Mediáticamente, los últimos días fueron sin duda “la semana de Cristina”. Después de la acusación del fiscal Diego Luciani, vino la respuesta de la vicepresidenta desde el Senado. Afirmó que la corrupción en la obra pública incluyó también al gobierno de Macri. A nosotros, desde Izquierda Socialista, eso no nos sorprende, lo venimos denunciando desde siempre: todos los gobiernos fueron y son corruptos, con sus socios empresarios y sus funcionarios coimeros. Que los culpables vayan presos y devuelvan lo robado, sin excepciones.  

El presidente Alberto Fernández, por su parte, que aparecía más desdibujado que nunca, buscó ganar algún tipo de protagonismo declarando en TN que esperaba “que el fiscal Luciani no haga lo mismo que Nisman”. Fue la excusa perfecta para que Juntos por el Cambio doblara la apuesta y llegara a pedirle juicio político. Todo terminó con Hebe de Bonafini exigiendo al presidente que se llamara al silencio.

Luego el escenario mediático se trasladó a la puerta del edificio donde vive Cristina, en plena Recoleta. Concentraciones a favor y en contra terminaron con las vallas colocadas el sábado pasado por Rodríguez Larreta para “proteger a los vecinos” y “garantizar la circulación”. La posterior marcha a favor de Cristina fue reprimida, lo que repudiamos enérgicamente. Esta fue la escenografía que copó las pantallas de los medios audiovisuales y las páginas de los diarios.

¿A quién le sirve todo esto? Es evidente que Cristina quiere zafar de las causas en las que está acusada. Pero esa no es su única motivación: trata de ocultar su propia responsabilidad en el ajuste en curso. Junto con ello reivindicó los doce años de gobiernos K y al peronismo de conjunto, denunciando que se lo está persiguiendo “una vez más”. Pero la realidad es que el peronismo kirchnerista ya lleva quince años gobernando y no hubo una sola palabra de Cristina sobre el actual gobierno con Alberto Fernández y su política de sometimiento al FMI.

Juntos por el Cambio, que desde el comienzo se ha prendido en esta exacerbación de la “grieta” (ocultando sus propios casos de corrupción, empezando por los del mismísimo Mauricio Macri) ha quedado ahora envuelto en una nueva pelea interna. En este caso por ver quién aparece más “duro” ante su electorado, si Rodríguez Larreta, que reivindicó el accionar policial en el escándalo sucedido frente a la casa de la vicepresidenta el sábado pasado, o Patricia Bullrich, que una vez más exigió una mano “más dura aún”. Parecería que esta vez la competencia es por quién se postula para reprimir mejor. Carrera en la que también se metió, como era de esperar, el liberfacho de Javier Milei. Así, la oposición patronal sigue sin poder resolver su competencia hacia el 2023 y definir quiénes son los candidatos para profundizar el ajuste (y reprimir cualquier resistencia popular al mismo).

Todo el debate alrededor de Cristina, incluyendo el sainete de la interna de Juntos por el Cambio, ha buscado invisibilizar lo más importante: un ajuste descomunal con el objetivo de cumplir con las exigencias del FMI. Esto es lo que hace una semana anunció el superministro de Economía Sergio Massa, con recortes de partidas en Educación, Salud y Obra Pública que alcanzan los 210.000 millones de pesos. Al mismo tiempo que ratificó en el puesto de viceministro a uno de los economistas preferidos por el establishment, Gabriel Rubinstein. Este último, con medio equipo económico, ya está partiendo a los Estados Unidos como avanzada de la visita que realizará la semana próxima Massa, donde buscará el “aprobado” del FMI al ajuste en curso. Y volverá con una tarea de cumplimiento inmediato: aprobar el presupuesto 2023, que exigirá un mayor ajuste que el del año en curso.

En ese marco, que para el pueblo trabajador se traduce en que la inflación seguirá pulverizando salarios y jubilaciones, ¿qué hacen la CGT y las CTA? Continúan su pacto con el gobierno. Ahora acaban de avalar un aumento miserable del salario mínimo, vital y móvil y, lo peor, llaman a movilizarse en apoyo a Cristina. Son los mismos burócratas que no mueven un dedo contra el ajuste, ni que hablar de llamar a un paro general para enfrentarlo o lanzar un plan de lucha. Eso es lo que se le reclama desde los sectores en lucha, como los estatales, docentes y trabajadores de la salud de Santa Fe o el Sutna, y es lo que plantea el sindicalismo combativo.

