Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora de CABA y candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En la última sesión de la Legislatura avanzó el proyecto que permite la construcción de torres de lujo en las codiciadas tierras ribereñas de la ex Ciudad Deportiva de Boca. El Grupo IRSA, desarrollador de los mayores proyectos inmobiliarios en el país y propietario de todos los shoppings de la Ciudad y del agronegocio con Cresud, será nuevamente beneficiado, mientras les trabajadores no acceden a una vivienda digna. Muy lejos está este proyecto de ofrecer una respuesta al terrible déficit habitacional en una ciudad donde 10.000 personas duermen en la calle todos los días, lo que vulnera  particularmente a mujeres y niñas, como ocurrió en el caso de M., sometida a todo tipo de violencias.

Por eso venimos denunciando y oponiéndonos desde nuestras bancas a todos los negociados inmobiliarios y remates de tierras que pasan por esta Legislatura, a diferencia de los otros bloques, en particular del peronismo, que ha votado y acompañado en varias ocasiones la venta de tierras.

Estas torres de lujo se quieren construir sobre humedales. Estamos atravesando una crisis ambiental mundial producto de las consecuencias de este sistema capitalista imperialista y del saqueo de las multinacionales. Construir sobre humedales solo profundizará la crisis ambiental y este proyecto, en particular, afectará a la Reserva Ecológica de Costanera Sur.

Hoy, el 21% del territorio argentino tiene humedales que favorecen la biodiversidad, absorben el dióxido de carbono que ayuda a mitigar el cambio climático y el calentamiento global. Los humedales actúan como reservorios de agua y ayudan a evitar las inundaciones. Pero los bosques y los humedales vienen siendo destruidos mediante la deforestación y los incendios intencionales a favor del agronegocio, en particular de la soja, de la construcción de countries y barrios de lujo y por la megaminería.

Desde nuestras bancas acompañamos al movimiento ambientalista que viene peleando contra la privatización de Costa Salguero y ahora del meganegocio a favor de IRSA. Llamamos a seguir impulsando acciones para frenar este proyecto y recuperar los espacios ribereños para que se conviertan en reservas que contribuyan a la protección de la biodiversidad y a la disminución del impacto ambiental.
 

Escribe Adriana Astolfo, candidata a diputada nacional de Santa Cruz, por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En Santa Cruz gobierna el peronismo kirchnerista hace más de 30 años. La realidad es contundente: abandono y falta de inversión en la salud y la educación públicas, bajos salarios a docentes y estatales, vaciamiento de la obra social provincial, sin cobertura de servicios médicos ni tratamientos. Falta de trabajo y escasez de agua en Zona Norte y Río Gallegos. Sin embargo, Santa Cruz es riquísima en recursos naturales y en explotación de petróleo, gas, minería y pesca. Producen millones de dólares que van a diferentes multinacionales.

En 1992 el gobernador Néstor Kirchner, recibió del estado nacional más de 630 millones de dólares en regalías petroleras por la privatización de YPF. Los sacó del país, a una cuenta privada en bancos suizos. Cuando se hizo público, lo justificó diciendo que “era más seguro” guardarlo allá. Hubo anuncios de repatriación de los fondos en 2005 cuando gobernaba Sergio Acevedo (hoy candidato por el partido SER). En 2008 el gobernador Peralta afirmó que la plata ya estaba en nuestro país, sin hacer ninguna rendición de cuentas. Alicia Kirchner presentó un informe al Tribunal de Cuentas, que no fue aprobado, diciendo que quedaban sólo 9.607 dólares. Lo cierto es que esa plata nunca tuvo control, ni se explicó su manejo, ni significó alivio para el pueblo santacruceño.

Actualmente lo que recauda el estado provincial, que debería dar soluciones sociales a los 365.000 habitantes de la provincia, se lo siguen llevando las multinacionales del petróleo, gas, minería, pesca y los amigos empresarios. Según la Secretaría de Energía los ingresos por regalías petroleras aumentaron un 25%. Santa Cruz es primera productora y exportadora de oro y plata, con 7 minas en explotación y 108 proyectos, con facilidades extraordinarias para empresas de megaminería. Las megarepresas en el Río Santa Cruz, están rodeadas de corrupción, endeudamiento, mala praxis, destrucción ambiental. Para continuar esta obra, el gobierno nacional le dio a Alicia Kirchner un salvataje de 17.290 millones de pesos.

