La concentración en el sector de alimentos en nuestro país es enorme. Por eso, esas empresas aumentan precios a voluntad y violan las regulaciones, e incluso los acuerdos de precios firmados por ellas mismas.

Las dos empresas más grandes del sector amasan superganancias. Así, Arcor ganó el año pasado 19.918 millones de pesos (triplicando su ganancia de 5.441 millones de 2020). Molinos Río de la Plata, otra empresa monopólica líder en alimentos, ganó en 2021 2.829 millones.  

En medio de las medidas de la supuesta “guerra contra la inflación”, el ministro de Producción, Matías Kulfas, se reunió con las cámaras patronales que agrupan a las empresas del sector, básicamente la Copal, juntamente con los grandes empresarios de la comercialización: la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), donde confluyen Coto, Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea) y La Anónima.

Pero la concentración se da en todos los rubros que componen la canasta de alimentos. Así tenemos:

• Lácteos
La Serenísima (Mastellone-Arcor), Sancor (Adecoagro) y Dadone, concentran el 75% del negocio

• Bebidas sin alcohol
Coca Cola, ADA y Pepsico controlan el 85%

• Productos congelados
BRF, Swift y Molinos tienen el 60%

• Aceites
Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza suman el 90%

Escribe José Castillo

El negocio agroexportador argentino está extremadamente concentrado, monopolizado y extranjerizado.

Esto se da en el complejo sojero, donde claramente prevalecen transnacionales como Cofco (china), ADM, Cargill y Bunge (yanquis), Dreyfus (francesa), Glencore (anglo-suiza) junto grandes empresas locales como Aceitera General Deheza.
Lo mismo se repite con el trigo. Si bien hay 37.425 productores, el 10% más grande concentra el 43,4% del total del área sembrada y sólo diez empresas suman el 94,9% de las exportaciones de trigo. Básicamente son las mismas que en la soja: ADM (18,2%), Cofco (17,6%), Cargill (15,5%), Bunge (12,7%) y Dreyfus (10,8%).

Estas son las empresas que en apenas dos semanas, desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, con la suba de los precios internacionales de los granos, se hicieron de ganancias por 2.000 millones de dólares extras.
Si ahora vamos al negocio molinero (de dónde se obtiene la harina) vemos que acá también se da una altísima concentración monopólica.En la molinería también hay concentración: 4,7% de los molinos, con una producción superior a las 100.000 toneladas, nuclea el 50,4%. La principal empresa es Molinos Cañuelas con más del 23%. Le sigue en tamaño Molinos Río de la Plata y Morixe.

Si seguimos hacia abajo en la cadena de producción, tenemos la fabricación de pastas secas. De 47 empresas, cinco acaparan el 76,5% de la producción. Molinos Río de la Plata sola se queda con el 44,5% del total.
El único sector no concentrado es el de las panaderías. Existen entre 15.000 y 20.000 pequeños comercios que producen y comercializan pan, facturas y tortas. El costo de la harina, producto de los abusos de todo el resto de la cadena, viene creciendo cada vez más y así encareciendo el pan, que ya llega a 320 pesos el kilo.

El aumento de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja, del 31 al 33% es apenas una vuelta al mismo valor que tenía durante el macrismo, ya que había sido el Frente de Todos, en un intento de congraciarse con las empresas del sector, quien el año pasado había reducido la alícuota. A la vez su recaudación (se calcula entre 350 y 400 millones de dólares) se usará para subsidiar al sector molinero, como vimos también altamente monopolizado. Se trata de un “pase de manos” entre distintas patronales, una tan especuladora como la otra.

A pesar de los amagues de defender “la mesa de los argentinos”, se viene repitiendo un patrón común desde el conflicto de 2020 con Vicentín. El gobierno del Frente de Todos habla contra los monopolios agroexportadores, amenaza con medidas, habla de subas de retenciones (como a principios de 2021), y luego, a la menor queja de los agrupamientos patronales del sector, retrocede o toma medidas mínimas, como las actuales, que no mueven el amperímetro.

Defender de verdad el bolsillo de las y los trabajadores requiere de medidas de fondo, ir de verdad contra estos monopolios, recortarle sus superganancias y quitarles el lugar de chantaje que hoy tienen, terminando con el monopolio de hecho que tienen sobre el sector externo de la economía, reemplazándolo por otro, al servicio del pueblo trabajador: la nacionalización del comercio exterior.

Verduras           32%
Frutas              10,4%
Aceite               8%
Lácteos            10%
Golosinas          15%
Galletitas          20%
Arroz               22%
Bebidas cola       9%
Fideos secos     9,2%

Aumento salarial de emergencia. Que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE Indec en 136.104 pesos. Reapertura de todas las paritarias, sin techo y con paritarios elegidos en asambleas. Aumento de emergencia de todas las jubilaciones, para que la mínima alcance la canasta de la Tercera Edad (75.000 pesos). Aplicación inmediata del 82% móvil.

Indexación de salarios y jubilaciones, de acuerdo al incremento del costo de vida.

Eliminación del IVA a todos los productos de la canasta familiar. Abolición del impuesto al salario (descuentos por impuesto a las “ganancias” a las y los trabajadores).

Fijación de precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Control estricto de dichos precios, con aplicación inmediata y ejecutiva de la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar e incluso expropiar a quien viole dichos precios, realice acaparamiento, mercado negro o cualquier otra actividad especulativa. Aplicación de las sanciones tanto a las empresas monopólicas productoras de esos bienes como a las grandes cadenas de hiper y supermercados que avalen aumentos de precios no autorizados.

