Escribe Guillermo Sánchez Porta

Este 2020 es uno de los años más duros y difíciles para la educación pública y la docencia. A los grandes ataques a la escuela pública, salarios docentes y presupuestos educativos de los diferentes gobiernos, se suma la pandemia del coronavirus.

Batallamos contra el peligro sanitario que significa para docentes, estudiantes y familias iniciar las clases con presencialidad. El ministro Trotta y la burocracia sindical de Ctera minimizaron la gravedad del Covid-19 y querían que los docentes siguiéramos yendo a las escuelas. La fuerte campaña que realizamos desde Docentes en Marcha y la oposición multicolor en todo el país, y el rechazo de las familias a llevar a sus hijos, logró imponer la suspensión de las clases.

Pero ese primer triunfo fue también utilizado por el gobierno para atacar aún más a la escuela pública y los salarios. Mantuvo el mismo presupuesto del macrismo, ¡cuando la inflación de 2019 fue de 50%! No invirtió nada en infraestructura escolar, ni siquiera aprovechando el parate de la asistencia a las escuelas estos meses. No nombró suplentes, reemplazantes o provisionales y miles quedaron sin cargos, o con menos horas, pasando a una situación de miseria mientras el gobierno ahorraba el dinero de los salarios no pagados. Anuló los acuerdos o suspendió las paritarias en muchísimas provincias, quedando los docentes con salarios de 2019, como en Santa Fe. Chubut directamente adeuda meses de salarios. ¡Todo esto mientras la inflación siguió al galope!

Además, siguió atacando las jubilaciones y los derechos de nuestros jubilados y vaciando las obras sociales, robándose la plata para negociados políticos y los empresarios de la salud.

Por otro lado, el gobierno improvisó la mal llamada “educación virtual”. Y, como en todo lo que hace, se desnudó toda la crisis social estructural. Millones de familias sin buena conectividad, o nada, con un solo celular, sin computadoras. Desorganización en planes y desconocimiento en metodologías de trabajos virtuales, pero con el gobierno “conforme” porque “se mantuvo la educación”, aunque millones de pibes pobres quedaron más marginados social y educativamente, y cientos de miles de docentes destruidos física y emocionalmente con el trabajo virtual, super explotados. El gobierno y los diputados y senadores del peronismo y de Cambiemos, igual aprovecharon para modificar el artículo 109 de la Ley de Educación para incorporar la “educación virtual” para todo el sistema educativo, “para situaciones excepcionales”, como podría ser una huelga larga, de las que nos obligan a hacer en diferentes provincias todos los años.

Ahora quieren que volvamos a las clases presenciales después del receso de invierno con un ridículo “protocolo burbuja” de Trotta, que confirma que hay funcionarios que nunca en su vida pisaron una escuela pública. ¡No hay razón educativa para poner en riesgo la salud de la comunidad en pleno ascenso del Covid! Lo que hay que hacer es garantizar la conectividad, insumos, tecnología y servicios gratuitos para docentes y estudiantes para poder avanzar en el seguimiento educativo virtual. Aumento de salarios e inversión presupuestaria y en infraestructura ya. Desde Docentes en Marcha llamamos a todos los docentes y a las familias de todo el país a que juntos rechacemos nuevamente el intento de Trotta y los gobernadores de ir a las escuelas en medio del coronavirus. ¡Con pandemia no volvemos!

Ante estos nuevos ataques a la escuela pública y la docencia, los dirigentes sindicales de la agrupación Celeste de Ctera Alesso, Baradel, Yasky y sus aliados provinciales, han apoyado al gobierno y su política. Donde hemos salido a luchar ha sido a pesar de ellos. ¡Estos dirigentes no van más! Necesitamos una nueva conducción democrática y de lucha en todo el país, fortaleciendo la unidad de los luchadores en las listas multicolores, en el Plenario del Sindicalismo Combativo y coordinando la lucha. Como en Ademys, los Suteba Multicolores, las filiales combativas de Amsafe (como Rosario) o de Adosac Santa Cruz, SUTE Mendoza y muchísimas autoconvocatorias por fuera de los sindicatos.

Con Docentes en Marcha hemos realizado plenarios y charlas en diferentes provincias (Córdoba, Buenos Aires, CABA, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro, Rosario y otras). Debatiendo estas situaciones, evaluando salidas, discutiendo sobre los protocolos y la virtualidad, los derechos laborales, el salario, obras sociales, jubilaciones, educación pública y también cómo nos fortalecemos para seguir avanzando con nuevos dirigentes democráticos y de lucha.

