Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández ha anunciado que presentará un proyecto para un nuevo impuesto: “a la renta inesperada”, que deberían pagar todas aquellas empresas que tengan ganancias extraordinarias netas superiores a los 1.000 millones de pesos. ¿Se trata realmente de implementar un impuesto que afecta a los grandes capitalistas y beneficia a los sectores populares o de una nueva versión del relato y el doble discurso?

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán lo anunciaron con toda pompa en un acto en el salón Blanco de la Casa de Gobierno. Se establecería un nuevo impuesto, dijeron, extraordinario y por única vez, que deberían pagar solamente las grandes empresas que obtengan ganancias extraordinarias mayores a 1.000 millones de pesos. Claramente, suena progresista. Pero, como ya nos tiene acostumbrados el gobierno del Frente de Todos, del discurso a los hechos concretos hay un largo, larguísimo trecho.

Empecemos por lo primero y lo básico: ¿va a salir? ¿O pasará a formar parte de la ya larga lista de anuncios que después no se implementan, al estilo “estatización de Vicentín”? No es una sospecha menor. Apenas anunciado, la propia vicepresidenta Cristina Fernández salió a decir que era pura “sarasa”, ya que no había ninguna posibilidad de que se aprobara en la Cámara de Diputados. El periodista Marcelo Bonelli reveló que ni el propio ministro Guzmán tiene intenciones de imponerlo, al dar a conocer una charla de éste con un importante empresario: “El CEO de una poderosa cerealera interpeló a Martín Guzmán: `Vos sabés que ese proyecto no pasa el Congreso`. Estaban a solas y con cierta familiaridad. Ambos hablaban de la polémica por la renta inesperada. Guzmán reflexionó: `Ya sabemos que será difícil que se apruebe`. El jefe de la multi insistió: `¿Entonces, para qué hacen tanto escándalo político?`. Guzmán retrucó: `No se va a aprobar. Pero nosotros primereamos y le sacamos la bandera a Cristina`” (Clarín, 22 de abril). La veracidad del diálogo fue confirmada también por Horacio Verbitsky (destapeweb.com, 24 de abril).

Por supuesto, el solo hecho de que se hablara de un impuesto de estas características bastó para que se activaran todas las usinas patronales en contra, al igual que los economistas del establishment, volviendo a la carga con su discurso de “la insoportable carga de impuestos que pesan sobre las empresas y que les impide invertir” (en "¿Se pagan muchos impuestos?" nos dedicamos a ese debate).

El propio ministro Guzmán abrió el camino para que todo quede en un mero discurso. Anunció que el impuesto no se enviaría inmediatamente al Congreso, sino que se iniciaría una ronda de debates con todas “las fuerzas productivas” (increíblemente usó esa palabra) queriendo decir con esto que se realizaría una larga serie de reuniones para evaluar “la factibilidad” de dicho impuesto.

Trampas…y más trampas

Si de verdad el gobierno quisiera implementar inmediatamente un impuesto de estas características, podría hacerlo directamente con una simple resolución de la AFIP, sin pasar por el Congreso: le bastaría modificar la alícuota máxima del impuesto a las ganancias para todas las empresas que este año ganen 1.000 millones de pesos más en comparación a 2021. No lo hace, y crea un nuevo impuesto que, “luego de un largo debate” con las patronales, debería ir al Congreso donde, efectivamente, nunca va a ser aprobado.

Pero eso no es todo. Aún en el supuesto caso que fuera aprobado, el propio ministro Guzmán ya anuncia la excusa que podrán presentar las empresas para no pagarlo: aducir que ese dinero fue “reinvertido” en nuevos negocios. Increíble: el propio gobierno les da argumentos a las patronales para que puedan evadirlo.

Por supuesto, a todo esto hay que agregar que el dinero que supuestamente se recaudaría no será, en ningún caso, para mejorar la distribución del ingreso o reducir la pobreza. Todo lo contrario: irá a engrosar los fondos para pagarle al FMI (¿será por eso que el propio Fondo da un guiño para que se anuncien impuestos de este tipo, tal como explicamos en "Un proyecto bendecido por el FMI" ?).

Hay que cobrar verdaderos impuestos a los ricos y a las grandes empresas

Sin duda que las grandes patronales, los grupos monopólicos locales y transnacionales, los bancos, las empresas agroexportadoras, las mineras, las gasíferas y petroleras, deben pagar más, muchísimo más, en concepto de impuestos, que lo que pagan actualmente.

Hay que terminar con las exenciones y privilegios de todo tipo que gozan muchas de estas empresas. Deben pagar el 100% del impuesto a las ganancias, y con alícuotas altamente crecientes en función a cuánto ganen. También se deben restablecer los aportes patronales eliminados por Cavallo en los ´90 y nunca repuestos por los gobiernos posteriores.

Hay que imponer, además, un auténtico impuesto a las grandes fortunas y las superganancias, que permita recaudar fondos con el destino específico y exclusivo de atender a las más urgentes necesidades populares.

