Escribe Mariano Barba

Con el asesinato del chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, saltaron a la vista de todos las condiciones de inseguridad, desocupación y falta de servicios que se viven en el gran Buenos Aires. También se visualizó el estado de los colectivos, que carecen de las mínimas medidas de resguardo para los choferes.  Mientras tanto Fernando Espinoza, actual intendente kirchnerista de la Matanza, y Verónica Magario, ex intendenta y actual vicegobernadora de Kicillof, se jactan de tener un plazo fijo por superávit que supera los 35.000 millones de pesos. Pero no hay nada de inversión en seguridad y condiciones de trabajo; nada de cámaras ni cabinas de protección para los choferes.

A este panorama se suma la desidia de las empresas de colectivos que no ponen un peso en mejorar los coches y garantizar la seguridad de los choferes. La pregunta es ¿adónde van los subsidios que reciben los empresarios?

En los últimos años creció la concentración empresarial que maneja el servicio de colectivos en el AMBA, donde se concentra más de un tercio de los habitantes del país que utilizan mucho el colectivo por las distancias para ir a trabajar, estudiar, etcétera. Las empresas se nuclean en seis cámaras, donde se destaca el grupo DOTA, con 180 líneas de las 380 que circulan en esa región. También coparon la construcción de carrocerías y chasis. Los empresarios siempre se quejan de que su rentabilidad es baja. Pero la realidad es que embolsan enormes ganancias sin arriesgar prácticamente nada, ya que el estado nacional les garantiza un volumen de subsidios que supera el 70% del costo. Y otro 20% se lo garantizan los estados provinciales y municipales. En el 2022 recibieron la friolera de 320.000 millones de pesos por las 18.000 unidades que están rodando. Y ahora reclaman un adicional mensual por 22.000 millones, sin comprometerse a ninguna mejora de seguridad.

En el interior del país se repite la historia. Desde Izquierda Socialista denunciamos este robo por parte de los empresarios y exigimos la estatización de todo el sistema de transporte público controlado por choferes y usuarios. Es lo que reclamamos en Neuquén Capital, donde nuestra compañera Angélica Lagunas, candidata a Intendenta del FIT Unidad, está denunciando que la nueva empresa concesionaria  recibe el triple subsidio, nacional, provincial y municipal, y con el aval del gobierno aumentó el boleto mínimo a 130 pesos, que va directo a los bolsillos de los empresarios.

“Si en un plazo prudencial no hay respuestas volveremos a marchar por justicia”
Marcelino Castro (chofer de la línea 620)

“Todavía estamos muy tristes por la muerte de Daniel. Es algo horroroso lo que pasó. Estamos esperando que actúe la justicia y que encuentre a los asesinos. Todos los días esperamos eso. No queremos que este hecho quede impune. Si pasa el tiempo y no encuentran y castigan a los culpables volveremos a movilizarnos. Si en un plazo prudencial de ocho o diez días  no hay respuestas volveremos a marchar por justicia. Por el momento el ramal Vernazza en Virrey del Pino, donde trabajaba Daniel, estaba suspendido. Pero esa no es la solución. La empresa y el gremio tienen que garantizar la seguridad de los choferes, nosotros solos no podemos hacerlo.”


“Nos fuimos acercando, con bronca y dolor para pedir justicia y seguridad”
Ramiro Vargas Silva (referente de la Agrupación 460 Bordó nacional en la UTA) 

“Los compañeros del Transporte amanecimos el día lunes 3 de Abril con la triste noticia del asesinato de un compañero más, en manos de la delincuencia y de la desidia de los gobernantes.
Otra vez un compañero de la línea 620, Daniel Barrientos, chofer que estaba pronto a jubilarse. Como en el año 2018, con el asesinato de Leandro Alcaraz, nos volvemos a sentir vulnerables y olvidados. Quienes nos gobiernan se nos acercan más interesados en conseguir algún rédito político que ofreciendo  soluciones reales, y nos piden que nos comportemos como personas frías y razonables, cuando el asesinado es un amigo nuestro, un padre, un hijo, y también una parte de nosotros.

Con el transcurrir del día nos fuimos comunicando entre los compañeros de las distintas líneas y nos fuimos acercando, con bronca y dolor para pedir justicia y seguridad. Esperando que desde el gremio de la UTA, Roberto Fernández decrete el paro general, pero una vez más nos demostró que es funcional al gobierno de turno, olvidándose que es él quien debería representarnos y acompañarnos en el reclamo. Algo similar podríamos decir de Bustinduy, socio de la empresa DOTA.
Otra vez más solos, como siempre solos”.

Escribe Diego Martínez

En la madrugada del jueves 6 la policía montó un operativo para detener a dos choferes y criminalizarlos por la movilización del día lunes. Una acción similar a la de las épocas de la dictadura. Pero los choferes no se dejaron intimidar, inmediatamente reaccionaron con un nuevo paro de colectivos en algunas líneas de la zona oeste.

El espectacular despliegue de grupos comando se contrasta con la impunidad de los asesinos de Daniel Barrientos. Por eso la creciente indignación, ya que “la bonaerense” encarceló a los compañeros, allanó oficinas de las distintas líneas y requisó domicilios personales de los trabajadores, provocando destrozos en sus hogares con sus familias presentes.

