Escribe Ambiente en Lucha Santa Fe

Así como en los ‘90 el gobierno peronista de Menem, junto con el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá, entregó el control de la hidrovía a manos privadas, hoy el gobierno de Alberto busca su reprivatización. Para eso creó el Consejo Federal Hidrovía (CFH), un espacio que asesoraría al ministerio de Transporte en todo lo relativo a la nueva concesión de la vía navegable y desde el cual se busca coordinar entre las provincias involucradas y el Estado nacional. El 22 de febrero se realizó la primera reunión del CFH en Rosario con la participación de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

En el discurso de apertura, el gobernador Perotti destacó el rol de quienes impulsaron el proyecto de la hidrovía en la provincia: los gobernadores Reutemann y Obeid. También hizo una mención especial para la Bolsa de Comercio, un emblema de la concentración y el lucro a través del cual operan los pooles sojeros. Con estas declaraciones refleja que existe una clara continuidad en la política de entrega de nuestros recursos a las multinacionales, que durante estos 25 años trasladaron millones de toneladas de granos usando nuestro río Paraná como una “autopista”, sin rendir cuentas a ningún organismo de control, evadiendo impuestos al fisco, contaminando las aguas y dañando severamente el ecosistema de humedales. Un modelo que no podría existir sin la privatización de los puertos a lo largo del cordón industrial en el sur de Santa Fe y el gran Rosario, realizada y perpetuada por los distintos gobiernos peronistas que con esta medida favorecieron el contrabando y la fuga de exportaciones.

En el mismo sentido, Perotti sostuvo la necesidad de promover el desarrollo a través de la hidrovía y de “salir al mundo”. Una idea en total consonancia con los economistas de Juntos por el Cambio, quienes también encubren mediante este eufemismo la subordinación de nuestro país como productor de materias primas para satisfacer la demanda del mundo desarrollado a costa de más saqueo y depredación ambiental.

Por su parte, el ministro Meoni señaló que la concesión anterior cumplió su cometido y que a partir de ahora se debe crecer en calados, es decir, seguir ensanchando el río, para soportar las embarcaciones que serán cada vez más grandes en el futuro. Según el funcionario, las cuestiones ambientales son un “tema sensible” cuya responsabilidad continuará recayendo en las provincias. También admitió que nunca hubo organismo de control y que ya se contaría con un proyecto redactado al respecto, sin embargo, resulta difícil confiar en el mismo partido que en todos estos años no pudo o no quiso garantizarlo.

Por eso desde Ambiente en Lucha participamos de una concentración frente a la gobernación, junto a decenas de organizaciones y activistas independientes, en rechazo a este nuevo intento de privatización de la Hidrovía, reclamando la reestatización de los puertos y denunciando el daño ambiental producido en los humedales. Exigimos además el cese inmediato de las  quemas de pastizales que continúan produciéndose en toda la región del litoral, otra de las consecuencias que trae aparejadas este modelo de entrega.
 

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña por Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Desde hace meses jóvenes, ambientalistas, organizaciones sociales y políticas, enfrentan el proyecto del gobierno de Horacio Larreta y el PRO que busca privatizar el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, para construir torres de lujo y comercios en las costas del Río de la Plata. Estamos en la recta final de una pulseada para recuperar el derecho al espacio público ribereño.

La Ciudad de Buenos Aires vive una verdadera emergencia climática, que se profundiza día a día con la constante desaparición de espacios verdes en pos de la especulación inmobiliaria. En 14 años de gobierno del PRO, se ha profundizado el proceso de privatización de tierras públicas, lo que trae como resultado la pérdida de más de 400 hectáreas para el negocio privado. El proyecto de Ciudad del PRO no respeta ni siquiera, los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud que indica que en los espacios urbanos se debería destinar 10 metros cuadrados por habitante tanto desde el punto de vista ambiental como por la salud de quienes habitan en él. Este modelo de ciudad al servicio del negocio de los especuladores inmobiliarios,  profundiza los problemas ambientales, en detrimento de la calidad de las y los trabajadores y sectores populares.
Ahora estamos enfrentando uno de los proyectos más ambiciosos que significarán una clara obstrucción del derecho al acceso al río. Luego de 30 años de concesión y negocio privado de las tierras públicas de Costanera Norte, se busca reprivatizar las codiciadas tierras junto al Río de la Plata, que debían constituir un espacio vegetado en una ciudad cada vez más gris.

