Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Nuevamente, los gobiernos volvieron a cerrar filas contra los docentes y las familias y habilitaron la posibilidad del retorno a las escuelas. En CABA, la ministra Soledad Acuña anunció el retorno progresivo a las aulas o a los patios de las escuelas y montó la payasada de dar dos horas de clases a dieciocho alumnos (sí, 18), de dos escuelas técnicas. Era el tan mentado “retorno a las escuelas”. Ridículo.

Lo irónico es que mientras los peronistas kirchneristas y los sindicatos de Ctera critican duramente a Larreta y Acuña por su irresponsabilidad e improvisación, tratan de desconocer que quien aprobó el protocolo de retorno a clases fue Trotta, o sea Alberto Fernández. Y no es el único caso. Kicillof en la provincia de Buenos Aires lanzó el programa ATR para que miles de docentes y estudiantes de profesorados vayan a las casas de los alumnos, lo que sin dudas acrecentará la circulación del virus, cuando el promedio semanal de contagios supera los 14.000 casos y centenares de fallecidos diarios.

También lo están impulsando en otras provincias porque la decisión es del gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y Trotta, en el Consejo Federal de Educación, con los ministros de Educación de todas las provincias, peronistas y de Cambiemos, desnudando que en esta cuestión tampoco hay grieta.

Es que la escuela es quizás el último lugar donde aún hay cuarentena y la política de Alberto y los gobernadores es que todo vuelva a la “normalidad”, que nadie deba quedarse en casa y no ir a trabajar con el argumento de que “hay que aprender a convivir con la pandemia”. Eso solo podrá generar un aumento exponencial de contagios y muertes.

Muchas familias tienen dudas de mandar a sus hijos a las escuelas, conociendo mejor que nadie en qué condiciones se encuentran y por el gran número de casos diarios, pero además porque junto con los docentes se preguntan quiénes se harán responsables de semejante decisión.

El ministro Trotta plantea que la decisión de volver a clases presenciales es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Pero estos la delegan en las direcciones de las escuelas. Y además dicen que cada familia podrá definir si sus hijos asisten o no. Esto quiere decir que, si algún niño se contagia o transmite a los grupos familiares el virus, será consecuencia de la decisión de la familia y no del gobierno que adoptó la medida.

Nuevamente vemos cómo se repite el abandono, de parte de los gobiernos, de la educación pública y de nuestros pibes. ¿Por qué creer que un gobierno que durante seis meses no escuchó el reclamo de las maestras y las familias sobre la necesidad de contar con computadoras y conectividad para garantizar la continuidad pedagógica ahora se preocuparía por ellos?

Necesitamos que el gobierno garantice la conectividad y las herramientas tecnológicas para seguir estudiando desde las casas mientras invierte fondos para poner en condiciones los edificios escolares y que haya la cantidad necesaria de docentes y auxiliares en cada establecimiento. Para esto es necesario no pagar la deuda externa y dejar de subsidiar a las escuelas privadas.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

En medio del descalabro educativo, la conducción de Ctera sacó un duro comunicado pero no rompe la tregua con el gobierno de Fernández. Es que el gobierno trata de avanzar en el retorno a aulas, mientras en muchas provincias no hubo aumentos, hay deudas de meses y salarios por debajo de la línea de pobreza.

Ctera criticó “la resolución del Consejo Federal de Educación de la vuelta a la presencialidad, que adolece de criterios sanitarios y epidemiológicos que garanticen y prioricen el cuidado de la vida y de la salud. Descentraliza decisiones, secundarizando las de carácter político sanitario, pedagógico y educativo en general. Las experiencias en el mundo muestran que la apertura de escuelas en contexto de pandemia ha multiplicado los contagios y favorecieron un nuevo brote”.

Es lo que desde la oposición docente venimos denunciando y exigiendo medidas de acción. Lamentablemente, una vez más la Ctera se queda en palabras, mientras desde la oposición impulsamos la lucha. Este miércoles Ademys (CABA) y los Suteba Multicolores (Buenos Aires) realizan una caravana en el marco de un paro. Ademys lo resolvió en asambleas abiertas, mientras el sindicato de Ctera, UTE, apenas llama tímidamente a “retención de servicios”. ¡Ni a Larreta le quieren hacer paro! Los Suteba Multicolores lo definieron en un plenario provincial de casi setecientos delegados.

