Escribe Agustin Gigli, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad Esquel
 
El 21 de noviembre, en horas de la tarde, jóvenes de la comunidad mapuche se encontraban en el interior de la Lof Quemquemtrew, en la zona Cuesta del Ternero, cercana a El Bolsón, provincia de Rio Negro, cuando fueron abordados por dos personas de civil armadas que dijeron “estar cazando” en el territorio. Los peñi lamuen (hermanos de la comunidad) Elías Garay y Gonzalo Cabrera, desarmados, les pidieron que bajen las armas y en ese momento fueron acribillados a balazos a quemarropa. Los asesinos están ligados a terratenientes y mineras de la zona.
 
Elías Garay falleció en el lugar y Cabrera fue herido y permanece aún internado.  La comunidad permanecía rodeada por fuerzas de seguridad como la COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, creada por la policía de Rio Negro en el 2012) y la Gendarmería Nacional.

Los miembros de la COER reciben instrucción extrema para combatir “acciones de alta peligrosidad”, según serían sus objetivos, esto incluye, atacar distintas acciones del pueblo que lucha.  Este cuerpo de especialistas fue instalado por la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Rio Negro) hace dos meses en la ruta de acceso a la comunidad para custodiar los intereses de los hermanos Rocco (ver columna). Nadie podía superar ese control sin autorización policial, creando de hecho un sitio a la comunidad que no recibía ni alimentos. Un tiempo después también aterrizó la Gendarmería Nacional enviada por Aníbal Fernández, ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández. O sea, el asesinato se llevó a cabo en una comunidad cercada por las fuerzas represivas provinciales y nacionales, y con controles aéreos por drones. Nada de lo que ocurría en su interior era ignorado por esas fuerzas, que “permitieron” el ingreso de “cazadores”. Es fácil inferir que liberaron el movimiento de los asesinos. Querían escarmentar el reclamo de los pueblos mapuches sobre el territotio que les pertenece y que nunca fue relevado por la gobernadora (ver recuadro) para no afectar los intereses de los empresarios.

Todos los partidos políticos tradicionales, tanto nacionales como provinciales, difunden lemas y consignas que estigmatizan a las comunidades originarias, tildándolos de “terroristas” y “violentos”. Entre los más perseguidos, reprimidos y abandonados se encuentran Los Tobas (Qom) y los Wichí en el norte, y las distintas comunidades mapuches en la Patagonia. Los conflictos más fuertes se vienen desarrollando en la zona de Vaca Muerta en Neuquén; en cercanía del Lago Mascardi (próximo a Bariloche) donde el grupo Albatros de la Prefectura asesinó por la espalda a Rafael Nahuel; en el Pu Lof Cushamen en Chubut donde la gendarmería desapareció a Santiago Maldonado en 2017; y en los últimos meses en las cercanías del Bolsón (Río Negro) donde mataron a Garay. Todas estas acciones represivas, ordenadas por los gobiernos de distinto signo, buscan disciplinar a pueblos originarios y evitar entregarles las tierras que les pertenecen (según la Ley 26.160) para poder desarrollar su economía, alimentarse y vivir según su cultura ancestral. Estas tierras son avasalladas por los grandes empresarios beneficiados para que sigan con la deforestación y la mega minería de oro ,plata y litio, liquidando los reservorios de agua dulce, para negocios inmobiliarios y emprendimientos turísticos para los ricos. Es una pelea a muerte por la tierra y sus riquezas. Los gobiernos y sus fuerzas represivas cuidan los intereses de los Benetton, Lewis, Zorreguieta, Emiratos Árabes, Roemmers, Burco, el Arzobispado de San Isidro y muchos más. Todos los gobiernos son los principales responsables de este hostigamiento.
 
