Los pañuelos naranjas con la consigna de separación de la Iglesia del Estado empiezan a verse cada vez más atados en las mochilas, junto al pañuelo verde de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Dos símbolos que van juntos porque reflejan el sentimiento de millones de personas que decimos basta a la intromisión de la iglesia en los asuntos del estado y basta de interponerse en nuestros derechos. La iglesia católica y demás religiones jugaron un rol nefasto para impedir que se apruebe un derecho fundamental para todas las mujeres, con amenazas, hostigamientos y campañas extremas contra la libertad de decidir de las personas con capacidad de gestar. Y se la estamos cobrando, porque la campaña de separación de la iglesia del estado crece día a día. Se organizan apostasías colectivas en las puertas de las iglesias y en las plazas de todo el país. Las asambleas estudiantiles que pelean por aumento de presupuesto universitario, votaron quitar los símbolos religiosos de las universidades públicas como pasó en la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Córdoba o en la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Estas acciones reflejan un sentimiento genuino de repudio a una institución milenaria, funcional al sistema capitalista y al patriarcado que está llena de privilegios en todo el mundo y que está en contra de los derechos de las mujeres por eso en nuestro país hizo campaña a favor del aborto clandestino.

En Argentina, la iglesia católica apoyó todos los golpes de estado y en la última dictadura militar, bendijo las armas con las que los militares torturaron; fueron un puente para entregar a los bebes apropiados robándoles la identidad y también bendijo los vuelos de la muerte. Fue durante este período que la iglesia católica recibió los mayores beneficios económicos porque los militares sancionaron un conjunto de leyes que al día de hoy siguen vigentes: desde el pago de salarios a los obispos, jubilaciones de privilegios, becas para seminaristas, exenciones impositivas, hasta donaciones de tierras fiscales. Por eso, en marzo de este año, el propio gobierno de Macri reconoció que se destinaron 130.421.300 pesos del presupuesto para pagar los sueldos de los obispos, que hoy rondan en 46.800 pesos mensuales. Parece increíble pero es así: alguien que no trabaja recibe el equivalente de casi cinco salarios mínimos. ¡Y esa plata sale de nuestros impuestos!
Al sostenimiento económico

que recibe la Iglesia se le suman otros privilegios,como estar a cargo de la educación de millones de niños y niñas que asisten a sus escuelas confesionales, subsidiadas por el Estado, que se oponen a la implementación de la educación sexual. Además, la Iglesia es parte de los consejos consultivos o de los comités de ética de los hospitales, que en muchos casos son verdaderos obstáculos para impedir el derecho a la salud reproductiva de miles de mujeres y niñas, incluso obstaculizan los abortos no punibles que son legales en nuestro país desde el año 1931.

La bronca de millones crece también frente a la impunidad que gozan los curas pedófilos. A diario se conocen nuevos casos de curas abusadores y también se descubre cómo actúan las redes que tiende la cúpula de la iglesia católica con el vaticano y el papa Francisco para trasladarlos, esconderlos y así, encubrirlos.
A todo esto nos enfrentamos cuando salimos a pelear por nuestros derechos. Al poder de una institución milenaria que está amparada por el actual gobierno de Macri y todos los gobiernos anteriores (peronistas y radicales) que la sostienen en cada uno de sus privilegios. Desde Isadora impulsamos la campaña de separación de la Iglesia del Estado y exigimos que se deje inmediatamente de subsidiar y privilegiar a esta institución reaccionaria, oscurantista y ultraconservadora. Por eso gritamos con fuerza: ¡Iglesia y Estado, asuntos separados!

El pasado 10 de julio se inició la segunda etapa de la pelea por la legalización del aborto. Ese día se realizó la primera reunión plenaria de comisiones en las que se está discutiendo el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que logró la media sanción en la cámara de diputados tras la gran movilización de la ola de mujeres.
Durante cuatro semanas, los 72 senadores tienen la posibilidad de invitar hasta dos expertos en el tema para aportar a la discusión del proyecto de ley. Aunque en la cámara de diputados ya disertaron 734 que dieron todos los argumentos posibles sobre el tema, ya sea a favor como en contra, los sectores vinculados a la iglesia quieren dilatar el debate con más presentaciones.