Los dos temas de la semana, Cristina y la profundización del ajuste, nos obligan a debatir con nuestras compañeras y compañeros de trabajo, estudio, vecinos o familiares. Hacen falta dos cosas. Por un lado, ante la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, hay que insistir en que es necesario otro programa económico, alternativo, obrero y popular, de emergencia, que comience por romper con el FMI y suspender todos los pagos en concepto de deuda externa, y complementar esto con un aumento de impuestos a las grandes riquezas, la nacionalización de la banca y del comercio exterior para terminar con la especulación y la fuga de capitales. Con esos recursos se puede garantizar un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE-Indec en 179.990 pesos), la reapertura de todas las paritarias, trabajo genuino por medio de un plan de construcción de viviendas populares y plata para salud y educación.

La segunda cosa que hay que debatir, a la luz de los llamados a “defender” y “postular” a Cristina Fernández por parte del peronismo kirchnerista, es que esto no ofrece ninguna salida para el pueblo trabajador. Por el contrario, insistimos en que el peronismo no va más, y es necesario fortalecer una alternativa política distinta, como la que venimos construyendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Es la lucha para que gobiernen los que nunca lo hicieron, las y los trabajadores y la izquierda, avanzando hacia la construcción de una Argentina socialista.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Volvió a saltar el tema de la corrupción ante el pedido de condena de un fiscal contra Cristina Kirchner. Hubo marchas en solidaridad con la vicepresidenta, reprimidas por la policía de Larreta, lo cual repudiamos. El peronismo habla de “persecución y proscripción”. Pero ¿hubo o no corrupción? ¿Se tiene que castigar a los culpables?
 
El peronismo dice que no hay pruebas para inculpar a Cristina. Pero a esta altura no hace falta ningún fiscal para probarlo. El entramado de negocios corruptos en el gobierno peronista kirchnerista ya llevó a varios de sus funcionarios a la cárcel. Basta con escuchar a los trabajadores de Santa Cruz para probar quién es Lázaro Báez o identificar las mansiones de De Vido o Alicia Kirchner en El Calafate.
El crecimiento exponencial del patrimonio de la familia Kirchner no se debe a que Cristina fue una abogada exitosa, sino que fue beneficiada por todo un entramado de negociados facilitados por su propio gobierno para los Lázaro Báez, quedándose luego con parte del botín.

A los militantes que se movilizan por Cristina les decimos que se fijen en lo que dice la propia vicepresidenta. Cristina en su alegato reconoció que hubo actos delictivos en su gobierno. Denunció por qué no se investigaba la asociación ilícita entre José López y los empresarios ligados al macrismo. Se refería a los bolsos negros con nueve millones de dólares que López revoleó en un convento para esconderlos. ¿La entonces presidenta no sabía lo que hacía López cuando fue Secretario de Obras Públicas durante los doce años de su gobierno?
 
La corrupción no es solo una coima

La corrupción no es solo una coima de tal o cual funcionario. Son grandes negocios capitalistas que se cometen en beneficio de los políticos de turno y de grandes empresarios. Mientras ellos se salvan y enriquecen, millones se hunden en la pobreza. Así funciona este sistema capitalista que defienden Cristina y Alberto Fernández.

¿Cómo afecta a los trabajadores? Con la obra pública se pactan licitaciones con un monto que después va subiendo, luego el gobierno pone plata del Estado para hacer frente a los sobreprecios y al final es el pueblo trabajador quien lo termina pagando. Plata que tendría que ir a salarios, jubilaciones, escuelas, hospitales o a un plan de viviendas, va a estos negociados repudiables. Esa ganancia va al patrimonio de empresarios y políticos de turno que luego invierten en hoteles, tierras y mansiones.

En estos negocios sucios están metidos grandes y poderosos empresarios. Muchos de ellos declararon en los tribunales que pagan coimas para quedarse con las obras y ponen dinero para las campañas electorales. Negocio del que también participan multinacionales corruptas como la brasileña Odebrecht, con la obra faraónica del Soterramiento del ferrocarril Sarmiento licitada en el gobierno de Cristina y seguida bajo el macrismo.

