Escribe Miguel Lamas

La indignación por el brutal asesinato de un cliente negro a manos de dos guardias de seguridad de Carrefour levantó indignadas protestas de colectivos antirracistas de todo el país. “¡El racismo mata y eso tiene que acabar! ¡Justicia para João Alberto!”, dice el título de la declaración de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST-PSOL), UIT-CI, que extractamos a continuación.

En la semana de la Conciencia Negra (aniversario del asesinato en 1695 del gran líder negro antiesclavista Zumbí dos Palmares) […] Una vez más el racismo mostró toda su crueldad en la noche del 19 de noviembre […] Un hombre llamado João Alberto Silveira de Freitas, de 40 años, fue golpeado hasta la muerte por los guardias de seguridad del supermercado Carrefour de la zona norte de Porto Alegre.

Este crimen se suma a tantos otros cometidos diariamente por los instrumentos de represión, sean del poder público o de la iniciativa privada. Carrefour ya carga en su historia con otros casos de racismo […] los empresarios, gerentes y encargados de seguridad de la empresa capitalista cometieron un crimen racista y deben ser castigados [...] No podemos aceptar que los negros continúen siendo tratados siempre como criminales que pueden ser abatidos. Tenemos que combatir en las calles la naturalización de esas muertes.

¡El gobierno racista!

Lamentablemente, al frente del país tenemos un presidente declaradamente racista […] La extrema derecha bolsonarista que está en el gobierno respalda ese tipo de actitudes, como las que ocurren en Carrefour. Las declaraciones de Bolsonaro y del vicepresidente Mourão, de que “no existe racismo en Brasil”, y de que seríamos “todos del mismo color” y que sería “un conflicto importado”, sirven para mantener el mito de la “democracia racial”, que siempre ayudó a encubrir toda la violencia racista del Estado brasileño a lo largo de la historia. La lucha contra el racismo está directamente conectada con la lucha contra el gobierno de Bolsonaro y sus pares. Durante la pandemia se hizo evidente que el número de muertes por Covid-19 fue mayoritariamente de negros y negras, lo que es parte del racismo estructural (la población afrodescendiente en Brasil es de 56% y es la más golpeada por el paro, la pobreza, la no atención de salud y la violencia policial, de acuerdo con los últimos datos oficiales).

¡El camino es la lucha en las calles!

[…] Es fundamental extender a todo el país las acciones de protesta contra la terrible realidad de que cada veintitrés minutos un negro es asesinado en el país, conectándolas con las demás luchas en curso, como la del día 25 del movimiento feminista y con las luchas de los empleados públicos contra las reformas administrativas que afectan sus derechos.

El levantamiento antirracista y antifascista que ocupó las calles este año en los Estados Unidos nos debe servir de ejemplo para retomar los movimientos antirracistas, como los que ya ocurrieron en varias ciudades de Brasil en mayo de este año en unidad con movimientos  antifascistas.

Tenemos que unificar las luchas contra los ataques del gobierno de Bolsonaro, los gobernadores y los prefectos (intendentes), contra los empresarios racistas y todos los que nos atacan y nos matan, sea por medio de sus políticas genocidas de “seguridad” o por la ausencia de políticas públicas de combate a la pandemia y al hambre.

Conciencia negra y Zumbi dos Palmares

El Día Nacional de la Conciencia Negra se celebra en Brasil cada 20 de noviembre. Fue creado por ley en 2003. La fecha coincide con el día del asesinato de Zumbi dos Palmares, en 1695. Zumbi fue el gran líder del Quilombo dos Palmares, una república negra independiente formada, al comienzo, por esclavos que habían logrado escapar de un ingenio azucarero tras una sangrienta rebelión. El Día de la Conciencia Negra conmemora esa gran lucha contra la esclavitud y al mayor héroe del pueblo trabajador brasileño.

Tailandia: con patos inflables enfrentan a la policía y exigen democracia

Desde julio, decenas de miles de estudiantes y otros sectores populares salen semanalmente a protestar. En los últimos días incorporaron enormes patos inflables amarillos, primero como una broma, luego para protegerse de los cañones de agua de la policía.

