José Luis Espert, liberfacho integrante de Juntos por el Cambio, solicitó la expulsión de los legisladores del Frente de Izquierda del Congreso en la última sesión, por haber participado de las movilizaciones del pueblo jujeño.

La diputada Myriam Bregman y precandidata a presidenta rechazó la denuncia: “El pueblo de Jujuy con sus movilizaciones, les habló a ustedes... por más que te felicite Bullrich, te felicite Larreta, Sergio Massa se calle la boquita frente a la represión. Hay un pueblo que les está diciendo basta, basta de bajos salarios. Basta de atacar a las comunidades originarias y negarles sus derechos. Basta de que siempre el ajuste lo pague el pueblo trabajador… Lo que hicimos y estamos haciendo es acompañar al pueblo de Jujuy”.
Desde Izquierda Socialista repudiamos las declaraciones de Espert y el intento de expulsar a las y los diputados del Frente de Izquierda del Congreso.

Escribe Pili Barbas, Vocal Federación Universitaria Argentina y precandidata a Legisladora porteña de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

La semana pasada nos hicimos eco de la nefasta declaración de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich respecto a la educación pública. Con un claro discurso xenofobico al estilo Javier Milei, dijo que el problema en Argentina respecto a la universidad pública es que el 50% de les estudiantes son extranjeres. Nada más fuera de la realidad, cuando los índices dan que son apenas el 4%. Esta declaración de Bullrich no solo fomenta un discurso xenofobico muy grave, sino que corre el eje del verdadero problema que tiene la educación pública en Argentina que es el recorte presupuestario que el gobierno peronista de Fernández, Cristina y Massa vienen impulsando. Bullrich defiende un modelo privatista de la educación, para que deje de ser un derecho y pase a ser un privilegio al que puedan acceder solo los ricos. El espacio político patronal del que forma parte, Juntos por el Cambio, en la Ciudad de Buenos Aires con Larreta y Acuña a la cabeza viene desarrollando un ataque tremendo a la educación pública, vaciando las escuelas de presupuesto, persiguiendo a les docentes que luchan por salario (como lo hacen con Jorge Adaro) e impulsando el cierre de profesorados. Por eso, tanto Bullrich y Larreta como Milei solo buscan destruir la educación pública.

Pero desde la Juventud de Izquierda Socialista en las listas del Frente de Izquierda Unidad, que llevamos a Myriam Bregman como precandidata a presidenta, tenemos un planteo totalmente opuesto para defender la educación pública.

Responsabilizamos al gobierno peronista nacional que tiene a Massa como ministro de Economía de acordar con el FMI y priorizar el pago de la deuda externa en vez de que esa plata vaya para educación.

Para nosotres, esa plata tiene que ir para garantizar condiciones de cursadas dignas, becas integrales, boleto educativo a nivel nacional y salarios acorde a la canasta familiar para nuestres docentes y nodocentes. Queremos que se financie la educación pública y se deje de poner plata en las escuelas privadas.

Por eso llevamos en nuestras listas a compañeres que son defensores de la educación pública y son parte de las peleas contra  el ajuste del gobierno del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro de Ademys como jefe de gobierno, en Neuquén con Angélica Lagunas de ATEN capital, en provincia de Buenos Aires con Graciela Calderón del Suteba Multicolor de La Matanza.

La única salida para que les trabajadores y la juventud accedamos a una educación pública científica, laica y de calidad es apostar por fortalecer la unidad de la izquierda con la lista A 136 en todo el país.

Escribe Diego Martínez, precandidato a diputado nacional Buenos Aires Izquierda Socialista/FIT Unidad

El paro del pasado viernes estuvo envuelto en un mar de disputas entre el gobierno peronista y las patronales del transporte. Desde el  ministerio de Transporte, dirigido por Diego Giulano, aliado de Massa, dicen haberle transferido a las patronales 27 mil millones de pesos correspondientes al último acuerdo paritario, y de parte de las empresas reclaman el pago de subsidios correspondientes a meses anteriores.

En esta pelea entre patronales y gobierno los principales perjudicados son los trabajadores del transporte, quienes vienen teniendo graves problemas de cobro, y los usuarios que utilizan un servicio paupérrimo con unidades en mal estado y frecuencias de viajes que disminuyen.
Por el lado de las patronales, en los primeros cinco meses del año recibieron en concepto de  subsidios la friolera de 258.870 millones de pesos, habiéndose incrementado 16,1% en términos reales lo recibido en comparación con el mismo período del año anterior.  Como si esto fuera poco, en lo que va del año la tarifa del transporte aumentó en el AMBA un 43%. En el resto del país la situación es peor. Los usuarios pagan boletos que en algunos casos superan los 150 pesos y tienen servicios absolutamente deficitarios.

Las empresas del transporte no solo se “chupan” los subsidios y no los utilizan para mejorar el servicio, sino que tampoco pagan salarios en tiempo, y forma y no cumplen con el compromiso de colocar cabinas de seguridad en las unidades para darle seguridad a los choferes, quienes arriesgan su vida día a día yendo a trabajar.

Nada de esto podría suceder sin la complicidad del gobierno nacional y el ministerio de Transporte. Son ellos los que les aseguran las ganancias a las patronales del transporte, al punto de que el 85% del costo de poner en la calle los colectivos los paga el estado, sin exigir absolutamente nada a cambio. El gobierno no controla a las empresas a fin de garantizar la calidad del servicio de transporte, a través del ministerio de Trabajo firma acuerdos salariales de miseria para los trabajadores del sector (los cuales ni siquiera son cumplimentados por las patronales con la anuencia del gobierno) y no garantiza la seguridad para choferes y usuarios.

