Escribe Guido Poletti

Se acaba de conocer el dato oficial de la inflación de mayo, 3,3 por ciento. Aunque desde el gobierno quieren vendernos que es un buen dato, porque “bajó” con respecto a la del mes anterior, los números no dejan mentir. En los últimos doce meses acumulamos una suba de 48,8 por ciento. Ese va a ser el número con que terminará la inflación de 2021. Valores que son peores aún si, en vez de mirar simplemente el valor del Índice de Precios al Consumidor, lo hacemos con la canasta básica o con la suba de los alimentos. Todo por arriba del 50% anual.

Para el pueblo trabajador, donde los discursos se acaban apenas llegamos a la góndola y vemos cómo se derriten los salarios y las jubilaciones, las cuentas son claras. Un chiste popular, tragicómico, se puso de moda, “me sobra mucho mes al final del sueldo”. Cierto, terrible.

Trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, hace años que venimos perdiendo sistemáticamente poder adquisitivo. Sucedió durante el macrismo y sigue pasando con Alberto Fernández. Este año se nos dijo que “algo” recuperaríamos en las paritarias. No está sucediendo. La burocracia sindical cerró en casi todos los gremios acuerdos a la baja, con incrementos de entre 30% y 35%, y encima en cómodas cuotas, que se terminarán de cobrar en marzo del año próximo. Recién ahora, ante la evidencia del desborde de precios, algunos que todavía no cerraron sus acuerdos, como camioneros, aparecen con aumentos mayores, de 45%/50% en cuotas.

¡Hay que exigirle a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan la tregua con el gobierno! Se necesita ya mismo un aumento salarial de emergencia para que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar (calculada, según la junta interna de ATE-Indec, en 99.930 pesos), que se debe actualizar mes a mes según la real suba del costo de vida. Al mismo tiempo se tienen que reabrir todas las paritarias.

No lo vamos a lograr sin lucha. El ejemplo de que se puede lo dieron los “elefantes”, los trabajadores de salud de Neuquén que lograron arrancarle un aumento de más de 50% no solo al gobierno provincial del MPN, sino a la propia burocracia sindical de ATE, que ya los había entregado.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, con el Pollo Sobrero y los ferroviarios de la Bordó, Ademys, los Suteba multicolores, el Sutna y tantos otros, decimos que este es el camino. Del mismo modo que desde el Frente de Izquierda Unidad lo reclamamos como primer punto de nuestro programa de emergencia ante la crisis. 

Escribe Claudio Funes

En medio de su fuerte interna por el armado de las listas en la Capital, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular de PRO, Patricia Bullrich, mantuvieron conversaciones con José Luis Espert.

El objetivo es fortalecer la alianza patronal para enfrentar a Axel Kicillof en las primarias de septiembre. Esta reunión agudizó el malestar de la Coalición Cívica que encabeza Elisa Carrió.

Por otra parte, PRO y la UCR tantean acuerdos con Ricardo López Murphy y la líder de GEN, Margarita Stolbizer que, al igual que Espert, exigió el cambio de nombre de Juntos por el Cambio.

¿Quiénes son José Luis Espert y Ricardo López Murphy?

Espert es economista y referente “del espacio de derecha liberal Avanza Libertad”, como lo define el diario La Nación (16/6/2021). Entre sus propuestas plantea echar a 1.800.000 empleados públicos y “dinamitar las leyes laborales” para reducir el gasto público.

Este “dinosaurio” tiene vínculos con el empresario Federico Machado, que fue detenido en Neuquén. La Justicia de los Estados Unidos lo acusa de tráfico de cocaína y lavado de dinero. Tuvo un rol activo en la campaña de Espert en 2019, quizás no sea lo peor si tenemos en cuenta además que lo acompaña el impresentable Javier Milei.

