Dec 22, 2024 Last Updated 2:47 PM, Dec 20, 2024

Izquierda Socialista

Escribe Claudio Funes

El cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento viene denunciando que la aplicación para reservar asientos en los trenes no respeta el distanciamiento social. En ese sentido, Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, presentó una nota al presidente de la empresa Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y al ministro de Transporte, Mario Meoni.

Los ferroviarios manifiestan su profunda preocupación por la gran cantidad de pasajeros que están transportando sin el cumplimiento de dicho distanciamiento social obligatorio, que se debe respetar durante la pandemia de Covid-19. Por este motivo reclaman, con carácter urgente, que se cumpla con el límite de 32 pasajeros por vagón, y un máximo de 256 por formación.

Estamos yendo hacia el pico de la pandemia, la preocupación es lógica, el Sarmiento realiza su recorrido entre municipios que tienen un alto nivel de contagios. A esto debe agregarse que, desde el 20 de julio, se liberaron nuevas actividades en el AMBA. Esto motivará el incremento del número de pasajeros. La excesiva cantidad de personas reunidas en un coche y su escasa ventilación generan un ámbito ideal para propagar el virus.

El Pollo Sobrero manifestó: “Hemos presentado un proyecto a la empresa y al ministro en el que exigimos que se viaje con distanciamiento social en todos los ferrocarriles. Hoy eso no se cumple y es algo grave. Ahora se comenzará a liberar un poco más, y por más que el pasajero reserve su tren, si los vagones están absolutamente llenos, con la gente parada, será todo en vano, porque el contagio caminará por los trenes y se multiplicará”.

Los ferroviarios del Sarmiento exigen más organización y diagramación de los servicios y un fuerte control del gobierno para evitar excesos en los vagones. Y seguirán reclamando un impuesto especial a los grandes grupos económicos para que lo recaudado vaya al pueblo trabajador y a combatir la pandemia. Por una cuarentena sin hambre, despidos ni rebaja salarial.

 

 

 

 

 

 

 

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Alimentación. La burocracia firma una paritaria de miseria

El jueves 16 de julio, la conducción del Sindicato de la Alimentación (Lista Verde, de Daer) cerró un incremento salarial de 6% no remunerativo a partir de agosto y un 0,5% en septiembre. El retroactivo correspondiente a los meses de mayo, junio y julio fue reemplazado por una suma no remunerativa, por única vez, de 6.000 pesos, con el compromiso de volver a juntarse en septiembre. Una miseria, muy por debajo de la inflación. Según ATE Indec, la canasta familiar de mayo debió ser de 67.300 pesos.Con este acuerdo mantiene a los trabajadores “esenciales” de la alimentación debajo de la línea de pobreza. Esto lleva al descontento de muchos compañeros. Nosotros somos trabajadores esenciales, pese a que en muchas fábricas se producen golosinas. Las patronales siguen produciendo normalmente y las ganancias están intactas. Los trabajadores de la alimentación salimos a trabajar todos los días arriesgándonos a la exposición a la pandemia, que se agrava cada día, Hay fábricas que superan los cincuenta casos de coronavirus (Mondelez Pacheco, Felfort, Alijor, El Orden) y en la mayoría no se respeta el protocolo sanitario, con la complicidad abierta del gremio.

Con este panorama, el sindicato solo elevó una compensación por la esencialidad y la exposición a la pandemia y terminó en nada, sin dar explicaciones. No solo es una vergüenza la paritaria, sino también ver a algunos delegados defenderla a capa y espada, se olvidan que ellos están para defender a los trabajadores y no a las empresas. Es claro que lo acordado no satisface la necesidad de los trabajadores. Más que nunca tenemos que unirnos para enfrentar a las patronales, que solo se fijan en llenar sus bolsillos a costillas del trabajador, y a la burocracia del gremio, cómplice de estos abusos.


Neuquén. Dos meses de acampe de los camioneros

Sesenta días acampando en las puertas del Expreso Argentino llevan los doce camioneros exigiendo que les paguen cuatro meses de sueldo y la reincorporación. La patronal negrera durante años se benefició de los favores del poder político y hoy sigue gozando del amparo de todas las instituciones laborales y judiciales. A tal punto, que la Secretaría de Trabajo provincial dice que no puede hacer nada, y la Justicia laboral, que emitió un fallo a favor de los trabajadores trabando embargo preventivo sobre los bienes de la empresa, no tomó ninguna medida efectiva hasta el momento. Mientras tanto, los trabajadores continúan muy activos participando unitariamente de todas las acciones que se impulsan desde la Multisectorial en Apoyo a las Luchas, fortaleciendo y difundiendo su propio reclamo. El poderoso sindicato camionero permanece ajeno, mostrando su complicidad con todas las patronales. Solo la enorme solidaridad popular, el apoyo de las organizaciones de izquierda, del sindicato ceramista y de las conducciones opositoras docentes, le permiten a los doce trabajadores subsistir, mantener su sustento diario para alimentarse y poder llevar algo a sus hogares, donde ya se siente el paso del tiempo de una lucha sin soluciones a la vista. Nuevas acciones callejeras se preparan para continuar la pelea. Izquierda Socialista viene acompañando y ayudando cotidianamente en las sacrificadas tareas del campamento donde compañeros docentes y de la juventud pernoctan algunos días para fortalecer el acampe.


