Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La periodista Julia Mengolini en el programa Segurola y Habana de Futurock planteó sobre la consigna #YoTeCreoHermana que “esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llegue y diga que a mí me pasó tal cosa, entonces yo te creo. No, yo voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo”, y agregó: “vivimos en una república donde se presume la inocencia, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo”

Rápidamente estas declaraciones polémicas fueron utilizadas por el machista y misógino de Milei para decir que el #YoTeCreoHermana “era una forma de perseguir opositores, que después nos enteramos que son delitos aberrantes que cometen ellos” a lo que siguió “Estoy orgulloso de eliminar el Ministerio de la Mujer y el siniestro Inadi, que se dedicaban a perseguir ideológicamente”. Tenemos que ser claras en este debate, la violencia de género no es un problema ideológico, sino social y la violencia machista contra las mujeres, disidencias y niñas se produce en todos los rincones del planeta. Esta violencia es sistémica, producto del sistema capitalista y patriarcal, y atraviesa todos los ámbitos en los que  transitan las mujeres.

Por eso, decimos que es algo progresivo y revolucionario el hecho de que las mujeres en los últimos años hayamos comenzado a denunciar; un avance en la conciencia, un cambio de paradigma: después de años de soportar abusos y violaciones, nos rebelamos contra violentos y abusadores y rompemos el silencio. Aunque claro, también seguimos siendo cuestionadas por un sector de la sociedad cuando denunciamos.

Frente a este fenómeno, ¿qué ocurre con los varones denunciados? Los hombres no pierden su derecho a la defensa. De hecho, van a la justicia con sus abogados, una justicia patriarcal. Lo que sí pierden es la impunidad, por eso deberán demostrar su inocencia. Esto es lo que logramos con la cuarta ola de luchas feministas al problematizar la violencia de género como consecuencia del sistema patriarcal.

El principio de inocencia, también para las mujeres

El derecho a la defensa en juicio surgió al calor de las revoluciones  burguesas, como parte de las libertades democráticas y los “derechos del ciudadano” en los siglos XVII y XVIII. Pero esto fue solo para los hombres. Las mujeres fueron quedando como ciudadanas de segunda, con los derechos democráticos disminuidos o directamente negados. Mientras que las mujeres hemos sido castigadas en el terreno de la violencia patriarcal, y condenadas al silencio y la sumisión sin derecho a la defensa, los varones violentos han gozado de impunidad.

Las mujeres fuimos históricamente consideradas como las responsables de la violencia o el abuso, y en la mayor parte de los casos, sin ninguna posibilidad de defensa. Esto es lo que cuestiona la cuarta ola. Ahora, una mujer se atreve a decir que fue abusada y miles responden “yo te creo, hermana” y eso es progresivo. Por primera vez la víctima se anima a hablar y denunciar, gana visibilidad y credibilidad. Empieza a ser escuchada y protegida.

Conclusión: los varones no pierden su derecho a defensa sino solo la impunidad. Lo novedoso es que, aunque sean poderosos, se los denuncie, se los condene y en algunos casos vayan presos, como Darthés o Alperovich.  

Escribe José Castillo

El astronómico incremento del boleto de transporte en el AMBA es un auténtico mazazo al ya castigado salario de las y los trabajadores. A eso se suma los anuncios de nuevos aumentos para el mes que viene.

La escena se repite a cada rato: pasajeros que, desesperadamente, tratan de saltar molinetes porque no tienen más crédito en la tarjeta SUBE, gente que en el colectivo pide por favor si alguien le puede pagar el pasaje (o a veces que el chofer los lleve gratis). Y también la contrapartida: extraños personajes vestidos “de negro”, con saco y corbata, parados sin identificación en casi todas las estaciones del Subte, contratados ilegalmente por EMOVA, con el objetivo de evitar que alguien se cuele.