Ricardo López Murphy también tiene su historia. A pesar de que De la Rúa no lo quería como ministro de Economía por sus viejas declaraciones en las que sostenía que debían rebajarse los salarios 10%, en marzo de 2001 lo nombró al frente de esa cartera. Solo duró quince días. Anunció un ajuste feroz, un fuerte recorte a los fondos docentes y al presupuesto de las universidades, rebajas al salario familiar; reducciones en el sistema jubilatorio, menos becas para los estudiantes, achique en gastos de salud, despido de trabajadores públicos, reforma laboral y una interminable lista de medidas contra el pueblo trabajador, la juventud y los sectores populares.

Queda evidenciado que Juntos por el Cambio no representa una alternativa para el pueblo trabajador. Pretenden parecer distintos buscando canalizar la bronca con el gobierno del Frente de Todos, pero ya nos gobernaron. Gobiernan para las multinacionales y los grandes capitalistas. Espert y López Murphy son una prueba más. Nunca más justo el viejo refrán “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Los trabajadores debemos rechazar sus mentiras. Encubren, como siempre, un feroz ajuste. Es la centroderecha que siempre ha hecho lo mismo.

El Frente de Izquierda Unidad es la única y auténtica salida a nuestros padecimientos.

Escribe Iván Blacutt, candidato a diputado provincial

Este domingo 27 se realizarán los comicios en la provincia, porque el gobierno de Morales, con el apoyo del PJ, decidió desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Esta medida, fuertemente resistida por el pueblo trabajador, debido a la segunda ola de Covid-19 se impuso contra toda lógica, porque beneficia al oficialismo, y a aquellos que contaron con mayores recursos para postularse. También porque esperan que vote menos gente y eso haga que los porcentajes que se necesitan para ingresar a las legislaturas se vuelvan inalcanzables. Esperan barrer a la oposición.

Por esto, aunque los senadores de Morales y de Rivarola hayan votado hace pocos días en el Congreso Nacional posponer la fecha de las PASO por cuestiones sanitarias, paradójicamente avanzaron con las elecciones en la provincia. Al igual que mantienen la presencialidad en los colegios, aún a pesar del incremento en el número de contagios, y del alto porcentaje de ocupación de camas, mantuvieron las elecciones porque no les importa la salud, solo sus votos.

Así, este domingo se renovarán veinticuatro bancas en Diputados, pero el piso del 5% del total del padrón electoral, como requisito para ingresar a las Legislaturas, es claramente proscriptivo, y como decíamos, ante la esperable caída en el nivel de votación, este porcentaje sube mucho más. (recordemos que hace unos días se votó en Misiones y solo se alcanzó el 60% del padrón electoral).

Por ello, como la única lista opositora consecuente al bipartidismo UCR-PJ, el FIT Unidad, necesita obtener 30.000 votos para renovar los diputados y fortalecer esta alternativa política de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Este frente, encabezado por Alejandro Vilca y Natalia Morales (PTS), lleva a los compañeros Iván Blacutt, Fernanda Giribone y Miguel Urzagasti, de Izquierda Socialista, como candidatos a diputados provinciales, y Segundina Girón, a concejala en San Salvador.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llamamos a votar a la lista del FIT Unidad para fortalecer esta alternativa política, apoyando nuestras candidaturas para apoyar las luchas de los trabajadores, los desocupados y las mujeres y hacerle frente al gobernador radical Gerardo Morales de Cambia Jujuy y a las distintas variantes del PJ, que administran la provincia para su propio beneficio.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista / FIT Unidad

El diputado nacional peronista del Frente de Todos Facundo Moyano compartió una imagen en su cuenta de Twitter para difundir un encuentro entre referentes de diferentes áreas gremiales menores de 55 años para trabajar, según posteó el diputado, sobre tres objetivos fundamentales: el futuro del trabajo, la democracia sindical y la perspectiva de género en los sindicatos. La foto que utilizó Moyano para ilustrar la reunión fue contundente: diecisiete varones, ninguna mujer, travesti ni trans. Por su parte, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, le respondió también en su cuenta de Twitter: “No se puede discutir futuro del trabajo, ni democratización sindical, ni perspectiva de género en los sindicatos sin nosotras. Las mujeres somos parte de la fuerza laboral, de la creación de riqueza y de la producción”. Sin embargo, la frase de la funcionaria es más del doble discurso del gobierno, que dice una cosa pero, en la práctica, hace lo opuesto.

