Con una participación de 1281 afiliadxs se reafirma al frente multicolor como conducción del sindicato. La docencia ratificó que el camino es el que venimos marcando desde la conducción multicolor: la unidad para enfrentar el ajuste y las reformas laboral y educativa, con un 40% más de votos que la última elección y donde la multicolor sacó más votos que en 2022.

Ante el intento del gobierno de evitar las elecciones, la docencia respondió en forma contundente con una elección histórica para el sindicato.

La dirección multicolor va a seguir construyendo un cuerpo de delegadxs cada vez mas fuerte para organizar las escuelas con un modelo sindical opuesto al de la burocracia.

Desde el Frente Multicolor Unidad agradecemos a todas las compañeras y compañeros que se acercaron a votar respondiendo al ataque del gobierno.

Masiva participación en las elecciones de Ademys, a pesar del intento de Jorge Macri de obstaculizarlas. 

Votaron 1281 compañerxs resultando electa la lista 25, Multicolor Unidad (lista de maestres y profesores, 9 de abril y alternativa docente) con 612 votos (47,92%).  La nueva secretaria general del sindicato es la compañera @soledadm80 Soledad Mosquera
La lista 14, Unidad desde las escuelas, Tribuna docente sacó 340 votos (26,62%)
La lista 26, Haroldo Conti, sacó 246 votos (19,26%)
La lista 1871, Docentes x la Unidad para luchar (Docentes en Clase) sacó 72 votos (5,64%)

Felicitamos a todxs lxs compañerxs que vinieron masivamente a votar para fortalecer Ademys, apostando a seguir construyendo un sindicato combativo, independiente y democrático para enfrentar las reformas de Milei y Macri.

Javier Milei, sus ministros, el establishment financiero internacional y las grandes patronales siguen en “modo festejo”. Mientras tanto, toman ganancias por las subas de bonos y acciones en las semanas posteriores a las elecciones y esperan que se consumen las tan esperadas (para ellos) “reformas estructurales”, comenzando por lo que denominan cínicamente modernización laboral (léase flexibilización laboral esclavista). Los peces gordos de Wall Street, empezando por el J.P. Morgan, mientras aplauden y exigen más medidas para profundizar el saqueo, vuelven a lo que hacen desde que asumió Milei: elogiar el ajuste, pedir aún más y, al mismo tiempo, no poner un dólar hasta que el gobierno de LLA les garantice la aprobación de las leyes que reclaman.

La semana pasada, a la reforma laboral esclavista y al acuerdo de coloniaje con los Estados Unidos se le sumó la nueva “reforma educativa”: un ataque en toda la línea contra 150 años de educación laica, gratuita y obligatoria en nuestro país.

Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se pasean celebrando supuestos “logros económicos”. El gobierno aprovecha ese envión para avanzar escandalosamente en otros terrenos, como el nombramiento (por primera vez desde la dictadura genocida) de un militar en actividad como ministro de Defensa: Carlos Presti, hijo del renombrado genocida Héctor Luis Presti, reivindicado por su propio hijo, también militar y ahora ministro.

Los medios oficialistas, apoyándose en parte de quienes votaron a Milei y particularmente en un sector de la clase media, hablan de una recuperación de la “confianza” en el gobierno. Sin embargo, todas las encuestas muestran lo contrario: una mayoría abrumadora dice que “se está mal”, mientras mantiene expectativas en mejorar salarios y empleo. Las y los periodistas que publican esas encuestas se preguntan qué pasará si el gobierno de Milei no cumple en el corto plazo con esas expectativas.

Quienes no necesitan encuestas para saber cómo están son las y los trabajadores. Ven cómo se pulverizan salarios y jubilaciones al ritmo de la suba del precio de la carne y de los nuevos tarifazos. Se multiplican los casos de personas con doble o triple empleo, muchas veces sobreexplotadas por aplicaciones después de jornadas formales agotadoras. El endeudamiento popular bate récords: el 9% de los préstamos personales ya está en mora por la imposibilidad de pagarlos.

A esto se suma el drama del desempleo. Durante el gobierno de Milei desaparecieron 14 mil empresas, dejando a 270 mil trabajadoras y trabajadores sin sustento. Esta semana cerraron dos firmas emblemáticas: Essen (ollas y cocina) y Whirlpool (heladeras y lavarropas). Entre la caída del consumo y la invasión de importaciones, otras tantas seguirán en los próximos meses.

