Escribe Miguel Lamas, desde Bolivia

El 18 de octubre hay elecciones nacionales en Bolivia. Las encuestas indican que el MAS estaría con alguna posibilidad de ganar en la primera vuelta. Pero aún hay más de 20% de votantes “indecisos” y los que irían por “blanco o nulo”. Si el MAS no llega a 40% y no obtiene más de 10% sobre el segundo, habrá segunda vuelta y ganaría Carlos Mesa, hoy segundo en las encuestas, porque reuniría el voto anti-MAS. Todo esto en medio de una profunda crisis de salud, económica y política, que hace más imprevisibles los resultados.   

El gobierno de facto y reaccionario de Jeanine Añez, en medio de la pandemia, tuvo una política económica desastrosa para la salud y la economía popular, apoyando económicamente a bancos y oligarcas agroindustriales. A esto se sumó una desenfrenada corrupción, que incluyó la compra de respiradores en España con enorme sobreprecio y que no sirvieron, y no entregando siquiera el mezquino presupuesto previsto para los hospitales.

Bolivia, según cifras oficiales, es el tercer país del mundo en muertes por habitante de coronavirus. Pero puede llegar a ser el primero de esa macabra lista, un informe que publica el diario yanqui New York Times revela que las cifras reales de fallecidos “en exceso” en Bolivia, en relación con otros años, presumiblemente lo son por coronavirus.

El último que apague la luz

Añez tuvo que renunciar a la candidatura a la presidencia en las próximas elecciones, no pasaba de 10% en las encuestas. Cada semana se va algún ministro. Todos los que la apoyaron al principio, incluyendo los candidatos Carlos Mesa y el ultraderechista Luis Fernando Camacho, y hasta su partido, el Demócrata, pasaron a la oposición, con duras críticas públicas, ante el abrumador rechazo popular a su gobierno.

El MAS fue cómplice del gobierno desde el Parlamento ya que no hizo ninguna ley, teniendo la mayoría de dos tercios, a favor de la economía popular y la salud. Pero, por supuesto, también denuncia duramente a Añez.

Elecciones en medio de la crisis

En este contexto, se llega a las elecciones con importantes luchas obreras contra los despidos, y de los trabajadores y trabajadoras de la salud por sus derechos laborales, por abastecimiento a los hospitales, etc. Luchas que no tienen el menor apoyo de la Central Obrera Boliviana.

Hay siete frentes electorales, de los que solo dos compiten por la presidencia, Luis Arce (MAS, 40% de votos válidos en encuestas) y Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana, 32% de votos válidos), y un tercero, Luis Fernando Camacho, de ultraderecha (16%), y más de 20% de ciudadanos que no contestan o declaran voto nulo o blanco. Para que no haya segunda vuelta el primero tiene que superar 40% de votos válidos, no cuentan blancos o nulos, y tener más de 10% de diferencia sobre el segundo.

Aunque parece lo menos probable, el MAS podría ganar en primera vuelta. Si hay segunda vuelta, se supone que Carlos Mesa ganaría al reunir el conjunto de los votos anti-MAS.

El MAS mantiene una fuerte votación

El MAS gobernó desde 2006 y llegó a sacar 64% de los votos en 2014, sufrió un importante desgaste ante el derrumbe de los precios de los hidrocarburos, por su falso “socialismo andino” que no cumplió con una verdadera nacionalización del gas ni de la minería, pactó con la oligarquía agroindustrial y con las multinacionales mineras (Sumitomo) y del gas (Repsol) a las que les dio cada vez más ventajas. Incluso apeló en diversas circunstancias a la represión contra trabajadores e indígenas y a someter a sus organizaciones.

Por eso, un sector numeroso de trabajadores rompió con el MAS. Sin embargo, el desastroso gobierno de Añez y la falta de alternativas electorales le permiten al MAS conservar el voto de grandes sectores populares, campesinos, indígenas y trabajadores precarizados, que no quieren a la derecha en el poder. Y de alguna forma confían en que vuelva la relativa bonanza económica de los primeros años del gobierno del MAS por los altos precios internacionales del gas y los minerales.

