Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia aumentan la desigualdad de género. Desde ya que estas diferencias son anteriores a la aparición del Covid-19, pero en este contexto se profundizan. Las mujeres que somos las más pobres entre los pobres estamos sufriendo una mayor precarización de nuestra vida. La informalidad de nuestros trabajos hace que seamos las primeras despedidas y las jefas de los hogares más humildes.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

Empecemos por recordar algunos datos que marcan la brecha salarial entre los géneros. Según la ONU (2017), “las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre”, es decir 23% menos. Estos datos son a escala global, pero si los analizamos por regiones la desigualdad se profundiza. En la Argentina la brecha salarial alcanza a 27%, pero aumenta a 36% si se considera el trabajo informal. ¿Por qué sucede esto? Porque en el mercado laboral los puestos destinados para nosotras son los más precarios, informales y, por lo tanto, los peor pagos.

Sí, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI hay algunos trabajos que son considerados masculinos y otros, femeninos, ligados a los estereotipos de géneros. Así es que se asocia el hombre con la fuerza y la productividad, mientras que a la mujer con las tareas domésticas y de cuidado. Esto lleva a que haya ramas de la economía feminizadas, como las áreas de limpieza, salud y educación. Por ejemplo, en nuestro país casi el 60% de las trabajadoras registradas figuran en estos tres sectores cobrando los salarios más bajos.

De acuerdo con los últimos datos publicados del Indec, el 35,5% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza (diciembre 2019). En esa franja la mayoría son mujeres. Quienes están a cargo de estos hogares trabajan limpiando casas, haciendo changas o vendiendo en la calle, pero desde que comenzó la cuarentena dejaron de hacerlo y, como consecuencia, aumentó su miseria. Por eso son más las personas que asisten a los comedores sociales en busca de la vianda de comida. El subsidio de 10.000 pesos (si tuviste la suerte de que te lo den) no alcanza. Estamos ante un verdadero drama social que expone aún más a las mujeres que están a cargo de los hogares más humildes.

Otro tanto ocurre con las trabajadoras de la salud, monotributistas y precarizadas, que deben hacer guardias extenuantes para poder llegar a fin de mes. En el mundo el 85% de los puestos de enfermería están ocupados por mujeres. El contacto con personas contagiadas, su atención, y sin la protección necesaria, hace que estén en peligro. Además son la mayoría de quienes trabajan en geriátricos y residencias para ancianos. Muchas también son madres y, a la vez, cuidadoras de otros miembros de su familia.

Una vez más somos las trabajadoras quienes nos encontramos expuestas y desprotegidas ante esta situación que profundiza la desigualdad preexistente a la pandemia. Necesitamos una cuarentena sin despidos ni suspensiones, sin rebaja salarial y un subsidio –que cubra la canasta básica– para quienes lo soliciten, sin ningún tipo de restricción. El próximo viernes a las 17 el FIT-Unidad realizará un acto virtual por el Día Internacional de lxs Trabajadorxs. Desde Isadora te invitamos a participar a través de las redes de Izquierda Socialista y que conozcas lo que #LaIzquierdaPropone para que la crisis la paguen los capitalistas.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista /FIT Unidad

Mediante un comunicado del 22 de abril titulado “¿Quién cuida a las trabajadoras?” se realizó una denuncia pública. Se trata de la Brigada de Protección a la Mujer compuesta por psicólogas y trabajadoras sociales, encargada de atender las situaciones de emergencia y crisis, las activaciones de botón antipánico y tobillera, así como también el acompañamiento en femicidios e intentos de femicidio.

Desde que comenzó la cuarentena las trabajadoras alertaron a las autoridades sobre la situación de uno de los refugios de la institución y señalaron la falta de medidas de bioseguridad. Lamentablemente fueron desoídas y, al poco tiempo, una persona fue diagnosticada con Covid-19. Esta noticia dejó al descubierto que Schiaretti y la ministra Claudia Martínez no protegen del contagio del virus a las trabajadoras y a las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia.

A esto se le suma la precarización laboral, ya que en su gran mayoría son monotributistas y no cuentan con obra social, ART, ni se les respetan derechos laborales básicos. Desde Isadora e Izquierda Socialista nos sumamos al reclamo de las trabajadoras que exigen medidas de seguridad, un bono de emergencia, salario igual a la canasta familiar y el pase a planta de todas las trabajadoras y trabajadores. Solo así se cumplirá el lema “Cuidar a quienes nos cuidan”.

Escribe Barby Pick

Con el hashtag #YoNoReparto se visibilizó el paro internacional que llevaron adelante los repartidores el 22 de abril pasado.

Trabajadores de reparto de las apps Glovo, Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otras, realizaron un paro de actividades coordinado con trabajadores de seis países para reclamar mejores condiciones laborales. Exigen “100% de aumento del pago por pedido y elementos de seguridad e higiene que sean de calidad y en cantidad”, acorde con la tarea que realizan en plena crisis sanitaria, además de una reducción de la jornada laboral sin que suspendan sus cuentas.

La juventud es uno de los sectores que más sufre las consecuencias de la precarización laboral, dos de cada diez jóvenes están desempleados (Indec). Eso explica que entre Rappi y Glovo estén registrados alrededor de 18.000 repartidores.

La medida del gobierno de considerar la tarea de reparto como esencial sin garantizar derechos de resguardo y salariales se tradujo en superexplotación para los trabajadores y superganancias para las empresas.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de reparto y exigimos que se cumplan de inmediato sus reclamos, se prohíban despidos y suspensiones y se les otorguen licencias con goce de sueldo para todos los trabajadores que deban permanecer en sus hogares. 

Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una publicidad oficial dice que en el número en el cual se puede denunciar a quienes no cumplen la cuarentena, también se puede denunciar si algún efectivo comete algún “exceso en su deber”. Al oído desprevenido puede dar a entender que el gobierno está preocupado por garantizar que no existan atropellos policiales, pero la realidad dista enormemente de ello. Para muestra basta un botón: a pesar de que el propio Ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente después de la represión en el frigorífico Penta prometiendo que los efectivos que agredieron a los trabajadores iban a ser removidos, los mismos efectivos siguen haciéndose presente diariamente en la puerta de la empresa donde los compañeros siguen organizándose.

A esto hay que sumar una multiplicación diaria de los casos de maltratos policiales, detenciones arbitrarias, golpizas, violaciones, y hasta muertes dentro de las comisarías que se dan a lo ancho y largo del país. Al gobierno desde ya que no puede resultar inadvertido esta realidad. Más bien, el hecho concreto es que estos hechos aberrantes son el complemento de un enorme aparataje de intimidación judicial con el que hasta este lunes 27, según el reporte de Correpi, se abrieron causas a 4.052.286 personas. Casi uno de cada diez argentinos, y con miles y miles de personas que denuncian que la aprehensión policial se produjo mientras realizaban alguna de las actividades permitidas por el gobierno, como salir a hacer las compras.

Esta violencia para con los sectores populares desde ya que no tiene ningún equivalente a la hora de castigar a los empresarios que remarcan precios, que violan el decreto de prohibición de despidos, o que obligan a los trabajadores a armar habilitaciones truchas de circulación para que vuelvan a las fábricas. Como venimos señalando junto a los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, bajo el lema de “hacer cumplir la cuarentena” existe una clara política de fortalecimiento y luz verde a las fuerzas represivas con el objetivo de darles mayor poder a la hora de regimentar la vida social. Algo que desde ya va de la mano del llamado “ciberpatrullaje” con el que se imputó a un joven por tuitear la palabra “saqueo”.

Que esto puede estar relacionado incluso con la intención de preparar su intervención para reprimir la protesta social es algo que excede a una mera especulación si vemos por ejemplo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró bajo carácter de urgencia equipamiento “antidisturbios” por 53 millones de pesos. La plata que no va para la protección en los hospitales, va destinada a pertrechar a la policía metropolitana frente a las protestas que van a despertar las políticas de ajuste brutal que anuncia el gobierno porteño con su “ley de emergencia”.

Pero el colmo desde el punto de vista simbólico de esta política de embellecimiento al aparato represivo lo tuvimos con la decisión anunciada de mandar al ejército a “armar barbijos” a la ESMA. Un sitio de memoria por el que se calcula pasaron 5.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, en un cúmulo de crímenes de lesa humanidad aún impunes cometidos por la última dictadura cívico-militar.

Desde Izquierda Socialista decimos nuevamente que repudiamos la política de empoderamiento de las fuerzas represivas, reclamamos el fin de la represión, y la remoción real e inmediata de todos los efectivos que están cometiendo estos atropellos en todo el país. Llamamos nuevamente a sostener la guardia en alto contra la pandemia, pero también contra la violencia estatal, exigiendo una cuarentena sin represión.

Escriben Belén y Cristian, Juventud de Izquierda Socialista Facultad de Derecho UBA

El Sistema Penitenciario Argentino vive su propia pandemia, que viene de décadas de desidia estatal, mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud calificara como tal al Covid-19.

Los números hablan por sí mismos. El último censo estableció que el Sistema Penitenciario Federal (SPF) se encuentra funcionando al 106,75% de su capacidad. La posibilidad, entonces, de que la circulación del virus dentro de los penales provoque una masacre es inminente. El hacinamiento y la sobrepoblación hacen de las unidades penitenciarias un foco de riesgo para la vida de las personas detenidas.

Ante esta situación, en los últimos días se dieron estallidos en diferentes unidades penitenciarias que fueron salvajemente reprimidas por los guardias y dejaron decenas de heridos graves y dos muertos (José Candía y Federico Rey). Estos fueron difundidos por todos los medios bajo el título de “motines”. Sin embargo, desde el interior de los penales, los detenidos dejaron en claro que se trata de reclamos por medidas concretas para hacer frente al coronavirus.

Las personas detenidas, que comenzaron las protestas llevando a cabo huelgas de hambre pacíficas y tomando los techos de los penales, reclaman que se les otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a quienes pertenecen a grupos de riesgo (mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo) y a quienes estén en condiciones de recibirlo o cerca de cumplir sus condenas. Todo para combatir la sobrepoblación carcelaria. Además, solicitan que se provean los elementos necesarios de higiene y se garantice la correcta atención sanitaria. Hasta el momento, en la cárcel de Devoto se llegó a un acuerdo que abarcaría a la población carcelaria de todo el SPF, luego de un proceso de lucha que incluyó la toma del penal en casi su totalidad.

Cabe destacar que, de la totalidad de detenidos, el 90% cumplen penas por delitos contra la propiedad o por venta al menudeo de sustancias prohibidas. Además, más del 60% de la población de las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva. Esto quiere decir que dos de cada tres presos no tienen condena firme. Mientras la prisión preventiva, en lugar de ser una medida de excepción, es moneda corriente para personas de sectores populares, militares genocidas y políticos corruptos son liberados o aprovechan para pedir prisiones domiciliarias y todo tipo de beneficios.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, sostenemos que se deben tomar medidas de fondo para revertir la situación. Se debe realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos con condenas menores a tres años o sin condena firme (excluyendo de estos a los acusados de homicidio, femicidio, violación, corrupción y delitos de lesa humanidad) que forman parte de los grupos de riesgo y proveer a las unidades penitenciarias de insumos sanitarios y de higiene.