Con la amenaza inmediata de la reforma laboral (que destruirá derechos conquistados en décadas de lucha) crecen los cuestionamientos en los lugares de trabajo, estudio, en los barrios populares y hasta en las charlas familiares.

¿Qué se opone a esta motosierra envalentonada y recargada de Javier Milei, La Libertad Avanza, Donald Trump y el FMI?

El principal partido patronal de oposición, el peronismo, sigue encerrado en su interna. Sus gobernadores negocian, uno por uno, con el gobierno nacional a cambio de alguna migaja. Crecen las deserciones en sus bancadas hasta el punto de que La Libertad Avanza podría transformarse en la primera minoría en Diputados.

Cuando algún dirigente peronista plantea debatir “programáticamente”, es para ver cómo adaptarse a la agenda de la ultraderecha: justificar la “necesidad” de la reforma laboral, apoyar acuerdos con Estados Unidos o cumplir a rajatabla con las exigencias del FMI y los acreedores. A esto se suma el avance de causas de corrupción, con Cuadernos a la cabeza. El gobierno de Milei aprovecha los escándalos del peronismo kirchnerista para ocultar los propios, como los casos $Libra y la megacausa de corrupción en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis).

La conducción de la CGT, recientemente “renovada”, no pasa de tibios pedidos de “diálogo” sobre la reforma laboral. Más que defender derechos, busca preservar sus privilegios como burocracia.

¿Quién se opone total y absolutamente a todas las reformas de Milei? ¿Quién dice que hay que salir a pelear siguiendo el ejemplo victorioso de las y los trabajadores del Hospital Garrahan? ¿Quién plantea un programa alternativo al desastre de Milei, Trump y el FMI?

La respuesta es clara: el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo. En los sindicatos, en las comisiones internas, en los cuerpos de delegados, en el movimiento estudiantil y en el movimiento de Mujeres y Disidencias (como se vio el fin de semana en Corrientes) está la orientación de qué hacer.

Hay que salir a pelear unitariamente y exigirle a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y convoque a un paro nacional y a un plan de lucha. Y hay que rechazar con todas las fuerzas, votando en contra y denunciando, todas las leyes que Milei quiere imponer: el presupuesto de ajuste, la modernización laboral, la reforma educativa y cada una de sus medidas de saqueo.

A la vez, hay que impulsar un programa distinto, obrero y popular, que empiece con el no pago de la deuda externa y la ruptura total con Donald Trump y el FMI, para poner todos los recursos del país al servicio de resolver las necesidades urgentes del pueblo trabajador: salarios, jubilaciones, trabajo, salud, educación y vivienda.

Vení a Izquierda Socialista para fortalecer al Frente de Izquierda Unidad y dar las luchas que se vienen.

Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste

El gobierno presenta su reforma como “modernización”, pero es un ataque que desmantela derechos históricos y busca imponer un modelo de trabajo esclavista.

Javier Milei, el FMI y las patronales ya definieron este proyecto como su eje estratégico, con el aval más o menos explícito de los gobernadores y de los bloques parlamentarios de los partidos patronales. Lo llaman “modernización” laboral para esconder una ofensiva superexplotadora que roza el esclavismo.

No modernizará nada. Por el contrario, el proyecto del gobierno busca hacernos retroceder cien años en los derechos conquistados por el pueblo trabajador. Flexibiliza hasta el esclavismo las condiciones laborales. Pretende eliminar la jornada de 8 horas para legalizar jornadas de 12. Busca que las horas y días de descanso queden a criterio de la patronal, desorganizando por completo la vida de la familia trabajadora, que ya no podrá estudiar, compartir tiempo con las y los hijos o siquiera garantizar retirarlos de la escuela a horario.

Todo esto por un salario “dinámico”, donde a partir de un básico miserable el resto quedaría atado a una “productividad” definida unilateralmente por la empresa. Y, por supuesto, transformando a cada trabajador o trabajadora en material descartable: aún con 20 o 30 años de antigüedad se podrá despedirlo por una suma miserable, abonada encima en cuotas.

Se trata de un proyecto profundamente antiobrero, que ataca cualquier forma de organización de la clase trabajadora. Virtualmente elimina el derecho de huelga al catalogar como “esenciales” a la mayoría de las actividades y criminaliza medidas de lucha como tomas, bloqueos o incluso la realización de asambleas. En síntesis, busca dividir a la clase trabajadora para dejar a cada uno o una sólo, sin derechos, frente a la patronal.