Esta semana hubo cincuenta y cinco heridos, seis de bala. Los patos inflables se convirtieron en héroes del movimiento pacífico que exige la dimisión del primer ministro Prayut Chan-Ocha, una reforma de la Constitución y la delimitación del poder de los militares –que han dado trece golpes de Estado desde 1932– y del rey.

Guatemala: manifestantes ganaron las calles e incendiaron parte del Congreso contra el plan de ajuste

Otro país latinoamericano en rebelión popular contra los planes de ajuste, Guatemala, vivió el sábado una intensa jornada de protestas contra el presupuesto nacional aprobado, con fuertes movilizaciones en varias ciudades que dejó heridos y presos. Un grupo de manifestantes ingresó en el Congreso y lo prendió fuego.

¡La indignación es justificada! El presupuesto achica las partidas para salud y protección social, reduce los recursos para la prevención de la desnutrición, la atención materno-infantil y el tratamiento del cáncer. También disminuye los fondos para la universidad pública y el Poder Judicial, al tiempo que destina 100 millones de quetzales, más de 12 millones de dólares, para una nueva sede del Congreso.

¡Hasta el vicepresidente Guillermo Castillo se peleó con el presidente, exigió el veto de la ley fiscal y reclamó que ambos renuncien!

Chile: ¡libertad a los presos por luchar!

El viernes 20, en vez de ir a Plaza Italia, epicentro de marchas anteriores, el grueso de los manifestantes se dirigió a las inmediaciones del Palacio de la Moneda, donde enfrentaron la represión de los carabineros.

La marcha fue convocada a través de las redes sociales para echar a Piñera y pedir el indulto para los detenidos. El 25 de octubre, en el plebiscito constitucional, 78% de los votantes repudiaron la Constitución que dejó Pinochet. Este reclamo va de la mano con la exigencia de ¡fuera Piñera!, cese de la represión y libertad a los presos por luchar.

Desde octubre del año pasado la fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por supuestos delitos cometidos en las marchas, de las cuales 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenadas.

República Dominicana: obreros cañeros exigen sus jubilaciones

El gobierno de Luis Abinader, luego de prometer públicamente que iba a “hacer justicia” con los trabajadores cañeros, no cumplió con el pago de 1.610 pensiones (jubilaciones) prometidas para finales de octubre.

Por ello, la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) ha seguido movilizándose. Con su lucha, ya logró que se paguen 4.000 pensiones por parte de los gobiernos de Fernández y Medina.

Nos unimos a la exigencia actual de la UTC, del pago de las 1.610 pensiones para finales de noviembre, señaló una declaración del MST de República Dominicana (UIT-CI).

¡Basta de mareo! ¡Pensiones ya! ¡Trabajaron, cotizaron ¿y dónde ’tán lo’cuarto’?

¡La lucha sigue!

Escribe Claudio Funes

Alberto Fernández tomó nota y comenzó a desarmar Precios Máximos sin hacer mucho ruido y de a poco. Quitó de la lista algunos alimentos, como arroz integral, conservas de pescado, sémola, artículos de higiene personal y productos de limpieza.

La eliminación de los precios máximos será otro duro golpe al bolsillo de los trabajadores y los sectores populares.

Las grandes empresas y multinacionales de la alimentación, que de conjunto producen el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino, entre las que se encuentran Arcor (que obtuvo 1.129 millones de pesos de ganancias en el primer semestre, una mejora en relación con el mismo período del año anterior), Molinos Río de La Plata (que reconoció ganancias durante el primer semestre en el orden de los 608 millones de pesos), Danone (la multinacional francesa alcanzó un beneficio de 1.015 millones entre enero y junio), Morixe Hermanos (durante la cuarentena incrementó hasta 570% sus ventas), Mondelez, Pepsico, Unilever, las aceiteras General Deheza y Cargill, entre otras, serán las privilegiadas.

También lo serán las grandes cadenas de comercialización como Coto, Carrefour, Cencosud, Anónima y Walmart, que manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. Todas ellas, que nunca dejaron de ganar y son las principales responsables de la inflación, resultarán beneficiadas con el fin de Precios Máximos.