Mientras Berni y el gobierno peronista del Frente de Todos dicen que “les tiraron un muerto”, dando la espalda a los damnificados, la diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad y dirigenta ferroviaria, Mónica Schlotthauer, junto a José Sebriano, delegado ferroviario del Sarmiento, y una delegación de militantes de nuestro partido, se dirigieron a la cabecera de la empresa Almafuerte y de la línea 620, llevando la solidaridad contra estas repudiables detenciones.

Gracias a la movilización se logró la liberación de los compañeros. Pero hay que seguirla, acompañando a los choferes ante el intento de criminalización de la protesta.
                                               

Durante el desarrollo de la asamblea de los ferroviarios del Sarmiento se realizó un minuto de aplausos en homenaje al chofer asesinado.

Escribe José Castillo

El Ministro de Economía Sergio Massa se reunió días atrás con la número dos del FMI, Gita Gopinath. Ello no impidió que el Fondo sacara un duro documento exigiendo aún más ajuste al gobierno. Casi simultáneamente se conocieron dos fallos contra nuestro país, cuyas consecuencias son un mayor acrecentamiento de nuestra ilegal, inmoral e impagable deuda externa.

De poco le sirvió al gobierno del Frente de Todos su peregrinaje a Washington de hace diez días. Alberto Fernández obtuvo su reunión y foto con Biden, el ministro de Economía Sergio Massa tuvo la suya con la número dos del FMI, Gita Gopinath, consiguieron la “bendición” de la aprobación del ajuste del año pasado. Y, el “pasamanos” de los 5.200 millones de dólares que entraron a las reservas para salir inmediatamente en concepto de pagos de vencimientos al propio Fondo. Pero, a la hora de la verdad, el gobierno argentino se comprometió a darle todas las garantías a los yanquis para que puedan participar en el saqueo de nuestras riquezas, se llamen petróleo y gas de Vaca Muerta, litio, megaminería o privilegios para operar en la Hidrovía del Paraná. En estos días, está llegando para monitorear que se cumple todo esto la número dos del Departamento de Estado, Wendy Sherman.

El FMI, por su parte, acaba de sacar una declaración donde deja blanco sobre negro todas sus exigencias para los próximos meses: aumentar más rápidamente las tarifas de los servicios públicos privatizados, acelerar la devaluación, mantener alta la tasa de interés (con el consiguiente encarecimiento del crédito) y, por sobre todo, limitar lo más posible el acceso a la nueva moratoria previsional. En síntesis, más ajuste aún que el año pasado, para alcanzar la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal.

Los juicios perdidos

La “justicia” yanqui también dio su señal. En estos días, el estado argentino perdió dos juicios. La consecuencia será la de siempre: un aumento de la deuda externa en varios millones de dólares.
El primero de ellos fue contra YPF. La empresa argentina y la multinacional española Repsol se comprometieron a pagar 287,5 millones de dólares cada una por el daño ambiental causado por la firma yanqui Maxus sobre el río Passaic, del Estado de New Jersey. ¡Sí, leíste bien! ¡Una empresa yanqui contaminó un río en los Estados Unidos, y lo tenemos que pagar nosotros! Todo porque en 2005, cuando YPF era propiedad de Repsol, esta última adquirió a Maxus. Maxus quebró en 2016, cuando a esa altura no tenía nada que ver con YPF, ya estatizada. Pero la justicia del estado de Nueva York estableció que quien debía pagar era YPF, y como ahora se trata de una empresa estatal, la deuda pasa al estado argentino. ¡Increíble!

El otro juicio perdido fue llevado adelante por cuatro fondos buitres que ganaron una demanda de 1.500 millones de dólares, reclamando porque el estado argentino modificó el año base para calcular el PBI en  2013 y, de esa forma, al resultar el crecimiento de ese año menor al esperado no correspondía pagar el llamado “Cupón PBI”. Recordemos que este “cupón” es un regalo que le hicieron en 2005 Néstor Kirchner y su ministro Roberto Lavagna a los pulpos acreedores en el canje de deuda de ese año. Sencillamente, cada vez que la economía argentina creciera más del 3,25%, había que pagar miles de millones de dólares. Los acreedores tenían la expectativa de cobrar ese cupón en 2013, pero la estadística, con la modificación del año base, dio menos y no se pagó. Los propietarios de ese cupón PBI iniciaron una demanda en Nueva York, luego cuatro fondos buitres compraron esa demanda. Y ahora, con el resultado cantado, la jueza del distrito sur de Nueva York les dio la razón. Así iba a terminar todo, era obvio ya desde el día en que Kirchner y Lavagna crearon ese instrumento, a medida de los acreedores y bajo la justicia yanqui.

Saqueo y sometimiento por todas partes

En síntesis, de un plumazo nos endosaron casi 1.800 millones de dólares de nueva deuda externa. El FMI nos exige cada vez más ajuste. El gobierno yanqui dice abiertamente que quiere una tajada mayor del saqueo de nuestras riquezas. No cabe duda, somos una semicolonia yanqui. Y el gobierno del Frente de Todos oficia de virrey. Hay que cortar ya estas cadenas, y avanzar hacia una segunda independencia rompiendo con el FMI, dejando de pagar una deuda externa cada día más inmoral, ilegal y usuraria, y poniendo recursos y soberanía para un programa alternativo, obrero y popular, que resuelva las más urgentes necesidades populares.