El pasado 19 de diciembre se realizaron elecciones de junta interna y cuerpo de delegados de ATE en el INTI, a poco menos de un año de los más de 250 despidos que golpearon particularmente a la organización de los trabajadores en el instituto. El resultado fue el triunfo de la lista Naranja ligada al Partido Obrero por sobre las dos listas en las que se dividió la hasta entonces conducción alineada con la dirección nacional del sindicato, la Verde-Granate y la Verde.

Lamentablemente en los primeros días del año la patronal hizo lugar a un pedido de ATE nacional en manos de Cachorro Godoy que, en un hecho gravísimo, pide la suspensión de las tutelas sindicales de la Junta Interna y los delegados de sector electos en diciembre último.
Desde la agrupación Estatales en Marcha repudiamos este ataque a la democracia sindical y reclamamos que se respete la voluntad mayoritaria de los compañeros y compañeras del INTI para de esta forma estar más fuertes para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI.

Escribe Malena Zetnik

El caso de la niña jujeña de 12 años violada y obligada a realizarse una cesárea demuestra el rol aberrante del gobierno patriarcal y la Iglesia a quienes no les importa ninguna vida. Frente a esta violencia se vuelve más necesaria que nunca la pelea por la legalización del aborto.

El pasado 18 de enero se llevó adelante la cesárea a la niña de 12 años que fue violada por un hombre de 60 años en San Pedro, Jujuy. Esta medida fue festejada por el gobierno de Morales y sus funcionarios, especialmente el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, como un logro en el que supuestamente se cumplió con el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), al mismo tiempo en que se “salvaron las dos vidas”. Sin embargo, este hecho solo puede calificarse como el eslabón final de una cadena de aberrante vulneración de derechos a esta niña impulsada por la Iglesia y los funcionarios del gobierno de Jujuy a quienes poco les importan los derechos de las mujeres y, mucho menos, de esta pequeña.

En primer lugar, la niña fue violada por un vecino que la amenazó de muerte. Al contarle a su madre y ser llevada al centro de salud, no se cumplió el protocolo requerido en los casos de violación para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Semanas después, cuando la joven se presentó en el hospital Materno Infantil por un fuerte dolor, los mismos profesionales de la salud objetores de conciencia dilataron los tiempos para informar la situación y, sobre todo, se negaron a garantizar la ILE en los plazos perentorios. Es más, torturaron a la niña haciéndola esperar con el argumento de que debía “madurar al feto” y lograr que siga con vida fuera del saco gestacional.

Con el accionar de los grupos antiderechos que violaron también el derecho a la intimidad de la niña acosándola y haciendo público el caso, los tiempos se aplazaron más y en el hospital argumentaron que se garantizaría el derecho de la niña al ILE mediante una cesárea. No obstante, cabe mencionar que la cesárea no está contemplada entre los métodos de interrupción del embarazo de la Organización Mundial de la Salud, y no es lo que la niña y su madre habían solicitado. Este mecanismo dilatorio y tortuoso al que se la expuso no es nuevo. Se repite en todo el país, tal como pasó en Chaco en noviembre pasado, en donde otra niña de 13 años desnutrida, falleció luego de haber sido forzada a parir. Por eso, además del nefasto rol de la Iglesia Católica, denunciamos como responsables de esta violación de derechos al propio gobernador Gerardo Morales y al ministro de salud por negar el derecho de la niña y poner en riesgo su Salud.

Hoy más que nunca señalamos la importancia de la legalización del aborto para que dejen de ser las mujeres y niñas pobres las que sean obligadas a parir o a morir por abortos clandestinos. Por eso seguimos en las calles, en ese sentido nos movilizamos a la casa de Jujuy en CABA junto con organizaciones feministas y de izquierda para repudiar al gobernador Morales y a su ministro de Salud. También reclamamos cárcel ya a todos los violadores. Basta de abuso sexual en las infancias. Inmediata educación sexual integral y separación efectiva de la Iglesia y el Estado. #NiñasNoMadres #InfanciasLibresDeViolenciaMachista.

Este 2019 comenzó con el femicidio de Celeste Castillo, de 25 años, en Santiago del Estero en manos de su pareja, un policía, quien se suicidó luego de matarla. Siguió con el femicidio de Valeria Juárez ,de 32 años, en Chaco, asesinada por su propio padre quien también se suicidó. Pero la triste lista sigue: Daiana Moyano, Joselin Mamani, Gisel Varela, Agustina Imvinkelried, Danisa Canale, Romina Ugarte y Carla Soggiu también fueron víctimas de sus parejas, ex parejas, familiares o varones que simplemente las consideraban de su propiedad al punto de decidir violarlas, golpearlas y/o directamente asesinarlas por el hecho de ser mujeres.

