Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El gobierno de la República de Irlanda anunció el 24 de marzo pasado la nacionalización transitoria de los sanatorios privados mientras dure la pandemia. Los empresarios privados aceptaron la medida que pone bajo gestión estatal 2.000 camas, 9 laboratorios y varios miles de trabajadores de salud. En este país de casi cinco millones de habitantes, los contagiados por el COVID 19 habían sobrepasado la barrera de los 1.000 casos entre los cuales se encontraba el 25% de los trabajadores de la salud.

La drástica medida tomada por el gobierno irlandés pone en primer plano un tema crucial: la escasez de recursos para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, en Italia a fines de marzo había 26.000 internados de los cuales 3.800 estaban en terapia intensiva. Mandar a los más ancianos a morir en su casa es la triste solución implementada ante el ajuste económico que en diez años sustrajo a la salud 37.000 millones de euros.

Nuestro país después de años de desinversión y ajuste no escapa a esta degradación del sistema público. Mientras la OMS aconseja 8 camas cada 1.000 habitantes, la Argentina posee 4,5 que se distribuyen muy desigualmente. Mientras la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 7,1, la provincia tiene 5,5 pero, La Matanza solo 1 cama cada 1.000 habitantes.

Esta falta de camas debe solucionarse como en Irlanda. El gobierno debe nacionalizar la totalidad de las instalaciones privadas, sanatorios y laboratorios. Este enorme aflujo de recursos materiales y humanos gestionado por el Estado permitiría encarar acciones que hoy parecen imposibles como la extensión del testeo y la internación y aislamiento de infectados.

El Hospital Italiano niega la cuarentena a sus trabajadores, de los cuales ya hay 10 infectados; el Sanatorio Güemes obliga a trabajar sin protección a sus empleados. En plena pandemia, la Confederación que los agrupa pide subsidios al gobierno para “afrontar los gastos”, silenciando que en conjunto deben 10.000 millones de pesos a la AFIP, sin contar los intereses. Nacionalizarlos bajo control de sus trabajadores será un gran beneficio.

Asistimos, por otra parte, a un encarecimiento de insumos en todo el mundo, incluida la Argentina. En Inglaterra una empresa fabricante de kits para test rápido de COVID 19 aumentó en días el precio en un 70%. Cepheid, la principal productora mundial, vende el test a 19,80 dólares cuando su costo es de 3 dólares.

Entre nosotros los precios de insumos médicos en general subieron en el primer trimestre 22%, pero los insumos para coronavirus lo hicieron en un 83% en promedio; en el podio del aumento especulativo se ubican los barbijos con un incremento del 255%. En cuanto al alcohol en gel, que subió un 34%, se supo hace dos semanas de una maniobra de acaparamiento y especulación por parte de la cadena Farmacity que desabasteció sus locales de venta del producto y los ocultó en un galpón de acceso cerrado a las autoridades.

Frente a estas maniobras patronales el gobierno debe nacionalizar la producción y distribución de insumos médicos y, además, suspender la vigencia de las patentes nacionales e internacionales que lo impidan, de todas los tests, vacunas, medicamentos e insumos necesarios para enfrentar la pandemia.

1- Plata para salud: aumento de todas las partidas presupuestarias para dar respuesta a la pandemia. Más puestos de trabajo, mejores salarios, más insumos y más infraestructura. Nacionalización de clínicas y laboratorios privados.

2- ¡No a las presiones de las patronales! Que todo trabajador no esencial se quede en su casa. Entrega a aquellos que deben concurrir a su trabajo de todos los elementos de seguridad e higiene ante la pandemia.

3- No a ningún tipo de rebaja salarial. Que a todo trabajador se le garantice el 100% de su salario.

4- ¡No a la inflación ni al desabastecimiento! Efectivo control de precios para los productos de la canasta familiar e insumos necesarios para protegerse del coronavirus, con aplicación de la ley de abastecimiento a quien lo viole.

5- Impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias. No pago de la deuda externa. De ahí deben salir los recursos para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores

Escribe José Castillo

En estos días vemos una suba enorme en los productos frescos, en particular de verdulería y carnicería. En este último caso se verificaron aumentos de 12% en los cortes más populares. Los mayoristas le tiran la pelota a los minoristas (“la culpa es de las carnicerías”) y éstos responden que los precios ya vienen con alza desde los grandes frigoríficos. Como siempre, la culpa no la tiene el pequeño negocio de cercanías, sino las grandes cadenas de hipermercados y supermercados, que son los que definen los precios que luego se “replican” al resto de los comercios.

Hace un par de semanas el gobierno estableció “precios máximos de referencia” para 2.300 productos. Según la disposición, dichos bienes tenían que retrotraer sus precios al 6 de marzo. Se abrió, incluso, una página web para que los consumidores pudieran “consultar” e incluso “denunciar” violaciones a esos valores.

Pero la realidad es muy distinta de los anuncios. Todos observamos cómo los precios siguen subiendo. O, directamente, los artículos con precios máximos no están en la góndola. Los que pertenecen a los viejos “precios cuidados” ya ni se indican en la mayoría de los locales de las grandes cadenas.

¿Qué hace el gobierno frente a esto? Absolutamente nada. Se afirma que hubo 1.860 operativos de inspección en los que se detectaron irregularidades en ocho de cada diez inspecciones. Sin embargo, increíblemente, apenas se dieron nueve clausuras, en ningún caso de alguna cadena importante. ¡Nadie sancionó a Farmacity cuando se descubrió que acaparaba miles de packs de alcohol en gel especulando con el faltante para subir el precio!

¡Hay que hacer cumplir de verdad los precios máximos! Exigimos la aplicación de la Ley de Abastecimiento que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a las empresas que violan la disposición. Y en particular, reclamamos su aplicación contra los verdaderos formadores de precios, las grandes cadenas de híper y supermercados, los monopolios de la alimentación, de los productos de limpieza y tocador y los laboratorios medicinales.

Es un hecho recurrente en estos días. Se suman las denuncias de empresas que obligan a sus trabajadores a concurrir a sus lugares de trabajo aunque no cumplan tareas definidas como “esenciales”. Y otros a los que no se les entregan los elementos mínimos para preservar su salud ante la pandemia.

Escribe Claudio Funes

La escena del miércoles pasado, primer día “hábil” de la cuarentena, lo dice todo: kilómetros y kilómetros de cola en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Se trataba acaso de “veraneantes” que volvían tras haber violado la cuarentena? Seguro que había alguno, pero la inmensa mayoría estaba concurriendo a sus lugares de trabajo. Lo mismo podía observarse en las estaciones de trenes del conurbano con miles de usuarios esperando para abordarlos. Esta escena, que por la cantidad de gente se visibilizaba más en la Capital y el conurbano bonaerense, también se repitió en el resto del país.

¿Qué estaba sucediendo? Muy simple, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores cumple consciente y disciplinadamente la cuarentena, las patronales tratan de violarla por todos los medios posibles. Hay todo tipo de trampas que se sintetizan en considerar como actividad esencial cualquier cosa, obligar todos a concurrir y entregarles a cada uno el “papelito” para transitar. Los trabajadores de Bimbo llegaron a denunciar que los hacen concurrir para elaborar productos congelados de exportación. Incluso se da el caso de empresas como Ledesma, que se niegan a licenciar a los mayores de 60 años

El otro gran incumplimiento, esta vez criminal, por parte de las empresas, consiste en no entregar a sus trabajadores los elementos mínimos para evitar que se contagien, desde barbijos hasta alcohol en gel o lavandina. Esto se verificó hasta en los lugares críticos: clínicas y sanatorios donde los propios trabajadores de la salud tuvieron que reunirse y exigir la entrega de esos insumos. Los ferroviarios del Sarmiento tuvieron que llevar adelante toda una pelea para que esto primero se visibilizara y luego se resolviera.

Las patronales abusan con la complicidad de la burocracia sindical, que deja correr todo esto. Desde el sindicalismo combativo decimos que no hay que dejarlo pasar, hay que hacer asambleas, ruidazos o lo que sea necesario para que todo trabajador no efectivamente esencial permanezca en su casa, con su salario y su puesto de trabajo garantizado. Y que todo aquel que cumple una tarea efectivamente esencial lo haga con absolutamente todos los elementos y garantías de seguridad e higiene que la emergencia amerita.

Escribe Mónica Schlotthauer, cuerpo de delegados ferroviarios del Sarmiento y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

No es la primera vez que la empresa Trenes Argentinos a cargo de la línea Sarmiento muestra una total negligencia ante la seguridad y la salud de trabajadores del ferrocarril y de los mismos usuarios.

Ahora, ante la aparición del coronavirus y el lanzamiento de la cuarentena, esto se multiplicó. Por un lado, se exigió a los trabajadores de todas las especialidades que asistan a sus puestos, amparándose en que eran tareas “esenciales”. Y, a la vez, no se entregaban los elementos mínimos de higiene y seguridad para protegerse de la pandemia.

Frente a esto, el cuerpo de delegados, encabezado por Rubén “Pollo” Sobrero y los compañeros de la Bordó, en constante consulta con la base (y realizando asambleas en aquellos lugares donde fue posible, como en el sector limpieza) definió dos exigencias básicas a la patronal: que en todos los sectores estuvieran los insumos básicos para garantizar la seguridad sanitaria de todos los compañeros y que se organizara la dotación de personal de tal forma de que, garantizando el servicio a los usuarios, la asistencia a los puestos de trabajo fuera la mínima posible, con el resto de los compañeros cumpliendo la cuarentena en sus domicilios. Esto implicaba que no concurrieran todos los que trabajaban en especialidades no directamente vinculadas con lo operativo.

Todo esto, con la fuerza y unidad de los compañeros de base y la orientación del cuerpo de delegados, se le fue imponiendo a la empresa. Primero, ya a partir del día 20, se definió que los compañeros de evasión, boletería y CAP (centro de atención al pasajero) permanecieran en sus casas, al igual que los de los talleres Liniers y Villa Luro, que estaban abocados a tareas de mantenimiento que pueden diferirse. En tanto que en Vías y Obras y Señalamiento se formaron guardias mínimas para emergencias.

Inmediatamente, el eje del conflicto se trasladó a la virtual ausencia de los insumos básicos de protección para aquellos trabajadores que, perteneciendo a otras especialidades, debían concurrir a sus puestos. Esto fue particularmente grave en el sector de banderilleros y banderilleras. Allí se denunció la no entrega de los elementos de limpieza y protección personal, ya que solo se había repartido jabón líquido totalmente diluido y lavandina de dudosa procedencia en recipientes no aptos, como botellas de gaseosas o envases de mermelada sin rotulación. Las garitas, por su parte, no contaban con ningún tipo de desinfección. A esto se agrega que las compañeras y compañeros de esta especialidad estaban siendo obligados a concurrir a trabajar cuando la realidad mostraba la nula presencia de vehículos y peatones, cuando todas las barreras entre Once y Moreno, con una única excepción, son automáticas. Es por eso que, ante la falta de respuesta de la empresa frente a estos reclamos, se planteó que toda la especialidad permaneciera en sus casas a partir del día 23 hasta que la empresa solucione el problema.  

Al mismo tiempo surgieron reclamos en el taller de Castelar, los compañeros no eran provistos del total de los elementos requeridos, en particular de mamelucos descartables para la limpieza y desinfección de las unidades. Tampoco se les garantizó la asistencia médica necesaria. El conflicto escaló porque los delegados de las diferentes especialidades, en constante consulta con la base, se fueron negando a realizar determinadas tareas cuando no se cumplían las medidas de higiene y protección que los protocolos indican.

Mientras tanto, la empresa “contraatacó”. Por un lado, mostró una total falta de responsabilidad ante los usuarios, llegando a sacar formaciones sin ningún tipo de desinfección. Al mismo tiempo hizo “propaganda” como si ellos estuvieran defendiendo el servicio ferroviario, sacando un comunicado donde se apelaba a la “mística ferroviaria” y hasta llamando al “voluntariado”. 

Pero los trabajadores del Sarmiento, con su cuerpo de delegados a la cabeza, se mantuvieron firmes, impusieron sus demandas y obligaron a la empresa a ceder. Los elementos de seguridad e higiene tuvieron que aparecer en la forma en que se exigía. La empresa se comprometió a entregar lavandina, jabón líquido, alcohol en gel y un kit de emergencia compuesto por barbijos y guantes que se utilizará si ocurre algún accidente. Todo en envases debidamente rotulados. Se definió que solo se dividirá a los banderilleros en tres grupos, donde se trabaja un día y luego se quedan dos en casa, cubriendo las doce barreras más importantes de las cincuenta y dos existentes. En la unidad de limpieza y material rodante del taller Castelar, donde se limpian y desinfectan los trenes, la empresa terminó entregando los insumos de seguridad especiales requeridos por los compañeros. Los días de las medidas de fuerza no se descontarán y el sueldo se abonará normalmente, acuerdo que el cuerpo de delegados verificará y estará atento a que se cumpla. Se está avanzado con las gestiones en boletería y evasión y en tráfico para garantizar la actividad con el servicio mínimo de compañeros. 

Se ha dado un gran paso al imponer un criterio racional y una planificación del servicio con los trabajadores de cada sector. Máxime si se tiene en cuenta que la situación será cada día más crítica y que las jefaturas han demostrado desidia e inoperancia. Todo en el marco de una pelea que sigue día a día. Una vez más, la Bordó en el Sarmiento deja una enseñanza a los trabajadores, para qué sirve una conducción distinta, la del sindicalismo combativo. Todo un contraste con la política de la burocracia de la Verde, que en los otros ramales expone a los compañeros, siempre en un acuerdo total con la patronal. La Bordó, por el contrario, protege a cada compañero siendo, a la vez, la única que se preocupa de verdad por el usuario y por la defensa de un ferrocarril estatal al servicio del pueblo trabajador.