Escribe Pilar Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA)

El 16 de marzo no comenzaron las clases por un paro docente y no docente, con continuidad durante toda la semana por parte del gremio docente. Es necesario profundizar la pelea entre docentes, no docentes y estudiantes, y construir una cuarta marcha federal para que se implemente la Ley de Presupuesto Universitario. 

Como se venía ratificando en las asambleas gremiales, existe un hartazgo total por el incumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei de la Ley de Presupuesto Universitario que conquistamos el año pasado con la movilización. Se trata de un gobierno que no solo incumple desde hace meses, sino que además amenaza con tratar en las próximas semanas una ley miserable que aumenta apenas un 12% los salarios docentes y no docentes, en tres cuotas que se terminarían de pagar en septiembre.

Este aumento está muy por detrás de la recomposición salarial conquistada mediante la ley. No hay forma de que las y los trabajadores de la universidad puedan subsistir con este atraso salarial, que actualmente tiene a docentes auxiliares cobrando por debajo de la línea de indigencia.
La situación salarial es insostenible. La renuncia de docentes que dejan de dar clases ante esta realidad económica reduce de manera abrupta los horarios de cursada. Esto provoca una caída en la matrícula en la mayoría de las universidades públicas nacionales, ya que la política de ahogo presupuestario también expulsa a cientos de estudiantes trabajadores. A esto se suma la falta de un boleto educativo nacional y la reducción de becas. Durante 2025, el gobierno recortó alrededor de 500 mil beneficiarios de las Becas Progresar, reduciendo significativamente su alcance. Además, el poder adquisitivo de estas becas cayó un 44% y el presupuesto real se redujo fuertemente. En el mejor de los casos, un estudiante recibe 35 mil pesos mensuales para poder estudiar.

Por eso es fundamental defender la ley conquistada el año pasado con la movilización, ya que no solo permite recomponer salarios, sino que también garantiza presupuesto para becas, infraestructura, ciencia y los hospitales que dependen de las universidades.

Ante esta situación, las gremiales docentes Conadu y Conadu Histórica están convocando a paros escalonados en distintas semanas, mientras que Fatun impulsa medidas aisladas. El peronismo y el radicalismo buscan contener el conflicto para poder controlarlo. La Federación Universitaria Argentina, presidida por el radicalismo, se limitó a convocar jornadas de visibilización sin instancias concretas de organización. Las federaciones y centros de estudiantes conducidos por el peronismo no han ido mucho más allá.

En este punto del conflicto es necesario avanzar hacia medidas más contundentes para obtener una respuesta urgente. Por eso es muy importante que las y los docentes voten el paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la ley, como ya sucede en las asambleas de AGD-UBA.
Para conquistar el presupuesto universitario es clave involucrar al movimiento estudiantil junto a docentes y no docentes. Denunciamos que las conducciones mayoritarias del radicalismo y el peronismo no están convocando a asambleas que permitan organizar la pelea. Es necesario impulsar asambleas interclaustros para planificar en conjunto las próximas medidas.

El movimiento estudiantil debe retomar el protagonismo que tuvo en las tres marchas federales y en las ocupaciones de 2024. Es fundamental su participación junto a la docencia en la pelea por salarios y por todos nuestros derechos. No podemos permitir que más estudiantes abandonen la universidad por falta de becas, por no poder pagar el transporte o por la incompatibilidad entre estudio y trabajo.

La defensa de la universidad pública y gratuita implica pelear por salarios acordes, por condiciones de estudio dignas y por un presupuesto que garantice la continuidad de las carreras, la infraestructura y la investigación científica.

Vamos por un plan de lucha hasta que se cumpla la ley y por la construcción de una cuarta marcha federal en todo el país que vuelva a demostrar nuestra fuerza en las calles.