Una vez más debemos decir que por más aberrantes que sean estos crímenes, los femicidas no son personas con problemas de salud mental o “locos”, como suele tildárselos, sino claros exponentes de una sociedad patriarcal que insiste en cosificar el cuerpo y la vida de las mujeres y de las personas con identidades disidentes al extremo de decidir sobre la vida o la muerte. Y a pesar de las grandes movilizaciones que vienen desarrollando las mujeres al grito del #NiUnaMenos, el apoyo que cuentan de parte de la Justicia patriarcal les garantiza en gran medida que estos casos se sigan repitiendo con total impunidad. Por eso de los 259 femicidios ocurridos en el país en 2018, muy pocos cuentan con condenas a los femicidas y, en muchos casos, incluso siquiera con investigaciones sobre las causas.

Pero no se trata solo de la Justicia. El hecho de que el 20 por ciento de los femicidas sean miembros de las fuerzas de seguridad da cuenta del rol nefasto de las fuerzas represivas del Estado también en los casos de violencia de género. Son ellos quienes deben recibir las denuncias de violencia de género e, incluso, garantizar las medidas de protección de las mujeres como en los casos de restricción perimetral. Pero hacen todo lo contrario revictimizando a las mujeres y hasta garantizando la impunidad en el manejo de las escenas del crimen. Y todo esto se da con el aval de los gobiernos de turno, desde el nacional de Mauricio Macri, hasta cada uno de los gobiernos provinciales y municipales que se sacaron fotos en apoyo al #NiUnaMenos pero solo han avanzado en la reducción de los programas y los presupuestos para la atención de las mujeres en situación de violencia. Sin ir más lejos, del flamante Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, anunciado en 2017, no hay noticias de avances. Y en el presupuesto 2019 solo se han aprobado $11,36 por cada mujer para las políticas de género. Por eso decimos que los gobiernos, la Justicia y la policía también son responsables de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Ellos nos prefieren con miedo y sumisas para poder garantizar nuestra superexplotación.

Para terminar con los femicidios llamamos a todas a seguir en las calles movilizándonos contra la impunidad de violadores, violentos y femicidas. Reclamamos plata para el cumplimiento de la ley 26.485, de erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres y no para la deuda externa. Hagamos realidad el grito de #NiUnaMenos. Los gobiernos son responsables.

Cristian Luna, enfermero del Hospital Centro de Salud, secretario general del Sindicato Tucumano de Enfermeros (SITE) y dirigente de Izquierda Socialista fue desplazado de su cargo administrativo (que desempeñaba desde hacía 12 años) en el hospital donde también es enfermero, en el mes de diciembre pasado. Esta situación se encuadra en una persecución política por parte del gobierno de Manzur y de su ministra de salud Chala. Luna viene denunciando la Cobertura Universal de Salud (CUS, privatización de la salud pública) que acaba de aprobarse en la provincia para su inmediata implementación.

El SITE y nuestro compañero están a la cabeza, junto a una vanguardia combativa, de la lucha contra la CUS y protagonizaron una jornada histórica en la multitudinaria movilización del 21N. Este es un ataque a la clase trabajadora que pelea y resiste los planes de ajuste en salud, y al sindicalismo combativo, democrático con sus nuevos dirigentes. La burocracia de ATSA (sanidad), cómplice en la implementación del ajuste guarda silencio, al igual que los dirigentes de la CTA, frente a este ataque del gobierno peronista tucumano. La solidaridad de legisladores del FIT, dirigentes sindicales y de gremios combativos se expresó inmediatamente en la campaña que estamos llevando adelante. En ella exigimos la inmediata reincorporación de Cristian Luna. Abajo la CUS. Basta de perseguir a los que luchan.

Escribe Tito Mainer

La historia de la Semana Trágica de enero de 1919 no es muy conocida. La Argentina muestra aquellos años como los de un país rico cuya oligarquía vacacionaba en Europa y construía lujosos palacios. Pero los cientos de asesinados en cuatro días en Buenos Aires nos hablan de otra cara, la de la miseria, la lucha y la represión del primer gobierno radical.