Ademys se prepara para la lucha por salario y protocolo

Como antesala del receso escolar, el gobierno de Larreta convocó a los sindicatos docentes este viernes pasado a una reunión. Allí comunicó que no iba a cumplir con su propio acuerdo salarial del mes de marzo, que implicaba un incremento en el sueldo del mes de julio. Esta decisión va en línea con la sanción de la Ley de Emergencia de CABA, que autoriza el congelamiento salarial. Nuevamente, somos los trabajadores estatales y docentes quienes seguimos pagando el costo de la crisis mientras que Larreta no ha tomado ninguna medida que afecte a los grandes empresarios. Además, intentan apurar el regreso a las aulas con protocolos absurdos que no garantizan las condiciones de seguridad. Somos claros, mientras haya pandemia y no estén dadas las condiciones sanitarias y de infraestructura no volveremos.

Para dar una respuesta a estos nuevos ataques Ademys convoca a una asamblea abierta el 29 de julio para decidir democráticamente las acciones de lucha y para impulsar el no inicio de clases luego del receso escolar.

 

 

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Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/ FIT Unidad

El jueves pasado se votó en la Legislatura porteña la adhesión al protocolo de interrupción legal de los embarazos (ILE) del Ministerio de Salud nacional. Esto es fruto de la marea verde que en todo el país exige el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Ahora reclamamos al gobierno de Fernández el aborto legal, seguro y gratuito ya.

Si bien en la Argentina desde 1921 el Código Penal establece el aborto legal por causales, que fue ratificado por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, es una lucha del movimiento feminista su aplicación, ya que la mayoría de los gobiernos provinciales privilegian sus alianzas con las iglesias y obstaculizan el derecho a los abortos no punibles. Por eso, la adhesión al protocolo en la Ciudad es un avance que refleja la lucha de años del movimiento feminista por el aborto legal.

Desde la #MareaVerde de 2018, el Ministerio de Salud de la CABA, en un informe del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, ha registrado un aumento de los casos de ILE en la Ciudad. Solo en los primeros seis meses de 2019 se realizaron 3.577 abortos legales en la Ciudad, lo que representa un aumento de 47% respecto de 2018. El 15% de las que accedieron a la ILE fueron niñas y adolescentes: treinta y un niñas entre 10 y 14 años, y 514 adolescentes. Por eso, la adhesión es una importante herramienta para que los equipos de salud puedan garantizar los derechos de las mujeres frente a los intentos restrictivos de los sectores religiosos antiderechos ante casos de violación o de afección de la salud integral de las mujeres y personas con posibilidad de gestar.

La pandemia del Covid-19 y el aislamiento social obligatorio han puesto una vez más al descubierto que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no puede esperar. Para muchas mujeres y niñas los hogares no son lugares seguros, crecen los abusos sexuales y, por ende, los embarazos no deseados. Por eso, durante la cuarentena crecieron las consultas para acceder a la ILE un 536%, pasando de entre cinco y once diarias a setenta. Pero el protocolo de los abortos no punibles no alcanza. Necesitamos que se apruebe inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ya.

¡Basta de dilaciones!

Fernández asumió el gobierno diciendo que presentaría en marzo su propio proyecto para legalizar el aborto, lo que generó expectativas en un sector del movimiento feminista. Desde ese momento venimos señalando que nosotras ya tenemos un proyecto, que es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sin embargo, pasaron más de seis meses y todavía el proyecto que dijeron que “ya estaba listo” no fue presentado, tampoco se conoce su redacción. Es más, el propio Fernández dijo hace semanas que en el marco de la pandemia había cosas más urgentes y que estaba esperando el momento “justo” para enviarlo, mientras cientos de mujeres siguen abortando en la clandestinidad poniendo su salud en riesgo.

Próximamente se cumplirá un nuevo aniversario del #8A, día en que el reaccionario Senado, con los votos del PJ, la UCR y PRO, en alianza con las iglesias, optaron por la clandestinidad del aborto en 2018 ante millones de personas movilizadas. Por eso llamamos al movimiento feminista a seguir dando la pelea para que, de una vez por todas, se apruebe el proyecto de la Campaña y así podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Vamos por #abortolegal2020.

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Salió el segundo número de RABIA, la revista de la Juventud de Izquierda Socialista.

Escribinos para recibirla y aportar a la campaña financiera de nuestro partido.

FB: Juventud Izquierda Socialista

 

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Escribe Adolfo Santos

Hace poco más de una semana una noticia llamó la atención. Un grupo de ochenta y tres multimillonarios de los Estados Unidos, Alemania, Holanda, Dinamarca, Reino Unido y Canadá habrían solicitado, a través de una carta pública, que sus gobiernos les cobren más impuestos.