Además del proyecto aprobado en diputados, hasta el 1 de agosto, fecha en la que se debe votar el proyecto en el plenario de comisiones para luego ser votado finalmente en el recinto de todos los senados, se presentaron otros proyectos. Uno de ellos es el que presentó Pinedo (Cambiemos) que se limita a modificar el Código Penal para atenuar las penas en los casos de aborto. Otro proyecto, también de Pinedo y de la senadora Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino) propone la creación del programa “El Estado se Hace Cargo y te Acompaña” y presenta coincidencias con el de Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) de “Protección de la Mujer con Embarazo No Deseado”. Ambos proponen que las mujeres sigan adelante con los embarazos, aunque no sean buscados. Sin embargo, estos proyectos no tendrán prioridad y el 1 de agosto los senadores que participan del plenario de comisiones tienen que resolver sí o sí, al menos un dictamen.

Sin embargo, los temas más importantes que se están discutiendo en la actualidad en la cámara, son las modificaciones al proyecto girado por diputados. Un punto muy controversial es el intento de modificar el modelo de objeción de consciencia individual que propone el proyecto que cuenta con media sanción. Tras la declaración pública de un grupo de clínicas y hospitales privados vinculados a la iglesia, algunos senadores proponen incluir la objeción de consciencia institucional para negarle el derecho a las mujeres al ser exceptuadas de la práctica. A este reclamo también se sumó la CGT, diciendo que las clínicas de sus obras social también rechazarían el derecho al aborto, aunque, tras el repudio generalizado y la movilización frente al edificio emblemático de la calle Azopardo, la cúpula burocrática debió retractarse.

Otro tema que se debate es el alcance del causal salud al momento de requerir la interrupción después de las 14 semanas. El proyecto plantea que la salud debe ser considerada como integral lo que incluye no solo el peligro de vida de la mujer sino también la afectación de su salud mental y sus relaciones interpersonales. Sin embargo, desde los sectores antiderechos pretenden restringir este causal a la salud física.

En cuanto a la cuestión de la edad para el acceso de las personas gestantes al aborto, el proyecto actual habilita que a partir de los 14 años, conforme al Código Civil y tratados internacionales suscritos por el estado argentino, la persona tiene derecho a solicitar la interrupción sin informarle a sus padres. También la Iglesia y sus senadores se oponen a ello. Finalmente, otro punto relevante en la discusión es la cantidad de semanas máximas para solicitar el aborto voluntario. Algunos senadores plantean bajarlo de 14 a 12 semanas.

No obstante desde Isadora-Mujeres en Lucha queremos señalar que todos estos debates no son ingenuos. En este momento de la discusión, cualquier modificación del proyecto en la Cámara de Senadores significará su vuelta a la Cámara de Diputados y, por lo tanto, que el próximo 8 de agosto no se apruebe el proyecto. Por eso somos contundentes. Le exigimos a los senadores que aprueben el proyecto tal cual fue votado en la Cámara de Diputados. Necesitamos el aborto legal ahora y la voluntad de la mayoría ya se hizo sentir en las calles. Y lo vamos a repetir con creces el próximo 8.

Expulsiones, pedidos de pase, amonestaciones, sanciones, retiradas de pañuelos verdes y carteles y revisión de las redes sociales para ver si las estudiantes tienen fotos en donde salen en las marchas o con pañuelos verdes, son algunas de las prácticas violentas que se están viviendo en las escuelas públicas y privadas de todo el país.

Es que la revolución del movimiento de mujeres ha calado bien hondo entre la juventud y el pañuelo verde ha pasado a ser no solo un símbolo de la lucha por el aborto legal sino una expresión de libertad y del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la vida. Hoy son miles las y los jóvenes que participan activamente en esta lucha, que reclaman educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos. Muchos han logrado incluso movilizar a sus padres y que cambien su posición respecto de la lucha por el aborto.

Sin embargo, en gran cantidad de instituciones educativas, la participación de la juventud es vista como una amenaza, sobre todo cuando rompe con los cánones más duros de la reaccionaria Iglesia Católica, como es el tema del aborto. Y fiel a su historia de sangrienta de guerra y conquista, la iglesia y todas las autoridades educativas enroladas en ese dogma, buscan dominar con sanciones lo que ya no logra controlar con su religión. Ante esta situación, repudiamos a todos los intentos de coartar la libertad de las estudiantes. Y llamamos a la juventud a seguir movilizadas para conseguir el aborto legal y todos los derechos que reclamamos.