El transporte es un servicio esencial para todas las trabajadoras y trabajadores del país. No puede estar en manos de empresarios chupasangres, que son junto con los gobiernos responsables de la actual situación de crisis. Necesitamos pelear por imponer un sistema único de transporte estatal controlado por los trabajadores del sector y usuarios.

El día 7 de julio, después de una infinidad de amagues de parte de la UTA con paros que nunca se concretaron en Buenos Aires, los trabajadores del transporte venimos llevando adelante una retención de tareas. Nos cansamos de que nos deban sueldos, aguinaldos, que no nos hayan pagado los dos bonos que supuestamente se acordaron con el gobierno nacional en los últimos meses y que tampoco nos hayan pagado el aumento firmado en las paritarias. Fernández sintió esta presión de parte de los trabajadores, y no quedó otra que hacer de una buena vez el paro en Buenos Aires.

Bustinduy por su parte salió rápidamente a adelantar la medida, para defender los intereses del grupo DOTA en su pelea con el gobierno para sacar una mayor tajada de subsidios.

Más allá de las peleas entre el gobierno y las empresas del transporte, de la cual los trabajadores somos rehenes, exigimos a las patronales que se nos pague lo adeudado y a la UTA que impulse un plan de lucha hasta que esto se concrete.

Agrupación 460 Bordó Nacional, 7/7/2023

Escribe Adolfo Santos

La rebelión popular en Jujuy continúa fuerte. Con los docentes primarios en su sexta semana de paro por salario y las comunidades originarias manteniendo los cortes de rutas en más de una decena de puntos en defensa de sus derechos, la lucha jujeña es un ejemplo que debemos rodear de solidaridad para que triunfe.

La jugada del represivo gobernador Gerardo Morales (UCR), candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, de aprovechar el triunfo electoral para pasar una reforma constitucional antiderechos con la complicidad del peronismo, le salió pésima. La intencionalidad de la reforma de criminalizar la protesta, coartar derechos y disponer discrecionalmente de las tierras fiscales ocupadas por comunidades originarias para entregarlas a las multinacionales extractivistas que vienen por el litio, desató una verdadera rebelión popular.

Lejos de tratarse de violentos infiltrados como intentaron decir el gobierno y la prensa nacional, fue Morales el que encendió la mecha que hizo explotar a un pueblo trabajador cansado de gobiernos hambreadores y de comunidades históricamente discriminadas que no se resignan a perder derechos. Eso es lo que explica que se continúe resistiendo a una feroz represión por parte del gobierno, apoyada por todos los políticos patronales.

Jujuy no es un caso aislado, es el espejo de nuestro país. Es lo que ofrecen los candidatos patronales frente a la crisis, más ajuste y represión al servicio de las grandes patronales y del cumplimiento con los pagos de la fraudulenta deuda externa al FMI.

Aunque los maestros y las comunidades originarias vienen siendo la punta de lanza de esta gran lucha, se siguen sumando nuevos sectores a la protesta. La fuerza del paro de los docentes primarios de Adep obligó al gobierno a convocar una reunión paritaria para el jueves 13. El viernes de la semana pasada realizaron una nueva y masiva marcha acompañados por la “Asamblea del pueblo, trabajadores, comunidades, estudiantes y derechos humanos contra la Reforma”, una instancia organizativa generada por la propia lucha y que está llamando a una gran asamblea provincial de trabajadores y comunidades originarias, para extender la movilización.

También los trabajadores y trabajadoras de Obras Sanitarias vienen protagonizando un paro de varios días y se han movilizado por el centro de San Salvador por aumento de salario y contra la reforma. El jueves 13 vuelven al paro Cedems (docentes secundarios) y Adiunju (universitarios). Esto demuestra la disposición de lucha de las y los trabajadores jujeños a pesar de la violenta represión y las nuevas causas judiciales creadas en las últimas semanas por el gobierno, que no consigue amedrentarlos. Continúan los cortes en diversos puntos de la Ruta 9 como Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Humahuaca y La Quiaca, generando retenciones en los pasos fronterizos con Chile y Bolivia.

Sin dudas, la fuerza de esta lucha se encuentra en las calles. A pesar de los intentos de todo el arco político patronal por desactivar esta rebelión, o frenar con falsas promesas, continúan las acciones directas. Acciones que han obligado a varios Concejos Deliberantes del interior a pronunciarse contra la Reforma. Hay que unir todas esas fuerzas en un paro y plan de lucha para derrotar la reforma que radicales, macristas y peronistas juraron entre balazos, gases y detenciones. Es más necesario que nunca rodear de solidaridad la lucha en Jujuy para que triunfe. La Ctera debe convocar un nuevo paro nacional y exigir lo mismo de la CGT y la CTA hasta que caiga la reforma de Morales y el PJ.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad continuaremos actuando junto a los trabajadores, comunidades originarias y sectores populares movilizados por aumento de salarios, repudiando la reforma constitucional anti derechos, exigiendo la libertad y despenalización de los detenidos por luchar y la anulación de las acciones judiciales en curso. Si triunfa la lucha de Jujuy, será un triunfo de todos los trabajadores y sectores populares.