Escribe Jorgelina Bueno, dirigenta de Juventud de Izquierda Socialista, Exactas UBA

En las últimas semanas, el Consejo Superior de la UBA, integrado tanto por radicales como por peronistas, votó la aprobación del calendario electoral para los centros de estudiantes y los consejos directivos de las trece facultades, fijando su realización para la semana del 20 de abril.
Desde hace años, la Franja Morada (UCR) maneja el calendario electoral según su conveniencia política. Esto ya se vio en el congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires, donde se resolvió que las elecciones se realicen cada dos años, en un congreso vaciado de estudiantes y de manera completamente antidemocrática.

Elecciones a contramano de la lucha

Esto no es casual. Se da en el marco de un conflicto universitario a nivel nacional por el reclamo presupuestario, luego de la conquista de la Ley de Financiamiento Universitario mediante las marchas federales. Mientras tanto, el gobierno negocia con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (incluidos los radicales Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, de la UBA) una nueva ley de desfinanciamiento que apenas contempla un 12% de aumento.

Muchos docentes ya han expresado su posición. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, desde el verano se vienen realizando asambleas masivas que resolvieron un paro por tiempo indeterminado hasta que se implemente la ley con el aumento del 55% correspondiente. Otro ejemplo son las asambleas del sindicato docente universitario AGD, que también convocaron al no inicio del cuatrimestre.

Se trata, entonces, de una maniobra del radicalismo con la complicidad del peronismo para frenar el conflicto universitario, que vuelve a emerger frente al ajuste del gobierno y al rol de las conducciones burocráticas, que desmovilizan la lucha o convocan a medidas aisladas sin continuidad.

¿Cómo se llegó a este punto?

Es necesario sacar conclusiones de estos años de lucha universitaria bajo el gobierno de Javier Milei: tanto los centros conducidos por radicales como por peronistas actuaron como un freno a la enorme movilización de 2024, al no impulsar un plan de lucha real que involucrara al movimiento estudiantil en la pelea por el presupuesto. Tampoco promovieron la participación estudiantil en conflictos clave que también afectan a la universidad, como la lucha contra la reforma laboral.

Más unidad para enfrentar a la burocracia estudiantil

Al mismo tiempo que impulsamos la continuidad del conflicto universitario, desde la Juventud de Izquierda Socialista consideramos fundamental disputar la conducción de las organizaciones estudiantiles. Es necesario construir direcciones combativas e independientes, con voluntad de enfrentar el superajuste del gobierno de Milei y sus cómplices.

Para ello, proponemos conformar listas unitarias del Frente de Izquierda Unidad, ampliadas a otros espacios de izquierda (como el Nuevo MAS o Política Obrera) y a sectores independientes y activistas que fueron protagonistas de las luchas de estos años. Con la unidad de todos los sectores combativos podremos dar una pelea real por los derechos estudiantiles y enfrentar el plan de ajuste del gobierno.

Por centros de estudiantes y consejeros independientes que defiendan la universidad pública y gratuita, y que sean parte activa de todas las luchas que las y los trabajadores vienen dando contra el gobierno nacional.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El gobierno habilitó que hable solo el 0,4% de quienes se inscribieron en la Audiencia Pública. Pero la bronca con este proyecto y el desgaste del gobierno van en aumento. La modificación de la Ley de Glaciares tiene final abierto y la podemos dar vuelta.

Este miércoles 25 comenzó la “Audiencia Pública” convocada por la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Proyecto, que como ya es sabido, tiene por fin quitar las barreras a la explotación megaminera en cercanías de zonas glaciares y periglaciares. Es decir, busca garantizar el negocio de las multinacionales por sobre el derecho al agua de los pueblos de nuestro país. La “Audiencia Pública” que convocó el oficialismo a pedido de las mineras que antes de invertir un dólar esperan que el Estado les garantice que la explotación no va a ser judicializada. Saben que están violando los convenios internacionales de protección ambiental a los cuales suscribió la Argentina, como el “Acuerdo de Escazú”, y que el proceso avanza viciado por el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias, e intentan cubrirse de alguna manera. Pero de todas formas los amparos y presentaciones judiciales ya empezaron a llover y vendrán muchos más.

