Escribe Miguel Lamas

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, homenajeó el 8 de octubre a los asesinos del Che Guevara, el ejército represor de la dictadura de Barrientos, a 53 años del hecho. Por su lado, Bolsonaro en Brasil dijo que el Che “solo inspira a marginales, drogadictos y a la escoria de izquierda”.

Recordemos que el Che fue asesinado el 9 de octubre de 1967, después de ser capturado por los militares al servicio de la dictadura de Barrientos, que ese mismo año, ese mismo ejército, había masacrado a balazos a los mineros, el 23 y 24 de junio, en la llamada Masacre de San Juan, matando, hiriendo gravemente o desapareciendo a doscientos trabajadores porque se oponían a la dictadura militar, luchaban por un gobierno de los trabajadores y coincidían con la lucha del Che por un verdadero socialismo.

El ministro de Defensa de Bolivia aprovechó para lanzar una amenaza “a cubanos, venezolanos, argentinos o lo que fuere que van a encontrar la muerte en nuestro territorio”, con el claro propósito de criminalizar y justificar la represión e incluso asesinatos, en cualquier protesta social, con el argumento de las guerrillas de hace medio siglo y supuestos invasores extranjeros, reivindicando de paso a la sangrienta dictadura del general Barrientos, que es como reivindicar a Videla en la Argentina.  

Los dichos llenos de odio de estos personajes y gobiernos ultraderechistas muestran que, a 53 años de su muerte, aún le temen a las ideas del Che. Pese a las tergiversaciones de los falsos socialistas del chavismo, las ideas del Che, internacionalistas y por un verdadero socialismo, sin multinacionales ni capitalistas, siguen vivas.

Costa Rica: ¡Fuera el FMI!

Decenas de miles de manifestantes llevan una semana de cierres de calles y anuncian huelgas y movilizaciones del movimiento sindical y popular para rechazar el acuerdo con el FMI. Como las protestas continúan, aun después de reprimirlas, el gobierno de Alvarado, con políticos burgueses y empresarios, llama ahora al “diálogo” para imponer un acuerdo.

Supuestamente para enfrentar la crisis, agravada por el Covid-19, el FMI prestará 1.750 millones de dólares imponiendo sus condiciones: nuevos impuestos a las transacciones bancarias, a la renta y bienes inmuebles, así como la privatización o liquidación de instituciones públicas como el Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores, entre otras medidas, que significan despidos.

Desde la UIT-CI nos solidarizamos con la lucha del pueblo trabajador de Costa Rica, denunciamos la política antiobrera y antipopular del gobierno de Carlos Alvarado, que favorece a banqueros y empresarios buscando imponer su política con la criminalización de la protesta.

Grecia. Declaran “organización criminal” a Amanecer Dorado

Ha sido un gran triunfo después de una gran pelea de los movimientos antifascistas, organizaciones de izquierda y los sectores populares. Luego de cinco años de proceso judicial, iniciado por el asesinato del rapero antifascista Pavlos Fyssasen, de 34 años, la Justicia griega declaró al partido neonazi Amanecer Dorado como “organización criminal” y se espera la condena para sesenta y ocho acusados, entre ellos sus dirigentes.

Amanecer Dorado había logrado 7% de los votos y bancas parlamentarias en 2012, pero sus crímenes y el repudio popular lo hundieron y en las elecciones parlamentarias de 2019 cayó a 2,93% de los votos.

Venezuela. La oposición de izquierda rechaza ley privatista “antibloqueo”

La Asamblea Constituyente, con todos sus miembros electos con fraude y oficialistas, votó la llamada “ley antibloqueo” dándole plenos poderes a Maduro para privatizar empresas e incluso para reprimir protestas de trabajadores. Fue aprobada a pesar de las críticas efectuadas incluso por sectores chavistas, como la denominada Alternativa Popular Revolucionaria (APR), y el intelectual Luis Britto García. En cambio, sí la apoya la más importante organización empresaria, Fedecámaras.

El rechazo a esta ley lo impulsa el Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la UIT-CI, junto a otros sectores de izquierda que denuncian que su objetivo es la privatización de empresas estatales y bienes comunes del país en beneficio de capitales transnacionales y locales.

Esta semana estará en la Argentina una nueva misión del FMI. Viene a continuar las negociaciones para implementar el plan de ajuste con que se pretende que nuestro país le pague la deuda. Deuda que, recordemos, fue tomada durante el gobierno de Macri y utilizada en su totalidad para la fuga de capitales. El presidente Alberto Fernández ha dicho que, en el pacto con el organismo, se juega un “segundo tiempo” del partido que empezó con el acuerdo con los bonistas privados cerrado en agosto. El gobierno peronista del Frente de Todos, de esta forma, confirma lo que venimos diciendo desde que asumió, que su objetivo central es cumplir con los acreedores internacionales y el FMI. 