La medida que tomó Fernández fue exigida el jueves 12 por las principales empresas alimentarias nucleadas en la Copal, que preside Daniel Funes de Rioja, que emitieron un comunicado advirtiendo sobre el desabastecimiento de mercadería en caso de que continúe el programa Precios Máximos. Una amenaza.

Aun con la inflación que no cesa y que continuará en ascenso, sobre llovido, mojado: el gobierno anunció que en diciembre no pagarán el IFE 4.

Por contraposición, mientras millones de hogares padecen las consecuencias de la desocupación y los bajos salarios, Alberto Fernández, con el guiño de la burocracia sindical peronista, logró imponer  paritarias a la baja. En medio de este panorama de crisis económica y social el gobierno, que dice cuidar a los más necesitados, continúa castigándolos.  

El mismo jueves 12 el Indec daba a conocer la inflación de octubre, 3,8%, la más alta del año, impulsada principalmente por los aumentos de  precios en alimentos, vestimenta y combustibles. El rubro alimentos y bebidas, el de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC),  registró un alza de 4,8% producto de los incrementos en los precios de las frutas y verduras. De esta manera, en lo que va de 2020, los precios aumentaron 26,9 por ciento.

Una vez más, los precios suben por el ascensor, y los salarios, con incrementos a la baja, lentamente por la escalera. Se impone pelear por un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar y se reabran inmediatamente todas las paritarias.

Escribe Guido Poletti

La derecha argentina está intentando instalar una nueva alternativa política. Lo hace con José Luis Espert, fallido candidato presidencial el año pasado, que salió último, de la mano del payasesco Javier Milei. Ambos se venden como economistas. Espert lo es, de hecho hizo su fortuna como consultor del establishment, en especial de los bancos y los especuladores de la Bolsa. Milei es más patético, es “ñoqui” de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de Eduardo Eurnekian. El ultraliberal Milei recibe un sueldo de una compañía que vive de una concesión del Estado. Peor aún, en los primeros meses de este año figuró que su salario lo pagó un ATP. Gracias a eso pasea entre la farándula y hasta se da el lujo de ser un personaje de teatro de revistas.

Evidentemente, los medios de comunicación amplifican lo que intentan construir Milei y Espert, dándoles horas y horas en sus programas. Los dos tratan de mostrarse como “modernos”, “cancheros”, tiran frases de efecto, como “los políticos le roban a la gente”. Incluso Milei ha llegado a definirse como anarquista, “anarco-capitalista”, dice.

Pero, a poco que miramos qué plantean, lo que encontramos son las viejas consignas más antiobreras y reaccionarias que nos podamos imaginar. ¿Cómo se resuelven los problemas de nuestro país? “Echando a un millón de empleados públicos”, responden, sin ponerse colorados. A esto le suman eliminar las indemnizaciones por despido, hacer una superflexibilización laboral, privatizar la salud y arancelar la educación. Prometen cárcel para los que protesten y se movilicen. Defienden a muerte a las patronales contra los trabajadores. 

A Milei y Espert no les faltan las consignas más reaccionarias que se pueden juntar hoy, se declaran anticuarentena, apoyan a Trump, están en contra de la legalización del aborto y son misóginos.

En realidad, su planteo no es novedoso, como nos quieren hacer creer. Entronca con los viejos programas de la derecha liberal que ya hubo en otros tiempos con personajes que crearon experimentos políticos similares. El más “exitoso” fue el de la UCeDé, con Alvaro Alsogaray, que se destacaba por defender las dictaduras militares y participar como ministro. En los ’80 era el campeón de la impunidad a los militares genocidas y fue el padre teórico de las privatizaciones que luego llevó adelante Menem, con María Julia, hija de Álvaro, como funcionaria, que terminó presa por corrupción. 

Milei-Espert, envase nuevo para un programa viejo y con olor a podrido. 

El Socialista entrevistó a Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad sobre los cambios en la ley de movilidad jubilatoria.

–¿Qué opina del nuevo mecanismo de movilidad que el gobierno está proponiendo votar en el Congreso?