“Abajo la burocracia, se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer” fue uno de los cánticos que el pasado 10 de julio se escuchó en las puertas de la CGT Azopardo. Más de un centenar de activistas sindicales se concentraron en la puerta de la central sindical para reclamar ante las declaraciones de la CGT que, pocos días antes, anunciaba que no iban a cumplir con la ley de aborto en las obras sociales si esta se aprobase. Se sumaban así a las declaraciones de las clínicas privadas antiderechos.

Sin embargo, esta ola cala tan profundo que, ante la movilización de las mujeres trabajadoras no solo tuvieron que recibirnos sino que debieron salir a decir públicamente que las declaraciones había sido un “error de comunicación” y que, “por supuesto”, cumplirían la ley de aprobarse. Tal como cantamos en la puerta “Se cuidan, se cuidan burócratas sindicalistas, las centrales obreras serán todas feministas”.

Fuimos un millón en la vigilia del 13 y 14 de junio frente al Congreso. Pero este número, aunque enorme, no alcanza para describir la extraordinaria movilización que viene llevando adelante el movimiento de mujeres a lo largo y ancho del país. Después de los dichos de la vicepresidenta Michetti asegurando que “Los senadores representan al interior y todo el interior está en contra [del aborto]”, una vez más demostramos que ¡la marea verde llega a todos lados!

Desde el 19 de febrero la ola verde invadió todas las ciudades del país y logró imponer el debate en el Congreso. Centenares de pañuelazos se realizaron en pueblitos y grandes ciudades. También se hicieron masivas movilizaciones en el Segundo Paro Internacional de Mujeres, el 8M. En todos lados surgieron nuevos espacios de organización mediante asambleas de mujeres algunas muy grandes como fueron los casos de Córdoba y Buenos Aires desde donde se impulsaron también las las jornadas del 3 y 4 de junio al grito de “Sin aborto legal no hay #NiUnaMenos”, reclamando la aprobación del Proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, y exigiendo presupuesto. Por eso, la vigilia del 13 y 14 también fue masiva en las provincias y los diputados votaron sabiendo el costo que tendría volver a sus lugares de origen si se oponen a este reclamo tan sentido. Por ejemplo, en Córdoba más de 4.000 personas pasaron la noche esperando el fallo frente al Museo de Antropología y en Rosario, tomaron las universidades para hacer el aguante también.

Hoy, mientras se discute el proyecto en la cámara de Senadores, en las provincias, seguimos en la lucha. Por ejemplo, llevamos a fondo el reclamo que se apliquen las leyes ya conquistadas como es el caso de la ESI, donde hay provincias que aún no adhieren, y en las que dicen adherir, no se implementa por falta de presupuesto, capacitación y políticas públicas para desarrollarla plenamente. Y también, llevamos adelante luchas contra el el ajuste en salud que repercute directamente en los programas de acceso a la anticoncepción. También seguimos en las calles reclamando el cumplimiento de los abortos no punibles que siguen siendo negados, como sucede en Córdoba por un amparo interpuesto por el Portal de Belén ante un nuevo caso.
Además, son miles las firmas, cartas, declaraciones de trabajadoras, artistas, escritoras, profesionales de la salud, docentes de las provincias que nos seguimos pronunciando por el aborto legal, donde le dejamos claro a los senadores que no la tendrán nada fácil si se oponen a nuestro reclamo.

Otro aspecto a destacar es el rol de las mujeres más jóvenes. Ellas son las protagonistas principalmente en las localidades más pequeñas, en donde se animan a romper con el control de la Iglesia. Están a la cabeza de todas las actividades, desafiando prohibiciones y sanciones con sus pañuelos colgados de las mochilas como bandera, exigiendo su derecho a recibir educación sexual laica, no sexista y de calidad. Vienen visibilizando sus reclamos con asambleas y tomas de escuelas.
El próximo 8 de agosto tenemos que redoblar nuestra apuesta. Miles viajarán al Congreso a la vigilia y miles nos quedaremos en nuestros territorios para demostrar que la ola de lucha feminista vino para meterse hasta en el último rincón de nuestra tierra.