Estamos atravesando una profunda crisis climática, con incendios y sequías, disminución de la biodiversidad que ponen en discusión la necesidad de medidas de fondo contra el sistema capitalista imperialista. Por eso, más que nunca, es necesario reducir los impactos de la crisis climática aumentando los espacios verdes, que absorben los gases contaminantes y son reguladores térmicos. Se trata de poner en discusión la necesidad de que estas tierras públicas generen un verdadero derecho al horizonte y al acceso al río para constituir un borde costero, que al mismo tiempo que reduzca el impacto ambiental, permita el disfrute de las y los trabajadores y sectores populares. Con la privatización se produce un verdadero bloqueo a una costa pública.  

Destacamos que este proyecto tiene su origen en la votación en 2018 del “Distrito Joven”, que legalizó la privatización precaria realizada en los años noventa para boliches y clubes deportivos. En este ocasión, el PRO no sólo contó con los votos de sus aliados del GEN, Coalición Cívica y el PS sino también con todos los votos del Bloque Peronista (hoy parte del Frente de Todxs).
 
¡Más espacios verdes, menos especulación inmobiliaria!

El proyecto se rezonificación del gobierno de la Ciudad es un negocio redondo para los especuladores inmobiliarios, se trata de la posibilidad de construir edificios de entre 18 y 29 metros de altura a orillas del río, donde el metro cuadrado podría valer hasta 9.000 dólares.  En los últimos 14 años de gobierno del PRO, se construyeron 20 millones de metros cuadrados, para una población que no crece desde hace más de 70 años y se mantiene en 3 millones de habitantes. Lo que sí aumenta es el déficit habitacional y se verifica un incremento del 50% de la población de los barrios pobres y populares de la Ciudad en los últimos años. Millones de trabajadoras y trabajadoras se ven expulsados de la ciudad porque no pueden ni siquiera pagar los irrisorios precios de los alquileres. El resultado queda a la vista: entre 250.000 y 350.000 viviendas ociosas en la Ciudad, que representa el 24% del total.

Impulsemos la organización en las calles para la recuperación ribereña

Desde hace meses ambientalistas, organizaciones sociales y políticas venimos siendo parte de un movimiento de rechazo a la privatización del predio, con bicicleteadas, concentraciones y acciones de concientización para frenar el proyecto de Larreta. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y nuestra agrupación Ambiente en Lucha somos parte de este movimiento que lucha por la recuperación del espacio ribereño. Estamos en la pulseada final, tenemos que profundizar la organización para recuperar estas tierras públicas al servicio de espacios verdes que disminuyan los impactos de la crisis ambiental que estamos atravesando.

Planteamos la creación de un parque público  que permita incluir flora nativa para que convoque fauna silvestre, porque es la que requiere menos mantenimiento y aporta a recuperar la biodiversidad perdida en la ciudad.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y  nuestra banca en la legislatura y en las calles rechazamos la reprivatización del predio de Costanero Norte al servicio del negocio inmobiliario y peleamos porque estas tierras sean utilizadas para espacios públicos verdes y un verdadero acceso al rio  para las y los trabajadoras, jóvenes y sectores populares al río.    

Escriben Francisco Ayala, Ambiente en Lucha Sur y Manuel Petruzela, Asamblea de Rocha

La situación ambiental en el conurbano tiene particularidades propias, pero no es ajena al modelo de destrucción ambiental capitalista que impera en Argentina y el mundo.
La creciente población y falta de planificación, sumado a los negociados inmobiliarios e instalación de empresas  contaminantes, la corrupción de los gobiernos y el deliberado desfinanciamiento del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), entidad encargada de reservas naturales y parques en la provincia de Buenos Aires, son el escenario “ideal” para la destrucción ambiental capitalista.

Sin embargo, no le es fácil a los gobiernos avanzar, porque en ese escenario también están las y los vecinos que se organizan y salen a enfrentar a los gobiernos y empresas que intentan hacer negocios con la destrucción de la naturaleza sin importar las consecuencias.
 
