Escribe Tomás Toledo y Jasmín Giménez, estudiantes de Facultad de Derecho (UBA)

El ascenso represivo que estamos viviendo se correlaciona con el ataque económico a la clase trabajadora y los sectores populares. El ataque a la educación, la salud y nuestros derechos se combina con el sistema de disciplinamiento que se nos quiere imponer desde la infancia y adolescencia a
través de la represión estatal, que va desde el abuso de la autoridad, encarcelamientos y la pena de muerte extra judicial -gatillo fácil- (que hoy llega a la alarmante cifra de una víctima cada 21 horas). Este es el cocktail que preparan los gobiernos para “aguantar” el avance de la miseria.

El poder judicial, la fuerzas represivas (la policía, gendarmería, prefectura), gobiernos y narcotraficantes, trabajan a la par en un sistema que ampara la represión y beneficia a los sectores más poderosos. “La secta del gatillo fácil es también la logia de los dedos en la lata” describía en los años 60
Rodolfo Walsh. Con total vigencia hoy que vemos hechos como el tiroteo entre policias de la federal y la bonaerense en Avellaneda en un caso de extorsión de por medio.

La juventud es el último eslabón de una cadena de negocios, en la que las ganancias a costas de nuestras vidas son gigantes. Utilizan a jóvenes como brazos ejecutores y víctimas de los negocios delictivos. Luciano Arruga y la lucha de su familia, es solo un ejemplo de la vida en las barriadas populares del conurbano y el interior del país. Pibxs hundidos en la pobreza por las políticas de los gobiernos son obligadxs a robar por la policía en las zonas liberadas.

El proyecto de Garavano y Bullrich

Hoy la reforma al sistema de responsabilidad penal es una nueva arremetida a lxs hijxs de los sectores populares. La baja a la edad de imputabilidad que se quiere imponer, bajando de 16 a 15 años, es la maniobra que utilizan los partidos patronales para esquivar la discusión de fondo, incentivando
medidas de operatividad inmediata, que no solucionan ninguno de los problemas socio-económicos en las que hoy nos vemos sumergidos, si no que con una utilización electoral marketinera del “debate de la inseguridad” construyen junto con los medios de comunicación como chivo expiatorio
al “pibe chorro”. Encaran las problemáticas de la juventud desde el punto de vista punitivo y no de dar respuestas a sus necesidades más urgentes, apuntulando una construcción cultural de legitimación de la represión.

La selectividad arbitraria de la policía en la criminalización de la juventud, especialmente a lxs pibxs que tienen una inserción educativa débil, consumos problemático de sustancias, o trabajos precarios, se busca meter el problema debajo de la alfombra, aumentando el espectro de imputabilidad, y atestando las caréceles de pibes, ya habiendo una tremenda crisis de contención en los mal llamados “centros socio-educativos” que son los institutos de menores, o pequeñas cárceles. Sobrados ejemplos hay como el centro “La Esperanza” de Córdoba, en la que se hayan radicadas denuncias
por violencia y asesinatos de pibes, que quieren hacer pasar como “suicidios”. Los mismos mecanismos que se utilizan en cárceles de adultos.

Una vez más se enfoca el problema hacia la estigmatización de la juventud empobrecida y no en las verdaderas causas de fondo del aumento de la inseguridad y el crimen: la destrucción de la economía nacional, del empleo y la educación, y los negociados de las bandas policiales que organizan el delito.

Hoy este discurso represivo es galardón de todo el arco político patronal y tradicional del país. No solo el gobierno de Macri y Bullrich sino también el massismo quiere bajar la edad de punibibildad, y aun peor el kirchnerismo hace gala del carapintada Berni, que respaldo el proyecto de Insaurralde de bajar la edad a los 14 años, más a la derecha que macri. Y no olvidemos, que la propia Cristina impulsó un proyecto de baja de la edad de imputabilidad que se llegó a aprobar en el senado.

La ley penal juvenil vigente, proviene de las entrañas de la última dictadura militar, pero increíblemente la nueva reforma es más regresiva. Además está reforzada con los edictos policiales, los códigos de falta, la nueva resolución 956/18 (que da luz verde a la policía para matar) y la “doctrina Chocobar” que ampara policias que matan por la espalda, construyen una estructura jurídica legitimizante de la violencia. Es el soporte de la criminalización de la juventud, con el fin político, no solo de disciplinar nuestros cuerpos si no coartar de cuajo cualquier avance de la movilización de la juventud en el reclamo por sus derechos. No son casuales los ataques que reciben tantos activistas por salir a luchar en defensa de la educación pública (como la imputación judicial a estudiantes de las Universidades Nacionales de Córdoba y Rio Negro por las tomas) o que las comunidades originarias hayan tenido que pagar con vidas jóvenes, como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por la defensa de sus tierras.

Macri quiere ganar las elecciones con una campaña a lo Bolsonaro, pidiendo más mano dura y gatillo fácil. Hay que frenarlo en las calles, y construyendo junto al FIT una alternativa política que dé una verdadera salida a los problemas del país.

NO A LA BAJA DE LA IMPUTABILIDAD, basta de criminalizar a la pobreza y la protesta, cierre de todos los institutos de menores, trabajo genuino y educación para la juventud en todo el país.

¿Por qué legalizar las drogas?

Bajo la mentira de la “lucha contra el narcotráfico” el gobierno de Macri, tal como lo hicieron los anteriores gobiernos, sigue persiguiendo a los consumidores, especialmente a lxs pibxs de los barrios.
El narcotráfico existe amparado en la ilegalidad y con la participación de la policía y los gobiernos y la prohibición ha demostrado en el mundo haber fracasado, con las carceles llenas de pibes y pibas que utilizan las bandas, y los jefes y complices libres.
Solo la legalización de las drogas acompañadas con verdaderas políticas de salud para personas con consumo problemático desmantelará las redes de narcotráfico que hoy mata en todo el país entre la violencia de la bandas narco y la persecusión policial.
La ley del cannabis medicinal sancionada es otra prueba que sin una verdadera legalización y sin presupuesto de salud se sigue empujando a quienes consumen incluso por razones de salud a la ilegalidad. Por eso nuestra salida es por la legalización, por políticas de salud que acompañen a quienes consumen con presupuesto real, investigación y que no seamos perseguidos por consumir a manos de mismos que garantizan el negocio millonario de la droga mientras quieren bajar la edad de imputabilidad.