La corrupción capitalista mata. Ocurrió con la masacre de Once, donde en pleno gobierno de Cristina se le daban subsidios millonarios a la patronal Cirigliano-TBA, que luego guardaba en las Islas Caimán dejando a las formaciones del tren sin frenos. Esto provocó el choque fatal con el saldo de 52 muertos y cientos de heridos. Y si hablamos de corrupción capitalista hablemos de la deuda externa y el FMI, deuda ilegal, usurera y fraudulenta que viene de la dictadura y se sigue pagando con planes de ajuste como los que estamos viviendo hoy. Todo esto está en juego cuando se habla de “corrupción”.

Hay que castigar a todos los corruptos

Cristina se pone en víctima. El peronismo dice que está en peligro la democracia, que esto es parecido a lo que le hicieron a Perón en el golpe del ´55 y tantos otros disparates. ¿Pero acaso quieren juzgar a Cristina porque encabezó una rebelión contra el FMI o le quiere imponer un fuerte impuesto a los de arriba?

Cristina dice que los jueces la persiguen, pero se olvida de que hay otros que la fueron salvando, como el fallecido juez corrupto Oyarbide que cajoneó varias causas contra funcionarios kirchneristas. Por eso hay que terminar con esta justicia al servicio de los ricos eligiendo a los jueces por el voto popular.

El peronismo se ha declarado en “alerta y movilización” en apoyo a Cristina. Con esto intentan desviar la bronca popular contra el ajuste, los bajos salarios y la inflación. Una campaña a la que se suma entusiasta la burocracia de la CGT y las CTA, mientras le despejan el camino a Sergio Massa para recortar partidas en Educación, Salud, Vivienda y Transporte.

Ante todo esto desde Izquierda Socialista sostenemos que no hay que defender a Cristina. Hay que batallar para que todos los políticos patronales, funcionarios, grandes empresarios y sus cómplices paguen por sus actos corruptos. Tienen que ser ellos quienes demuestren su inocencia, o sino deben ir presos y devolver lo que se robaron. Sean del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Esta lucha que va íntimamente ligada a la pelea por derrotar el brutal ajuste capitalista que está aplicando el gobierno, la cual es de primer orden.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y otros dirigentes del PTS que escriben en su página web La Izquierda Diario siguen con la campaña de “persecución política” y “proscripción” contra Cristina. Una postura que consideramos completamente equivocada, por capituladora a este gobierno. Esta crítica que hacemos desde Izquierda Socialista es compartida por miles de seguidores del FIT Unidad, que ven en la postura del PTS una política opuesta a la que vino levantando el Frente de Izquierda en estos años, enfrentando a todos los gobiernos: al peronismo kirchnerista en sus doce años, luego al macrismo y ahora al Frente de Todos.

No le es fácil al PTS demostrar que no defiende a Cristina. Su dirigente y miembro de la Mesa Nacional del FIT Unidad, Guillo Pistonesi, tuvo que empezar una de sus largas notas polemizando con alguien que en las redes le señaló: “no entiendo por qué carajo el PTS sale a bancar a Cristina”. Es que PTS se suma a la cortina de humo lanzada por el peronismo, en especial el kirchnerismo, que sostiene que no se estarían condenando hechos de corrupción sino que todo es una farsa sin pruebas cuyo único objetivo es proscribir a Cristina.

El gobierno peronista habla de proscripción y de que peligra que Cristina se pueda presentar a las elecciones. El PTS también. Esto es falso. Porque estamos ante un pedido de condena que debe ser ratificado por un fallo, el mismo será apelado ante la Corte Suprema que no tiene plazos para decidir, lo cual seguramente hará dentro de varios años con resultado incierto. ¿De eso no se enteró el PTS? ¿No vió que Cristina ya se puso la gorrita “Cristina 2023”?

El PTS llegó a decir que hasta se le negó la defensa en juicio: “Imagínese si a una vicepresidenta le conculcan estos derechos, qué le queda a un hijo del pueblo acusado por robar una gallina”. ¿Pero no sabe el PTS que las cárceles están llenas de ladrones de gallina sin condena firme y los delincuentes de guante blanco están en libertad? Menem murió en la impunidad protegido por el peronismo y el kirchnerismo, la justicia y los fueros como Senador.

