en juego, la repartija aumenta con tal de aprobar la zonificación. Por dar un ejemplo, Arcioni decidió otorgar un 2% de las regalías por minería a la burocracia de los sindicatos mineros que tengan afiliados en los proyectos, unos 200.000 dólares anuales sólo por el proyecto Navidad. También se esclareció lo que significa para el gobierno un fondo anticíclico: se inmoviliza el 10% de las regalías recibidas para pagar salarios de las mineras si es que la actividad disminuye a causa de una baja del valor del mineral. Así, el Estado pasa a ser garante de los salarios de las multinacionales, con plata de las regalías provinciales.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista seguimos impulsando la movilización junto a las asambleas y organizaciones ambientales para lograr que se retire el proyecto de zonificación y se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley impulsado por Iniciativa Popular.

Izquierda Socialista junto a su militancia y Ambiente en Lucha en la marcha y acto en CABA desde la Casa de Chubut, Obelisco y la Secretaría de Minería junto a organizaciones ambientalistas, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y otras agrupaciones sociales y de la izquierda. En el acto habló nuestro diputado Gringo Giordano junto a otros referentes.

Escribe Rodolfo Sánchez,  Izquierda Socialista Bariloche

Al momento de escribir esta nota se cumplen 13 días desde el comienzo del incendio forestal de grandes proporciones en la zona de El Bolsón. El fuego ya consumió más de 7.000 hectáreas de bosque andino, viviendas, galpones y mató muchísimos animales.

Al contrario que otras regiones del país, los meses de verano son la estación seca en la zona Andina patagónica. Las altas temperatura que superan los 30 grados, la bajísima humedad ambiente y el viento, son una combinación fatídica para la propagación del fuego.

En 2020, bajo este mismo gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié y su secretario Sergio Federovisky, se quemaron aproximadamente 900 mil hectáreas en 22 provincias argentinas. Los incendios más resonantes y que duraron meses fueron a lo largo del río Paraná, afectando 300 mil hectáreas. Otra cantidad similar se dio en las sierras de Córdoba.

Para 2020 el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego tuvo asignado 8.7 millones de dólares de presupuesto, una suma ridícula si se tiene en cuenta que el costo para remediar los daños producidos por los incendios (aproximadamente 1% del PBI) ronda en los 4.000 millones, aunque el relato oficial es que los incendios fueron consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

En la Plaza Pagano, los vecinos de El Bolsón se autoorganizan y reciben donaciones para asistir a los brigadistas y bomberos voluntarios que en Río Negro hace años luchan por tener una ART. El Intendente Bruno Pogliano (del partido provincial Juntos Somos Río Negro), más preocupado por el turismo, los negocios inmobiliarios y fiel lacayo del magnate Lewis, presionado por las llamas que están cerca del Barrio Unión, pidió al gobierno nacional que enviara más recursos. El mismo Cabandié contestó que ya mandaron todos los recursos disponibles, o sea tres aviones, tres helicópteros y 101 brigadistas. Una triste realidad, sumada al relato durante el gobierno de Cristina Fernández de que estaba comprando 26 aviones hidrantes para combatir los incendios forestales. La gobernadora Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro) acaba de declarar la emergencia. “Desde 1964 no se veían estas condiciones meteorológicas excepcionales”, dijo. Una falacia completa, porque los incendios en la zona andina patagónica son probables en verano por sus altas temperaturas y baja humedad. Simplemente recordemos las 15 mil hectáreas quemadas en Bariloche durante 1996, con Menem como presidente y María Julia Alsogaray en medio ambiente.

Gobierno tras gobierno se escudan en situaciones climáticas excepcionales y veraneantes imprudentes, pero lo concreto es la falta de presupuesto, medios y recursos materiales y humanos para prevenirlo, ya que los pocos brigadistas que hay suelen tener situaciones de trabajo precarizadas a través de contratos temporales.

¡Basta de que se tiren la pelota entre los distintos gobiernos! ¡El gobierno nacional, el provincial y municipal deben poner todos los recursos necesarios en la emergencia para frenar el fuego! 

 

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora electa CABA FITU/Unidad

Desde hace meses jóvenes, ambientalistas, organizaciones sociales y políticas, enfrentan el proyecto del gobierno de Horacio Larreta y el PRO que busca privatizar el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, para impulsar uno de los negocios inmobiliarios millonarios más grandes del siglo XXI en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de 30 años de concesión y negocio privado, las tierras públicas de Costanera Norte buscan ser rematadas para construir torres de lujo.

El proyecto de rezonificación del gobierno de la Ciudad es un negocio redondo para los especuladores inmobiliarios. Se trata de la posibilidad de construir edificios de entre 18 y 29 metros de altura a orillas del río de la Plata, donde el metro cuadrado podría valer hasta 9.000 dólares, e implicaría la anulación del espacio público y el acceso al mismo para las y los trabajadores, jóvenes y sectores populares de la ciudad.

Nada de extrañar: este es el modelo de ciudad PRO, una ciudad para unos pocos y al servicio del negocio capitalista y la especulación inmobiliaria. Sólo basta mirar los números: en los últimos 14 años se construyeron 20 millones de metros cuadrados, todo pura especulación inmobiliaria, para una población que no crece desde hace más de 70 años y se mantiene en tres millones de habitantes. Mientras tanto, crece el déficit habitacional y se registra un aumento del 50% de la población en los barrios pobres y populares de CABA en los últimos años. Millones de trabajadoras y trabajadoras se ven expulsados de la ciudad porque no pueden ni siquiera pagar los precios de los alquileres. La contrapartida queda a la vista: entre 250.000 y 350.000 viviendas ociosas en la Ciudad, que representa el 24% del total.

El masivo rechazo a este proyecto quedó en evidencia en la histórica convocatoria de la audiencia pública que comenzó  el 27 noviembre y terminó días atrás, con más de 7.000 oradoras y oradores, donde el 97,3% de las y los participantes se manifestaron, bajo distintos argumentos, contra el negocio inmobiliario y exigieron la recuperación de estos espacios para el goce y uso público.

Además de las denuncias al negocio inmobiliario, muchos jóvenes y ambientalistas argumentaron que este proyecto sólo va a generar mayor desigualdad en el acceso a la ribera y profundizará los problemas relacionados con el cambio climático. Asimismo, la propia Agencia nacional de Aviación Civil (ANAC) ratificó el rechazo al desarrollo de este proyecto a 450 metros del aeropuerto Jorge Newbery.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, tanto con  nuestra banca en la legislatura porteña, como también en las calles, rechazamos la reprivatización del predio de Costanero Norte al servicio del negocio inmobiliario y peleamos porque estas tierras sean utilizadas para espacios públicos verdes y por un verdadero acceso al río para las y los trabajadoras, jóvenes y sectores populares.   

 

Escribe Mariano Barba 

Crecen las ocupaciones de tierras en la provincia de Neuquén. Son 70.000 las familias que esperan conseguir un pedazo de tierra y una vivienda a lo largo de la provincia, mientras los planes de construcción y loteos son muy escasos. No es prioridad para ningún gobierno resolver el drama de la vivienda. Ahora fue el turno en la ciudad de Senillosa, próxima a la capital, donde unas 100 familias, cansadas de esperar alguna respuesta, ocuparon un predio municipal cercano al balneario.  La respuesta de la municipalidad no se hizo esperar, ya que con el auxilio de la policía de la provincia y la orden de un juez, se aprestaron a desalojar el predio.  Los vecinos se organizaron para resistir y fueron recibiendo el apoyo de distintas organizaciones, entre ellas el FIT-Unidad.  Desde Izquierda Socialita asistieron a apoyar la compañera Angélica Lagunas, junto a un grupo de compañeras, entre ellas Julieta Ocampo miembro del centro de estudiantes de Humanidades y Macarena Encina de la comisión de representantes de la emblemática toma Confluencia. La presencia de distintos sectores rodeando de solidaridad y apoyo a los ocupantes permitió superar el cordón policial y asistir con comida y agua a las familias ocupantes, sobre todo a los niños y embarazadas. La firmeza de los ocupantes y el creciente apoyo de organizaciones políticas y sociales obligó a las autoridades a iniciar el diálogo con los voceros de la toma y acordar un acta que encamina un compromiso de las autoridades al acceso a la tierra logrando un primer paso, como es la declaración de la emergencia habitacional en la ciudad que acompañada con la movilización y el estado asambleario de los vecinos podrá avanzar hacia soluciones más de fondo.

 

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