Un proyecto que no generará empleo ni blanqueará a los no registrados

El gobierno se apoya en el dato real de que una parte enorme de la clase trabajadora está no registrada y ya profundamente flexibilizada. Pero es una mentira que esta ley traerá más inversiones y empleo, y mucho menos que mejorará la vida de quienes hoy están en la informalidad.

En casi dos años de gestión, Milei aplicó medidas totalmente favorables a los empresarios. Les perdonaron hasta el 90% de las deudas por aportes patronales no pagados, les condonaron multas y les habilitaron un vergonzoso blanqueo de capitales, siempre con la excusa de que así “se generaría empleo”. La informalidad no bajó: aumentó. Y no sólo no se generaron nuevos puestos de trabajo, sino que el súper ajuste de Milei viene provocando el cierre de 30 empresas por día y 250 mil despidos en empleos registrados.

El objetivo real es que toda la clase trabajadora adopte el modelo ya impuesto en las aplicaciones. Un estudio reciente de la Fundación Encuentro sobre Rappi y Pedidos Ya muestra que para superar la línea de pobreza un repartidor debe completar 461 pedidos al mes, a un promedio de 2.553,60 pesos por pedido. Para lograrlo hay que trabajar 10 horas diarias, seis días a la semana, sin contar tiempos de espera, desperfectos de la bicicleta o moto ni enfermedad u otros inconvenientes, todos a cargo del trabajador o trabajadora. Sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin seguro por accidentes y sin reconocimiento de relación laboral por parte de la empresa. No es casualidad que uno de los redactores del proyecto de Milei sea Julián de Diego, abogado de Rappi, una de estas empresas negreras.

¿Y la CGT?

La nueva conducción de la CGT mantiene vergonzosamente su pacto con el gobierno. Uno de sus secretarios generales, Jorge Sola, afirmó que están esperando “el llamado para una reunión”, esquivando pronunciar un rechazo abierto al proyecto del oficialismo: “vamos a ser estratégicos en la discusión parlamentaria” (Página/12, 11/11). Mientras tanto, Gerardo Martínez continúa avalando el “pacto de mayo”, el acuerdo entre gobernadores y patronales que legitima todo. El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, también aportó lo suyo al declarar: “apostamos a que es necesaria en la Argentina una modernización del sistema laboral”. En concreto, la CGT apuesta a negociar para salvar sus privilegios en vez de pelear por los derechos conquistados por el pueblo trabajador en décadas de lucha.

Organicemos una gran campaña y exijamos paro nacional y plan de lucha

La reforma laboral esclavista puede derrotarse. El camino es la lucha, como lo demostraron las y los trabajadores del Garrahan. Tenemos que organizarnos: realizar reuniones de delegados, sacar pronunciamientos y convocar asambleas en cada lugar de trabajo. Debemos oponer al proyecto antiderechos del gobierno un programa inverso: registro de toda la fuerza laboral, prohibición de suspensiones y despidos, y reconocimiento pleno de derechos para las y los trabajadores flexibilizados. Esto es lo que plantea, por ejemplo, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad.
Pero, sobre todo, tenemos que movilizarnos con la más amplia unidad de acción, como propone el sindicalismo combativo, mientras seguimos exigiendo a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y convoque a un paro general y un plan de lucha contra esta reforma esclavista y contra la motosierra de Milei, Trump y los gobernadores.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El eje central de la reforma laboral que prepara Milei es para redoblar las ganancias capitalistas de los grandes empresarios. La presenta como necesaria para que haya trabajo registrado diciendo que si se le quitan impuestos a las patronales vendrá el milagro. Pero tamaña mentira ha sido develada por el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics) en un reciente informe de septiembre de este año.

Dicho informe, titulado “el ahorro de la burguesía por no registrar a sus empleados”, indica que en treinta años (entre 1994 y 2024) las patronales hicieron fabulosas ganancias contratando personal no registrado y por el beneficio del que gozaron por la rebaja de las contribuciones patronales, afectando de esta manera a las cajas jubilatorias. De esta manera, se apropiaron de 561 mil millones de dólares (18 mil millones de dólares anuales) discriminados de la siguiente manera: 282 mil millones de dólares al quedarse con la diferencia por el pago de un menor salario al no registrar personal y otros 279 mil millones de dólares por el ahorro que hicieron por la rebaja de las contribuciones patronales. Es decir, se quedaron con un monto similar a todo un PBI anual.

