Escribe Adolfo Santos

Muchos compañeros nos plantean dudas o preguntas sobre la viabilidad de no pagar la deuda y las consecuencias que podría generar esta propuesta. En este espacio, queremos responder algunas de esas dudas.

1. “Las deudas hay que pagarlas”. Es normal para cualquier trabajador pensar que las deudas o créditos contraídos se deben pagar. Es lo correcto. Sin embargo, cuando se trata de la deuda externa la situación es diferente. El origen de la misma está en la dictadura genocida. Durante el gobierno militar (1976-1982) el ministro de Economía Martínez de Hoz le cargó al Estado miles de millones de dólares de deudas de más de 70 empresas, entre ellas la suya, Acindar S.A. Lo mismo hizo Domingo Cavallo en 1982, estatizando 15.000 millones de dólares. Auditorías posteriores determinaron que esos préstamos eran maniobras contables fraudulentas. La familia Macri, por ejemplo, fue favorecida con esa “estatización” y sus empresas Sevel; Sideco Americana y Fiat le transfirieron sus deudas millonarias al Estado. Esa fue la deuda externa que terminaron reconociendo como “legítima” todos y cada uno de los gobiernos que se sucedieron a partir de 1983. Y cada uno de ellos pagó millonadas, mientras la deuda seguía creciendo, cual bola de nieve, acumulando vencimientos que eran “refinanciados” con intereses usurarios. Cada una de esas refinanciaciones, canjes o pedidos de ayuda a organismos internacionales generó, a la vez, nuevos negociados para el establishment financiero.  Así, por tomar sólo el ejemplo más reciente, Macri durante su presidencia le pidió 45.000 millones de dólares al FMI, para “calmar a los bancos comerciales” según sus propias declaraciones. Un escándalo. En síntesis, se trata de una estafa, que generalmente contrajeron grandes empresarios y banqueros y reconocieron, pagaron y agrandaron todos los gobiernos. Que en nada mejoraron las condiciones de vida del pueblo trabajador. Las deudas se pagan, las estafas no.

2. “Hay que pagar porque los distintos gobiernos reconocieron la legitimidad de la deuda”. Ya vimos en el punto anterior que un presidente como Macri no utilizó la deuda para favorecer a la clase trabajadora, sino a un puñado de banqueros. Eso es lo que ahora nos quieren hacer pagar a todos. Pero esto no fue una excepción; lo mismo viene sucediendo en todos los gobiernos desde 1983 a esta fecha. En algo que, de origen, proviene de la dictadura genocida. Todo esto se encuadra en lo que jurídicamente ha sido llamado “deuda odiosa”. Es una doctrina reconocida por el Derecho Internacional que sostiene que las deudas contraídas por cualquier tipo de gobierno contra los intereses de la población de un país, y con el conocimiento del acreedor, no deben pagarse, ya que los prestatarios actuaron de mala fe. El propio Estados Unidos ha echado mano de esta doctrina para no hacerse cargo de deudas contraídas por países que estaban bajo su control como Filipinas, Cuba y recientemente Irak durante la Guerra de 2003. Claramente, la deuda externa argentina es una “deuda odiosa”.

3. “Pero nos van a cortar los créditos y boicotear económicamente”. El problema es, ¿qué pasa si seguimos pagando? Continuaremos aumentando los niveles de miseria y pobreza ya que no existe ninguna posibilidad de disponer de dinero para invertir en obra pública, salud, educación, salarios, jubilaciones, etcétera. Significa aumentar la dependencia y dejar la economía del país en manos del FMI. Claro que el imperialismo y el sistema financiero no van a aceptar tranquilamente esta situación y van a intentar causarnos problemas, pero las dificultades que puede generar no pagar son infinitamente menores para el pueblo trabajador que los terribles costos del ajuste permanente a que nos somete seguir pagando.

4. “¿Tenemos suficiente fuerza para enfrentar los desafíos del no pago?” Generalmente sectores del peronismo nos dicen que no hay una relación de fuerzas favorable para llevar a cabo esta medida. Es mentira. Lo que no hay es voluntad del gobierno para romper con los pulpos acreedores y el FMI. Por eso nosotros sostenemos que hay que movilizar para exigir el no pago y la ruptura con el Fondo. Para lograr, como se produjo en el Argentinazo de 2001, que se imponga la suspensión de los pagos. Y a la vez, llamar a conformar un gran frente de países deudores latinoamericanos que asuma de conjunto repudiar la deuda de toda la región y plantee romper los lazos políticos y económicos que nos someten a los organismos internacionales. Ese es el camino para terminar con el sometimiento, lograr la Segunda Independencia y poder poner en marcha un programa alternativo de emergencia que resuelva las más urgentes necesidades populares.