Suspensión inmediata de todos los tarifazos de servicios públicos privatizados comprometidos con el FMI. La salida no pasa ni por los tarifazos ni por seguir subsidiando a esas empresas, sino por la reestatización de las mismas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios, para brindar servicios de calidad, con tarifas sociales para quién la necesite.

Ante los aumentos internacionales y la volatilidad de las cotizaciones del petróleo y el gas, tenemos que recuperar nuestra soberanía en esos recursos estratégicos y acabar con el saqueo. Hay que reestatizar todo el complejo petrolero, conformando una YPF 100% estatal que monopolice todo el negocio del sector, desde la exploración, pasando por la extracción, el refinado y la comercialización en estaciones de servicio, donde se venda el combustible a precios relacionados con los costos locales y no con los valores de la especulación internacional.
Hay que reestatizar todo el negocio gasífero, volviendo a una Gas del Estado que tome todas las etapas (exploración, extracción, transporte -construcción de gasoductos- y distribución domiciliaria) gestionada por sus propios trabajadores y usuarios.

Terminar con los aumentos de las materias primas de los alimentos con la excusa de la suba de precios internacionales (harina, maíz, aceites). Para realmente “desacoplar” los precios de los alimentos vendidos en el país de sus cotizaciones internacionales hay que terminar con los negocios de los grandes monopolios exportadores, nacionalizando el comercio exterior y recreando las juntas de granos y carnes que fijen precios sostén para el pequeño productor y máximos para los grupos exportadores.

Basta de especulación con el dólar y la bicicleta financiera, que finalmente se termina trasladando a los precios. Hay que nacionalizar la banca, para que el ahorro de los trabajadores retorne en créditos para la vivienda y el consumo popular.

Escribe Claudio Funes

El Salario Mínimo recibió un incremento del 45%, resultando una suma miserable que se terminará de cobrar recién en diciembre. El gobierno, los grandes empresarios y la burocracia sindical peronista son los responsables. Intentan repetir la maniobra con paritarias a la baja. Todo esto es para cumplir con las exigencias del FMI. El sindicalismo combativo es el único que enfrenta el ajuste, en defensa de los legítimos intereses del pueblo trabajador.

El pasado miércoles 16, el Consejo del Salario dispuso el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Conformado por representantes del gobierno, cámaras empresarias, la CGT y las CTA, aprobó un aumento del 45% anual a pagar en cuatro cuotas: 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre. De esta manera el salario, que actualmente es de 33.000 pesos, llegará a 47.850 pesos; pero recién a fin de año.

Gobierno, empresarios y la burocracia sindical peronista son los responsables de este vergonzoso monto del Salario Mínimo, de suma importancia como valor de referencia para los trabajadores informales, para quienes cobran prestaciones por desempleo, para beneficiarios de programas sociales como el Potenciar Trabajo e incluso para los trabajadores registrados. Es por esto que organizaciones de desocupados combativos se movilizaron, el pasado miércoles, al Ministerio de Trabajo para repudiar el aumento otorgado.

Los 33.000 pesos actuales están por debajo de la línea de indigencia (37.413,97 pesos). Los trabajadores del Indec sostienen que una familia tipo, para no ser pobre, requiere un ingreso mínimo de 136.104 pesos. Hoy, el Salario Mínimo equivale a tan solo el 24% de esa suma.

Su atraso se remonta a varios años atrás. De 2015 a 2019, con Macri, tuvo una pérdida en torno al 25%. Luego de la asunción de Alberto Fernández, en 2020, volvió a perder un 10%. Su poder adquisitivo ha tenido una tendencia negativa desde el año 2011. (Fuente: Cifra CTA)

El gobierno de Alberto Fernández, las grandes patronales, la CGT y las CTA acordaron meter el ajuste que exige el FMI. El Salario Mínimo es una muestra.

Hugo Yasky, jefe de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, concurrió a la Casa de Gobierno para que Alberto Fernández refrendara el aumento, allí manifestó: “Hubo dos paritarias de gremios muy fuertes: los maestros y los metalúrgicos, ambos cerraron en el 45%”, y agregó “que nosotros hayamos podido en el Consejo del Salario igualar ese nivel con un punto de partida del 18%, habla a las claras, ante aquello que se especulaba de que el ajuste podría sobrevenir sobre los salarios” […] “Estamos diciéndole ‘no’ a la idea de que la salida es el ajuste sobre los salarios”. Odioso doble discurso defendiendo una cifra miserable.

Hugo Yasky y Antonio Caló firmaron sus paritarias para que sean el techo de las restantes. En la paritaria nacional docente, las direcciones de los cinco principales sindicatos, Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET, firmaron por el 45,5% en cuatro cuotas. Por su parte, Caló de la UOM acordó el 45% en tres cuotas. Como la inflación esperada para 2022 es de 55%, estas paritarias son otra muestra del real posicionamiento de la burocracia sindical: muy lejos de los intereses del pueblo trabajador y muy cerca de lo exigido por el FMI.

A éstas direcciones burocráticas tenemos que reclamarles que rompan con la política de ajuste del gobierno y llamen a plenarios de delegados, asambleas para preparar un plan de lucha. Mientras seguimos fortaleciendo al sindicalismo combativo, que viene de salir a las calles junto al FIT Unidad, el resto de la izquierda y decenas de organizaciones para repudiar el acuerdo con el FMI, la flexibilización laboral y el ajuste a las jubilaciones.

Izquierda Socialista apoya e impulsa el desarrollo del Plenario Sindical Combativo, espacio que contiene al “Pollo” Sobrero de la Unión Ferroviaria Oeste, Alejandro Crespo del Sutna (neumáticos), Mariana Scayola de Ademys (docentes) y Romina del Plá del Suteba La Matanza, entre otros, y que pelea por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora.