Escribe Pilar Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria de la Federación Universitaria de Argentina (FUA)

Varias facultades de la UBA y quince colegios secundarios de CABA fueron tomados la semana pasada contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Es necesario discutir cómo darle continuidad al plan de lucha, tanto en defensa de las libertades democráticas como frente al plan de superajuste del gobierno, que golpea de lleno a nuestras universidades.

El martes, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que condena a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se tomaron las facultades de Filosofía y Letras, Sociales, Exactas y FADU de la UBA, así como facultades de la Universidad Nacional de La Plata. A lo largo de la semana, varios secundarios también se sumaron a esta medida.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) creemos que es clave profundizar en cuáles son hoy las tareas del movimiento estudiantil. Celebramos la organización que se activó, y por eso, desde el primer momento en que se conoció el fallo, impulsamos asambleas para debatir colectivamente un plan de lucha contra la proscripción, pero sobre todo contra el feroz desfinanciamiento de la educación pública, que hunde a docentes y no docentes por debajo de la línea de indigencia. 

¿Qué pasa en la universidad?

Mientras las conducciones de los centros de estudiantes en manos de peronistas y radicales frenaron todo intento de organización en defensa de la educación pública, las condiciones de cursada se deterioraron aún más: estudiantes dejaron sus carreras por no poder pagar el transporte, docentes abandonaron sus cátedras porque sus salarios no alcanzan ni para comer, y las facultades se caen a pedazos. Cerramos el cuatrimestre sin fecha para la Tercera Marcha Federal Educativa, mientras se pretende avanzar con reformas regresivas como el Sistema Argentino de Créditos Universitarios (SACAU). Todo esto impacta directamente en la calidad de nuestra educación. Por eso, más que nunca, necesitamos organizarnos para defenderla.

Como estudiantes, mientras denunciamos la proscripción de Cristina, nuestra principal tarea es organizarnos junto a docentes y no docentes para exigir un aumento presupuestario de emergencia: por salarios dignos, becas integrales, boleto educativo nacional, mejoras en infraestructura y todo lo necesario para garantizar el acceso y la permanencia en una universidad pública y gratuita. También contra el decreto discriminatorio que arancela la educación para lxs migrantes.

Con el receso de invierno en puerta, llamamos a las conducciones peronistas de los centros de estudiantes a que profundicen la defensa de las libertades democráticas e impulsen una verdadera lucha contra el ahogo presupuestario sin precedentes que Milei despliega sobre la educación pública. También exigimos a las conducciones radicales de la FUA y la FUBA que le pongan fecha a una nueva Marcha Federal Educativa, para frenar este mega ajuste y unificar fuerzas con las luchas del Garrahan, la ciencia, discapacidad y contra todo el plan de ajuste de Milei y el FMI.
Razones para luchar sobran; fuerza y ganas también.

Escribe Agus de la JIS

El 12 y 13 de junio se realizaron las elecciones del centro de estudiantes en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf). La lista 33, presentada por la Unión Resistente de Estudiantes Fueguinos (UREF), integrada por la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) e independientes, se impuso sobre la lista camporista FEUF, cortando seis años consecutivos de gestión.

Aunque la política desmovilizadora del peronismo generó una participación de apenas el 23% del padrón, logramos poner en discusión el carácter político de la universidad y con ello sumar más compañeres para fortalecer la agrupación y construir una agenda de izquierda.
La lista encabezada por militantes de la JIS duplicó su caudal de votos respecto a 2024, obteniendo un 55% y logrando los cuatro cargos directivos del centro y cuatro de las siete vocalías. Estos espacios son herramientas clave para enfrentar el ajuste del gobierno nacional dentro y fuera de la universidad.

La victoria de UREF se inscribe en dos años de crecimiento sostenido: actividades de debate, asambleas interclaustro, vigilias por la memoria, actividades culturales, jornadas de lucha y participación en la toma de la sede Río Grande. También ocurre en un contexto de crisis educativa, con presupuesto congelado y condiciones cada vez más precarias, mientras la agrupación oficialista eligió mirar para otro lado.

Frente a eso, les estudiantes apostaron por quienes luchan por sus derechos. Nuestra lista fue la más votada y les compañeres electes asumirán el compromiso de escuchar y movilizar, para construir una base estudiantil más politizada que defienda sus derechos en las aulas y en las calles.

Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Javier Milei allana el camino a las mineras al desregular por decreto la explotación extractivista en los glaciares, que son reservas estratégicas de agua para todo el país.

El gobierno anunció que planea modificar por decreto la Ley de Glaciares N° 26.639, algo que ya había intentado incluir en la redacción original de la Ley Bases y que finalmente fue removido. Esta ley prohíbe expresamente las actividades extractivistas en los glaciares y en los ambientes periglaciares (las zonas cercanas que permanecen congeladas gran parte del año) con el objetivo de proteger las reservas estratégicas de agua y los ecosistemas asociados. La norma fue fruto de años de lucha socioambiental, fue aprobada por el Congreso, vetada por Cristina Kirchner en 2008 tras una fuerte presión del lobby minero, y finalmente sancionada en 2010. En 2016 se intentó modificarla nuevamente, pero fue defendida en las calles por organizaciones ambientalistas y comunidades afectadas.

En este nuevo intento de las mineras por avanzar sobre los glaciares, la modificación fue redactada (según diversas fuentes) por un abogado vinculado a Barrick Gold. El decreto busca reducir las áreas protegidas y habilitar actividades actualmente prohibidas, como la explotación minera e hidrocarburífera, la liberación de sustancias químicas y residuos, y la construcción de infraestructura sin fines científicos. Este intento representa un grave retroceso en materia de legislación ambiental, un nuevo avance del extractivismo con la complicidad del gobierno ultraderechista, y además viola compromisos internacionales de rango constitucional, como el Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó y que prohíbe expresamente la regresividad en normas de protección ambiental.

Los glaciares son considerados recursos hídricos estratégicos: resguardan el 70% del agua dulce del planeta y actúan como verdaderas fábricas de agua que alimentan ríos, ecosistemas y comunidades enteras. Ya vienen siendo amenazados y reducidos año tras año por el calentamiento global, y ahora podrían ser dinamitados y contaminados para permitir la exploración de hidrocarburos. Instituciones científicas, investigadores del Conicet y universidades nacionales han advertido sobre el impacto ambiental devastador que implicaría este proyecto. Afectaría de forma directa a todas las regiones que dependen de estos cursos de agua, agravando las sequías y profundizando la escasez en zonas que ya enfrentan una crisis hídrica.

Desde el gobierno de Milei admiten que actúan por presión de las mineras, con el objetivo de “garantizar la seguridad jurídica”, lo que en realidad significa darles a las multinacionales las mayores comodidades de inversión, a costa de nuestra salud, los ecosistemas y los territorios. Todo en sintonía con el régimen de saqueo del RIGI y el proyecto económico extractivista y reprimarizador de la economía que impulsa el gobierno.

El agua es vida y un derecho que vamos a defender en las calles. La movilización del movimiento socioambiental, junto a las y los trabajadores, las comunidades, las universidades y la ciencia, es el camino para enfrentar el lobby de las mineras, el avance del extractivismo y a este gobierno negacionista climático y cipayo.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Banfield alzó la voz al enterarse de que, oculto bajo el manto de la impunidad, vive entre sus vecinas y vecinos el genocida y ex integrante de la Triple A, Julio Yessi. Decenas de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos nos hicimos presentes el viernes 13 de junio para escrachar su casa y exigir la reapertura de las causas judiciales vinculadas a la Triple A.

Yessi es uno de los responsables directos de la Masacre de Pacheco, que ocurrió el 29 de mayo de 1974. En ese hecho fueron secuestrados y fusilados tres militantes del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST), nuestro partido antecesor, que se forjó en la clandestinidad y bajo el genocidio de Estado. Nuestros caídos en Pacheco fueron Mario Zida, Antonio Moses y Oscar Meza. Las tres compañeras que también fueron secuestradas durante ese operativo fueron liberadas horas después.

Según testigos, Yessi fue identificado como partícipe activo del ataque. Sin embargo, la Justicia Federal (a través de un fallo dictado por el tribunal conformado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) le garantizó impunidad. Su figura también está asociada a la represión en espacios universitarios, como en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde en 1974 fue asesinado Pedro H. Hansen, dirigente estudiantil que encabezaba la resistencia contra el rector impuesto por el gobierno.

