Escribe Mariano Barba

Con el asesinato del chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, saltaron a la vista de todos las condiciones de inseguridad, desocupación y falta de servicios que se viven en el gran Buenos Aires. También se visualizó el estado de los colectivos, que carecen de las mínimas medidas de resguardo para los choferes.  Mientras tanto Fernando Espinoza, actual intendente kirchnerista de la Matanza, y Verónica Magario, ex intendenta y actual vicegobernadora de Kicillof, se jactan de tener un plazo fijo por superávit que supera los 35.000 millones de pesos. Pero no hay nada de inversión en seguridad y condiciones de trabajo; nada de cámaras ni cabinas de protección para los choferes.

A este panorama se suma la desidia de las empresas de colectivos que no ponen un peso en mejorar los coches y garantizar la seguridad de los choferes. La pregunta es ¿adónde van los subsidios que reciben los empresarios?

En los últimos años creció la concentración empresarial que maneja el servicio de colectivos en el AMBA, donde se concentra más de un tercio de los habitantes del país que utilizan mucho el colectivo por las distancias para ir a trabajar, estudiar, etcétera. Las empresas se nuclean en seis cámaras, donde se destaca el grupo DOTA, con 180 líneas de las 380 que circulan en esa región. También coparon la construcción de carrocerías y chasis. Los empresarios siempre se quejan de que su rentabilidad es baja. Pero la realidad es que embolsan enormes ganancias sin arriesgar prácticamente nada, ya que el estado nacional les garantiza un volumen de subsidios que supera el 70% del costo. Y otro 20% se lo garantizan los estados provinciales y municipales. En el 2022 recibieron la friolera de 320.000 millones de pesos por las 18.000 unidades que están rodando. Y ahora reclaman un adicional mensual por 22.000 millones, sin comprometerse a ninguna mejora de seguridad.

En el interior del país se repite la historia. Desde Izquierda Socialista denunciamos este robo por parte de los empresarios y exigimos la estatización de todo el sistema de transporte público controlado por choferes y usuarios. Es lo que reclamamos en Neuquén Capital, donde nuestra compañera Angélica Lagunas, candidata a Intendenta del FIT Unidad, está denunciando que la nueva empresa concesionaria  recibe el triple subsidio, nacional, provincial y municipal, y con el aval del gobierno aumentó el boleto mínimo a 130 pesos, que va directo a los bolsillos de los empresarios.