El Humedad y la Reserva Laguna de Rocha

 Uno de los lugares donde se da este proceso es en Esteban Echeverría. Al sur del gran Buenos Aires hay un enorme humedal que pertenece a la cuenca Matanza-Riachuelo. Ocupa un espacio aproximado de 1.400 hectáreas, y es hábitat de cientos de especies de animales y plantas únicas. Cumple la función de purificación del agua, contención de inundaciones y de regulación del clima. Su destrucción traería consecuencias sociales y ambientales terribles.
Luego de enormes luchas, a finales del año 2012 se logró la sanción de la ley 14.488 que declaró a más de 700 hectáreas del humedal de Rocha “Reserva Natural Integral y Mixta”, un enorme triunfo.
 
La entrega

Con la ley 14.516 del 2013, por orden de Cristina Kirchner se aprobó la modificación de la norma 14.488 quitándole 64 hectáreas, regalándoselas a los clubes Boca y Racing para que hagan polideportivos.
Tanto fue el repudio que el club Boca Juniors se vio obligado a mudarse. Pero Racing siguió con el proyecto. Producto de la lucha, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso en suspenso el plan. La reserva podría con una nueva norma extender su superficie, pero no achicarla por el principio de no regresividad en materia ambiental.
Detrás del lobby por Racing están varios políticos poderosos. Entre ellos Julio Alak, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de Kicillof, que también supo ser intendente de La Plata y ministro de Justicia de Cristina Kirchner.
 
La falta de viviendas

Desde hace años se está estableciendo un asentamiento en el humedal. Dicha ocupación es alentada por el Municipio de Esteban Echeverría. Se han descubierto camiones municipales arrojando basura para rellenar las zonas bajas y así poder “entregar” esos lugares para la construcción de casas.
Son áreas que suelen estar “liberadas” y tienen una fuerte presencia del narcotráfico. En épocas de elecciones suelen entregar chapas y materiales de construcción para la gente que vive ahí de manera muy precaria.
Desde hace años vienen prometiendo un plan de viviendas y relocalización de las personas allí establecidas, al ser un lugar en el que pululan las enfermedades y donde ha muerto gente en las inundaciones.
 
La Asamblea x Rocha

En el 2020 el intendente Fernando Gray llamó a una reunión con ambientalistas y vecines. Entre otras cosas iban a hablar de la cuestión del polideportivo de Racing. Deliberadamente evitó el tema a pesar de estar en el temario. Como no se tocó el punto, técnicamente no hubo objeciones al proyecto del club de Avellaneda, por lo que informó eso a la Corte de la provincia. Ante esta miserable maniobra por parte del intendente perteneciente al Frente de Todos, las agrupaciones ambientalistas salieron a repudiar la maniobra y se realizaron acciones de protestas. La  Corte momentáneamente detuvo la causa.

Luego de esas acciones, se propuso llamar a una asamblea para organizar la continuidad de la pelea. Desde Ambiente en Lucha veníamos participando de las distintas iniciativas y ni bien se llamó a la asamblea decidimos sumarnos inmediatamente.
En dicho espacio se vio desde el comienzo lo que está pasando a nivel mundial: las nuevas generaciones que salen a luchar se juntan con quienes hace años vienen dando la pelea, potenciándose mutuamente. Rápidamente la asamblea se transformó en un espacio de debate y herramienta de lucha. Se realizaron pegatinas, agitaciones y movilizaciones. Fue creándose un espacio de coordinación genuina con diferentes voces que no todas dicen lo mismo, pero sí coinciden en la necesidad de unir fuerzas para luchar en defensa de la Reserva de Rocha y el ambiente en general. Todavía es un espacio en formación, pero ya se transformó en una referencia y está imponiendo la agenda en Esteban Echeverría y alrededores. Desde Ambiente en Lucha somos parte de ese proceso y con nuestra política consecuente hacemos todo lo posible para lograr el fortalecimiento del espacio y el triunfo de la lucha, levantando la consigna que tiene la bandera de la asamblea “Basta de Destrucción Ambiental, Los gobiernos son responsables”.