El 2 de diciembre de 1918 la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos elevó un petitorio a la Compañía Pedro Vasena e Hijos. Sus reclamos eran propios de un “programa mínimo”: “aumento de jornales, trabajo extra voluntario con 50% de prima¸ domingos al 100%, abolición del trabajo a destajo, sin represalias por medidas de fuerza”. Y destacaba: “Creemos inútil argumentar la justicia que los asiste a los obreros dada la notoria carestía de la vida, subsistencias, alquileres, etcétera. Y los elevadísimos salarios que perciben en industrias y establecimientos similares, así como la generalización de la jornada de 8 horas. […] La contestación es esperada en el local de esta sociedad que patrocina y apoya el movimiento”, advirtiendo, “con el concurso de todos los gremios organizados”.

Las noticias del mundo

La huelga involucró a 2.500 trabajadores. Los diarios de esos días hablaban de “armisticio de paz de las potencias”, comentaban la “ofensiva bolchevique” y destacaban la crisis desatada en Alemania y las movilizaciones dirigidas por espartaquistas. Se mencionaba ocasionalmente la actividad de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y se aseguraba que ¡Trotsky ha dado un golpe en Rusia y metió preso a Lenin! La revolución social era una palabra que estaba en el ambiente. En ese mismo enero fueron asesinados los dos dirigentes alemanes, y en abril el jefe de la revolución mexicana del Sur, Emiliano Zapata. El fin de la guerra mundial definió dos polos políticos, el de la revolución y el de la contrarrevolución.

Piquetes de huelga, carneros y represión

Los piquetes en la puerta de Vasena de Nueva Pompeya sostuvieron el conflicto más de un mes: impedían la entrada de carneros y camiones. Pero la patronal no respondía y el gobierno de Hipólito Yrigoyen aparecía como prescindente. El día 5 un camión intentó forzar la entrada y los trabajadores resistieron: los agentes patronales, con respaldo de la policía, atacaron a los huelguistas a balazos y murieron cinco trabajadores.
La violencia patronal templó la lucha. Cientos de trabajadores se agolparon donde se velaba a los muertos y se organizó un imponente funeral cívico que partió del barrio de Pompeya, que debía pasar por otra planta ubicada donde hoy está la plaza Martín Fierro, en San Cristóbal, para dirigirse a Chacarita. Asambleas de diversos gremios decidieron parar en solidaridad y se reunieron entre 20.000 y 30.000 obreros. Al paro en Vasena se plegaron los capataces y comenzaron a haber expresiones de repudio en el interior del país. Esa misma noche el consejo federal de la FORA V Congreso –el ala más combativa– declaró la huelga general y sus 32 gremios adheridos se sumaron, desde obreros del calzado a navales, y desde conductores de tranvías a albañiles, pintores y panaderos. La FORA del IX Congreso, más conciliadora, también adhirió.

Huelga general y brotes insurreccionales

Encabezó la columna una “comisión de mujeres” y los ataúdes fueron cargados a pulso, pero al pasar por La Rioja y Cochabamba fue atacada por francotiradores apostados en los techos de la fábrica. Se produjeron decenas de bajas mientras los “cosacos”–caballería montada– atropellaban. La marcha fue nuevamente baleada en Oruro y Constitución. En San Juan y Loria los trabajadores asaltaron una armería y pusieron en fuga al jefe de la policía, incendiando su auto; después sitiaron la Comisaría 21, donde se produjeron numerosas bajas. La columna, diezmada, llegó al cementerio con algunos cientos y, nuevamente, fue atacada por tiradores parapetados tras las lápidas.
La indignación era inmensa. La huelga general se tornó masiva: por tres días en la ciudad no hubo transporte ni autos particulares, ni abastecimiento de pan, carne o verdura. Los días 8 y 9 las calles estaban en poder de decenas de piquetes obreros que, levantando barricadas y armados con revólveres y algunos rifles y, sobre todo, valentía y decisión, impidieron toda actividad. Se llegaron a contabilizar hasta veinte focos simultáneos en distintos barrios: los tiroteos y refriegas se multiplicaron.
El 10 durante la noche el general Luis Dellepiane, comandante de Campo de Mayo, irrumpió en el Departamento de Policía –que también fue tiroteado desde terrazas vecinas–y asumió el mando de las fuerzas acuarteladas. El gobierno perdió el control de la situación y el ejército optó por la militarización lisa y llana de la ciudad. Yrigoyen avaló ese “golpe” la mañana siguiente. Entre la tarde del 10 y el 11 la contraofensiva del Estado se convirtió en represión salvaje: muchos cadáveres fueron sacados a las 3 o 4 de la mañana de la morgue y trasladados con rumbo desconocido.
Las cifras eran escalofriantes. En poco menos de una semana se contabilizaban entre 300 –datos semioficiales– y 700 muertos. Esta última cifra fue avalada tanto por La Vanguardia, socialista, como por La Protesta, anarquista, y la embajada de los Estados Unidos. El consulado de Francia aumentó el número a 1.400 muertos. Los heridos de cierta gravedad sumaban entre 3.000 y 4.000 y los presos, encausados o deportados alcanzaron a 45.000 en todo el país.

