Escribe Gastón Rivero de Ambiente en Lucha Neuquén

Cuando en el 2013, bajo el gobierno de Cristina Fernández, se promulgó una ley nacional hecha a medida de los intereses de la multinacional yanqui Chevron, se preanunciaba que sería la “mejor opción” para explotar el yacimiento de Vaca Muerta y salvar a YPF que venía de ser reestatizada parcialmente en el 2012.  

Finalmente dicho proyecto fue impuesto, en agosto del 2013, con una violenta represión en la legislatura de Neuquén que dejó decenas de heridos, y uno de ellos con balas de plomo,  el docente universitario Rodrigo Barreiro.

El vaciamiento y crisis de YPF, en vez de superarse, se profundizó por responsabilidad de todos los gobiernos nacionales y provinciales. Primero fue privatizada en 1992 por Menen con el respaldo de los gobernadores justicialista (encabezados por Néstor Kirchner), luego vendida a precio vil a la española Repsol en 1999, que se dedicó solo a extraer el petróleo y el gas ya ubicado como reserva, sin avanzar un metro en la exploración y con un nivel de contaminación y pasivo ambiental nunca visto en el país. Ante semejante desastre en el 2012 el kirchnerismo generó una reestatización del 51 % de las acciones en una operatoria escandalosa por lo onerosa. Pagaron 5.000 millones de dólares a Repsol, dejando a la YPF semi-estatal que se haga cargo del pasivo ambiental  que la empresa española había generado. Desde ese momento a la fecha, YPF continuó con su vaciamiento al punto que su deuda en el 2021 era superior a los 6.200 millones de dólares, lo que fue refinanciado parcialmente,  por 420 millones de dólares que vencían en marzo, a una tasa de interés muy superior a la de los préstamos internacionales vigentes.
Encima hay un juicio pendiente contra YPF en tribunales de Nueva York superior a los 3.500 millones de dólares, juicio que habría que pagarle a Repsol si lo gana. Lo que abulta aún más el pasivo.
 
Vaca Muerta está enajenada

A seis años de su comienzo, el fracking ya deja huellas en el ambiente y empieza a afectar directamente la vida en la región. Y esto a pesar de que recién está en sus comienzos la perforación en profundidad y horizontalidad con miles de mini-explosiones y el uso de 700 químicos para romper los poros de las rocas y las arcillas y chupar el petróleo y gas que de ahí se sustrae. Cotidianamente se dan eventos de contaminación, en pequeña escala pero muy repetidos. Los más destacados son los reiterados movimientos sísmicos que se producen en la zona urbana de Sauzal Bonito, en el corazón de Vaca Muerta, con rupturas de las paredes de las viviendas. También se produjo un derrame, entre otros muchos, de hidrocarburos en el área Bandurria Sur de YPF que afectó por lo menos a 45 hectáreas, dejando un pasivo que quizá nunca se remedie, más allá de las multas irrisorias que se puedan cobrar a las petroleras. En las últimas semanas vecinos de Añelo han salido a cortar la ruta exigiendo provisión de agua. La que falta en sus casas es la que se va a los pozos para hacer la hidrofractura.

En total ya se superan las 20.000 punciones agujereando y bombardeando la roca. La voracidad de las multinacionales apañada por YPF y el gobierno nacional y provincial se está manifestando al extremo, aprovechando la cotización del barril por encima de los 60 dólares. Por debajo de 40 dólares las empresas retraen la producción de fracking (en el 2020 enviaron a la casa a 20.000 petroleros con la complicidad de la burocracia sindical cobrando la tercera parte de su sueldo), pero con los precios actuales se acelera muchísimo.

Cuando sube el precio de los combustibles esto recae en el bolsillo del pueblo y aceleran la inflación. Las empresas que dominan el ranking del fracking son lideradas por YPF, y se van intercambiando en cuanto al control de la producción de gas y petróleo, repartiéndose entre la francesa Total Austral,  Exxon Mobile (yanqui), Pan American Energy (PAE) de la familia Bulgheroni con ingleses,  Tecpetrol de Paolo Roca/Techint, la angloholandesa Shell, la yanqui Chevron o Vista Oil&Gas del kirchnerista Miguel Galuccio (quien fue CEO de YPF cuando se votó la ley Chevron). Todas involucradas en primera fila de la contaminación con la emisión de los miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que empuja el efecto invernadero.

Para terminar con el saqueo y la crisis de YPF exigimos la recuperación de la totalidad de las reservas de hidrocarburos, la re-estatización total de YPF y de toda la industria hidrocarburífera y minera bajo control de los trabajadores y respetando a las comunidades originarias.