La Alianza Anticomunista Argentina fue una organización parapolicial fascista que actuó entre 1973 y 1976 con el amparo del Ministerio de Bienestar Social, dirigido por José López Rega, mano derecha de Isabel Perón. Su accionar fue la antesala del terrorismo de Estado que se instauró con la última dictadura militar iniciada en 1976. El PST, del cual nos sentimos orgullosos y cuyo legado continuamos, sufrió la desaparición forzada de más de 100 compañeras y compañeros.

Desde Izquierda Socialista y Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) nos hicimos presentes con una nutrida columna que, al finalizar la movilización y bajo la lluvia, se despidió gritando: “A los caídos no los vamos a olvidar, en cada lucha ellos están y con un mundo socialista volverán”. Contra la impunidad de ayer y de hoy, por las y los 30 mil, y frente a este gobierno negacionista de Javier Milei, seguiremos peleando por la reapertura de las causas judiciales y de los archivos comprendidos entre 1974 y 1983, y por cárcel común y perpetua para los genocidas. ¡Mario, Antonio y Oscar, presentes!

*Foto de portada: Columnas de obreros movilizados contra el plan económico del gobierno peronista. Facsimil del periódico del PST. Julio de 1975

Escribe Federico Novo Foti

En junio de 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón, impuso un feroz ajuste contra las y los trabajadores. Sin embargo, tras un mes de paros, movilizaciones y la primera huelga general contra un gobierno peronista, el plan de ajuste y el funcionario fueron derrotados. Luego del triunfo, la traición de la burocracia de la CGT detuvo la lucha y allanó el camino para el golpe de Estado.
 
En 1973, las y los trabajadores celebraron como un gran triunfo el regreso del peronismo al gobierno, con la esperanza de recuperar las conquistas perdidas durante los 18 años de proscripción. Sin embargo, a pesar de las expectativas generadas, el gobierno peronista impuso el “Pacto Social”, que congelaba los salarios por dos años y suspendía las paritarias, mientras los empresarios continuaban aumentando los precios y el costo de vida. Frente a la persistencia de las luchas obreras, el gobierno reformó el Código Penal, decretó el Estado de Sitio y promovió la acción de bandas fascistas, como la Triple A, contra el activismo obrero y popular.

El 1º de julio de 1974 falleció Juan Domingo Perón, entonces presidente de la Nación, y el poder quedó en manos de su esposa y vicepresidenta, Isabel Perón. Sin embargo, el verdadero poder en las sombras lo concentraba el ministro de Bienestar Social, José “el brujo” López Rega. 
En 1975 se reabrieron las negociaciones paritarias y creció la presión de las bases obreras para recuperar lo perdido. Sin embargo, en junio asumió un nuevo ministro de Economía: Celestino Rodrigo, un hombre cercano a López Rega. Sus medidas representaron una verdadera declaración de guerra contra las y los trabajadores: el gas aumentó un 60%, la electricidad y los colectivos un 75%, el subte un 150%, y los artículos de la canasta familiar iniciaron una escalada impresionante, con incrementos que rondaban el 200%. Mientras tanto, para los salarios se fijó un tope del 38% y se impuso, de hecho, la suspensión de las paritarias. Fue un plan de ajuste al servicio de los monopolios del sector bancario y financiero, de la oligarquía agroexportadora y de la penetración imperialista.
 
La respuesta obrera al “Plan Rodrigo”

 Ese fue un “invierno caliente”. La protesta comenzó con los mecánicos y metalúrgicos cordobeses, a quienes siguió un paro de 48 horas en Santa Fe. La marea de conflictos no dejó de crecer. Ocho mil obreros de Ford marcharon desde la planta de Pacheco para exigir aumentos del 100% en las paritarias. Se sumaron los trabajadores del transporte y los metalúrgicos de Capital Federal y del sur del Gran Buenos Aires. En pocos días, conmocionado por los anuncios de Rodrigo, el país se transformó en una gran asamblea: en las calles, en los transportes, en las fábricas y oficinas se debatía cómo actuar y se expresaba el enojo generalizado contra el gobierno, mientras las bandas fascistas seguían operando.