Arce y Mesa hacen campaña con promesas en el aire, sin mencionar lo que harán con el dominio económico decisivo de las multinacionales del gas y la minería y el agronegocio terrateniente, ni con qué medidas podrán evitar la crisis económica cada vez más grave que se descarga sobre el pueblo trabajador.

Todo indica que, gane quien gane, Mesa o el MAS, será un gobierno de crisis y no al servicio del pueblo trabajador y los campesinos. Tampoco se puede descartar una crisis poselectoral inmediata por un resultado confuso, denuncias de fraude, etc.

Voto nulo o blanco y construir el Partido de los Trabajadores

El Partido de los Trabajadores (PT), que integra ARPT sección de la UIT-CI, fundado por un congreso de la COB en 2013, hoy en reconstrucción, que no tiene legalidad electoral, llama al voto blanco o nulo.

El PT considera que tanto Mesa como Camacho expresan fuerzas abiertamente antipopulares proimperialistas, que se disfrazan de “democráticas”, y que el MAS, aunque conserva parte de su base popular, campesina y obrera que no quiere a un gobierno derechista, es un falso socialismo que ya fracasó. Su candidato, Luis Arce, fue el ministro de Economía del MAS que traicionó la Agenda de Octubre y mantuvo las transnacionales dueñas del gas. Ahora sigue sosteniendo un plan claramente capitalista para volver a acordar con las multinacionales y el agronegocio, como lo hizo en su anterior gobierno, pero en una situación económica nacional e internacional mucho peor.

Por eso el llamado del PT es al voto blanco o nulo y a la lucha por unir a los trabajadores de la ciudad y el campo para construir una alternativa detrás de sus propios intereses de clase, enfrentar el ajuste capitalista antipopular, expropiar a las multinacionales y los grandes latifundios, impulsar una economía popular apoyando la producción agraria campesina y una industrialización que respete a la naturaleza y defender los derechos laborales y de los indígenas, por un gobierno del pueblo trabajador basado en asambleas populares. 

La Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta internacional (UIT-CI) está organizando para el sábado 17 de octubre a las 12, hora de Argentina, un encuentro de mujeres virtual en el que se destacarán las luchas feministas en este contexto de pandemia. Podés inscribirte aquí

La combinación de la pandemia del Covid-19 con la actual crisis económica del sistema capitalista imperialista incrementa las desigualdades de género: mayor feminización de la pobreza, un notable aumento de las tareas de cuidado y trabajo reproductivo, crecimiento de la violencia de género, que se suma a nuevos impedimentos en el acceso a la salud reproductiva y los derechos sexuales. Estas son las políticas que el imperialismo y todos los gobiernos del mundo están llevando adelante para descargar la crisis capitalista sobre las espaldas del conjunto de la clase trabajadora y que pesan más sobre las mujeres. Por eso, la lucha feminista y la organización de las mujeres de manera independiente es crucial para enfrentar estos ataques.

Te invitamos a participar del encuentro internacional de mujeres organizado por la UIT-CI de manera virtual en el que estarán presentes compañeras de distintos países. Contaremos con la voz de mujeres latinoamericanas y del Caribe, de los Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. No te pierdas la oportunidad de escuchar y debatir con las protagonistas de las principales luchas feministas del mundo.

Venezuela. Protesta nacional del magisterio

Organizaciones sindicales del magisterio convocaron a una protesta nacional el 5 de octubre, que se cumplió en dieciséis estados, exigiendo un salario que cubra la canasta básica, el cumplimiento del contrato colectivo y la garantía de condiciones laborales para el inicio del año escolar a distancia en medio de la pandemia de Covid-19.

La corriente sindical Ccura acompañó la protesta en Caracas y otras ciudades. Los maestros y maestras sufren, como el conjunto de la clase trabajadora, el paquete antiobrero de Maduro, agravado por las sanciones económicas de los Estados Unidos. Cobran salarios que no llegan a 3 dólares al mes y han perdido un conjunto de beneficios laborales de su contrato colectivo.