Juicio y castigo a los asesinos

A solo cuatro días del crimen de Elías Garay, tanta fue la conmoción, el repudio y las acciones que se realizaban y preparaban en distintos puntos del país que el gobierno de Rio Negro decidió “encontrar” a los autores. Se trata de dos asesinos vinculados a la explotación maderera de la familia Rocco y a empresas mineras. Es decir, los grandes empresarios se quedan con las mejores tierras y luego asesinan a sangre fría con total impunidad a quienes pelean por un pedazo de tierra para sobrevivir.

Exigimos para ellos juicio y castigo con cárcel perpetua. Exigimos también que se investigue la cadena de responsabilidades políticas de alto nivel que permitieron el ingreso de estos asesinos y los fines “aleccionadores” que perseguían. Reclamamos el cese de las campañas de odio racista, que intentan crear un “enemigo interno” y militarizar la región de un lado y el otro de la cordillera para seguir saqueando y explotando el territorio en beneficio de un grupo minoritario de ricos y multinacionales.

Apoyamos incondicionalmente la lucha de los pueblos originarios por sus tierras, y seguiremos siendo impulsores de las acciones de solidaridad con esa justa lucha porque es parte de defender las riquezas para que sean usufructuadas por el pueblo trabajador y los pueblos originarios.

Escribe Atilio Salusso
 
La familia Rocco está usufructuando las tierras donde fusilaron al joven mapuche Elías Garay. Fue beneficiada por una concesión a noventa años. ¡Sí! noventa años. Es decir, se quedan por décadas con tierras fiscales (del Estado) para hacer sus negocios.

Rocco es un empresario local beneficiado a su vez por condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables. En 1999 el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos aprobó las solicitudes de Plantación Forestal donde aparecen 100 hectáreas para Rocco, 200 para Héctor Magnetto (Papel Prensa), 362 para Luciano Benetton (Tierras Sud) y 1.000 para Federico Ochoa (Tierras Tecka).

Rocco inició ese negocio con un capital de doce mil pesos. En 2012 recibió apoyos económicos no reintegrables enmarcados en la Ley 25.08 de Inversiones para Bosques Cultivados, y se le condonaron deudas por los períodos anteriores al 2021, es decir, nunca pagó nada desde 1999 hasta ahora. También Rocco fue exceptuado del pago de la Tasa de Servicios Municipales en un 100% en 2021, dibujando en la cara de los ciudadanos de El Bolsón y Río Negro lo que representa y significa tener una “sociedad de responsabilidad limitada”.

Estos datos son oficiales y reproducidos por el periodista Gustavo Figueroa (Pressenza, 26/09/21, Neuquén), el cual se pregunta: “¿Qué objetivos persigue la explotación del territorio en manos de familias que son beneficiadas ininterrumpidamente por el Estado y que retribuyen de forma miserable a la sociedad y al espacio territorial que explotan? ¿Qué consecuencias produce la plantación de árboles foráneos sobre el territorio, pasando por encima inclusive de los elementos de la naturaleza circundantes (ríos, lagos, valles, cerros, cascadas, montañas)? ¿Cuánta agua consume un “bosque” de pinos o eucaliptos? ¿Tendrán la misma suerte las familias preexistentes que habitan el territorio hace cientos de años? ¿Por qué en esas listas de beneficiarios aparecen tan pocos nombres de familias originarias?”

Escribe Atilio Salusso

La ley 26.160 data desde 2006. Obliga a realizar un relevamiento de tierras indígenas mientras se prohíben los desalojos de las comunidades. Pero pasaron quince años (once bajo gobiernos peronistas y cuatro del macrismo) y solo se hizo el 42% de esos relevamientos. Esto obedece a que se oponen los Benetton, las mineras, petroleras y el negocio inmobiliario, intereses para quienes responden los distintos gobiernos y las y los diputados y senadores de los partidos patronales. Dicha ley se venía prorrogando antes de que caiga, pero esta vez no ocurrió. Vencía el pasado 23 de noviembre y no se prorrogó a pesar de que se aprobó en comisiones. El Frente de Todos se negó y el gobierno tuvo que apelar a un decreto. Pero las comunidades que acampan frente al Congreso desde hace semanas reclaman la prórroga por ley ya que el decreto puede ser cuestionado. “Las topadoras están esperando”, dicen.