Es preocupante que el PTS haga semejante defensa justo cuando el gobierno peronista se victimiza, intentando tapar el brutal ajuste avalado por Cristina para cumplir con el FMI. Bregman habla de “gobierno de los jueces” y Cristina del “Partido Judicial” que la acosa. Lamentable coincidencia.

Una capitulación a la falsa izquierda de los gobiernos “progres”

La capitulación del PTS al peronismo es argumentada de esta forma por Pistonesi dice: “La derecha, siguiendo los designios de Washington, toma el tema de la corrupción para empoderar al Poder Judicial y perseguir a sus adversarios políticos”. La lavada de cara de PTS es por partida doble. Primero, porque según el PTS hay gobiernos de derecha (Macri) y otros que no lo son, sumándose a la mentira de que habría gobiernos “progres” perseguidos por el imperialismo o supuestamente “nacionales y populares”. Segundo, parecería según PTS que a los jueces solo los maneja la derecha. ¿Pero quién manejaba a los jueces bajo el peronismo menemista de los años ´90 cuando se entregaba todo el patrimonio nacional y se indultaba a los genocidas? ¿Quién puso al juez que metió preso al “Pollo” Sobrero acusado falsamente de quemar trenes por el hoy ministro de Segurdidad Aníbal Fernández en pleno gobierno de Cristina? ¿En Venezuela y Nicaragua a los jueces no los ponen la falsa izquierda de los dictadores Maduro y Ortega que gobiernan para los capitalistas? Una capitulación tremenda a los gobiernos falsamente “progresistas”.

Con este argumento (fallos de una justicia manejada por la derecha) habría que estar pidiendo por la libertad de Lázaro Báez, José López, De Vido, Boudou y Jaime. O si mañana hay un fallo condenatorio contra Macri, ¿El PTS también hablaría de persecución política con el argumento de que ese fallo se podría volver contra la izquierda, como sostienen?

La campaña contra una justicia de la derecha la sostienen los gobiernos latinoamericanos del doble discurso para encubrir que gobiernan con ajuste y son repudiados por las masas. “Es otro plan Cóndor”, dijo la diputada kirchnerista Gisela Marziotta, apelando escandalosamente a estas comparaciones. Como si tuviera algo que ver lo que está ocurriendo con el genocidio de la dictadura militar, que asesinó a miles de luchadoras y luchadores para aplicar un plan de sometimiento al imperialismo yanqui. Una barbaridad.
 
¿Impunidad o castigo a los corruptos?

Los análisis del PTS lo llevan a postular una política de impunidad ante los negociados capitalistas corruptos. El PTS dice que los hechos de corrupción no se pueden castigar con la justicia actual. Después de señalar “nadie puede negar que hubo corrupción durante el gobierno kirchnerista”, dice que como esta justicia no va a llegar a la verdad ni a desbaratar la corrupción porque no es imparcial e independiente (algo obvio), no hay que pedir ningún castigo a los responsables. Ante esto propone un juicio por jurado (un tribunal elegido por sorteo del padrón electoral como ya existe en algunos casos). Pero mientras tanto, según PTS, nadie puede condenar a nadie, incluso si algún juez lo hace obligado por una movilización popular. Para el PTS los políticos y empresarios corruptos deben quedar en la impunidad, dándole la espalda de esta forma al reclamo popular de que los corruptos vayan presos y devuelvan lo que se robaron. Están ignorando las luchas concretas por conseguirlo, como la de los familiares de la masacre Once y los ferroviarios de la Bordó del Sarmiento, que tuvieron que hacer decenas de actos, marchas y movilizaciones contra el gobierno y jueces cómplices para encarcelar a algunos corruptos como Jaime, Schiavi, Cirigliano-TBA o De Vido (este último en prisión domiciliaria).

Claro que repudiamos a esta justicia patronal que funciona de acuerdo al poder político de turno y en favor de los grandes empresarios y oligarcas. Por eso proponemos que los jueces sean elegidos por el voto popular, se terminen sus cargos vitalicios, ganen como una docente y se implementen los juicios por jurado. Sabemos que para terminar con los actos de corrupción capitalista hay que imponer un gobierno de las y de los trabajadores y una Argentina socialista. Pero decir que los corruptos no deben ir a la cárcel es de una claudicación completa. A tal punto que el PTS llega al extremo (o al ridículo) de criticar a la postura de Izquierda Socialista como “derechista”, porque dice que si se diera lo que proponemos habría que “construir cientos de unidades carcelarias en todo el país”.
Llamamos a la militancia del Frente de Izquierda a seguir fortaleciendo con políticas correctas a esta gran herramienta política y de la unidad de la izquierda que es el FIT Unidad.

Escribe Claudio Funes

“No soy la única en el lodo”, advirtió Cristina, y tiene razón. Todos los políticos patronales están salpicados con la obra pública. La práctica de la corrupción desde el poder los enriquece mientras sirven a los empresarios y multinacionales. Hagamos un breve repaso de la historia de Mauricio Macri.

Entre 1973 y 1983 el grupo que fundó Franco Macri, y que luego tuvo a Mauricio Macri como uno de sus principales ejecutivos, pasó de tener siete empresas a cuarenta y siete. Este enorme enriquecimiento se dio a través de licitaciones otorgadas por la dictadura militar y siempre con sobreprecios, para llevar adelante distintas obras públicas. La construcción del puente Posadas – Encarnación y las centrales termoeléctricas de Río Tercero son algunos ejemplos.

Pero los genocidas también le concedieron al grupo Macri créditos por casi 3.000 millones de dólares. A pesar de las facilidades otorgadas para pagarlos, el grupo económico comenzó a deber grandes sumas al Estado. Ahí aparece, en aquel entonces, el ministro de Economía Domingo Cavallo. De un plumazo estatizó la deuda de las empresas del grupo Macri, que ascendía a 170 millones de dólares, y de muchas otras. Este “salvataje” a los más ricos elevó la deuda externa a 40.000 millones de dólares. Aún hoy el pueblo trabajador la continúa pagando.

Con los gobiernos de Alfonsín y Menem continuaron beneficiando al grupo del cual Mauricio Macri, en 1985, pasaría a ser CEO. El gobierno radical le otorgó beneficios por 55 millones de dólares. Como frutilla del postre Alfonsín le condonó una deuda por 29 millones de dólares.

Con el gobierno peronista de Menem llega la apoteosis de beneficios. Con las privatizaciones Macri obtiene paquetes accionarios, a través de títulos desvalorizados, de nueve empresas públicas. El incumplimiento con los términos de las licitaciones es moneda corriente. El Correo Argentino es la gran muestra. Macri, que permanentemente reclama la no intervención del Estado, siempre mama de su teta. La deuda que contrajo por su gestión en el Correo no fue pagada durante los gobiernos peronistas de los Kirchner. Luego, durante su gobierno, hizo que su familia pague los 250 millones de pesos a los que ascendía la deuda. Pero sucede que en 2016 el dólar ya no valía un peso como en 2002, sino diecisiete. Mauricio “obligó” a pagar al grupo Macri la decimoséptima parte de la deuda real (5,88%). Ladrón de guante blanco.

Siempre buen hermano y primo, con el blanqueo de capitales llevado adelante por el gobierno de Cambiemos, Gianfranco Macri y Ángelo Calcaterra legalizaron 622 millones y 44 millones de pesos respectivamente ¿Cuál es la explicación del origen de esas fabulosas sumas? Macri nunca la exigió.

Carlos Wagner (expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción), el arrepentido del caso de los Cuadernos, habló de la cartelización de la obra pública. Según declaró, de este sistema participaban el conjunto de los empresarios de la construcción, decidiendo entre ellos quiénes serían los ganadores de la obra pública del Estado, siempre con sobreprecio para inflar los bolsillos de los gobernantes de turno.

Ya pasaron más de cincuenta años de su fundación y el grupo Socma (Sociedad Macri) continúa obteniendo ganancias a expensas del Estado.

Por último, la enorme corrupción que es avalada por el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa:  pactaron pagar a expensas del hambre del pueblo trabajador los 45.000 millones de dólares solicitados por Macri al FMI y que, casi en su totalidad, fueron parte de la fuga de capitales.

También Carrió denunció por connivencia a varios integrantes de Juntos por el Cambio por corrupción y vínculos con Sergio Massa, grandes capitalistas y funcionarios judiciales.
Para Macri y Cristina caben los versos de Enrique Santos Discépolo “…Y, en el mismo lodo, todos manosea’os”.