Escribe Gastón Rivero de Ambiente en Lucha Neuquén

Cuando en el 2013, bajo el gobierno de Cristina Fernández, se promulgó una ley nacional hecha a medida de los intereses de la multinacional yanqui Chevron, se preanunciaba que sería la “mejor opción” para explotar el yacimiento de Vaca Muerta y salvar a YPF que venía de ser reestatizada parcialmente en el 2012.  

Finalmente dicho proyecto fue impuesto, en agosto del 2013, con una violenta represión en la legislatura de Neuquén que dejó decenas de heridos, y uno de ellos con balas de plomo,  el docente universitario Rodrigo Barreiro.

El vaciamiento y crisis de YPF, en vez de superarse, se profundizó por responsabilidad de todos los gobiernos nacionales y provinciales. Primero fue privatizada en 1992 por Menen con el respaldo de los gobernadores justicialista (encabezados por Néstor Kirchner), luego vendida a precio vil a la española Repsol en 1999, que se dedicó solo a extraer el petróleo y el gas ya ubicado como reserva, sin avanzar un metro en la exploración y con un nivel de contaminación y pasivo ambiental nunca visto en el país. Ante semejante desastre en el 2012 el kirchnerismo generó una reestatización del 51 % de las acciones en una operatoria escandalosa por lo onerosa. Pagaron 5.000 millones de dólares a Repsol, dejando a la YPF semi-estatal que se haga cargo del pasivo ambiental  que la empresa española había generado. Desde ese momento a la fecha, YPF continuó con su vaciamiento al punto que su deuda en el 2021 era superior a los 6.200 millones de dólares, lo que fue refinanciado parcialmente,  por 420 millones de dólares que vencían en marzo, a una tasa de interés muy superior a la de los préstamos internacionales vigentes.
Encima hay un juicio pendiente contra YPF en tribunales de Nueva York superior a los 3.500 millones de dólares, juicio que habría que pagarle a Repsol si lo gana. Lo que abulta aún más el pasivo.
 
Vaca Muerta está enajenada

A seis años de su comienzo, el fracking ya deja huellas en el ambiente y empieza a afectar directamente la vida en la región. Y esto a pesar de que recién está en sus comienzos la perforación en profundidad y horizontalidad con miles de mini-explosiones y el uso de 700 químicos para romper los poros de las rocas y las arcillas y chupar el petróleo y gas que de ahí se sustrae. Cotidianamente se dan eventos de contaminación, en pequeña escala pero muy repetidos. Los más destacados son los reiterados movimientos sísmicos que se producen en la zona urbana de Sauzal Bonito, en el corazón de Vaca Muerta, con rupturas de las paredes de las viviendas. También se produjo un derrame, entre otros muchos, de hidrocarburos en el área Bandurria Sur de YPF que afectó por lo menos a 45 hectáreas, dejando un pasivo que quizá nunca se remedie, más allá de las multas irrisorias que se puedan cobrar a las petroleras. En las últimas semanas vecinos de Añelo han salido a cortar la ruta exigiendo provisión de agua. La que falta en sus casas es la que se va a los pozos para hacer la hidrofractura.

En total ya se superan las 20.000 punciones agujereando y bombardeando la roca. La voracidad de las multinacionales apañada por YPF y el gobierno nacional y provincial se está manifestando al extremo, aprovechando la cotización del barril por encima de los 60 dólares. Por debajo de 40 dólares las empresas retraen la producción de fracking (en el 2020 enviaron a la casa a 20.000 petroleros con la complicidad de la burocracia sindical cobrando la tercera parte de su sueldo), pero con los precios actuales se acelera muchísimo.

Cuando sube el precio de los combustibles esto recae en el bolsillo del pueblo y aceleran la inflación. Las empresas que dominan el ranking del fracking son lideradas por YPF, y se van intercambiando en cuanto al control de la producción de gas y petróleo, repartiéndose entre la francesa Total Austral,  Exxon Mobile (yanqui), Pan American Energy (PAE) de la familia Bulgheroni con ingleses,  Tecpetrol de Paolo Roca/Techint, la angloholandesa Shell, la yanqui Chevron o Vista Oil&Gas del kirchnerista Miguel Galuccio (quien fue CEO de YPF cuando se votó la ley Chevron). Todas involucradas en primera fila de la contaminación con la emisión de los miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que empuja el efecto invernadero.