La imagen se contrapone con otra foto tomada a la misma hora pero en otro canal. Es de los talleres organizados por el cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento, de la Unión Ferroviaria, junto a la agrupación Mujer Bonita es la que Lucha, coordinada por nuestra compañera Mónica Schlotthauer, actual diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad. En esos talleres debatían sobre la violencia de género laboral tanto ferroviarias como ferroviarios. Fueron organizados desde la base y estuvieron a cargo de Malena Lenta, dirigente de la agrupación de mujeres Isadora y de Izquierda Socialista. Se abordaron temas sobre la violencia de género en el ámbito laboral y sindical, así como el desgaste de las trabajadoras, agobiadas por la sobrecarga del trabajo de cuidado en pandemia y porque se les niega la licencia para cuidar a sus hijes. Sin dudas, esta es la manera de trabajar en los sindicatos, la perspectiva de género junto a la pelea por la incorporación de más mujeres en los puestos mejor pagos y personas trans para garantizar el cupo, pero no con contratos precarios sino con igualdad de condiciones que el resto de la planta laboral.

Por eso, la respuesta de Vilma Ibarra roza la hipocresía. Podemos coincidir en que “las mujeres somos parte de la fuerza laboral, de la creación de riqueza y de la producción”, pero combatimos que las mujeres cobren de conjunto menos que los varones y que haya ramas de la economía completamente feminizadas ligadas a la división sexual del trabajo. El gobierno de Alberto Fernández es el responsable de que en las áreas de salud, educación y limpieza, en donde la mayoría son mujeres, los sueldos estén por debajo de la línea de pobreza, o que en las paritarias los burócratas sindicales como Moyano arreglen aumentos de salarios por debajo de la inflación.

Desde Isadora e Izquierda Socialista somos parte de las luchas de las trabajadoras por conquistar mejores condiciones laborales y más espacios de participación para las mujeres, pero no como decorado para una foto, sino para mejorar la vida del conjunto de la clase trabajadora. Eso solo se podrá lograr con cambios de fondo, como los que proponemos desde el Frente de Izquierda Unidad, que partan de dejar de pagar la deuda externa y que todo ese dinero se destine a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, empezando por un aumento de salarios de emergencia, que nadie gane menos que los 99.930 pesos que estableció el último informe del Indec (31/5/2021) para la canasta familiar. Y que se terminen las condiciones precarias de contratación por parte del Estado, principal empleador con contratos basura en los que se quitan conquistas históricas como el aguinaldo, las vacaciones pagas y las licencias igualitarias para acompañar la crianza de les hijes. Sin estas medidas urgentes el Frente de Todos no puede hablar de perspectiva de género.

Escribe José Castillo

El intento de denunciar a nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano Izquierda Socialista /FIT Unidad catalogándolo de “antisemita”, e incluso “nazi”, por sus críticas a la política genocida del Estado de Israel no es novedoso. Es parte de una campaña que, desde hace años, el sionismo viene llevando adelante en todo el mundo para acallar las cada vez mayores condenas a las acciones criminales contra el pueblo palestino.

Sin embargo, así como se acumulan las denuncias, también se suman los fallos rechazando la falsa equiparación de antisionismo con antisemitismo. En nuestro país tenemos el antecedente de la Cámara Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en un fallo de 2016 dictaminó con toda claridad que “criticar a Israel y sus políticas, por más duros que sean los términos que se empleen, no puede en ningún caso ser considerado un acto de discriminación racial o religiosa y por lo tanto no es pasible de persecución penal”.

En ese fallo, los jueces Marcelo Vázquez y Elizabeth Marum dejaron en claro qué es específicamente el antisemitismo: “Cuando una agrupación política promueva ideas de superioridad racial o religiosa, o cuando se alentare o incitare la persecución o el odio contra una comunidad –en este caso la judía– en virtud de su religión, raza o nacionalidad”. Algo totalmente opuesto a lo que planteamos quienes condenamos la masacre sionista sobre el pueblo palestino.