Escribe Mariano Barba
 
Cristina Kirchner realizó varias apariciones públicas victimizandose luego de la acusación del fiscal, que solicitó doce años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Para responder, la vicepresidenta reivindicó al peronismo y a sus doce años de gobierno. No dijo una palabra del actual y brutal ajuste que lleva adelante junto a Sergio Massa.
 
El martes 23 Cristina realizó, desde su despacho del Senado, una declaración sobre los proyectos de Vialidad que la incriminan, mostrando varias notas periodísticas. Usó su intervención para denostar a la justicia. Pero, fundamentalmente, para dejar el mensaje de que la atacan y la quieren encarcelar porque: “Es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, verdad, justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública”, e insistió: “La sentencia ya está escrita”. Y repitió una definición política que ya había dicho en otras oportunidades: “Me piden doce años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino”.

No hay mejor defensa que un buen ataque, reza un dicho popular. Cristina lo usa frecuentemente. No solo no responde ni aclara ninguna de las acusaciones concretas sobre la corrupción en la obra pública, sino que se centra en ensalzar sus doce años de gobiernos anteriores. Desde Izquierda Socialista le queremos recordar que no son doce, sino que ya lleva quince años gobernando porque hay que computar los casi tres años actuales. Estos tres años junto a Alberto están signados por un ajuste marca mayor donde la inflación está destruyendo los salarios y la miseria supera el 40% de la población. Nunca el pueblo trabajador había caído tanto en su nivel de vida.

Cristina tampoco “recuerda” que en sus tres gestiones anteriores, comenzando por el gobierno de Néstor y siguiendo por sus dos mandatos, muchísimas luchas se dieron contra las políticas del kirchnerismo. No se recuperó ninguna de las empresas de servicios públicos privatizadas por Menem; se le pagó al FMI y los acreedores externos la suma de 190.000 millones de dólares, reconocidos por ella misma cuando se auto definió como “pagadora serial”. Tampoco recuerda Cristina que vetó la ley del 82 % móvil para los jubilados. Que durante su mandato se hizo el acuerdo con Chevron para entregar las riquezas hidrocarburíferas de Vaca Muerta que se impuso con una gran represión en la legislatura de Neuquén; y que contenía puntos secretos que ahora son respetados para que las multinacionales del petróleo tengan beneficios especiales como lo anunció el ministro Massa. Tampoco recuerda que durante sus doce años se dio la masacre de Once con 52 muertos por la corrupción de empresarios amigos del Jaime y De Vido; y se batió el récord de más de cinco mil perseguidos por luchar de todos los ámbitos, laborales, derechos humanos, pueblos originarios, estudiantes, y un largo etcétera. El propio “Pollo” Sobrero, dirigente ferroviario y de Izquierda Socialista, fue preso por orden del actual Ministro de Seguridad,  Aníbal Fernández, que le inventó una causa. En conclusión, no hay nada para reivindicar de aquellos doce años, y menos aún de los tres del actual gobierno.
 
¿El peronismo es “alegría” o ajuste?   

El sábado, luego de la represión ejercida por la policía de la Ciudad contra los manifestantes que se concentraron frente a su casa, la vicepresidenta, desde un escenario en su barrio de la Recoleta, dijo que “nos reprimen por odio al peronismo. No toleran el amor y la alegría de los peronistas”.  Desde Izquierda Socialista rechazamos la represión y el intento de Rodríguez Larreta por impedir una manifestación de apoyo a Cristina. Y también queremos destacar la voltereta discursiva típica del kirchnerismo que intenta presentar una escenografía que no existe en el país. No vemos “alegría” en ningún sector del pueblo trabajador. No lo vemos en los asalariados que sufren mes a mes la caída de su poder de compra, no lo vemos en los desocupados que tienen subsidios de indigencia, no lo vemos en los jóvenes, que más de la mitad sufren la pobreza. No vemos alegría por ningún lado. Más bien predomina la decepción por lo prometido y no cumplido en este gobierno de Cristina que optó por pagar la deuda al FMI y no los derechos del pueblo trabajador.

Con solo los últimos trece años de gobiernos peronistas en el país y en muchas provincias podemos sacar la conclusión de que el peronismo no tiene nada que ofrecer a las y los trabajadores, jóvenes y sectores populares. La salida es la izquierda y te proponemos sumarte a construir Izquierda Socialista en el FIT/Unidad.