Pero más importante que eso, es el fenómeno popular de inscripción en la audiencia. Más de 100.000 personas se anotaron para defender los glaciares. Las redes sociales se llenaron de posteos de repudio a la censura. Artistas del renombre de Ricardo Darín, Julieta Diaz y Dolores Fonzi, músicos como Ricardo Mollo y Lisandro Aristimuño se pronunciaron, Lula Bertoldi (de Eruca Sativa), Lucy Patané, Marina Fagés y muchos más se sumaron a los festivales de la Campaña en defensa de la Ley de Glaciares. Además, mientras el reclamo y la inscripción a la audiencia crecían, el cerco mediático empezó a resquebrajarse y ganó terreno la denuncia al proyecto indefendible del gobierno. En los actos del 24 de marzo, en particular el realizado de forma unitaria en Plaza de Mayo se hizo presente el reclamo y cientos de miles de personas cantaron “el agua no se vende, se defiende” junto a los organismos de derechos humanos.

La última maniobra del gobierno fue plantear que las 100.000 personas censuradas podían enviar un texto (que nadie iba a leer) o un video (que nadie iba a ver), pero la Campaña Plurinacional “La ley de glaciares no se toca” definió rechazar y dar cualquier tipo de legitimación a esa falsificación de la participación popular, y seguir apostando a la movilización para impugnar tanto la audiencia como el proyecto de los libertarios y los gobernadores mineros del PJ y la UCR.

En paralelo, la crisis económica y el desgaste político del gobierno están en aumento con el escándalo $LIBRA y los viajes de Manuel Adorni. Las propias mineras han salido a hacer lobby en los medios diciendo que están preocupadas por el desenlace de la votación en la Cámara de Diputados. Es hora de aprovechar el esfuerzo de meses de la Campaña en defensa de los glaciares y el impulso del histórico 24 de Marzo, para redoblar la movilización. Podemos derrotar el proyecto del gobierno y ratificar la defensa del agua y los glaciares en toda la Argentina. 

Foto de portada: Tenaz resistencia de las y los trabajadores de Fate en defensa de sus puestos de trabajo

Escribe Adolfo Santos

Las y los trabajadores de FATE continúan llevando adelante una lucha permanente contra el cierre de la empresa. El 13M se realizó una audiencia pública en Diputados, el 19M se movilizaron a La Plata para proponer un proyecto de ley destinado a poner nuevamente en funcionamiento la planta y está abierto un fondo de lucha al que llamamos a colaborar.

El viernes 13 se realizó en Diputados una audiencia pública en apoyo a la lucha de FATE. La misma fue convocada por legisladores del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria, junto al Sutna. La presencia de numerosas organizaciones sindicales y sociales demostró el grado de solidaridad que rodea el conflicto. Estuvo presente una delegación de la Unión Ferroviaria Oeste, encabezada por Rubén “Pollo” Sobrero, así como representantes de Sipreba, AGD-UBA, Ademys, ATE Hospital Garrahan, de las dos CTA, agrupaciones de jubilados y sectores en lucha como Morvillo, Aires del Sur, Georgalos y Lustramax, además de organizaciones piqueteras como el Polo Obrero y el MTR. Durante la misma, Sobrero afirmó: “No estamos enfrentando sólo a Quintanilla, sino a una política a nivel nacional. Por eso es fundamental la unidad real para dar esta pelea y no puede haber fisuras entre nosotros si queremos poner en funcionamiento la fábrica”. 


La diputada provincial Mónica Schlotthauer con los delegados del Sutna

Ante la falta de respuesta del gobierno nacional, el jueves 19 las y los trabajadores de FATE, junto al Sutna, se movilizaron a la Legislatura bonaerense para presentar un proyecto de ley que contemple la “ocupación temporaria”, con el objetivo de asegurar la continuidad productiva de la planta y los 920 puestos de trabajo en juego. Acostumbrados a recibir proyectos de sectores patronales y financieros, los bloques de los partidos patronales se sorprendieron ante esta propuesta obrera y, de manera titubeante, quedaron en analizarla. Es fundamental que el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof, que extendió la conciliación obligatoria por quince días, se pronuncie de forma urgente sobre este proyecto.