¡Qué más paguen, pero de verdad, sin doble discurso, los que más tienen y más ganan! Esa debe ser la consigna. Junto con los fondos que se podrían obtener del no pago de la deuda externa, ahí está la otra fuente de recursos para llevar adelante un programa alternativo, obrero y popular.

Escribe José Castillo

Tanto la directora general del FMI, Kristalina Georgieva como la número dos del organismo, Gita Gopinath, manifestaron “comprensión” ante el anuncio del proyecto de nuevo impuesto a la renta inesperada.
Es que el objetivo del Fondo es que los países deudores recauden lo más posible para, justamente, cumplir con la reducción de los déficits fiscales y así poder pagarle en el futuro la deuda al organismo.
Por supuesto que lo central para el FMI es la reducción del gasto (ahí está el corazón del ajuste). Pero aceptan que esto se pueda complementar con nuevos impuestos.

Por eso, aún antes del anuncio de Alberto Fernández y Martín Guzmán, ya el propio FMI lo había anticipado en su informe titulado “La deuda del sector privado y la recuperación mundial” y que se conoció al inicio de las recientes reuniones de primavera (boreal) del FMI y el Banco Mundial. Todo al servicio de seguir cobrando la deuda externa. Como vemos, no se trató de una ocurrencia del presidente ni de su ministro de Economía, sino una “sugerencia” del propio Fondo.  

Escribe José Castillo

Las grandes cámaras patronales (Unión Industrial Argentina -UIA-, Asociación Empresaria Argentina -AEA-) han instalado una afirmación: que en la Argentina el problema son “los impuestos que nos abruman”. En particular, insisten que una enorme carga impositiva aplasta a los empresarios, ya que en nuestro país existen “165 impuestos” (según datos del IARAF).

Comencemos por el principio. No es cierto semejante número. El dato publicitado e impactante incluye tasas (o sea lo que se paga por una contraprestación, por ejemplo, luz, servicios de agua, etcétera), y pagos por otros conceptos como aportes jubilatorios. En concreto, el número real de impuestos es 70. Pero no es cierto que todos se cobran “a la vez”, ya que en muchos casos se trata de tributos distintos que se cobran en cada provincia, y por lo tanto el que se domicilia o ejerce su actividad económica en otra no lo paga.

Señalamos esto porque es mentirosa la afirmación de que el “problema” de la pobreza o la recesión en nuestro país se debe al exceso de impuestos. Rotundamente falso: se debe a la sangría permanente por los pagos de la deuda externa y al saqueo de nuestras riquezas. A lo que le podemos sumar la fuga de capitales, las evasiones impositivas y los mil y un delitos que llevan adelante impunemente las patronales que actúan en nuestro país, tanto nacionales como extranjeros.

Hablemos seriamente de impuestos

El interrogante de si en nuestro país se pagan muchos o pocos impuestos está mal formulado. La clase trabajadora paga muchísimos impuestos, tal el caso del IVA, del vergonzoso impuesto a las “ganancias” sobre el salario, del impuesto a los ingresos brutos que encarece los productos en cada provincia y de otros tributos perversos como el impuesto al cheque, que hace que un trabajador despedido, por ejemplo, al cobrar su cheque de indemnización, se le descuente automáticamente en ese concepto.

Por contraposición, las empresas que actúan en la Argentina pagan poquísimo de impuestos. Las alícuotas del impuesto a las ganancias son mucho más bajas que en otros países del mundo. Existen infinidad de mecanismos “legales” para eludir el pago. Peor aún, aún aquellos que evaden ilegalmente luego son sistemáticamente “perdonados” por infinitos blanqueos.

A nivel provincial, el impuesto inmobiliario es escandaloso: grava con fuerza a las pequeñas viviendas individuales y es bajísimo para las empresas y el inmobiliario rural.

Los grandes exportadores pagan retenciones al comercio exterior, que trasladan sistemáticamente al pequeño productor. Lo hacen en base a declaraciones juradas en los puertos que nadie verifica. Los grandes monopolios exportadores de gas, petróleo o megaminería gozan de enormes exenciones de sus obligaciones impositivas.

Los ricos individualmente también están escandalosamente privilegiados en términos impositivos. Solo deben pagar el impuesto a los bienes personales, que la mayoría también evade sistemáticamente. El impuesto a la herencia, eliminado por la dictadura con Videla y Martínez de Hoz, sigue sin existir en la inmensa mayoría de las provincias.

Un debate no menor: ¿a dónde va la plata?

La discusión no se agota en la estructura impositiva. El otro problema de la economía argentina es que lo recaudado no se destina centralmente a educación, salud, vivienda, obra pública, o a mejorar los salarios de los docentes o trabajadores de la salud. Por el contrario, la mayor parte de lo que se recauda se termina destinando a los pagos de deuda externa, o a subsidiar a las grandes empresas.