Con ese reclamo, el 23 se hizo una gran marcha rodeando al Congreso, siendo nuestros diputados de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer los únicos de los 257 de la Cámara que apoyaron y hablaron en el acto y radio abierta.

Giordano y Schlotthauer vienen acompañando el acampe desde el primer día, pidieron por varias notas una sesión (incluso antes de las elecciones del 14N) para votar la prórroga y se comprometieron a seguir defendiendo todos sus reclamos.

Además de la prórroga, las comunidades pelean también para que se les entregue la propiedad comunitaria de la tierra en virtud del reconocimiento constitucional a ese derecho y que cesen las muertes como ocurrió con el pueblo mapuche en el sur y los distintos avasallamientos.
Tanto el Frente de Todos como el macrismo les dan la espalda a los pueblos originarios. Solo la izquierda apoya decididamente sus demandas y lucha por una salida de fondo para resolverlas.            

Nuestra compañera Blanca López, a la que todos identificamos como “Blanquita”, asumirá una de las dos bancas conquistadas por el FIT Unidad en las elecciones provinciales del 2019. Reemplazará en la legislatura provincial a Patricia Jure (PO) que ejerció los primeros dos años. Se cumple así con el acuerdo de rotación que venimos aplicando desde 2011 cuando se conquistó la primera banca. Desde aquel momento fundacional el frente siempre tuvo presencia en la legislatura provincial, y en las últimas dos elecciones conquistó dos bancas.

Blanca llegó a Neuquén como abogada, recibida en la provincia de Córdoba a comienzos de la década del ´90. Es madre de un hijo que ejerce el acompañamiento terapéutico basado en la música. Blanca ya era militante del trotskismo cuando se radicó en Neuquén. Su militancia como abogada es reconocida en la provincia por su prolongada lucha en defensa de los derechos humanos, centrada en los últimos años como abogada de la agrupación Zainuco, organismo que defiende los derechos de los presos dentro y fuera de las cárceles. También se involucró en decenas de causas de gatillo fácil y violencia policial.  En los últimos años acompaña los reclamos de mujeres que buscan asesoramiento ante violencia de género. Exigió investigar el crimen de Cristian Ibazeta, caso emblemático de un interno que estaba por cumplir su pena para ser liberado y, como defendía condiciones dignas en la cárcel denunciando la violencia policial, fue asesinado dentro de su celda. Y en el curso del 2021 se interesó en exigir explicaciones por la muerte de Nicolás Núñez que fue encontrado “ahorcado” en su celda.

“Blanquita” asumirá por primera vez el ejercicio de una banca por Izquierda Socialista/FIT Unidad, banca que en otras dos oportunidades fue ejercida por Angélica Lagunas. Su mandato durará dos años, hasta diciembre de 2023.

Junto al dirigente ceramista Andrés Blanco, actual diputado por el PTS, Blanca López será la otra diputada que defienda a los trabajadores, las mujeres y la juventud desde ese lugar, apoyando los reclamos que se llevarán adelante en las reiteradas luchas sociales que diariamente se desarrollan en la provincia. Acompañaremos con la militancia del partido a la flamante diputada en la nueva tarea que emprenderá desde el próximo 10 de diciembre.

En los próximos días asumirán, de parte de Izquierda Socialista, por los cargos obtenidos en la reciente elección:

Graciela Calderón, secretaria adjunta del Suteba La Matanza, como diputada provincial en la legislatura bonaerense;

Iván Ponce como concejal en el municipio de José C. Paz del conurbano bonaerense, al igual que
Ángel Guerrero en Moreno; y también
Noelia Agüero como diputada provincial en Córdoba, como parte de la rotación de bancas en el FIT Unidad.