La diputada provincial y delegada ferroviaria Mónica Schlotthauer, Izquierda Socialista/FIT Unidad respondió afirmativamente a la iniciativa. El día previo, al anunciar la visita de las y los trabajadores del neumático y defender la necesidad de mantener abierta la planta, nuestra diputada preguntó en el recinto: “¿Qué vamos a hacer en nuestro país en el marco de esta crisis si se cierra la única empresa que tiene condiciones de fabricar neumáticos para camiones, colectivos, ambulancias y vehículos esenciales?”. Evidentemente, no puede ser que una decisión empresarial o las políticas antiobreras del gobierno ultraderechista de Javier Milei dejen a mil familias en la calle y al país sin esta producción estratégica.

El triunfo de esta lucha depende de la mayor unidad posible en torno a la resistencia de las y los trabajadores de FATE. Una de las tareas importantes en este momento es fortalecer el fondo de lucha impulsado desde el Sutna para garantizar las actividades que exige el conflicto y sostener la ocupación pacífica de la planta. Acudiendo a ese llamado, Alberto Barrientos, dirigente del sindicato municipal de Vicente López en nombre de Izquierda Socialista y de la diputada Mónica Schlotthauer le entregó a Daniel Suárez y Miguel Ricciardulli, dirigentes del Sutna San Fernando, y a un grupo de obreros de FATE, la suma de 750 mil pesos. Sigamos apoyando la lucha de FATE.

Escribe Leticia Rubira, vocal de la comisión directiva UEPC Capital 

La docencia cordobesa volvió a protagonizar una jornada histórica de lucha. Tras el segundo rechazo por unanimidad a la propuesta salarial del gobernador Martín Llaryora, la presión de las bases le impuso a la burocracia Celeste, conducida por Roberto Cristalli, un nuevo paro de 48 horas los pasados 18 y 19 de marzo, que se hizo sentir en las calles con una movilización masiva.

Mientras la canasta familiar supera los dos millones de pesos según ATE-Indec, el gobierno busca atar los salarios a una recaudación en caída, en línea con el ajuste que impulsan Milei y el FMI. En lugar de gravar a los grandes grupos económicos o dejar de pagar la deuda provincial, Llaryora pretende que el ajuste recaiga sobre las y los trabajadores. El impacto es directo: en la docencia, el 70% no cubre sus gastos  mensuales, el 45% recurre al pluriempleo y casi el 80% se endeuda para subsistir.

La masiva movilización en la capital, encabezada por la oposición combativa de Unidad desde las Escuelas, junto a las autoconvocatorias en el interior, viene frenando las maniobras de la conducción provincial de la UEPC. Lejos de impulsar un verdadero plan de lucha, la Celeste actúa para desactivar el conflicto con medidas aisladas o reabriendo ofertas ya rechazadas. Tras el paro contundente, no hay plan de acción: la conducción apuesta al desgaste.

En este escenario irrumpe la oposición combativa de Unidad desde las Escuelas, que conduce la seccional Capital de la UEPC. Allí se referencia una docencia que quiere dar pelea, como parte de una oposición con desarrollo provincial. Desde Docentes en Marcha sostenemos que hay condiciones y responsabilidad para disputar la dirección del conflicto. Mientras Cristalli y la Celeste sigan definiendo el rumbo, la fuerza de las acciones tenderá a diluirse en sus maniobras.

Es necesario fortalecer una práctica basada en la convocatoria de asambleas generales en todos los departamentos. De modo que la base decida para definir un plan de lucha para derrotar la miseria salarial de Llaryora, retomando las mejores tradiciones del sindicalismo docente combativo. Marcamos una diferencia con Tribuna Docente-PO, que encabeza la UEPC Capital, ya que en lugar de impulsar este camino mantiene la pelea encorsetada por los estatutos y la presión de la burocracia.

Frente a la incertidumbre que busca imponer la Celeste, llamamos a que la docencia tome en sus manos la conducción del conflicto, como ocurrió en la gran rebelión de 2023, pero ahora con la fuerza que expresa la UEPC Capital.