Sin embargo, el Frente de Todos y SER, las listas peronistas, y Cambia Santa Cruz, se vuelven a presentar como “la salida” para la crisis. Todos gobernaron y todos son los responsables de este saqueo, endeudamiento y empobrecimiento.
Desde el FIT Unidad decimos que la deuda es con el pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Planteamos una alternativa para enfrentar el ajuste y el saqueo, y decimos que la plata para resolver los problemas de educación, salud, vivienda, salario, jubilaciones y trabajo, saldrá de las multinacionales y la deuda externa.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, candidata a legisladora CABA, por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El proyecto de ley de protección de los humedales duerme en el Congreso cajoneado por el peronista Sergio Massa del Frente de Todos. Es que cuando se trata de favorecer el negociado inmobiliario no hay grietas, “Todos” y “Juntos” frenan el debate del proyecto que estaría perdiendo estado parlamentario a fin de año. Para visibilizar esta situación, desde la Multisectorial de Rosario junto con la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y varias organizaciones ambientalistas organizaron la “Travesía Kayak en defensa de los humedales”, que consistió en bajar por el río Paraná desde Rosario a Buenos Aires en kayak. Una vez que llegaron a la ciudad se sumaron a la movilización que partió de Plaza de Mayo y marchó al Congreso el pasado 19 de agosto con una exigencia común: #LeyDeHumedalesYa.

Los humedales son áreas que permanecen “en condiciones de inundación o con suelo saturado en agua durante considerables períodos”, según la definición de la página del Ministerio de Ambiente de nuestro país. Si bien se calcula que, a nivel mundial, cubren 12 millones de kilómetros cuadrados, desde 1970 su extensión ha disminuido aproximadamente un 35 por ciento. Entre las principales causas se hallan la urbanización, la deforestación, la pesca, la contaminación y el cambio climático. Pero también el fuego, por cuya causa solo en 2020 se perdieron cerca de 350.000 hectáreas debido a los incendios que arrasaron las islas del Delta del Paraná. En la Argentina existe una enorme diversidad de humedales, además del Delta y los esteros del Iberá (Corrientes), que son los más conocidos. En total son veintitrés y representan una superficie que supera las 5,5 millones de hectáreas. La ley de humedales que están frenando en el Congreso establece que estas áreas deben protegerse con especial cuidado.

Basta de negocio inmobiliario y destrucción ambiental

El barrio cerrado de Nordelta, ubicado en la localidad de Tigre, está construido sobre un humedal. El proyecto inmobiliario fue aprobado por la Legislatura bonaerense en 1992 durante el gobierno peronista de Eduardo Duhalde y comenzó a desarrollarse en 1999. Actualmente cubre unos 16 kilómetros cuadrados y viven unas 30.000 personas. El metro cuadrado de la “Ciudad Pueblo”, como lo llamó el empresario y desarrollador del proyecto, Eduardo Costantini, se cotiza en 2.200 dólares aproximadamente. En estos días Nordelta fue noticia tras conocerse que un carpincho había mordido y lastimado a un perro. La noticia se hizo viral y empezaron a difundirse más casos de una supuesta “invasión” de carpinchos en la zona. Pero varios de los expertos consultados indicaron que estos roedores viven en los humedales y que en realidad quienes están invadiendo la zona no son ellos, sino quienes construyeron el lujoso barrio. Desde el FIT Unidad lista 1A Unidad de la Izquierda exigimos la inmediata aprobación de la ley de humedales y denunciamos al gobierno de Alberto Fernández y su doble discurso, que con sus políticas favorece el negocio inmobiliario a costa de destruir el ambiente y la biodiversidad.

Escribe Mario Luaces, candidato a concejal La Matanza, por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Este martes 24, un  grupo de vecinos del barrio Las Mercedes, de Virrey del Pino, donde está asentada la multinacional suiza Sika-Klaukol, se movilizaron acompañados por una delegación de Ambiente en Lucha y de nuestro partido, encabezada por el diputado Juan Carlos Giordano y nuestro compañero legislador de CABA Pablo Almeida, la coordinadora ambiental Basta de Falsas Soluciones y Tribuna Ambiental- PO, hacia la sede central de la Acumar, ente de control nacional de la cuenca Matanza-Riachuelo, para exigir el cierre de la fábrica junto a su relocalización, alejada de cualquier zona urbana, y el resarcimiento a los vecinos por los daños causados.

Una vez en la Acumar, una delegación encabezada por Susana Aranda fue recibida por funcionarios de este organismo, a los que se les entregó una carpeta con documentación que fundamenta el reclamo que los vecinos hace más de doce años vienen llevando adelante y da cuenta de las muertes y terribles daños ocasionados en la salud de los habitantes del barrio por el accionar de esta multinacional asesina.

