Escriben Juli Mechón, Secretaria de Políticas Universitarias del Centro de Estudiantes de Humanidades de COMAHUE y Joaquín Caporale, ex consejero directivo de la Facultad de Psicología de la UNLP

Derogar o anular la Ley de Educación Superior menemista es una consigna que ha sido borrada de la mayor parte de los pliegos de reivindicaciones y programas del movimiento estudiantil del país. Incluso de algunos que son levantados por corrientes del campo de la izquierda. Una peligrosa despolitización que circunscribe los debates a las demandas más inmediatas, presupuestarias, salariales, edilicias, de reglamentos de cursada y planes de estudios, cuando no, a la mera discusión del expendio de apuntes o precios de comedores. Todas demandas y discusiones necesarias, pero que desde nuestro punto de vista, omiten ir al debate de fondo del sentido de la universidad pública, del porqué y el cómo de su permanente proceso de destrucción y privatización, a dónde está la base material que sustenta los monstruosos aparatos  estudiantiles del radicalismo (Franja Morada) y el peronismo (desde La Cámpora hasta la Juventud Universitaria Peronista), entre tantos otros temas. Es la LES el andamiaje político y legal del desguace de la universidad pública, y donde encontramos las respuestas a estos interrogantes. Por eso ha sido una política permanente de nuestra corriente durante estos 25 años pelear por incluir tirar abajo la LES dentro del horizonte de peleas que da el movimiento estudiantil.

El presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura del Congreso el primero de marzo, planteó que era parte de sus objetivos sancionar una nueva ley de educación superior. Las limitaciones de su planteo las desarrolla en este dossier Eduardo Díaz de Guijarro, físico y coordinador del Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Los doce años de gobiernos kirchneristas sosteniendo el modelo heredado del menemismo ofrecen además una confirmación que los pilares que denunciamos de este andamiaje van a ser sostenidos en su propuesta, sino aún más fortalecidos, sobre todo en lo relativo a la persecución del financiamiento privado bajo el argumento de “buscar vinculación con el sector productivo”. La entrevista a nuestra compañera Laura Marrone, especialista en temas educativos, nos permite además tener un panorama general del conjunto de los niveles educativos frente a estas presiones del capitalismo imperialista sobre la formación de la juventud de nuestro país.

“La universidad pública podrá cobrar aranceles” fue el título principal del diario Clarín al día siguiente de su sanción. La enorme pelea que dio el movimiento estudiantil con tomas de facultades a lo largo y ancho del país, y la movilización con abrazo/bloqueo al propio Congreso de la Nación incluido, no logró frenar su aprobación por culpa de la traición de la Franja Morada y del entonces FREPASO (cuyos herederos hoy residen particularmente en las tropas del kirchnerismo). Pero sí logró con su lucha a lo largo de los años evitar que los aspectos aún más privatizadores de la ley en regla general no se apliquen, como la habilitación del cobro aranceles para cursar. Incluso en algunas facultades se logró evitar la “acreditación” de los contenidos de las carreras a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), el organismo creado para impulsar reformas de currículas al servicio del mercado.

Los avances privatizadores y la mercantilización, sin embargo, lograron abrirse camino a través de otras vías, como el arancelamiento de los posgrados y la firma de convenios con multinacionales. En nombre de la búsqueda de generación de “recursos propios”, todos los gobiernos desfinanciaron el sistema universitario empujando a cada institución a buscar el “padrinazgo” de alguna empresa, o algún negocio como los cursos de idioma pagos. El reclamo presupuestario y el rechazo a estas expresiones de mercantilización han sido uno de los principales motores de los reclamos estudiantiles, docentes y nodocentes, en estas décadas.

Ponemos los aportes de este dossier al servicio de la politización, y como un impulso al estudio y la profundización de la realidad del sistema educativo de nuestro país. Pero sobre todo, como un aporte en función de poder retomar la tradición de los Encuentros Nacionales contra LES (cuya última edición se realizó en el año 2005), y avanzar en constituir un programa propio del movimiento estudiantil de nuestro país, que le permita tanto defenderla de los ataques de los gobiernos, como proponerse rediscutir su orientación social, y ponerla de una vez por todas al servicio de las necesidades de lxs trabajadorxs y el pueblo.