• ¿Cómo definís al modelo universitario mercantil?

Las clases dominantes de la sociedad trataron siempre de utilizar la educación para afianzar su dominio. Durante los siglos XIX y XX se formaron profesionales y científicos orientados a servir al capitalismo, pero las universidades mantuvieron cierta autonomía cultural y acompañaron con avances y retrocesos los vaivenes de la lucha de clases.

Hacia el fin del siglo XX, las empresas imperialistas crecieron e influyeron mundialmente en todos los órdenes, incluyendo el cultural. La mayoría de las universidades reorientaron sus carreras y sus investigaciones para que sirvieran a los intereses de esas grandes empresas.

Los gobiernos redujeron el presupuesto educativo, fomentaron la enseñanza privada y obligaron a las universidades estatales a buscar financiamiento en convenios con empresas. La internacionalización de los estudios, como en el Plan Bolonia, también apunta a satisfacer las necesidades de las multinacionales.

En nuestro país, la tradición de luchas estudiantiles y docentes y de educación pública dificultó la instauración plena de este modelo mercantil o empresarial. Pero a pesar de ello avanzó notablemente en las últimas décadas, a través de los frecuentes convenios con empresas, de la pertenencia a asociaciones como Universia, sostenida por el Banco de Santander, de la plataforma EdX que incluye al Banco Mundial y al FMI e incluso del método y el lenguaje empresarial aplicado a actividades académicas.

• ¿De qué manera la LES ayudó a apuntalar el modelo mercantil en la Argentina?

La LES, aprobada en 1995 por el gobierno de Carlos Menem, fue impuesta por el Banco Mundial durante negociaciones para el otorgamiento de un crédito. Contiene todas las características del modelo empresarial: coloca en un plano de igualdad a las universidades públicas y privadas, crea organismos de conducción como el Consejo de  Universidades,  integrado en forma paritaria por representantes de ambos sectores y permite que las universidades públicas obtengan “fondos propios” a partir de contratos con empresas. En las condiciones del crédito el Banco Mundial exigió que debía crearse la CONEAU como un organismo de control y acreditación con autoridades y metodologías de trabajo… aceptables para el Banco”.

La LES también estableció que las funciones de control y acreditación pueden estar a cargo de un organismo privado y abrió las puertas para el arancelamiento de los estudios.

Esta ley fue resistida por el movimiento estudiantil y por buena parte de los docentes. Sin embargo, no solo fue aprobada por el menemismo sino que mantuvo su vigencia durante los gobiernos posteriores, incluyendo los doce años de Néstor y Cristina Kirchner hasta 2015.

La reforma aprobada por el Congreso en octubre de ese año introdujo una importante definición: “la educación y el conocimiento son un bien público, un derecho humano personal y social” y “una responsabilidad indelegable del Estado”. También eliminó la posibilidad de arancelar los estudios de grado, estableció el ingreso irres- tricto a las universidades públicas y modificó algunos otros artículos. Sin embargo, se conservaron en el resto de la ley numerosas normas que contradicen estas correctas afirmaciones generales, al equiparar las universidades públicas con las privadas y mantener la representación de estas últimas en los máximos organismos del sistema. También se mantuvo la posibilidad de financiamiento adicional para las universidades nacionales mediante convenios con empresas, los “fondos propios” estimulados por la asfixia presupuestaria estatal.

En 2015 no se eliminó el arancelamiento de los cursos de posgrado, cada vez más necesarios para los jóvenes graduados y se agregó algo que el texto anterior no contemplaba: la posibilidad de que las provincias subvencionen universidades privadas.

• En el marco de la pelea por su deroga- ción, ¿Cuáles son los principales ejes que deberían pensarse en una nueva Ley?

Los objetivos centrales de una nueva ley deben ser recuperar el carácter público y universal de las universidades y establecer que tanto la educación como la investigación deben orientarse hacia las necesidades de los sectores más postergados de la sociedad y no hacia el lucro de las empresas ni del 1% más rico de la población.

De acuerdo con su “responsabilidad indelegable” establecida en el artículo 1°, el otorgamiento de los títulos debería ser una atribución exclusiva del Estado, tal como era antes de 1958. Si bien todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse, estudiar, enseñar y expresarse libremente en cualquier ámbito cultural o artístico, lo que no puede aceptarse es que instituciones privadas otorguen títulos habilitantes para ejercer las profesiones de interés social, como son las disciplinas de la salud, la abogacía y otras prácticas comunitarias, la arquitectura, las ingenierías, etc., ni que tengan representación en los organismos de conducción del sistema universitario.

Por otra parte, el financiamiento de las universidades públicas debería ser exclusivamente estatal, de modo que todas sus actividades apunten al bien común y no a intereses económicos sectoriales.

Con respecto al ingreso y a la permanencia de los estudiantes, debería contemplarse el tránsito desde el secundario con cursos de formación y asegurarse el seguimiento de los estudios mediante tutorías y apoyo pedagógico. Las carreras deberían apuntar al desarrollo del espíritu crítico en lugar de la capacidad memorística, y del sentido solidario del profesional o científico en lugar de los criterios individualistas que imperan actualmente. La composición de los órganos de gobierno y de los contenidos de la enseñanza deberían ser discutidos en cada universidad, garantizando la autonomía y la diversidad de las regiones geográficas y de la composición de cada una de ellas en cuanto a carreras, tradición, temas de investigación y población estudiantil.

• ¿Cuál opinás que es el proyecto del gobierno de Alberto Fernández sobre este tema?

Existen aún pocos elementos para conocerlo en detalle, pero sin embargo es posible analizar ciertos indicios.

En el capítulo sobre Educación de la Plataforma Electoral del Frente de Todos se plantea la necesidad de “fortalecer el Consejo de Universidades”, que está formado por rectores de universidades públicas y privadas, sin proponer ningún cambio en su composición.

Por otro lado, en la apertura de las sesiones del Congreso el presidente mencionó la necesidad de una nueva Ley de Educación Superior, y entre sus objetivos señaló el fortalecimiento del “vínculo con la comunidad y el sector productivo”, sin aclarar si se refería a las empresas estatales o a las privadas, aunque la relación de Alberto Fernández con estas últimas es muy cercana. Por ejemplo, pocos días después de asumir la presidencia, participó de un acto en la Universidad Austral, donde “celebró” la firma de un acuerdo entre esa institución privada de élite, las grandes automotrices multinacionales radicadas en nuestro país y la cúpula del SMATA “para incrementar la productividad del sector”. Tal como informa la página web del CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas), el presidente sostuvo que “vamos a seguir trabajando juntos”.

Estos indicios nos llevan a temer que las reformas de la LES propuestas por el actual gobierno acentúen la contradicción que señalamos más arriba. Que no reafirmen el concepto de que la educación y el conocimiento son un derecho personal y social y que por el contrario acentúen el modelo empresarial de las universidades.

Creemos que estudiantes, docentes y no-docentes, deben advertir ese peligro y alertar sobre la posibilidad de que la mercantilización se acentúe. Lo que el país necesita son universidades públicas totalmente financiadas por el Estado y cuyo objetivo sea orientar la enseñanza, la investigación y la cultura hacia la reducción de las injusticias y las desigualdades sociales y no hacia el lucro de las grandes empresas y de quienes concentran la riqueza y destruyen el planeta.