Escribe José Castillo

El intento de denunciar a nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano Izquierda Socialista /FIT Unidad catalogándolo de “antisemita”, e incluso “nazi”, por sus críticas a la política genocida del Estado de Israel no es novedoso. Es parte de una campaña que, desde hace años, el sionismo viene llevando adelante en todo el mundo para acallar las cada vez mayores condenas a las acciones criminales contra el pueblo palestino.

Sin embargo, así como se acumulan las denuncias, también se suman los fallos rechazando la falsa equiparación de antisionismo con antisemitismo. En nuestro país tenemos el antecedente de la Cámara Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en un fallo de 2016 dictaminó con toda claridad que “criticar a Israel y sus políticas, por más duros que sean los términos que se empleen, no puede en ningún caso ser considerado un acto de discriminación racial o religiosa y por lo tanto no es pasible de persecución penal”.

En ese fallo, los jueces Marcelo Vázquez y Elizabeth Marum dejaron en claro qué es específicamente el antisemitismo: “Cuando una agrupación política promueva ideas de superioridad racial o religiosa, o cuando se alentare o incitare la persecución o el odio contra una comunidad –en este caso la judía– en virtud de su religión, raza o nacionalidad”. Algo totalmente opuesto a lo que planteamos quienes condenamos la masacre sionista sobre el pueblo palestino.

El tercer juez de la cámara, José Saéz Capel, adhirió a las mismas conclusiones que sus colegas, pero introdujo otros elementos más claros aún. Distinguió entre comunidad judía y Estado de Israel por tratarse de entes distintos: “Si una comunidad es un conjunto de personas vinculadas por intereses comunes, un Estado es una organización política compuesta de poder, territorio y población. Un Estado no puede nunca ser objeto de discriminación porque no es una ‘comunidad’”. Y concluye: “Cuestionar la política exterior de un Estado nación, en modo alguno implica discriminación racial o religiosa”. Y recuerda, para apoyar sus afirmaciones, al llamado Informe Goldstone, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2009 expresamente señaló la violación de los derechos humanos por el Estado de Israel en sus bombardeos a Gaza.

La definición de antisemitismo de IHRA

El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández, buscando congraciarse con el gobierno de Netanyahu, aprobó la definición de antisemitismo de 2016 de la denominada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Aclaremos que esta alianza, a pesar de que su nombre puede llevar a confusión, no es una organización de víctimas del Holocausto ni reúne a las más importantes personalidades que por décadas han luchado para mantener viva la memoria de los crímenes nazis. Por el contrario, la IHRA es un ente intergubernamental formado por 31 países, sobre el que ejerce lobby el Estado de Israel buscando que los distintos  gobiernos “adhieran” a su definición de antisemitismo para equipararlo con antisionismo.

Cuando el gobierno de Alberto Fernández se sumó a esa definición, la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, envió una nota al Inadi  solicitando que “adopte las medidas necesarias para evitar que la adhesión argentina a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA (Res. 114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) sea utilizada como un recurso para perseguir la libertad de pensamiento, expresión y acción de todos aquellos que defendemos los derechos inalienables del pueblo palestino y nos oponemos, en consecuencia, al movimiento nacionalista extremista conocido como sionismo”.

La cátedra explicaba, ya en ese momento, las intencionalidades políticas que se intentarían poner en juego haciendo uso de esa definición. Así, señalaba en su texto: “El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Sr. Jorge Knoblovitz, no tardó un día en manifestar ‘antisionismo debería ser equiparado desde ahora con antisemitismo’. A su vez, el presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, declaró: ‘Para que lo comprendan todos: los ataques a Israel, en tanto país judío, y al sionismo, movimiento de liberación nacional del pueblo judío, son en definitiva antisemitismo y judeofobia’. Por último, el Sr. Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, sostuvo abiertamente en el diario La Nación que ‘antisemitismo y antisionismo son lo mismo, para que no queden dudas’”.

Antecedentes europeos

El debate tiene antecedentes internacionales. En el año 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia señalando explícitamente que no se puede criminalizar la campaña de boicot contra Israel. Fue el fallo “Baldassi and others”, cuando se intentó condenar a once activistas franceses que realizaban campañas pidiendo el boicot contra productos israelíes. El fallo señaló que criminalizarlos violaba el derecho a la libertad de expresión.

Comentando este fallo, Marco Pergolini, investigador de Amnesty International, la organización internacional de derechos humanos más reconocida del planeta, señaló: “La decisión histórica de hoy sienta un importante precedente que debería poner fin al uso indebido de leyes contra la discriminación para atacar a activistas que hacen campaña contra las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina”.

Seguiremos denunciando los crímenes sionistas y defendiendo a una Palestina libre

Defendemos nuestro derecho inalienable a continuar apoyando al pueblo palestino y a denunciar una y mil veces los aberrantes crímenes del sionismo. Igual que lo hacemos con todas las causas de los oprimidos en el planeta. Del mismo modo en que, en los tiempos de Hitler, los socialistas revolucionarios, con León Trotsky a la cabeza, condenamos y enfrentamos con las armas en la mano al nazismo mientras gobiernos y empresas transnacionales negociaban con él o, peor aún, amasaban fortunas sobre los cadáveres de seis millones de víctimas judías del holocausto.