Para terminar con el saqueo y la crisis de YPF exigimos la recuperación de la totalidad de las reservas de hidrocarburos, la re-estatización total de YPF y de toda la industria hidrocarburífera y minera bajo control de los trabajadores y respetando a las comunidades originarias.

Escribe José “Pepe” Rusconi

La Plata y su región es conocida por particularidades que la hacen especial e interesante pero, también hay otras que, desgraciadamente, son para lamentar. Nos referimos a las inundaciones. La más grave fue el 2 de abril del año 2013 que dejó, por lo menos, 89 víctimas fatales además de la terrible pérdida económica y afectiva que sufrimos los sobrevivientes.

Pero, como si fuera una broma macabra, también nos afecta la falta de este líquido vital para la vida. La escasez se agudiza cada vez más por la falta de suministro de agua de red que debería entregar la empresa ABSA en la cantidad y calidad adecuada. Esta empresa que pertenece en un 90% al Estado provincial siendo el 10% restante del sindicato (SOSBA) y que debe abastecer a 52 municipios de la provincia de Buenos Aires, no solo de agua, sino también de servicios cloacales, siempre fue blanco de quejas y denuncias por el creciente estado de abandono y falta de inversión que se viene dando año a año.

Este verano sufrimos por la falta de agua o por un suministro de color dudoso que se tornaba intomable. Fueron muchos los reclamos y las manifestaciones de protesta en los diferentes barrios de la región.
Desde la coordinadora regional BFS, levantamos ese reclamo y nuestra marcha pasó por las oficinas de esa empresa donde dejamos testimonio de las quejas con carteles y bidones con agua marrón.
Pero no solo se trata del agua de la red de ABSA, también se trata del agua de los arroyos que pasan por la ciudad y terminan en el Río de la Plata desde donde esta empresa toma el líquido que debería purificar y entregar como corresponde a los usuarios de la región.
Por ejemplo, el Arroyo Rodríguez ha sido motivo de grandes movilizaciones de protesta vecinal. En ellas los vecinos reclaman un “Arroyo Rodríguez limpio y vivo”. Hoy está contaminado por desechos del Frigorífico Gorina y de los country Gran Bell y Lomas de City Bell. Cabe destacar que en estos dos barrios cerrados viven empresarios y políticos como el Intendente de La Plata de Juntos por el Cambio Julio Garro y la funcionaria nacional Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos.

Estas situaciones se solucionan con obras: desagües para el drenaje de la lluvia y espacios verdes para la absorción del exceso y prevención de las inundaciones; obras para remediar y evitar la contaminación del agua que necesitamos para el consumo; obras para reemplazar caños de distribución de agua potable a las viviendas; obras para que los desechos cloacales sean tratados como corresponde y no que los terminemos bebiendo.

Para esto necesitamos presupuesto, una nueva gestión en las empresas de servicios y que los organismos Estatales controlen que las empresas o los barrios privados inviertan en el cuidado del ambiente.
El presupuesto está, debemos direccionar los fondos públicos dejando de pagar la deuda externa y llevar ese dinero para satisfacer las necesidades populares: trabajo, salud, vivienda, educación. En relación a ABSA, debe seguir siendo estatal pero debe contemplar la participación de sus trabajadores y usuarios en la gestión de la misma. Nadie más interesado en brindar un servicio como derecho humano a la población que sus mismos trabajadores y los que necesitamos el agua con la calidad necesaria para usarla todos los días. Por otro lado las instituciones de control como el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), la Autoridad del Agua y los Municipios deben obligar a las industrias y a la especulación inmobiliaria a que traten sus desechos para que no se vulneren los derechos.
Estos cambios los obtendremos a partir de la movilización y de la organización independiente de los propios vecinos. No caigamos en los cantos de sirena de gobiernos provinciales y municipales que sólo priorizan los intereses empresariales, de los bancos y de la especulación inmobiliaria.