Escribe Martín Fú
 
Con el argumento de la “normalización” de la situación y de que “la Argentina está creciendo”, el ministro de Trabajo Claudio Moroni adelantó que el decreto que prohíbe despidos y suspensiones no será prorrogado. También circuló que el recién votado nuevo triunvirato de la CGT acompaña esta medida, muy a tono con la función que les toca llevar adelante en esta nueva etapa, de más entrega de los derechos laborales y conquistas de los trabajadores.

La realidad es que con el decreto, los despidos y las suspensiones fueron moneda corriente durante el gobierno peronista de Alberto Fernández. Quizás el caso más paradigmático fueron los 1.500 despidos de Techint, apenas firmado el decreto.
En esa ocasión, mientras el presidente Fernández tildaba de “miserables” a los empresarios que despedían (refiriéndose a Paolo Rocca y Techint de manera indirecta) una dependencia del Poder Ejecutivo, el ministerio de Trabajo al mando de Moroni, homologó en tiempo récord el acuerdo entre la empresa y la entregadora burocracia de la Uocra al mando de Gerardo Martínez. Para muestra, sólo basta un botón.

Otros casos resonantes fueron los despidos en Latam o los 1.800 trabajadores dejados en la calle por Garbarino la semana pasada. General Motors, Mondelez, FV Griferías, sólo para dar algunos ejemplos, y otras grandes empresas estuvieron al día a la hora de despedir y suspender.
Se calcula que durante la pandemia las empresas despidieron dos millones de trabajadores, suspendieron a más de un millón y dos millones se vieron afectados en sus ingresos, con acuerdos por arriba entre empresas y sindicatos que negociaron escandalosas rebajas en los salarios de los trabajadores bajo convenio. Otros tantos fueron jubilados anticipadamente o se plegaron al régimen de retiros voluntarios.  Todo esto durante el decreto de necesidad y urgencia 329/20 y sus prórrogas con la firma del presidente Fernández.
Frente a esta situación, desde el sindicalismo combativo y la izquierda nos venimos oponiendo y llamamos a continuar enfrentando las medidas de ajuste que se avecinan.

Escribe Guido Poletti

Los precios congelados de octubre, así como las distintas variantes de “precios cuidados” o “de cercanía”, no parecen servir para frenar la carestía. En estos días ganó los titulares de los diarios un nuevo incremento de los precios de los cortes de carne. Se suma a incrementos en las expensas, o en las tarifas de los pasajes de larga distancia. Y ni que hablar de lo que se viene, expresado mejor que nunca en la “canasta navideña” que ya se anticipa un 84% más cara que el año pasado. Todas estas son las manifestaciones concretas de una inflación que va a terminar 2021 por encima del 50%.

¿Qué pasa? Por un lado, lo que ya anticipamos. Los grandes monopolios de la producción de bienes de la canasta básica (alimentos, productos de limpieza y tocador), seguros de que no serán sancionados por el gobierno, apelan a todo tipo de trampas para violar los precios máximos: reducir el contenido de los envases, hacer desaparecer el producto bajo precio controlado y reemplazarlo por otro similar, pero a un precio mayor. Y, en el caso del precio de la carne, que misteriosamente quedó afuera de los precios máximos, los abusos son más que evidentes: ya se habían dado incrementos por arriba de la inflación antes de agosto, y ahora se ha dado un nuevo zarpazo. A lo largo de toda la cadena, se echan la culpa unos a otros: productores, mercados concentradores, frigoríficos, negocios minoristas. Pero lo concreto es que todos se llevan su tajada a costa del pueblo trabajador. Lo dijimos una y mil veces: hay que imponer controles y precios máximos, pero luego sancionar efectivamente a los infractores con duras penas. De lo contario, efectivamente, el control de precios “no funciona”.

La contrapartida de todo esto es que los salarios siguen corriendo por detrás a la inflación. En el caso de los trabajadores privados en blanco bajo convenio, los acuerdos de las distintas burocracias sindicales generaron que se terminaran firmando acuerdos a la baja y en cómodas cuotas. En el sector público, la burocracia de ATE, UPCN o la docente de Ctera avalaron el ajuste contra el conjunto de los trabajadores del Estado, nacional, provincial o municipal. A esto tenemos que sumarle la enorme cantidad de trabajadores tercerizados o informales, con ingresos muy inferiores.
Hay que evitar que la carestía se siga comiendo los ingresos de los trabajadores, como ha sucedido ininterrumpidamente los últimos cuatro años. Se necesita para esto un ingreso de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, ajustado mensualmente por inflación. Además, hay que reabrir inmediatamente todas las paritarias, sin ningún tipo de condicionamiento. Este debe ser el primer paso de cualquier programa de emergencia que empiece a revertir la situación extremadamente grave del pueblo trabajador.