Extensión nacional

El sábado 11 una masiva asamblea decidió continuar el movimiento a menos que se satisficieran de inmediato todos los reclamos, agregando la “libertad de todos los presos sociales”. Al día siguiente la patronal aceptó la mayoría del pliego. Una parte de los obreros no quiso transigir pero, lentamente, la combatividad declinó y los trabajadores de Vasena retornaron paulatinamente a sus tareas. Entre el 14 y el 15 la ciudad volvió a la “normalidad”, aunque una “guardia blanca” entró en acción y empezó una represión selectiva de dirigentes y “rusos”. Para entonces, en buena medida, la lucha había tomado carácter nacional, con fuerte incidencia en ciudades como Rosario y Mendoza y por la huelga que comenzaron los marítimos y portuarios. Además, amenazó con extenderse a Montevideo, donde hubo redadas preventivas, y a Chile, donde el gobierno dispuso censurar en la prensa las noticias de Buenos Aires.

El balance

Durante tres o cuatro días la clase obrera “tuvo el poder” en la ciudad. Se confirmó que cuando una huelga general es poderosa la patronal no tiene medios de “poner en movimiento” las empresas y el comercio. En aquella “semana trágica” la furia obrera desbordó a todas las direcciones y se asistió a una verdadera insurrección obrera y popular, altamente espontánea y desorganizada, pero que comprendió también la necesidad del enfrentamiento armado. Todas las direcciones fueron desbordadas, y tanto la FORA del IX Congreso como los socialistas demostraron su “pacifismo” cuando se distanciaron del ala revolucionaria encarnada por la FORA V y denunciaron a los “agitadores”. La división en la dirección, sin embargo, no impidió que, a altísimo costo, los reclamos se lograran.

La “democracia” radical se puso a prueba. Yrigoyen había asumido en 1916 con el discurso de enfrentar a las viejas oligarquías, pero sus salvajes métodos represivos se repitieron luego en la Patagonia y en el Chaco de La Forestal. El gobierno antiobrero armó además a los civiles para integrar “guardias blancas”, como el Comité de la Juventud (radical) y la Legión Cívica. El “milagro” económico que muchos recuerdan como la Argentina opulenta de Alvear, el sucesor de Yrigoyen, se asentó sobre el principal logro de la represión: en la década siguiente hubo una notable disminución de las luchas obreras.

Los sucesos de la Semana Trágica, por fin, pusieron en evidencia que, si bien la clase trabajadora funcionaba en sus respectivos gremios con mecanismos de democracia obrera, la dirección anarcosindicalista revolucionaria fue incapaz de centralizar la lucha generando organismos de poder dual al estilo de los soviets rusos. Además faltaba un partido revolucionario que lo dotara de un programa orientado hacia la toma del poder.

Proyecto para cambiar el nombre de la autopista Dellepiane por el de Semana Trágica

Nuestra compañera legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Laura Marrone presentó el proyecto al cumplirse cien años de esta brutal represión. En los fundamentos se expresa: “Corrió mucha sangre, y si bien los reclamos se lograron, el costo fue muy alto. La impunidad de los represores animó a nuevas campañas represivas en los años sucesivos, en particular contra obreros rurales, tanto en la Patagonia como en los quebrachales del Noreste”.

“Es inaceptable que una de las principales autopistas de la ciudad de Buenos Aires homenajee al general Luis J. Dellepiane, jefe máximo y principal responsable, junto al gobierno, de la muerte de cientos de trabajadores, incluyendo niños, mujeres y ancianos ajenos por completo a la huelga obrera, cerca de 4.000 heridos de cierta gravedad y la cárcel y proceso y deportación de decenas de miles. Por eso, proponemos que se cambie el nombre al de Semana Trágica, como llamaron los obreros a la represión de 1919”.