En Neuquén se arrancó un paro de 48 horas a la burocracia provincial de ATEN después de plenarios de las seccionales opositoras y las minorías de ATEN que lo convocan con caravana. En Mendoza la conducción multicolor de SUTE llamó a acciones que derrotaron el proyecto de ley de educación provincial, privatista y flexibilizador, del gobernador Suárez, mientras Ctera no hizo nada. En Córdoba la oposición está al frente del reclamo salarial y de nombramientos de suplentes. En Santa Cruz las filiales opositoras, como Pico Truncado o San Julián, encabezan el repudio a la oferta de Alicia Kirchner que en varias filiales se rechazó. En La Rioja lanzaron autoconvocatorias que obligaron a la burocracia de AMP a llamar un plan de lucha. En Santa Fe, Amsafe Rosario encabezó, junto con las seccionales opositoras, el rechazo al acuerdo de Perotti y Alesso a espaldas de las bases. En Chubut realizan paros exigiendo el pago en tiempo y forma y aumento salarial.

Desde Docentes en Marcha impulsamos la coordinación nacional de la oposición docente para unificar las acciones de lucha y obligar a la burocracia kirchnerista de Ctera a romper la tregua con el gobierno nacional y los gobernadores y llame a un plan de lucha.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

La última sesión de la Legislatura porteña incurrió en un nuevo escándalo político. Con los votos del oficialismo larretista, que incluyen legisladores de Lousteau y al “socialista” Roy Cortina, se avanzó con la rezonificación de terrenos de la Costanera Norte. ¿Qué significa esto? Que se cambiaron las limitaciones para la construcción y se habilitó la construcción de un barrio de lujo con edificios de hasta diez pisos que terminarán de tapar no solo el acceso, sino hasta la propia vista al Río de la Plata.

Contradiciendo la propia Constitución de la Ciudad, que señala que los bordes costeros no pueden ser privatizados, se estaría avanzando a toda marcha en la venta y cementación de tierras públicas que deberían haber sido destinadas a garantizar nuevos espacios verdes. En el contexto de enorme crisis habitacional y hacinamiento que quedó a la luz con la actual pandemia, Larreta sigue manteniendo como prioridad levantar barrios de lujo en la ciudad. En medio de la preocupación creciente por el calentamiento global y las inundaciones, se avanza en una edificación costera que representa justamente un agravante de ambos problemas. Mientras el gobierno nacional y el macrismo están en una cruzada contra quienes pelean por tierra para vivir, por la ventanilla de al lado, en la ciudad (en la provincia de Buenos Aires y en todo el país), los “desarrolladores”, las patronales de la construcción, los millonarios de la especulación inmobiliaria, reciben favores de todo tipo de todos los gobiernos.

El peronismo porteño, a través de sus legisladores y medios afines, instaló durante el día en redes sociales (el único lugar donde “protestan” contra Larreta) el hashtag #LainmobiliariadeLarreta. Incluso, más “jugadas” aún, algunas de sus organizaciones sacaron flyers con la consigna “No vendan la Costanera”. Algo que puede haber llevado a confusión a parte de los y las trabajadoras y las organizaciones ambientales de la ciudad que estuvieron siguiendo el debate. Pero se trata de una impostura.

La venta de estos terrenos públicos no era el tema de esta sesión. El remate de los terrenos en cuestión había sido habilitado en 2017, y para la mayoría especial requerida para la enajenación de tierras Larreta había contado con la inestimable ayuda del bloque peronista. En ese momento la venta era para habilitar negocios privados gastronómicos, lo que se trató en esta sesión fue cambiar esa finalidad para pasar directamente a edificar edificios de diez pisos. Así las cosas, quienes dicen “no vendan la Costanera” deberían buscar la forma de viajar en el tiempo para cambiar sus propios votos. El título de martillero a PRO se lo dio el peronismo porteño.

Así es que los gobiernos de Macri y Larreta remataron 500 hectáreas públicas. Y como se denunció en la sesión desde la bancada del FIT-Unidad, el peronismo habilitó la entrega del Parque de la Ciudad, del Autódromo, diecisiete predios al arzobispado, el Tiro Federal, el Parque Thays, terrenos ferroviarios de distintos barrios porteños, el Edificio del Plata y también la Costanera Norte. No hay una gran diferencia entre la política del peronismo, que en el conurbano arrasa humedales o niega el acceso a la tierra para desarrollar countries, y la del larretismo, que liquida la costanera para hacer un barrio de lujo.

Para que se consume el cambio de zonificación y con ello la privatización, el proyecto debe pasar por una audiencia pública y una segunda lectura en la Legislatura. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad llamamos a redoblar los esfuerzos y la movilización porque es en la calle, y no dentro de #LainmobiliariadeLarreta, donde podemos frenar este escandaloso remate.