Habrá compañeros de trabajo, de estudio o vecinos que se pregunten si, luego de estas dos negociaciones, no comenzará realmente el “paquete de medidas” a favor de la clase trabajadora y los sectores populares. Lamentablemente no será así. De hecho, el acuerdo con el Fondo comenzó cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó hace un par de semanas un presupuesto que contenía un fortísimo ajuste, el mayor desde 2002, en línea con las exigencias del organismo. Que, como en todos los temas vinculados al ajuste y a los pagos de la deuda, tendrá el pleno acuerdo de la oposición patronal de Juntos por el Cambio.

Toda la política económica del gobierno nacional está alineada entonces a “conseguir los dólares”, en última instancia para cumplir con los buitres de la deuda. Y que eso se debe hacer a costa del pueblo trabajador. Por eso la semana pasada Alberto Fernández bajó las retenciones (impuestos a la exportación) pactando con los monopolios agroexportadores, las mineras y las multinacionales automotrices. ¡La misma semana en que se conocieron los datos récord de pobreza!

Para bendecir todo esto fue convocada, este lunes, una reunión de lo que pomposamente se denomina “acuerdo social”. Allí estuvieron presentes los burócratas de la CGT, de las CTA y de la CTEP, junto con los banqueros de Adeba, la Unión Industrial Argentina (presidida por uno de los líderes de Aceitera General Deheza, Miguel de Acevedo, justamente uno de los beneficiados por la baja de retenciones), la Cámara de la Construcción y el Consejo Agroindustrial. ¿Para qué fue la reunión? ¿Acaso los dirigentes sindicales se sentaron a esa mesa para exigir aumentos de salarios o que se terminen los despidos? Nada de eso. El encuentro lo abrió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien le pidió a los presentes que hagan público su respaldo al gobierno en la negociación con el Fondo. Ni lerdos ni perezosos, así cumplieron los presentes. Esteban “Gringo” Castro, de la CTEP, informó que “manifestamos nuestro apoyo en las negociaciones que se inician con el FMI”, lo que fue acompañado por Roberto Baradel (CTA), que concurrió a la reunión junto con Hugo Yasky, que sostuvo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que “nos parece fundamental que se siga negociando como hasta ahora para que el pago de la deuda no se vincule a un programa de ajuste” (Página/12, 6/10).

Todo esto sucede mientras siguen las dos pandemias, la sanitaria del Covid-19 y la social. Con respecto al coronavirus, mientras nuestro país continúa subiendo en la tabla mundial de posiciones de contagiados y fallecidos, los gobiernos peronistas nacional y de la provincia de Buenos Aires y el porteño de Cambiemos se dedican a pelearse por los números, acusándose mutuamente de “esconder” contagiados. Pero no hacen nada para incrementar la infraestructura ni la cantidad del personal de salud que debe salir a enfrentar la pandemia. Por el contrario, todas las medidas van en la dirección de abrir más actividades, sometiendo más trabajadores al riesgo del contagio. Después de más de seis meses de cuarentena, la política del gobierno de Fernández conduce a la resignación de que “tenemos que convivir con el virus”.

La pandemia social, por su parte, muestra su imagen más clara y dramática en la toma de Guernica. Miles de familias siguen esperando una solución a su problema acuciante de tener un lugar donde vivir. Y del lado del gobierno solo reciben promesas, maniobras para dividirlas y confundirlas, mientras lo único que sigue firme es la amenaza del desalojo por la fuerza que, si todavía no ha sucedido y se pospuso ya en dos ocasiones, fue exclusivamente por la organización y la firmeza de los ocupantes y por la solidaridad que ha rodeado a la toma. Conscientes de esto, desde Izquierda Socialista ya nos hemos hecho presentes con nuestros militantes y dirigentes, como los diputados nacionales electos Juan Carlos “Gringo” Giordano y Mónica Schlotthauer, para brindar toda nuestra solidaridad. Esta semana volveremos a hacerlo, así como participaremos de la marcha que se realizará el jueves a la mañana a La Plata, y a la tarde de Congreso a Plaza de Mayo con la consigna “Ni desalojo ni represión en Guernica y todas las tomas. Tierra para vivir”. El próximo domingo volveremos a Guernica para llevar las donaciones que estamos recolectando.