Para eso, el sábado 15 de agosto realizaremos un nuevo encuentro nacional de Docentes en Marcha, esta vez de manera virtual. Con plenarios, comisiones temáticas, debates y resoluciones. Llamamos a todos los docentes y estudiantes de magisterio a participar activamente.

Escribe Joel Rojo

El peronista Llaryora venía envalentonado por el ajuste impuesto a los municipales. Les había rebajado en promedio 17% del salario y concretó despidos, entre otras medidas que significaron una importante quita de conquistas.  

En el caso de la UTA, aprovechó la pandemia para amenazar con despedir y rebajar la jornada de trabajo y 12% del salario a los choferes, que venían de no cobrar sus salarios completos desde abril, razón por la cual pararon buena parte de mayo. El paro fue levantado inconsultamente por la comisión directiva que encabeza Carla Esteban, conductora de la empresa Tamse de trolebuses, puesta a dedo en ese cargo luego de la intervención dispuesta en 2017 por Fernández, de UTA nacional. Su política ante la amenaza del intendente siempre fue negociar. La continuidad de la deuda salarial y la bronca de la base la obligaron a retomar el paro el primer día de julio. Fueron más de veinte días de paro, en alguna ocasión con enfrentamientos con la policía del gobernador Schiaretti, y en los cuales se sucedieron movilizaciones de los choferes y algunas de sus mujeres, organizadas en una comisión. El día 20 se cortaron varios puentes de entrada al centro de la ciudad y el 21 el municipio amenazó con poner en la calle un transporte alternativo manejado con carneros, que no dio resultado, y entonces propuso un acuerdo. La UTA Córdoba, otra vez sin consultar a la base, lo aceptó.  

El acuerdo, en esta pelea por imponer un ajuste a los choferes que no ha terminado, significa que este primer round lo ganaron los trabajadores, porque el gobierno acepta pagar toda la deuda salarial con un plazo que vence el 27 de julio, sin descontar los días de huelga. Y no puede rebajar salarios ni despedir trabajadores durante los cuatro meses que dura el acuerdo, que puede prorrogarse por el mismo lapso. 

El punto débil es que en el transcurso del acuerdo hay paz social y que los pagos están supeditados a que los gobiernos, sobre todo el nacional, aporten los subsidios. Además, las empresas podrán otorgar la mitad de los días de vacaciones en medio de la cuarentena y pagarán el aguinaldo en tres cuotas mensuales a partir del 10 de agosto. 

Teniendo en cuenta que el gremio viene de una grave derrota en 2017 y su posterior intervención. Que el gobierno provincial y el municipal, con la complicidad de la burocracia sindical, vienen imponiendo su ajuste. Que este conflicto estaba totalmente aislado por la negativa de las CGT y las CTA de la provincia a convocar al paro provincial, y también por la claudicación de la UTA nacional, podemos decir que este es un primer triunfo obrero que ayuda a recomponer fuerzas en su base y su vanguardia más combativa. Pero para nada está ganada la pelea. El gobierno insistirá con su plan de ajuste, que consiste en concretar sus amenazas. Por eso hizo votar en el Concejo Deliberante la emergencia en el transporte y superpoderes para que el intendente la resuelva. 

Ante esto, los trabajadores de todas las empresas deben unirse y organizarse para imponerles a sus dirigentes que nada se resuelve sin acuerdo de la base, y para eso son fundamentales las asambleas en punta de línea y la asamblea general en la puerta de la UTA. Se le debe exigir a la UTA nacional un plan de lucha para todo el país. Y junto con todo esto, en la provincia, encabezar la exigencia al resto de los gremios de un paro provincial y un plan de lucha para frenar el ajuste de Schiaretti-Llaryora y todos los intendentes. 

Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Una gran movilización de repartidores se hizo presente el jueves pasado en la Legislatura porteña. El objetivo era rechazar un proyecto impulsado por el oficialismo porteño, cuyo fin es legalizar la precarización laboral bajo el manto de una modificación del Código de Tránsito y Transporte y el Régimen de Faltas de la Ciudad. La ley fue finalmente aprobada con los votos de Vamos Juntos (Pro+CC+PS) y la UCR, y el aval político del Frente de Todos que, si bien se abstuvo en la votación, sostuvo que el proyecto era un paso adelante e introdujo modificaciones en sus artículos para lavarle la cara. Nuevamente es completamente pisoteado el mandato de representar a la juventud oprimida de la Ciudad de Buenos Aires que recibieron referentes del peronismo como Ofelia Fernández.