Chile. Denunciamos la represión contra el MST 

El MST (UIT-CI) denuncia que el jueves 1° de octubre, camino a la importante conferencia pública que hizo el Comando por la Asamblea Constituyente libre y soberana en Plaza Dignidad al mediodía, Carabineros detuvieron a compañeros de nuestro partido que fueron a la Tercera Comisaría para un control de identidad y les robaron las banderas. El MST denuncia este nuevo acto represivo que demuestra que el gobierno de Piñera ha dado órdenes directas de que las organizaciones de izquierda, activistas y luchadores sociales sean tratados como delincuentes. El MST denunció que Piñera mantiene a 2.500 presos políticos de la protesta popular con montajes judiciales basados en acusaciones falsas y exige la libertad de los presos y presas por luchar.

Brasil. Baba candidato a concejal en Río

La Corriente Socialista de los Trabajadores (CST) - UIT-CI, como parte del PSOL (Partido Socialismo y Libertad), lanzó la campaña “Baba para vereador (concejal) de Río”, centrada en la denuncia contra el desastre de la salud y el económico que afectan a los trabajadores y el pueblo de Río de Janeiro y en la construcción de una alternativa de oposición radical a la extrema derecha gobernante en Brasil.

El volante del lanzamiento de la candidatura señala que, además de votar, hay que seguir la lucha contra la anulación de los derechos laborales, contra la destrucción de los servicios públicos, para garantizar presupuestos suficientes en salud y educación, para lograr el no pago de la deuda pública a los banqueros y el impuesto a las grandes fortunas para defender el salario y el empleo.

Se palpa en los lugares de trabajo, en los barrios populares, en las reuniones familiares, cada día crecen más el malhumor y la bronca popular. Cada día hay más miseria y pobreza. Todo aumenta mientras se consuma el robo a los salarios y las jubilaciones, que cada vez alcanzan para menos. Por eso crece el repudio a las maniobras de las patronales y a la traición de la burocracia sindical. Y el gobierno peronista de Alberto Fernández va sufriendo cada día un mayor desgaste. 

La preocupación ante una pandemia que no cede, que en muchos lugares sigue creciendo, es tema de debate cotidiano. Alberto Fernández y los gobernadores de los distintos partidos patronales, que en marzo, cuando empezó la cuarentena, anunciaban con bombos y platillos que haber tomado medidas tempranas serviría para “prepararse”, no tienen cómo responder ahora, meses después, cuando se hace realidad el colapso sanitario. No crearon las instalaciones necesarias ni incorporaron a los trabajadores de la salud que se necesitaban. Encima, se acaba de descubrir la truchada de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Kicillof había “escondido” más de 3.500 muertos.

El otro gran tema es la pandemia social. Se conocieron la semana pasada los nuevos números de desocupación. La realidad es contundente, tierra arrasada. Tenemos el desempleo más alto desde 2004, con casi cuatro millones de personas que han perdido su trabajo en el último año. Sobre llovido mojado, esta semana se conocerán las estadísticas de pobreza, que reafirmarán lo que ya todos vienen anticipando, uno de cada dos argentinos es pobre, acercándonos cada día más a los números que teníamos en la crisis de 2001. Mientras tanto, la avidez de ganancias y saqueo de las patronales no tiene límites. Así, en Córdoba crecen los incendios, al servicio de los negocios inmobiliarios y la deforestación.

Guernica y la toma de sus tierras, con miles de familias desesperadas esperando una solución, y un gobierno que sigue amenazando con reprimirlas, es la postal más clara del desastre social. Hay un hecho contundente, si no hubiera sido por la solidaridad que rodeó a la toma y por  las movilizaciones que se hicieron, ya hace tiempo que el gobierno de Kicillof hubiera apostado a la salida “a la Berni” y, con la excusa de fallos judiciales que lo avalan, se habría desalojado a las familias por la fuerza. Por eso sigue siendo más importante que nunca seguir sumando al apoyo, tal como haremos este miércoles donde, tras una conferencia de prensa en el Obelisco, realizaremos una caravana hacia Guernica para iniciar ahí una vigilia en el día que se anuncia el desalojo.