Escribe Claudio Funes

Lucas, junto a tres amigos, circulaba en automóvil. Regresaban de un entrenamiento en el club Barracas Central. Eran las 9:30 de una linda mañana. A las pocas cuadras fueron interceptados por un auto color blanco, que no tenía identificación policial. De él bajaron tres hombres vestidos con ropas de civil y empuñando armas de fuego. Lucas y sus amigos reaccionaron de forma lógica: creían ser víctimas de un robo, intentaron huir. En ese instante se desató el infierno. Los policías comenzaron a disparar. La mañana se tiñó de sangre.

Lucas quedó herido de gravedad en la cabeza. Los policías de civil lo ignoraron y se llevaron detenidos a sus amigos. Con complicidad de la Justicia a los tres que resultaron ilesos se los trasladó en calidad de detenidos al Instituto Inchausti. Lucas fue derivado al Hospital Penna con custodia policial. En la madrugada del jueves 18 de noviembre fue trasladado al Hospital El Cruce de Florencio Varela. Allí se apagó su vida.

¿Loquitos sueltos o institución represora?

El asesinato de un joven a manos de la policía es un hecho recurrente, no es un caso aislado como pretenden hacernos creer. Es la brutalidad reincidente con la que actúa la policía en las barriadas humildes. Su odio hacia la juventud pobre se expresa cotidianamente. El caso de Lucas salió a la luz y generó grandes protestas que lo convirtieron en un hecho político nacional. Esta es la diferencia.

La muerte de Lautaro Rosé en las aguas del Río Paraná (Corrientes), tras una persecución policial, trajo la inevitable comparación con las muertes de Santiago Maldonado en el Río Chubut, la de Facundo Astudillo Castro en el estuario Cola de Ballena, que Berni encubrió, y la de Franco Casco, también en el Río Paraná luego de su detención en una comisaría. Los asesinatos de Lucas Verón, acribillado por la bonaerense el día de su cumpleaños 18, cuando iba en moto con un amigo a comprar gaseosas; el de Blas Correa en la provincia de Córdoba gobernada por Schiaretti, con encubrimiento policial y armas plantadas; el de Luis Espinoza, trabajador rural, asesinado en Tucumán; la masacre de San Miguel del Monte, en la que asesinaron a cuatro jóvenes. Hoy solo nombres en una larga lista.

La prepotencia y brutalidad policial no es privativa de la policía de Rodríguez Larreta, que en cinco años fue protagonista de 121 fusilamientos por gatillo fácil según la Correpi. Se da a escala nacional, en cada provincia. Gobierne quien gobierne, la policía tiene licencia para matar.
“No es cierto lo que dice Berni, están encubriendo a los policías. A nosotros, primero la Policía nos dijo que murió de un infarto por sobredosis y que murió en la vía pública, y después resulta que apareció todo golpeado en un calabozo”, aseguró la ex mujer de Alejandro Nicolás Martínez (35 años), recientemente asesinado en una comisaría de San Clemente del Tuyú. Respondía así a los dichos de Sergio Berni, quién sembraba dudas respecto a los resultados de la autopsia.

Para el fiscal que investiga el asesinato, en la madrugada del 18 de noviembre cuando se llevaron a Nicolás del hotel, los nueve policías detenidos, cuatro mujeres y cinco hombres, “planificaron para dar muerte, asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado”. Martínez murió luego de soportar diez minutos de extrema violencia física de parte de sus asesinos.

Como vemos, existe una doctrina compartida por las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país.  Queda probado que las acciones violentas de la policía son parte del carácter represivo de la institución. No hay policía buena y mala, solo hay policía. Es la violencia organizada por parte del Estado capitalista y sus gobiernos patronales, no son loquitos sueltos.

El gobierno y la oposición patronal avalan el gatillo fácil

Estas actuaciones aberrantes por parte de los “agentes del orden” son avaladas y estimuladas por el discurso violento y represivo de los políticos patronales. El “libertario” José Luis Espert pide mano dura y “transformar en queso gruyere” a quien cometa algún delito. El Frente de Todos no es muy distinto, Sergio Berni se jacta de ser responsable de “150 abatidos en enfrentamientos”.