El tercer juez de la cámara, José Saéz Capel, adhirió a las mismas conclusiones que sus colegas, pero introdujo otros elementos más claros aún. Distinguió entre comunidad judía y Estado de Israel por tratarse de entes distintos: “Si una comunidad es un conjunto de personas vinculadas por intereses comunes, un Estado es una organización política compuesta de poder, territorio y población. Un Estado no puede nunca ser objeto de discriminación porque no es una ‘comunidad’”. Y concluye: “Cuestionar la política exterior de un Estado nación, en modo alguno implica discriminación racial o religiosa”. Y recuerda, para apoyar sus afirmaciones, al llamado Informe Goldstone, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2009 expresamente señaló la violación de los derechos humanos por el Estado de Israel en sus bombardeos a Gaza.

La definición de antisemitismo de IHRA

El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández, buscando congraciarse con el gobierno de Netanyahu, aprobó la definición de antisemitismo de 2016 de la denominada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Aclaremos que esta alianza, a pesar de que su nombre puede llevar a confusión, no es una organización de víctimas del Holocausto ni reúne a las más importantes personalidades que por décadas han luchado para mantener viva la memoria de los crímenes nazis. Por el contrario, la IHRA es un ente intergubernamental formado por 31 países, sobre el que ejerce lobby el Estado de Israel buscando que los distintos  gobiernos “adhieran” a su definición de antisemitismo para equipararlo con antisionismo.

Cuando el gobierno de Alberto Fernández se sumó a esa definición, la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, envió una nota al Inadi  solicitando que “adopte las medidas necesarias para evitar que la adhesión argentina a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA (Res. 114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) sea utilizada como un recurso para perseguir la libertad de pensamiento, expresión y acción de todos aquellos que defendemos los derechos inalienables del pueblo palestino y nos oponemos, en consecuencia, al movimiento nacionalista extremista conocido como sionismo”.

La cátedra explicaba, ya en ese momento, las intencionalidades políticas que se intentarían poner en juego haciendo uso de esa definición. Así, señalaba en su texto: “El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Sr. Jorge Knoblovitz, no tardó un día en manifestar ‘antisionismo debería ser equiparado desde ahora con antisemitismo’. A su vez, el presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, declaró: ‘Para que lo comprendan todos: los ataques a Israel, en tanto país judío, y al sionismo, movimiento de liberación nacional del pueblo judío, son en definitiva antisemitismo y judeofobia’. Por último, el Sr. Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, sostuvo abiertamente en el diario La Nación que ‘antisemitismo y antisionismo son lo mismo, para que no queden dudas’”.

Antecedentes europeos

El debate tiene antecedentes internacionales. En el año 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia señalando explícitamente que no se puede criminalizar la campaña de boicot contra Israel. Fue el fallo “Baldassi and others”, cuando se intentó condenar a once activistas franceses que realizaban campañas pidiendo el boicot contra productos israelíes. El fallo señaló que criminalizarlos violaba el derecho a la libertad de expresión.

Comentando este fallo, Marco Pergolini, investigador de Amnesty International, la organización internacional de derechos humanos más reconocida del planeta, señaló: “La decisión histórica de hoy sienta un importante precedente que debería poner fin al uso indebido de leyes contra la discriminación para atacar a activistas que hacen campaña contra las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina”.

Seguiremos denunciando los crímenes sionistas y defendiendo a una Palestina libre

Defendemos nuestro derecho inalienable a continuar apoyando al pueblo palestino y a denunciar una y mil veces los aberrantes crímenes del sionismo. Igual que lo hacemos con todas las causas de los oprimidos en el planeta. Del mismo modo en que, en los tiempos de Hitler, los socialistas revolucionarios, con León Trotsky a la cabeza, condenamos y enfrentamos con las armas en la mano al nazismo mientras gobiernos y empresas transnacionales negociaban con él o, peor aún, amasaban fortunas sobre los cadáveres de seis millones de víctimas judías del holocausto.