Desde sus chimeneas, SIKA-Klaukol arroja al aire sílice particulado (vidrio molido), entre otros químicos,  además de derramar sus residuos a un arroyo que termina en el río Matanza. Esta empresa es de categoría 3 de contaminación, según la ley provincial 11.459. Esto quiere decir que es una industria nociva para el ser humano y debe estar ubicada, como mínimo, a 8 kilómetros de cualquier zona urbana. Esto no se cumple. Con la complicidad  del  intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, del Frente de Todos, el silencio de la oposición de Juntos y la connivencia de la Justicia se habilita a que esta empresa siga generando fabulosas ganancias con su actividad a costa de la vida de los vecinos. Más de cien habitantes del barrio murieron a causa de la contaminación. El gobierno nacional, por su parte, habla de educación ambiental pero deja pasar estas atrocidades.
Seguiremos acompañando incondicionalmente a los Vecinos contra Klaukol en su ejemplar lucha.
 

Escribe Guillermo Sánchez Porta, candidato a senador provincial Buenos Aires, por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Sin ponerse colorados, Trotta y los dirigentes de Ctera y demás gremios docentes anunciaron lo que ellos llamaron un “gran aumento” salarial para la docencia, que pasará a ser de 38.000 pesos en octubre y 40.000 en enero de 2022. Un verdadero salario de pobreza. Hay que poner plata en educación y salarios, no para el FMI.
 
En la “reunión paritaria” estuvieron el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y representantes del Ministerio de Trabajo y el Consejo Federal de Educación, la plana mayor de la burocracia de Ctera, Sonia Alesso, Roberto Baradel, Juan Monserrat, Noemí Tejeda y Luis Branchi, y los burócratas de la CEA Fabián Felman; Sergio Romero, de UDA; Jorge Kalinger, de Sadop, y Ernesto Cepeda, de AMET.

Trotta dijo que “hubo acuerdo con los cinco sindicatos nacionales a partir de esta reunión. Para nosotros es fundamental realizar el mayor de los esfuerzos, también en cada una de las jurisdicciones educativas, cumplir el desafío de que el salario docente le gane a la inflación y, principalmente, que tenga una progresiva recuperación en su capacidad de compra”.

Gobierno y burocracia dicen que el acuerdo contempla un aumento salarial de 45,5%, “siguiendo la inflación”. Al hablar el ministro sobre “el mayor de los esfuerzos” cualquiera podría imaginar que, por una vez, el salario docente equipararía a la canasta familiar, que supera los 100.000 pesos. Pero no. El salario llegará a 38.000 pesos en octubre y 40.000 en enero de 2022. Y esto incluye el Fonid, un bono en negro como “incentivo”, y un adicional por “conectividad”. Es un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Una vergüenza. ¿Este es el “mayor esfuerzo” que el gobierno del Frente de Todos está dispuesto a hacer por la docencia? En las próximas semanas  Alberto Fernández le entregará 4.300 millones de dólares al FMI, lo que equivale a cinco años de salarios para todos los docentes del país. Está claro que el “mayor esfuerzo” es para pagar la deuda externa, no para la educación y los salarios.

Párrafo aparte merecen los burócratas sindicales de Ctera y demás, que apoyan al gobierno nacional, hacen campaña por el Frente de Todos y aceptan esta vergüenza. Ni siquiera denuncian la situación de la docencia del país. En Chubut llevan meses sin cobrar los salarios, Santiago del Estero y Salta están de paro por tiempo indeterminado reclamando aumento salarial autoconvocándose por fuera de la burocracia provincial, como ya lo hicieron también este año los docentes riojanos.
Los docentes que somos parte del sindicalismo combativo, que impulsamos la lucha por el salario y la defensa de la escuela pública, por infraestructura escolar, conectividad y computadoras gratuitas, por trabajo para todos, que enfrentamos a los burócratas oficialistas de Ctera, repudiamos esta nueva capitulación de la burocracia y convocamos a la docencia a seguir organizándonos para luchar, como en Salta.

También los llamamos a votar en estas elecciones a los docentes combativos que vamos como candidatos de la lista 1A Unidad de la Izquierda, del Frente de Izquierda Unidad. Los que proponemos una ley de emergencia educativa que garantice los fondos necesarios para salarios y educación a partir de la suspensión de los pagos de la fraudulenta deuda externa.