El presidente Alberto Fernández se solidarizó a través de las redes sociales con la familia de Lucas. Algo que suena a falso, dado que Sergio Berni continúa siendo parte del gobierno del Frente de Todos.
Conclusión: Fernández, Kicillof, Berni, Rodriguez Larreta, Espert y Patricia Bullrich se dan la mano para defender el gatillo fácil. Para esto no existe la grieta.

La inseguridad, que afecta primordialmente al pueblo trabajador, no puede ser excusa para reprimir y asesinar a los jóvenes de las barriadas. Hay que atacar sus causas profundas, la pobreza, la marginación social y el desempleo. Al mismo tiempo hay que promover la autoorganización de los vecinos y la elección por voto popular de los comisarios, para terminar con esos nidos de corrupción en que se han transformado las comisarías y las departamentales.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad exigimos justicia para Lucas González. Cárcel a los responsables materiales y que respondan los responsables políticos. ¡Basta de perseguir a los jóvenes! ¡Basta de gatillo fácil!

Escribe Claudio Funes

Según datos de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial, tanto la policía de la Ciudad al mando de Larreta como la Bonaerense de Kicillof encabezan el brutal ranking nacional de violencia institucional. Los casos de gatillo fácil y tortura son relevados por Correpi anualmente, dando unos 500 casos anuales en la Ciudad, incluyendo fusilamientos, torturas, muertes de detenidos en comisarías, femicidios de uniforme y desapariciones seguidas de muerte, entre otros delitos aberrantes y que tienen a la juventud como víctima principal. En los últimos cinco años la ciudad tuvo 120 casos de gatillo fácil comprobados y judicializados. La provincia al mando del gobierno peronista de Kicillof se lleva todos los laureles: el 46% de los casos a nivel nacional son responsabilidad de la Bonaerense que dirige el ministro Berni. El caso del jóven Facundo Astudillo Castro, desaparecido en noviembre de 2020 y posteriormente encontrado muerto en cercanías a Bahía Blanca luego de que la policía lo detuviera ,mostró claramente el articulado gobierno-funcionarios-policía como un tridente consolidado para garantizar la impunidad.
Los números muestran la continuidad de los crímenes de Estado a pesar de los gobiernos: con Macri cada veinte horas lo mismo que con Alberto, las fuerzas de seguridad se llevan la vida de una persona.                          

En el medio de una situación de violencia que no para de crecer (incluyendo ataques a balazos contra restaurantes y bares por parte de bandas narcos que exigen pagos por “protección”) se comenzó a destapar el escándalo del espionaje ilegal que el ex ministro de seguridad provincial Marcelo Saín habría comandado, contra dirigentes políticos, sindicales y sociales. Nada que envidiar a Macri y su espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Recordemos que Marcelo Sain se hizo conocido a nivel nacional por su particular verborragia contra los sectores que lo cuestionaban, repartiendo insultos para todos lados, incluído al propio gobernador peronista Perotti. Pero una investigación que se está conociendo en estos días, y cotidianamente ahonda la crisis del gobierno provincial, pone en evidencia para que usan los políticos patronales a las fuerzas de seguridad y de inteligencia: espiar a los opositores, pero nada para investigar a las bandas narco, que actúan con total impunidad y al amparo de la propia policía. Esta situación ya ha derivado en la renuncia de más de diez funcionarios actuales del Ministerio de Seguridad, y se sospecha que el propio Perotti podría ser procesado, como responsable político de este escandaloso espionaje.

Un apartado especial merece recordar la defensa encendida de Marcelo Sain que esbozaron en varias oportunidades el diputado provincial Carlos Del Frade, Ciudad Futura y figuras “progresistas” del Peronismo como la diputada provincial Matilde Bruera, argumentando que este personaje nefasto “luchaba” contra las mafias y estaba “transformando” la policía. Otra mentira más que la centroizquierda de la provincia compra, para beneplácito del peronismo.          

Corresponsal

El lunes 22 de noviembre un grupo de encapuchados atentaron contra la redacción del diario Clarín, arrojando coctéles molotov sobre su fachada. Por suerte ningún trabajador resultó herido. Nos sumamos al repudio a dicho atentado, al igual que lo han hecho los trabajadores de Clarín y el sindicato de Sipreba. Exigimos el esclarecimiento de los hechos, pronunciándonos por el pleno derecho a la libertad de prensa.