Mientras tanto, sigue la pelea “en las alturas” entre el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Juntos por el Cambio por el control del Poder Judicial. Una cuestión alejadísima de las necesidades y preocupaciones actuales del pueblo trabajador, que sin embargo gasta ríos de tinta, y de saliva, en los medios de comunicación, tanto oficialistas como opositores. De un lado el gobierno peronista de Fernández, con su “reforma judicial” como tema de fondo y la decisión de trasladar a los jueces que actuaban en las causas contra Cristina Kirchner como tema inmediato. Su intención, zafar de las causas de corrupción y controlar a la Justicia poniendo jueces amigos por todos lados. Del otro lado, la oposición patronal de Cambiemos que busca aprovechar esto para posicionarse ante su propia base electoral, mientras también trata de defender a los jueces amigos que le quedan y, al igual que el gobierno, zafar de sus causas de corrupción. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia que, recordemos, es la misma que hace apenas unos años intentó liberar a los genocidas con su fallo del “dos por uno”, que no se hizo efectivo por el repudio y la multitudinaria movilización en contra. Los jueces del máximo tribunal hacen equilibrio aceptando el per saltum que los obliga a expedirse en el caso del traslado de jueces, pero al mismo tiempo no toman ninguna decisión de fondo. Toda una demostración de que “la Justicia” no es independiente, sino que siempre está atada al poder político de turno, fallando a favor de las patronales y en contra del pueblo trabajador. Todo mientras el presidente Fernández se muestra “indignado” y acusa de fascista al escrache al juez Lorenzetti y utiliza todo este batifondo para agitar una oposición salvaje de “la derecha” que buscaría desestabilizar al gobierno.

Toda esta polvareda de discusiones entre partidos patronales busca esconder lo fundamental, el ajuste que sigue llevando adelante el gobierno peronista del Frente de Todos, que se apresta a dar un nuevo paso con la misión que llegará la semana próxima del Fondo Monetario Internacional. La única duda es si vendrán “en vivo” o “por zoom”, pero de lo que sí hay certezas es que su objetivo es definir el ajuste, mayor aún que el actual, por el que se obligará al gobierno argentino a garantizar los pagos de deuda externa. Ese es el único y verdadero “plan económico” del gobierno, del que en los próximos días se conocerán nuevas medidas que, como ya anticipamos, serán a favor de los monopolios exportadores del agronegocio y la minería para que “se dignen” a liquidar algunos dólares y así acrecentar las ya muy enflaquecidas reservas del Banco Central.

Esta es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Con una burocracia sindical de la CGT y las CTA cómplice del ajuste, que firma acuerdos salariales a la baja por sumas fijas irrisorias, mientras patea toda la discusión paritaria para el año próximo. Que sigue dejando correr las medidas contra los trabajadores, en vez de pelear por aumento salarial o contra los despidos y las suspensiones. Y que hoy parece tener como mayor preocupación la organización de un acto de apoyo al gobierno y a su plan para el próximo 17 de octubre.

Frente a todo esto, siguen las peleas del pueblo trabajador. Vuelven a protestar los trabajadores de la salud, en ATE la oposición se organiza para rechazar el miserable aumento de 7% ya aceptado por UPCN, los docentes universitarios vienen de una jornada de cuarenta y ocho horas de protesta. Todas luchas que hay que apoyar y coordinar, como planteamos desde el Plenario del Sindicalismo Combativo. Así como también el movimiento de mujeres salió a gritar que sigue exigiendo el aborto legal, seguro y gratuito, cajoneado por el gobierno. Y, como dijimos, nos movilizamos contra el desalojo en Guernica.

Todo esto lo hacemos mientras planteamos que debe haber otro plan económico, de emergencia, obrero y popular, que empiece por dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI e implementar un auténtico impuesto a las grandes riquezas, como el presentado por el Frente de Izquierda Unidad. Para, con ese dinero, salir a resolver las urgentes necesidades generadas por las dos pandemias, la sanitaria y la social. Para eso luchamos y te invitamos a sumarte desde Izquierda Socialista. 

Escribe Diego Martínez

La semana pasada se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que impulsa el peronismo, “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Después de seis meses, mientras crecía enormemente la pobreza y se llegaba al colapso sanitario en algunas provincias, el oficialismo se decidió a tratar su proyecto contando con los 129 votos necesarios para que sea aprobado, gracias al acompañamiento de Lavagna y un sector del radicalismo. El peronismo sostiene que con esta iniciativa va a ir contra los ricos para favorecer a los más pobres, recurriendo nuevamente al doble discurso del Frente de Todos. Veamos.