La otra expresión de la pandemia social es la pulverización de los salarios y las jubilaciones, que no solo nunca recuperaron lo que se perdió durante el gobierno de Macri, sino que ahora están cayendo más aún producto de la inflación en curso. Por eso, la semana pasada salieron y marcharon los trabajadores de enfermería, esta semana hubo paro y movilización de los estatales de ATE, así como de los docentes universitarios. Sigue la pelea de los trabajadores de la UTA y de los empleados de call centers de Córdoba. Luchas todas que tenemos que apoyar y plantear su coordinación, como venimos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, exigiendo aumentos de emergencia y la apertura inmediata de todas las paritarias.

Frente a un gobierno que nos quiere hacer creer que el “único camino” es someterse a los dictados del FMI y que, con otro nombre y doble discurso, nos lleva a un ajuste aún mayor que el actual, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que la salida es oponerle un programa económico alternativo, obrero y popular. Que dé vuelta completamente las prioridades, que en vez de pagarle a los pulpos acreedores y al Fondo, o beneficiar a las patronales, cumpla con los trabajadores, los jubilados y los demás sectores populares. Para llevar esto adelante el primer paso es dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Juntamente con el cobro de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, como plantea el proyecto presentado por el FIT-Unidad. Se obtendrían así los recursos para resolver las más urgentes necesidades populares de salud, trabajo, salario, vivienda y educación. 

Escribe Guido Poletti

Los beneficiados con la baja de retenciones del gobierno de Alberto Fernández tienen nombre y apellido.

Los monopolios agroexportadores extranjeros

Cofco (China), Bunge, Cargill y ADM (Estados Unidos), 

Dreyfuss (Francia) y las grandes empresas argentinas Vicentin, Aceitera General Deheza y Molinos Río de la Plata.

Las multinacionales megamineras

Barrick Gold,Goldcorp, Yamana Gold y Lithium Americas (Canadá), Glencore (Suiza), Anglogold Ashanti (Sudáfrica) y Gangfeng Lithium (China).

Las terminales automotrices

Toyota, Honda y Nissan (Japón), Volkswagen y Mercedes-Benz (Alemania), Peugeot-Citröen (Francia), Fiat e Iveco (Italia), Ford y General Motors (Estados Unidos). 

Los bancos

Los locales Galicia, Macro y Credicoop, junto con los extranjeros Santander y BBVA (España), HSBC e ICBC (China) y Citibank (Estados Unidos).

En este caso ganan porque se les suben las tasas de interés de “pases” (dinero que se recibe simplemente por depositar en el Banco Central).

Escribe José Castillo

1• Aumento de salarios y jubilaciones

Incremento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por la junta interna de ATE-Indec en 70.000 pesos. Apertura inmediata de todas las paritarias. 

Aumento de emergencia de todas las jubilaciones y pensiones, incluyendo la prestación universal de los que reciben menos que la mínima, al valor de la canasta familiar. Aplicación del 82% móvil.

2• Ingreso de emergencia de 40.000 pesos para todo el que lo necesita

El pago debe realizarse mensualmente, no como el IFE actual que es de 10.000 pesos y se termina cobrando en forma bimestral. Y debe mantenerse todo el tiempo que sea necesario hasta que se termine la emergencia de la pandemia y la economía se recupere.

3• Prohibición efectiva de despidos y suspensiones

Por contraposición a lo que viene sucediendo actualmente, no se aceptarán “excepciones” por acuerdos entre las patronales y la burocracia sindical. Toda violación a esta disposición será castigada con la expropiación de la empresa, que pasará a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

4• No pago de la deuda externa y ruptura con el FMI

Esta será la principal medida para obtener los fondos necesarios para llevar adelante este programa alternativo. Con el dinero que, en vez de enviárselo a los pulpos acreedores y el FMI, quedará en nuestras manos, se pondrán en marcha planes para resolver las más urgentes necesidades populares en salud, trabajo, salario, vivienda y educación.

5• Impuesto a las grandes riquezas

Tal como sostiene el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad, debe afectar con alícuotas promedio de 10% a todas las grandes fortunas personales de los multimillonarios, así como a las superganancias de las principales empresas. Tiene que alcanzar tanto a empresarios argentinos como a los extranjeros que operan en el país. Así se podrán recaudar 15.000 millones de dólares para financiar la emergencia sanitaria y social.

6• Nacionalización de la banca y el comercio exterior

Para terminar con la especulación, la fuga de divisas y el chantaje con la suba del dólar. Todas las operaciones de comercio exterior, sean exportaciones o importaciones, deben ser realizadas por un ente estatal que tendrá el monopolio del ingreso y egreso de divisas, terminando con la especulación de los grandes exportadores. A la vez, la nacionalización de la banca dará término a la bicicleta financiera y la fuga de capitales por el circuito financiero, volcando todos esos recursos a créditos baratos para el consumo popular.