Divulgada en grandes medios como El País, The Guardian, o Clarín y Página 12 en la Argentina, la publicación de los ochenta y tres ricachones pide “una subida inmediata, sustancial y permanente de impuestos” a sus grandes fortunas para luchar contra la pandemia de coronavirus y paliar la crisis económica que sobrevendrá.

No se puede descartar que los dueños de grandes fortunas, frente a la gravísima crisis económica, estén dispuestos a ceder algo de sus grandes patrimonios. Saben que continuar expulsando a millones de familias a una situación de pobreza extrema mediante una creciente desocupación y bajísimos salarios solo va a aumentar las convulsiones sociales que ya existen, lo que coloca en peligro a sus propios patrimonios. Más aún cuando la pandemia ha acelerado todos los índices de la crisis y no se vislumbran soluciones a los graves problemas sociales.

Los autores de la carta dicen: “No estamos conduciendo las ambulancias que llevan a los enfermos a los hospitales. Ni reabasteciendo los estantes de los supermercados, ni haciendo delivery puerta a puerta”, en referencia a las actividades esenciales. “Pero sí tenemos dinero, mucho dinero”. Está claro, esas inmensas fortunas no son fruto del trabajo y del esfuerzo, sino de la explotación de millones de trabajadores que ganan salarios miserables. Además se consolidaron sobre la base de la evasión fiscal. Karen Seal Stewart, inversora inmobiliaria e integrante del selecto Club de los 200 Millonarios Patrióticos, del cual son parte los firmantes de la carta, reconoce: “Casi todos los que tienen una cantidad significativa de riqueza en Estados Unidos se han beneficiado del trato preferencial que nuestro código tributario le da a los ricos” (News Mundo 14/7). Una política incentivada aún más por la reforma impositiva del reaccionario Donald Trump.

Esto es insuficiente

Aunque llegara a concretarse legalmente, este impuesto es insuficiente para resolver la grave crisis capitalista. En los Estados Unidos hay alrededor de doce millones de millonarios y apenas doscientos estarían dispuestos a aportar una pequeña parte. Como dice Stephen Prince, también del Club de los 200, después de pagar ese impuesto extra “… todavía tendré dos aviones”. Otro de los firmantes de la carta es el usurero internacional Morris Pearl, ex director gerente de BlackRock, uno de los fondos buitres detentores de los bonos de la deuda externa argentina, cuyo pago va a impedir cualquier posibilidad de crecimiento de nuestro país.

Son lobos con piel de cordero. Posan de solidarios mientras aplican duras medidas contra sus propios trabajadores. Es el caso de la heredera de Disney, Abigail Disney, una de las supuestas firmantes de la carta, que acaba de despedir a 100.000 trabajadores de sus parques de diversiones, 70.000 pertenecen a Walt Disney World Resort de Orlando, que pasarán a recibir del programa de desempleo del estado de Florida, uno de los más bajos del país, solo 275 dólares semanales durante doce semanas. Los otros 30.000 son del parque que la compañía posee en California. Con esas medidas, según informó The Financial Times, WD “ahorrará” 500 millones de dólares mensuales en salarios.

Por eso decimos que son apenas paliativos que intentan frenar el avance de las protestas contra el capitalismo, un sistema incapaz de resolver los mínimos problemas sociales. Son sectores empresariales que buscan lavarse la cara ante el odio creciente de los trabajadores, mientras aplican ajustes brutales como Disney o saquean países, como los usureros de BlackRock. Gran parte de esas medidas que están proponiendo no les cuestan nada porque son a cuenta de la eximición de impuestos o parte de las ganancias obtenidas por el aumento de la productividad, la flexibilización laboral y los diversos ajustes que realizan contra los trabajadores.

No hay capitalismo bueno o humano

Los capitalistas no pretenden disminuir la brecha social entre ricos y pobres reviendo sus planes de ajuste, en todo caso quieren controlarla por miedo a los estallidos sociales. Es una reacción por el temor a las rebeliones que se producen en todo el mundo cuestionando los planes capitalistas. No estamos en contra de aumentar o aplicar nuevos impuestos a las grandes fortunas. Lo hemos propuesto como medida de emergencia para resolver los problemas creados por la pandemia, pero es apenas un paliativo. El FIT-Unidad presentó un proyecto en ese sentido donde propone gravar en 10% a las grandes fortunas. Una medida mínima, que los diputados se negaron a discutir, y el gobierno de Alberto Fernández no ha tenido el coraje de implementar.

No hay salida a la crisis con este sistema en descomposición. El capitalismo no va más. Es lo que demuestran las rebeliones alrededor del mundo contra sus planes, que producen cada vez mayor desigualdad, donde una minoría se enrique a costa de la explotación y la pobreza de miles de millones de trabajadores. Esa crisis brutal no se soluciona con las “dádivas” de un puñado de millonarios. Para resolver la desigualdad social, el hambre, la pobreza y la destrucción del medio ambiente es necesario continuar luchando hasta derrotar el capitalismo. Solo un gobierno socialista que represente los verdaderos intereses de trabajadoras y trabajadores será capaz de superar esta profunda crisis.    

 

 

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