 Rodrigo comenzó a retroceder: otorgó un aumento del 45%, en reemplazo del 38% inicial. Luego anunció que los salarios se ajustarían trimestralmente. Sin embargo, los gremios más importantes ya habían negociado aumentos superiores al 50% e incluso del 130%, lo que incrementó la presión para que Isabel Perón homologara los acuerdos. A pesar de sus maniobras, la dirigencia de la CGT empezó a advertir que las luchas que se extendían por todo el país los estaban desbordando, y comenzaron a exigir “paritarias libres”.

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, reclamaba entonces la convocatoria a una huelga general: “Las luchas que se siguen dando y que abarcan a centenares de miles de trabajadores plantean una salida: es urgente que las direcciones sindicales impulsen la unificación de estas luchas para lograr mayor fuerza contra las patronales. El aislamiento de los paros y las medidas de fuerza sólo puede dificultar el camino hacia las reivindicaciones de los gremios que siguen en lucha”^¹. Finalmente, la CGT cedió a la presión y convocó a un paro con concentración frente a la Casa Rosada para el viernes 27 de junio.

El “Rodrigazo”

Aquel viernes comenzaron a llegar a Plaza de Mayo las primeras columnas obreras de metalúrgicos, bancarios, textiles y telefónicos desde temprano. Al mediodía se sumaron enormes delegaciones provenientes del Gran Buenos Aires.

La movilización no se limitó a exigir la homologación de los convenios salariales, sino que también reclamó la salida del gobierno del sector lopezrreguista. En la plaza se coreaba: “¡Rodrigo, boludo, buscate otro laburo!” y “¡Isabel, coraje, al brujo dale el raje!”^².

Pero Isabel no se presentó. Fue la primera vez que un presidente peronista no salió al balcón ante una concentración en Plaza de Mayo. Desde su periódico Avanzada Socialista, el PST afirmaba: “Es un verdadero 17 de octubre, pero los obreros no se han movilizado para sacar a Perón de la cárcel. Han salido contra los planes del gobierno peronista”^³.

 Al día siguiente, Isabel Perón dio un discurso por radio y televisión con un tono enérgico, en un intento por reafirmar su “autoridad” y su decisión de gobernar con “unos pocos amigos”, prescindiendo de dirigentes gremiales y políticos “que no comprenden la gravedad de la situación”. Lejos de calmar los ánimos, sus palabras intensificaron el malestar.

El lunes 30 de junio se produjo un paro general espontáneo. Miles de trabajadoras y trabajadores se reunieron en los portones de las fábricas y salieron en manifestación. Las coordinadoras zonales (ver recuadro) se transformaron en espacios clave para la organización de comisiones internas, activistas sindicales y militantes políticos.

La burocracia sindical “acompañó” la jornada con el fin de contener el desborde. Enormes columnas provenientes de la zona norte y sur del Gran Buenos Aires confluyeron frente a la sede de la CGT, en Azopardo e Independencia, y en Plaza de Mayo.

Durante los días siguientes continuaron las huelgas y manifestaciones en las principales ciudades del país. La CGT se vio obligada a convocar una huelga general para el 7 y 8 de julio.

Ante la contundencia del primer día de paro, el gobierno homologó los convenios acordados, sin aplicar ningún tope a los aumentos. Poco después presentó su renuncia Celestino Rodrigo y luego José López Rega, quien huyó del país.

El “Rodrigazo” representó un triunfo impresionante de la clase trabajadora. Al calor de ese proceso surgieron esbozos de una dirección alternativa a la burocracia sindical, y muchos trabajadores y trabajadoras comenzaron a romper con el gobierno peronista, que quedó aún más debilitado. La clase obrera demostró su enorme capacidad de movilización.

El PST planteó la necesidad de continuar la lucha porque “nadie puede creer que nuestra victoria es definitiva” y lanzó consignas como: “la presidenta y los ministros deben renunciar” y, como salida de fondo, “un gobierno obrero y popular para una Argentina socialista”^⁴.

Sin embargo, la burocracia de la CGT frenó las movilizaciones. Gracias a esa tregua, los sectores patronales, sus partidos y las Fuerzas Armadas lograron recomponer sus filas y comenzaron un proceso de discusiones y forcejeos que desembocaron en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que impuso (a sangre y fuego) un plan económico muy similar al de Rodrigo. 


1. Ver Ricardo de Titto. “Historia del PST”. Tomo 3. CEHuS, Buenos Aires, 2024. 
2. Ídem.
3. Ídem.
4. Ídem.