Otra revelación señala que por los famosos Tickets Canasta que se aplicaron en los años ‘90 (donde se pagó un 13% del salario con bonos, no remunerativos, es decir, sin que se hagan los aportes al sistema previsional y a las obras sociales), desde 1990 a 2007 hubo una apropiación patronal de 21 mil millones de dólares. ¿Dónde fue a parar toda esta plata? ¿A más fábricas, empleo o salarios dignos? No. Fueron a los bolsillos de las patronales. Prueba que el capitalismo es robo y superexplotación obrera, no trabajo y empleo.

*Foto de tapa Marcos Galperín de MercadoLibre y Paolo Rocca de Techint
 

El Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de ley alternativo a la propuesta de reforma laboral esclavista impulsada por Javier Milei y sus cómplices. En el mismo postula medidas de fondo para garantizar los derechos de las y los trabajadores, empleo registrado, trabajo genuino y salarios y jubilaciones dignas.

Ante la grave situación de desocupación, informalidad, precarización y pérdida de derechos laborales, el proyecto declara la Emergencia Laboral Nacional y Promoción del Empleo Formal. Durante ese período, el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar empleo estable, formal y con derechos. Para eso debe derogar todas las normas que hayan profundizado la precarización laboral. Se anula el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y todas sus disposiciones en materia laboral, así como las leyes y decretos de flexibilización dictados durante la última dictadura militar.

Durante la vigencia de esta ley se prohíben los despidos sin justa causa y las suspensiones, tanto en el sector público como en el privado. También se dispone el pase inmediato a planta permanente de la totalidad de trabajadores precarizados, contratados, tercerizados, becarios y monotributistas.

Para generar empleo, el proyecto propone la creación de un Plan Nacional de Obras Públicas, Vivienda y Urbanización Popular, con el objetivo de generar trabajo genuino, mejorar la infraestructura, urbanizar villas y asentamientos y construir 500 mil viviendas populares, lo que permitiría crear más de dos millones de nuevos puestos de trabajo. Impulsa además el Programa de Primer Empleo Joven sin Precarización, dirigido a trabajadoras y trabajadores de 18 a 25 años, y establece una jornada laboral máxima de seis horas diarias o treinta semanales, sin reducción salarial.

El proyecto del Frente de Izquierda Unidad también plantea un aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales para equipararlos al valor de la canasta familiar, con actualización automática mensual según el índice de inflación. El Salario Mínimo, Vital y Móvil no podrá ser inferior al costo total de la canasta familiar publicada mensualmente por las y los trabajadores y técnicos de ATE-Indec.

En relación con las jubilaciones, entre otras medidas, se exige la restitución de la totalidad de los aportes patronales a la seguridad social eliminados por gobiernos anteriores. A su vez, se establece la movilidad jubilatoria al 82% móvil real y se dispone que todos los fondos y sistemas previsionales sean administrados bajo el estricto control de jubilados y trabajadores, mediante comisiones de representantes electas democráticamente.

Para las y los trabajadores de plataformas digitales, se reconoce la relación laboral de dependencia entre las empresas y sus trabajadoras y trabajadores. Se establecen derechos básicos: jornada máxima de seis horas diarias o treinta semanales, provisión empresarial de todos los elementos de trabajo, derecho a vacaciones, licencias por enfermedad y accidentes, cobertura previsional y sindicalización reconocida por las empresas.

Para financiar este proyecto se propone la creación de un impuesto extraordinario y permanente a la renta financiera, a las grandes fortunas, bancos, multinacionales y terratenientes. Estos fondos se incrementan con la suspensión de todo pago de la deuda externa. Los recursos obtenidos se destinarán a los gastos derivados de esta iniciativa.

Finalmente, se prohíbe al Poder Ejecutivo interferir en la actividad de las organizaciones sindicales y en las formas de organización que elijan libremente las y los trabajadores. Tampoco podrá regimentar el derecho de huelga ni la participación en la vida sindical.

El proyecto lleva la firma de los cinco diputados nacionales del FIT-U: Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta, Vilma Ripoll, Christian Castillo y Alejandro Vilca.

Ver texto completo del Proyecto de Ley en www.izquierdasocialista.org.ar