Escribe Federico Moreira

Marchando desde las fábricas hacia la Plaza de Mayo, miles de manifestantes ocuparon las calles para rechazar la detención del coronel Juan Domingo Perón. Así se inauguraba el largo período de influencia del peronismo sobre los trabajadores argentinos. Sigue planteado el desafío de formar una nueva dirección sindical y política independiente de todo sector burgués.

El 27 de noviembre de 1943, el coronel Juan Domingo Perón asumió como secretario de la Dirección Nacional del Trabajo, después convertida en Secretaría de Trabajo y Previsión, bajo el gobierno militar del general Edelmiro Farrell. El joven militar ganó notoriedad por implementar una serie de medidas que comenzaron a dar respuesta a los reclamos de los trabajadores y mejoraron notablemente sus condiciones de vida. En mayo de 1944 se creó el fuero laboral, garantizando estabilidad laboral a los representantes gremiales. En junio se logró el descanso dominical y la “garantía horaria”, que aseguraba el pago de sesenta horas quincenales como mínimo, fueran trabajadas o no, para los trabajadores de la carne. Dos millones de trabajadores accedieron a la jubilación. Se firmaron convenios colectivos de trabajo en muchas ramas productivas. Una de las medidas que provocó mayor indignación entre la oligarquía (terratenientes y ganaderos) fue el decreto del “estatuto del peón”, que establecía un salario, condiciones de alimentación y vivienda mínimas y otros derechos. Así Perón ganó el apoyo del movimiento obrero, que comenzaba a obtener conquistas que aún se recuerdan y defienden.

Perón, la avanzada yanqui y las divisiones patronales

Desde el fin de la Primera Guerra, los Estados Unidos habían comenzado su ascenso como potencia imperialista. El plan para Latinoamérica era convertirla en su propia semicolonia. Hacia el fin de la Segunda Guerra los yanquis redoblaron su ofensiva en la región.

En la Argentina, que había sido por décadas una semicolonia británica, con una oligarquía y una patronal atadas por mil lazos a Inglaterra, la ofensiva provocó una profunda división. Los partidos patronales, conservador y radical, se dividieron en dos alas, proinglesa y proyanqui. Lo mismo sucedió en el ejército.

Perón y el sector patronal que representaba, históricamente ligado a Inglaterra, se propuso resistir el embate yanqui apoyándose en el movimiento obrero. Para lograrlo fue otorgándole conquistas y se valió de una situación económica excepcional en la que el país venía de ser la quinta potencia comercial mundial y salía de la guerra como acreedor de Gran Bretaña y con una enorme acumulación de divisas, logradas gracias a los altos precios de los cereales y la carne vacuna.

El 17 de octubre

Mientras Perón ganaba apoyo en el movimiento obrero, otros sectores patronales se volcaban a una creciente oposición al gobierno militar. En julio se instaló como embajador yanqui Spruille Braden, que empezó a organizar a la oposición antiperonista y a alentar manifestaciones, a las que se sumaron gran parte del partido radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que aún tenía peso entre los trabajadores. En septiembre se realizó una marcha pidiendo la renuncia de Perón. Para fines de mes hubo un levantamiento militar en Córdoba. En octubre de 1945 las tensiones llegaron a tal punto que Perón decidió renunciar. Pero antes informó que dejaba a la firma de Farrell un decreto con aumentos y mejoras para los trabajadores, entre ellas el aguinaldo. El anuncio provocó manifestaciones y enfrentamientos en el centro de la Capital con heridos y detenidos.

La polarización iba en aumento y el 12 de octubre Perón fue detenido y embarcado a la isla Martín García por orden de Farrell. Los sindicatos más importantes exigieron su inmediata libertad. La conducción de la CGT se reunió para deliberar y convocó a una huelga general para el 18 de octubre. Pero el 16, Cipriano Reyes, dirigente del gremio de la carne, movilizó a los obreros de Berisso y desencadenó la movilización que el 17 de octubre llegó a Plaza de Mayo. La acción decisiva del movimiento obrero dividió a las fuerzas armadas, que se empezaron a volcar en favor de Perón. Por la noche, Perón fue liberado y, junto a Farrell, salieron al balcón de la Casa Rosada para anunciar que se adelantaban las elecciones nacionales para febrero de 1946.

El peronismo, un movimiento burgués con fuerte apoyo de los trabajadores

El 17 de octubre, la crisis del gobierno y la división de la cúpula militar facilitaron la movilización. Pero lo fundamental fue la decisión de miles de obreros de ganar las calles. Por primera vez en nuestra historia la clase obrera era protagonista principal de un hecho político nacional. Pero, contradictoriamente, lo hacía en apoyo de un militar y dirigente de un sector de la burguesía que estaba enfrentada al imperialismo yanqui. Ya siendo presidente, ante el Parlamento en 1947 Perón dijo: “No combatimos al capital, sino que le facilitamos todos los medios necesarios para su adaptación y desenvolvimiento”. Por eso rechazaba fervientemente la organización independiente del movimiento obrero, sometiéndolo a la burocracia sindical peronista y al aparato del Estado, inculcando desde aquellos años el veneno de la conciliación de clases y la confianza de los obreros en los patrones.

Nuestra corriente, fundada por Nahuel Moreno en 1943, comenzaba a dar sus primeros pasos cuando se produjeron estos hechos. Al calor de los acontecimientos fuimos redondeando una definición del peronismo de aquellos años como un movimiento burgués nacionalista por sus fuertes roces con el imperialismo yanqui y que supo ganar gran apoyo de los trabajadores. Esta definición nos permitió denunciar y rechazar la ofensiva yanqui, oligárquica y clerical que culminó en el golpe militar de 1955 y nos permitió también mantener una clara independencia política y organizativa y una posición crítica respecto del peronismo y sus gobiernos. Pero, a la vez, nos permitió mantenernos íntimamente ligados a los trabajadores peronistas desde las fábricas, las comisiones internas y los sindicatos para apoyar e impulsar sus luchas.

El carácter burgués del peronismo lo fue llevando a entrar en crisis con su base obrera. Pero aún sigue planteado el gran desafío de que los trabajadores avancen en la ruptura definitiva con el peronismo, rechacen la unidad obrero-patronal y formen una nueva dirección política y sindical independiente de todo sector patronal. Es la gran tarea que, desde los años ’40, impulsó nuestra corriente construyendo el GOM, Palabra Obrera y otros partidos hasta llegar al actual, Izquierda Socialista.

Escribe Federico Moreira

El recuerdo del “primer peronismo” y de las conquistas obtenidas por los trabajadores y el pueblo es utilizado por los dirigentes peronistas para ganarse el favor popular. Pero lo cierto es que desde hace décadas no queda nada de aquel movimiento nacionalista burgués que había levantado las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. No existe más el peronismo de las conquistas obreras y populares.

Ya en 1973, el gobierno de Perón, contra las expectativas generadas, impuso el “pacto social” que no permitió a los trabajadores recuperar lo perdido en los años anteriores. Tras su muerte, vinieron el ajuste feroz del ministro Celestino Rodrigo y se profundizaron las persecuciones y asesinatos contra la resistencia obrera de parte de Isabel, López Rega y sus bandas fascistas. En 1989, el peronismo volvió con Menem y, pese a las promesas de “salariazo y revolución productiva”, llevó adelante otra feroz ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares. Aumentó la desocupación, bajó los salarios y las condiciones de vida, mientras privatizaba todas las empresas públicas a precio de remate.

Desde 2003, los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina Kirchner utilizaron el doble discurso e ilusionaron con un supuesto “retorno al primer peronismo”. Pero el kirchnerismo no fue nada de eso. Los Kirchner nos hicieron creer que nos desendeudábamos, pero pagaron como ningún otro gobierno anterior la deuda externa que siguió creciendo, mantuvieron las privatizaciones menemistas y con Chevron en Vaca Muerta continuaron entregando nuestros recursos naturales. Con la profundización de la crisis también aplicaron el ajuste reduciendo salarios y jubilaciones, crecieron el trabajo en negro, el desempleo y la pobreza mientras los ocultaban truchando los números del Indec.

Ahora, tras el desastre macrista, el peronismo está otra vez en el gobierno con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En medio de la pandemia del coronavirus y la crisis económica, pese a haber prometido que gobernaría para los “más vulnerables”, continúa con el ajuste y la entrega. Mientras los trabajadores recibieron en estos meses despidos, suspensiones o rebajas salariales, las multinacionales recibieron subsidios y rebajas de impuestos. Después de decir que “elegiría a los jubilados antes que al FMI”, Alberto pagó este año a los usureros internacionales y pretende seguir pagando tras la renegociación de la deuda.   

Hace décadas que el peronismo se terminó de consolidar como un sostén fundamental de las patronales y del saqueo imperialista. Por eso no es salida para los trabajadores y los sectores populares. Hoy es la izquierda la que sigue defendiendo, en cada lucha, las históricas conquistas obreras y populares contra todos los gobiernos patronales, incluidos los peronistas como el de Alberto. Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda son los que plantean que hay que romper con el imperialismo y el FMI, dejar de pagar la deuda, nacionalizar la banca y el comercio exterior y reestatizar las privatizadas. La experiencia de décadas realizada con el peronismo plantea también el desafío de luchar por un verdadero gobierno de trabajadores y el socialismo para dar una solución definitiva a los urgentes problemas sociales.