Lograr firmar el acuerdo con el FMI se ha constituido en la mayor preocupación del gobierno peronista de Alberto Fernández. El gobierno del Frente de Todos, que llegó lleno de promesas de “llenar la heladera” y “terminar con el ajuste de Macri”, está a punto de firmar un acuerdo que significará mayores sacrificios aún que los actuales para las mayorías populares, reducción de inversiones en programas sociales y obras públicas, achatamiento de salarios y jubilaciones y una mayor dependencia de nuestro país y saqueo de nuestras riquezas. Por eso este tema también tiene que ser una preocupación de las trabajadoras y trabajadores y los sectores populares que serán los más afectados por este nuevo acuerdo. Porque todos los partidos patronales y los economistas del establishment afirman una y otra vez que no hay otra salida que acordar con el Fondo, seguir pagando la deuda y aceptar el super-ajuste que se viene.

Desde el FIT Unidad pensamos exactamente lo opuesto. Por eso quedaremos seguramente solos en el Congreso Nacional, votando en contra del acuerdo con el Fondo. Pero estamos convencidos de que la oposición a todo esto debe desarrollarse y crecer también en las calles. Por eso lanzamos una convocatoria a una gran movilización, que se viene ampliando a nuevas agrupaciones y personalidades, como primer paso de un plan de acción. El texto de la misma lo reproducimos más abajo. Al mismo tiempo, ya se realizó una importante reunión preparatoria en Parque Lezama, que reflejamos en estas mismas páginas.  También , nuestros diputados nacionales Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer presentaron un proyecto de ley en oposición a cualquier acuerdo. ¡Vamos a unir fuerzas para enfrentar este gran desafío! ¡Todos el 11 a la marcha y acto contra el FMI!

Escribe Javier Leonforte, dirigente de Izquierda Socialista e integrante de la mesa nacional del FIT Unidad
 
El viernes 26 de noviembre se realizó un gran plenario en el Parque Lezama de organizaciones políticas, sindicales, sociales, ambientales, feministas, de disidencias, estudiantiles y de derechos humanos. El plenario resolvió por unanimidad convocar para el sábado 11 de diciembre a una gran movilización nacional a Plaza de Mayo y a todas las ciudades del país, contra el FMI y el pago de la deuda externa.

Este plenario fue convocado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) en forma amplia y estuvo coordinado por la mesa nacional del FIT-U y por Nicolás Del Caño y Myriam Bregman del PTS, Gabriel Solano y Nestor Pitrola del PO, Mónica Schlotthauer y Mariana Scayola de Izquierda Socialista, Cele Fierro y Guillermo Pacagnini del MST, quienes realizaron propuestas políticas y organizativas hacia la movilización del sábado 11, para darle continuidad a un gran movimiento nacional contra el FMI y el pago de la deuda.

Todos los dirigentes que tomaron la palabra reivindicaron el llamado del FIT-U, el carácter democrático y abierto del plenario, y la importancia política de desarrollar la movilización del sábado 11 y darle continuidad con un gran movimiento amplio y unitario contra el acuerdo que el gobierno nacional busca pactar con el FMI.

Se hicieron presentes y hablaron las organizaciones Barrios de Pie, Libres del Sur, Jubileo 2000, Nuevo MAS, Política Obrera, Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda externa, PSTU, Opinión Socialista, Marabunta, PRML, MTR, Convergencia Socialista, Venceremos-PT, PSL, PCT, Rebelión Popular, Torre, Bloque Piquetero Nacional, Juventud Ambientalista y como observadores la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.

Por la mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) y como secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste tomó la palabra Rubén “Pollo” Sobrero, llamando a llevar esta convocatoria a los sindicatos, cuerpos de delegados, comisiones internas y a todos los lugares de  trabajo para movilizar masivamente a los trabajadores contra el FMI, denunciando a la CGT y las CTA que siguen con su apoyo al gobierno nacional.

Luego de decenas de intervenciones se acordaron las consignas: Todos y todas a la Plaza contra el Fondo. No al pacto con el FMI y al pago de la deuda. Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral. Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo.

Se conformaron dos comisiones: una comisión para elaborar un documento político, que será leído en el acto central el día de la movilización, y organizadora para el ingreso de las columnas por la gran masividad que se espera para la jornada. La cita quedó pautada entonces para el sábado 11 de diciembre a las 16 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para ir a la Plaza de Mayo.

Los diputados nacionales del bloque Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano, fueron los únicos que presentaron un proyecto de ley para no pagar una deuda usurera y fraudulenta y romper relaciones con el FMI.

En su articulado dispone “suspender todos los pagos en concepto de deuda externa, tanto de capital como de intereses, atento a que se trata de una deuda ilegítima, usurera y fraudulenta, destinando ese dinero a aumento de salarios y jubilaciones, a trabajo, salud, educación y vivienda y demás necesidades populares”. Y desconoce el “acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo de 2018 por parte del entonces gobierno de Macri (Cambiemos)”, al que lo declara “nulo de nulidad absoluta”.

En el proyecto se denuncia al acuerdo sin grieta entre el Frente de Todos, Juntos y los falsos “antisistema” Milei y Espert para reconocer y pagarle al FMI los 45.000 millones de dólares. El Frente de Izquierda rechaza categóricamente este nuevo pacto de dependencia, ajuste, saqueo y coloniaje.