¿Qué hay detrás de todo esto? Las consecuencias de un nuevo tarifazo en el transporte público (tren, colectivos y subte) de Capital y Gran Buenos Aires. Para medir sus consecuencias, recordemos que la inmensa mayoría de las y los trabajadores toman dos medios de transporte para llegar a su lugar de trabajo o estudio (o sea, cuatro por día), un presupuesto imposible de solventar. Ya se escuchan testimonios de personas que, con trabajos informales, hacen cuentas y dicen que ni siquiera les conviene ir a trabajar, ya que gastan más de lo que ganan. Que hoy nos refiramos a este hecho que afecta al AMBA no quiere decir que el resto del país esté mejor, simplemente allí los tarifazos se dieron antes y el boleto es igualmente impagable.

En el caso del AMBA, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el costo del boleto mínimo aumentó un 600% en sólo ocho meses de gestión.

El último aumento, vigente desde el 12 de agosto, fue del 37%. Un auténtico mentís a la propaganda del gobierno de que “se acabó la inflación”. A todo esto se suma el anuncio del gobierno de Milei de que, a partir de septiembre, dejará de subsidiar totalmente el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires (lo que anticipa un nuevo aumento). El gobierno también informó que en breve se podrá pagar el boleto con cualquier medio de pago (billetera virtual, tarjeta de débito o crédito), lo que implica, al quitarle ese rol a la tarjeta Sube, que desaparecerán los descuentos por combinar dos o más viajes consecutivos, otro golpe al bolsillo.

¿Hasta dónde llegará el ajuste?

El gobierno ultraderechista de Milei avanza con su superajuste al servicio de incrementar las ganancias de las grandes patronales, los especuladores financieros, los buitres de la deuda y el FMI. Ya pulverizó los salarios y las jubilaciones. Provocó medio millón de despidos. Generó una recesión que liquidó los ingresos de los que viven de changas o de ocupaciones informales. Ahora se apresta a reglamentar una flexibilización laboral furiosamente antiobrera. Les aumentó los impuestos a las y los trabajadores (con la restitución a descuentos por “ganancias” para los salarios) y se los bajó a los ricos y a las empresas. Liberó los alquileres, que pegaron saltos astronómicos, al igual que las prepagas y los medicamentos. Todo esto mientras desfinancia a límites extremos la salud y la educación públicas y habilita el saqueo de los recursos naturales con el RIGI.

No hay salida con este programa. Es mentira que, en algún momento, más cercano o más lejano, vendrá una recuperación que favorecerá al pueblo trabajador. Si dejamos que avance, la realidad será cada vez peor.

Por eso, al mismo tiempo que salimos a pelear contra todas y cada una de las medidas de este ajuste, reclamando a la CGT que rompa su pacto desmovilizador y llame a un nuevo paro general y un plan de lucha, tenemos que oponer otro programa económico, como el que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Que sea realmente alternativo, obrero y popular, opuesto por el vértice al actual. Que empiece por suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa, que rompa con el FMI, que les cobre fuertes impuestos a los ricos y las grandes empresas, que nacionalice la banca y el comercio exterior y reestatice las privatizadas. Para así, con todos esos recursos en nuestras manos, ponerlos en marcha para resolver las más urgentes necesidades populares: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino para todos y fondos para salud, educación y vivienda.

Escribe Guido Poletti

El dato de Unicef es aterrador: en nuestro país 1,5 millones de niñas y niños se saltean una comida al día porque sus padres y madres no tienen dinero para comprar alimentos.

Un dato de esta magnitud nunca se había reflejado en toda la historia argentina. Es la contracara de los números dados a conocer la semana pasada, que mostraba que  el 70% de les niñes aparecían bajo la línea de pobreza y el 30% bajo la de indigencia.

Todo esto resulta de una suma de factores, todos consecuencia obvia del superajuste de Milei. Primero y principal, la caída en picada de los salarios, que deja a millones de familias sin poder adquirir lo más básico de la canasta familiar. Agreguemos a esto que hay medio millón de personas que directamente perdieron sus ingresos al ser despedidas. La recesión hace que también quienes viven de changas o trabajos informales vean reducidos extremadamente sus ingresos.

Claro que a esta realidad le debemos sumar el desmantelamiento de todas las redes de ayuda social, empezando por el desfinanciamiento de miles de comedores populares, a los que desde la asunción del gobierno de Milei ya no les llega dinero ni comida.

El hambre y la desnutrición infantil son la peor cara, la más cruel, del plan que lleva adelante el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza. Otro motivo que hace más urgente que nunca que la CGT y las CTA rompan la tregua, lancen un nuevo paro general y un plan de lucha para enfrentarlo.

Escribe José Castillo

Se viene la reglamentación de la reforma laboral que fue votada en la Ley Bases. Se trata de una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora. Su intencionalidad es clara: barrer con la legislación laboral que se ganó con décadas de lucha.

Todo, absolutamente todo, es a favor de las patronales y contra las y los asalariados. Veamos:

Se extiende el período de prueba a 6 meses (y a 8 para empresas de 6 a 100 trabajadores, e incluso hasta un año para patronales con entre uno y 5). Toda una invitación a emplear y despedir a los pocos meses sin pagarles un peso, como material descartable.  

Se eliminan las sanciones de todo tipo (infracciones, multas, acciones penales, intereses punitorios por sanciones anteriores no pagadas) a las patronales que violaron la ley teniendo trabajadores en negro.
A las y los trabajadores que estaban contratados en negro por sus patronales y ahora sean blanqueados, sólo se le considerarán hasta cinco años de aportes (si venían trabajando en esas condiciones desde más tiempo, pierden todo ese período). Peor aún, esos cinco años no se considerarán para el cálculo del haber inicial jubilatorio.

Se les da más herramientas a las patronales para desconocer la relación de dependencia y de esa manera evitar pagar indemnización por despidos. Así, quedan expresamente fuera de la ley de Contrato de Trabajo, los contratos de obra, de servicios y de agencias. Además, si el empresario está inscripto como monotributista, podrá contratar hasta tres empleados como “colaboradores”, sin que eso se considere relación de dependencia (y, obviamente, podrá despedirlos gratis cuando lo desee).

Se habilita además a que, en acuerdo con la burocracia sindical, se pueda cambiar el régimen de despidos de la ley de Contrato de Trabajo por el “fondo de cese laboral”, similar al que tiene la Uocra actualmente.

Se facilita despedir a trabajadoras y trabajadores por discriminación. Bastará pagar unos centavos más de indemnización, pero se deroga la legislación actual, donde en esas situaciones la justicia podía declarar nulo el despido y obligar a la reinstalación del trabajador en su puesto.

Se avanza con toda una legislación antisindical y de recorte del derecho a huelga, ya que se considerará justa causa de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos.

En síntesis, el gobierno ultraderechista de Milei muestra, con esta reglamentación, su peor cara pro-patronal y a favor de la superexplotación. Habrá que salir a dar pelea para impedir que esto se ponga en marcha.

Escribe Juliana García, hija de desaparecidos, quien buscó y encontró a su hermana nacida en un centro clandestino de detención y tortura.
 
El cierre de la Unidad Especial de Investigación (UEI) dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) mediante la firma del decreto presidencial 727/2024 tiene como objetivo terminar con la búsqueda de los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Esta política, sumada al vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, los despidos en los Sitios de la Memoria y la visita de diputados del bloque de La Libertad Avanza a genocidas, muestra la intención negacionista del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, que buscan la impunidad para quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad.

Con la firma de este decreto, la CoNaDI no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda de las niñas y niños apropiados que las Abuelas de Plaza de Mayo vienen llevando adelante hace cuarenta y siete años. Desde hace meses, el gobierno de Milei viene urdiendo una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la CoNaDI. En mayo de este año, la ministra Patricia Bullrich se sumó a la maniobra vil descalificó la labor de la CoNaDI argumentando que se trataba de un organismo ideologizado. En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto para sacarle a la CoNaDI las facultades que tenía desde hace veinte años: las de investigar y acceder a los archivos estatales. El decreto 727/2024 viene a coronar una continuidad de políticas que primero se concibieron como negacionistas de la última dictadura militar, luego colaboracionistas de la impunidad y hoy pueden ser consideradas como reivindicatorias de los crímenes de Lesa Humanidad.

Nos sumamos a la denuncia de estas políticas crueles y revanchistas que lleva adelante el gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villaruel. Exigimos la reapertura de la UEI de la CoNaDI y reclamamos que se abran los archivos para saber qué hicieron con los cientos de niñas y niños a quienes se les sigue negando su derecho a la identidad.