El Frente de Izquierda acompañó la movilización y rechazó el proyecto en el recinto. Centralmente, se remarcó cómo la política del Gobierno de la Ciudad beneficia a las empresas multinacionales de las aplicaciones del reparto sobre la base de ocultar la relación laboral que guardan con los repartidores. Amparado en que la política del gobierno nacional nada ha hecho para legislar a nivel nacional y otorgar derechos a  los trabajadores que los propios decretos presidenciales definen como “esenciales”, Larreta ahora estipula por ley que empresas como Rappi o Globo pasan a ser consideradas meras “intermediarias” y no patronales con responsabilidades legales a asumir. La ley es tan contradictoria que estipula que las empresas deberían dar algunas mínimas prestaciones de seguridad e higiene a los repartidores (¡“por única vez”!), pero niega al mismo tiempo la relación laboral que justificaría esa responsabilidad. Mientras se produce ese ocultamiento, a los repartidores se les impone un registro en la AFIP y capacitación, que deberán sustentar ellos mismos, no las empresas.

La ley establece la comisión entre la aplicación y el comercio, pero no hace ninguna referencia al ingreso que deben recibir los repartidores por su tarea. Así las cosas, la actividad del reparto seguirá implicando la ausencia de derechos laborales elementales, jornadas laborales sin salario fijo y total libertad para despedir (en este caso, “dar de baja de la aplicación”) para las patronales. Y, por lo tanto, un antecedente funesto para la perspectiva del conjunto de los trabajadores del país, a los cuales el gobierno, la burocracia sindical y las patronales vienen planteando que hay que avanzar con una mayor flexibilización laboral para “salir de la crisis”.

La organización creciente de los repartidores, con sus asambleas y movilizaciones, es un aliciente en este contexto y hoy en día tiene todavía más planteado reforzarse, no solo de cara al Gobierno de la Ciudad, sino también, y sobre todo, hacia el gobierno nacional, que desde el Ministerio de Trabajo tiene potestad para actuar ante fraudes laborales como el que acaba de legalizar la Legislatura porteña.

Por último, repudiamos, como lo hicieron los legisladores del FIT Unidad, las agresiones que recibieron los repartidores movilizados de parte de una patota del sindicato de mensajería Asimm (CGT).

Entrevistamos a Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén y miembro de la mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo.

ES.– ¿En qué situación se encuentran las fábricas bajo gestión obrera en estos momentos?

A.L.– De la industria ceramista de la región dependen más de trescientas familias. Son sesenta en Stefani de Cutral-Có - Cooperativa CerSinPat, que desde hace casi diez años mantienen en producción la fábrica, cuentan con el trámite expropiatorio por parte del gobierno provincial pero aún no logran que el municipio de la localidad culmine el trámite. De Zanon–FaSinPat,  expropiada por la provincia en el año 2010 dependemos 140 familias, y como “nave insignia” de las gestiones obreras ha recibido todos los ataques imaginables y todos los intentos posibles de los patrones y sus gobiernos por acabar con esta referencia nacional y hasta internacional. Después de un parate de más de un mes y medio a raíz de esta pandemia, y sin ningún aporte del Estado, tuvimos que arrancar la producción con enormes dificultades. Nuestras asambleas resolvieron que el 50% de los obreros, por razones de edad o de salud, permanezcan en sus casas. Una vez más la preservación de cada puesto de trabajo depende de nuestro esfuerzo y nuestra lucha, ya que el gobierno y los empresarios están explotando la cuarentena absolutamente en beneficio de su clase, destinando millones para los empresarios y ni una moneda para las gestiones obreras.

ES.– ¿En qué punto se encuentra Cerámica Neuquén?

A.L.– Esta fábrica fue abandonada por los empresarios Edgardo Philip y un testaferro, José Luis Villafranca, que dejaron a más de ochenta familias en la calle. Desde hace más de seis años fue puesta a producir por sus trabajadores. Hace un año intentaron llevarla a remate y no lo permitimos, hoy el gobierno, su Justicia y los empresarios vuelven a la carga, aunque es de público conocimiento que ya en el año 2018 los trabajadores presentaron un proyecto de expropiación y estatización que aún no ha sido considerado por los legisladores. Como informó el diario Río Negro a fines de junio, “el juez Sergio Cosentino, a cargo del Juzgado Laboral N°1, autorizó la utilización de la fuerza pública para la realización de la constatación del inmueble a subastar tal como fuera ordenado a fs. 736 vta. (24/2/20) y el allanamiento del domicilio en caso de resistencia, a efectuarse por el martillero Sr. Juan Nicolás Perata”. O sea, un operativo ya encaminado al que le hemos respondido desde la Multisectorial en Neuquén con varias acciones callejeras, caravanas, marchas y refuerzos de la guardia.