Que paguen los ricos y los que más ganan

Hay que modificar de raíz la estructura impositiva de nuestro país. Con un fuerte e imposible de evadir impuesto a las ganancias a las empresas. Con sanciones reales para aquellos que evaden. Con un impuesto extraordinario a las superganancias de las grandes patronales. Hay que reimponer el impuesto a la herencia. Y que el impuesto inmobiliario, urbano y rural, sea con valuaciones reales, priorizando a las empresas y eximiendo a la vivienda popular. Al mismo tiempo, se debe terminar con todas las exenciones impositivas que gozan las patronales, tanto las megamineras, como los monopolios del gas y el petróleo, incluyendo la necesidad de reinstalar los aportes patronales. También se deben cobrar fuertes impuestos a las riquezas individuales de los multimillonarios de nuestro país, independientemente que su domicilio legal se encuentre en Argentina o en el extranjero.

Por contraposición, hay que terminar con los impuestos que afectan a los sectores populares. Se debe eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar y el impuesto al salario (falsamente llamado impuesto “a las ganancias” sobre el salario).

Este es el auténtico programa para que los impuestos, junto el no pago de la deuda externa, aporten al financiamiento de un programa alternativo que resuelva los más urgentes problemas populares.

Escribe Guido Poletti

Sigue dando vueltas por el Congreso el proyecto presentado por el kirchnerismo que supuestamente tiene como objetivo cobrarle a los que fugaron capitales.

Tenemos varias cosas para decir al respecto. La primera es la seria sospecha de que se trata de la misma “sarasa” con la que Cristina Kirchner acusa a Martín Guzmán, cuando dice que la presentación del impuesto a la renta inesperada es “para la tribuna”, porque no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Siguiendo el mismo razonamiento, este proyecto presentado por los K tampoco. Entonces, ¿para qué se presentó? ¿No formará parte de la cortina de humo con la que el kirchnerismo busca despegarse del ajuste acordado con el FMI?

Pero vamos al proyecto en sí mismo. Alguien podría pensar que si existiera un auténtico proyecto a los evasores que fugaron sus capitales y la recaudación se volcara a resolver las necesidades populares, sería una buena idea. Correcto. Pero lamentablemente no es así. Ya desde el comienzo, el propio kirchnerismo se encargó de decir que la eventual recaudación tendrá como objetivo pagarle al FMI. Lo de siempre, y vale la pena aclararlo: cualquier nuevo impuesto que se cree se hará con el objetivo de pagarle a este organismo. Por eso el propio Fondo no se opone a que se creen nuevos tributos, ya que, de última, va a ir a parar a sus arcas.

Avancemos ahora sobre el propio proyecto. Es mentira que se trata de cobrar un nuevo impuesto a los grandes especuladores que fugaron capitales. En realidad se trata de ofrecerles un puente de plata, la posibilidad de un nuevo y gigantesco blanqueo de capitales. De hecho la tasa que se plantea cobrarles a los que se presenten o sean “descubiertos como fugadores” es menor a la que les correspondería pagar según la propia legislación actual de la AFIP. ¡Si la AFIP hoy los descubre tendrían que pagar más que si se aprueba esta nueva ley! Por otra parte, a los mismos fugadores se les ofrece la posibilidad de pagar aún menos si demuestran que traen la plata al país para “nuevas inversiones”. Hecha la ley, hecha la trampa.

Pero, aún a pesar de todo esto, la ley contiene una mentira más grande. ¿Cómo se descubrirá a los que fugaron? Supuestamente por medio de convenios internacionales de cooperación ya firmados entre la AFIP y organismos similares de otros países. No se entiende, si estos acuerdos ya existen, porqué la AFIP no está ya sancionando a los evasores qué conoce (por ejemplo los que están o han fijado domicilio en Uruguay, como el dueño de Mercado Libre). Se sabe que el grueso está en los Estados Unidos, que “casualmente” no tiene acuerdos para compartir información con nuestro país. Los defensores del proyecto afirman, increíblemente, que los yanquis “nos van a ayudar” a identificar a los evasores, porque a ellos les convendría. No se entiende porqué sería así.

En síntesis, estamos frente a un proyecto mentiroso, que explícitamente tiene como objetivo que cualquier moneda que se recaude vaya para el FMI, que no va a tocarle ni un pelo a la riqueza de ningún evasor, y que ni siquiera tiene posibilidades serias de ser aprobado. Una auténtica muestra del doble discurso kirchnerista.

Por supuesto que habría que cobrarles fuertes impuestos a los especuladores que fugan capitales. Para eso bastaría con obligarlos a pagar, con la amenaza de que si no lo hacen se les cobrará con sus capitales, empresas o depósitos en el país. Y con una alícuota superior a la que actualmente les exige la AFIP. Y, por sobre todas las cosas, cualquier impuesto a los ricos y a las grandes empresas tiene que tener un destino claro: plata para salud, educación, vivienda, trabajo y salario, no para el FMI.