–Son tantos los porcentajes que pone el gobierno que a veces se vuelve confuso, pero la gente percibe claramente que los jubilados en la Argentina vienen mal desde hace muchos años y ahora están mucho peor. Los políticos no registran que es un problema gravísimo desde el punto de vista social. Entre 2018 y 2019, con una inflación de 50% y 53% respectivamente, los jubilados perdieron 20 puntos. El propio presidente Alberto Fernández dijo en la época que era candidato que no bien asumiera iba a recomponer estos 20 puntos vendiendo las Leliq*. Pero no lo hizo, los argentinos estamos pagando los intereses de las Leliq y a los jubilados encima se les suspendió la ley de movilidad y los tres reajustes fueron a la baja respecto de lo que correspondía por ley. Desde enero hasta ahora el gobierno se “ahorró” 70.000 millones de pesos de jubilaciones y pensiones; quiere decir que se les pagó 70.000 millones de pesos menos a los jubilados. Esa es la verdad.

–O sea que el problema no es solo la movilidad, sino el manejo discrecional que se hace con los jubilados.

–En mi opinión, la comisión que discute la movilidad está discutiendo el sexo de los ángeles, y yo se los dije personalmente cuando fui consultado. El problema central no es la movilidad sino recomponer el haber jubilatorio. En estos tres años se perdió 40% del poder adquisitivo, entonces cualquier fórmula va a mantener el statu quo de la miseria que hoy representan las jubilaciones y las pensiones. Hay cuatro millones que cobran 18.000 pesos, dos millones más que cobran una media de 26.000 pesos y 1,3 millones de discapacitados que cobran 13.000 pesos. En este contexto están discutiendo la movilidad cuando deberían pensar cómo hacer para cubrir la canasta familiar del jubilado. El reajuste que el gobierno piensa hacer por decreto en diciembre, antes de que empiece a regir el nuevo mecanismo de movilidad, va a ser de 6 puntos. Sobre 18.000 pesos son 1.000 pesos, o sea 33 pesos por día, menos que el precio de un alfajor. Esta es la tragedia. El reclamo correcto es llevar la jubilación mínima al costo de la canasta del jubilado. Nosotros hace once años la venimos calculando. Hoy en las grandes ciudades está en torno de los 49.000 pesos. Eso es lo que tendría que pagar el gobierno.

–Además, en un país como el nuestro no considerar la inflación como índice de reajuste es fatal.

–El valor de los haberes jubilatorios en el mundo se reajusta según la variación del salario del trabajador activo porque la jubilación es una continuidad de eso. En la Argentina tenemos una inflación altísima, que no es un fenómeno mundial, es un fenómeno de algunos países como Sudán, Venezuela, países que están mal, como nosotros. En la mayoría de los países la inflación es de 2% o 3%, a veces de cero por ciento. En caso de que haya inflación se aplica una cláusula gatillo como garantía y se completa ese 2% o 3% que puedan perder. Aquí, si aparte de no recomponer las pérdidas de los últimos años no consideramos la inflación, la pérdida va a ser enorme.

–¿El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no podría recomponer las pérdidas?

–La rueda de auxilio del sistema debería haber sido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que para eso fue creado, pero ninguna administración usó un solo peso de ese fondo para los jubilados, se usa para financiar deudas del Estado. Por eso lo que queda, que son unos 20.000 millones de dólares, ya deberían ponerse en el bolsillo del jubilado. Pero el gobierno no tiene ninguna intención de hacer eso. Si recordamos el día que apareció en pantalla el “porno diputado”, en ese momento, mientras todos hablaban de eso, se estaba tratando el manejo del fondo por parte de Hacienda, donde un banquero explicaba que para garantizar que no se liquidara el Fondo “se lo iban a llevar”, y esto pasó a la semana siguiente, lo ratificó el Senado, nadie se enteró, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, usó el fondo para bajar el dólar blue. Así gasta el gobierno el dinero de los jubilados.

*Letra de Liquidez del Banco Central. Es como un bono o un préstamo que toma el Banco Central (BCRA) con los bancos por una semana. Alberto Fernández, siendo precandidato presidencial por el Frente de Todos, aseguró a El Destape: “Vamos a dejar de pagar los intereses de Leliq que está pagando la Argentina todos los días”.