ES.– ¿Cuál es el plan de acción?

A.L.– Desde el sindicato impulsamos definir nuestra lucha por “la expropiación sin pago y estatización de toda la industria ceramista bajo control obrero” como herramienta de unidad de todos los trabajadores del gremio y como la respuesta que debemos dar al intento de remate de Cerámica Neuquén y todo el ataque que estamos padeciendo las gestiones obreras. Estamos impulsando una fuerte campaña en Neuquén y a nivel nacional junto al resto de las fábricas recuperadas, con acciones unificadas y ampliadas desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, tal como lo resolvimos en nuestra reunión de la mesa nacional, y con acciones frente a la Casa de Neuquén en Buenos Aires. Y estamos muy convencidos de que se pueden desarrollar y fortalecer las gestiones obreras ceramistas, porque nuestra producción está a disposición de las obras públicas y los planes de vivienda que se necesitan en nuestra provincia, que alcanza a 70.000 unidades.

Javier Leonforte, para El Socialista, entrevistó a un trabajador aeronáutico de Latam sobre la situación del conflicto. 

ES.– ¿Cómo se están organizando los trabajadores de Latam? 

– Estamos organizados en sindicatos por actividad dentro de la empresa, pilotos en APLA, técnicos en Ustara o APTA, tripulantes de cabina en AAA o Atcpea, personal superior en UPSA y el personal de aeropuerto y rampa en APA. 

Desde el martes 14 de julio el personal técnico de Latam, nucleado en Ustara, estamos ocupando el hangar y el módulo de mantenimiento de línea, mientras afuera en la Costanera se autoconvocaron compañeros de distintos sindicatos en defensa de todos los puestos de trabajo. 

ES.– ¿Cómo fue la ocupación del hangar para que la multinacional no se lleve los aviones de matrícula argentina? 

– El lunes 13 nos enteramos de que Latam pretendía poner los aviones de Aeroparque en servicio con New Air S.A. pretendiendo tercerizar el mantenimiento y llevárselos a Chile y de que el martes 14 tendría una reunión en el hangar para programar las tareas y llevarlas a cabo. En ese contexto, con Ustara nos organizamos con los compañeros para ir ese día al hangar y al módulo de mantenimiento de línea a ocupar en forma pacífica nuestros puestos de trabajo, ya que todavía pertenecemos a la empresa y estamos plenamente habilitados para realizar todas las tareas que se requerían. En ese momento la reunión se suspendió y la empresa envió una nota a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para no permitirle el ingreso al aeropuerto a ningún empleado de Latam y solo permitir el ingreso a personal de la tercerizada New Air. Es por esto que no quisimos abandonar nuestros legítimos puestos de trabajo y que continuamos defendiendo hace ya ocho días el hangar. Cabe destacar que no solo evitamos que se lleven los aviones a Chile, sino que además estamos evitando que se continúe con el vaciamiento de repuestos y herramientas. 

ES.– ¿Qué rol cumplen las conducciones de los gremios aeronaúticos? 

– Los sindicatos con personería gremial estuvieron en las negociaciones con la empresa en el Ministerio de Trabajo. Cuando hicimos la ocupación el martes 14 fueron los mismos trabajadores autoconvocados los que fueron viniendo a darnos apoyo. Nosotros ya venimos con experiencia en conflictos con Latam, como cuando nos quisieron sacar el hangar o cuando la empresa avanzó contra los trabajadores con un proyecto denominado simplicity, que pretendía unificar sectores (llevarlos a Chile) y despedir a los trabajadores, y lo evitamos. 

ES.– ¿Empieza a haber unidad y coordinación con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, Austral y las otras empresas aeronaúticas?

– Con los compañeros técnicos de mantenimiento de Austral y de Aerolíneas Argentinas siempre hubo empatía y apoyo permanente. Tal es así que queremos agradecer al cuerpo de delegados de mantenimiento de Austral, que nos están ayudando permanentemente en este conflicto, acercándonos todo lo que necesitamos para sobrevivir en los sectores de trabajo estos ocho días que estamos ocupando el hangar.