Las concesiones del gobierno a las patronales

El proyecto otorga varias concesiones a las grandes patronales. Solo se gravan las fortunas de personas físicas de forma individual y no de empresas. Así, quedarán exentos los bancos, que tuvieron un margen de ganancia de 300% en 2019 y este año ganaron 650 millones de pesos por día. Tampoco pagarán el impuesto las empresas privatizadas, Edesur, Edenor, Telefónica y Telecom. Estas dos últimas, junto con DirecTV y Telecentro, fugaron 2.500 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Además, el “aporte” solo contempla a las personas que tengan domicilio legal en el país, lo que exime del pago del impuesto a grandes magnates nacionales como Alejandro Bulgheroni, titular de la petrolera Pan American Energy y de Axion, quien encabeza el ranking de supermillonarios nacionales con una fortuna de 5.400 millones de dólares y tiene domicilio en Uruguay, o Hugo Sigman, domiciliado en España, titular del Grupo Insud y amigo del gobierno, que hizo jugosos negocios con el peronismo kirchnerista a partir de la venta de vacunas que produce en sus laboratorios y ostenta una fortuna personal de 2.000 millones de dólares. Tampoco tributará Marcos Galperín, de Mercado Libre, quien llegó al segundo lugar en el ranking de multimillonarios argentinos a partir del crecimiento que tuvo su empresa desde que empezó la pandemia, y que también tiene domicilio en Uruguay. Ni un solo dólar de los 4.200 millones que componen su fortuna será alcanzado por el impuesto.

Además de salvar a una parte importante de estos sectores más acaudalados, el gobierno agregó una disposición de último momento a pedido de los empresarios. Se tomará como referencia la fortuna de las personas que declaren un patrimonio superior a 200 millones de pesos a partir de la fecha de promulgación de la ley, y no el 31 de diciembre de 2019, como establecía el proyecto original, por lo que no será retroactiva. Según la AFIP, hay 7.438 personas que ya declararon patrimonios superiores a esa cifra en 2018, y 1.860 que, según las estimaciones, serían alcanzadas por este impuesto. Con esta disposición, estos millonarios ganan tiempo para realizar las maniobras evasivas que les permitan zafar del pago del impuesto. Los principales activos de muchas fortunas personales figuran como patrimonio de sociedades anónimas. Inmuebles, autos y demás bienes son valuados en su tasación fiscal, siempre inferior a la del mercado y muy inferior a la real. Además, hay una parte del patrimonio que nunca declaran. Según las estimaciones de consultoras privadas, serían 114.000 los argentinos que poseen una fortuna personal superior al millón de dólares, y no 32.484 como informó la AFIP (Tiempo Argentino, 31/7/2020). Muchos de estos millonarios evasores tienen fortunas personales superiores a los 200 millones de pesos, pero no pagarán nada por este impuesto.

Los empresarios que no pueden zafar porque poseen fortunas muy superiores al monto establecido y no tienen forma alguna de “dibujar” los números, patalean a más no poder. El caso más burdo es el de Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara de empresas de la alimentación, quien declaró que “con el impuesto a los ricos están estigmatizando a un sector que llaman ricos pero que no son ricos. Tener 200 millones es tener un poco más que el promedio. No estamos hablando de grandes fortunas” (BAE Negocios, 23/9/2020).

En el terreno político, aunque uno de sus voceros declaró que “el dictamen oficial mejoró con los cambios”, la oposición patronal de Cambiemos para favorecer a los grandes empresarios plantea que: “es confiscatorio porque se gravan los mismos bienes que en el impuesto a los bienes personales” (La Nación, 25/9). Se trata de una verdadera provocación al pueblo trabajador. Mientras el impuesto a los bienes personales que alcanza a los más pudientes representa el 3,2% del PBI, el IVA que pagamos los trabajadores con nuestro consumo diario equivale a casi 12% del PBI.

La otra discusión es qué se va a hacer con los fondos recaudados. Si se aprueba el proyecto del peronismo, el 45% será destinado a subsidiar empresas, 20% del dinero lo recibirán las micro, pequeñas y medianas empresas, definidas por la AFIP como aquellas empresas que facturen hasta 2.600 millones de pesos anuales, calificando para este subsidio algunas filiales de multinacionales. Por otra parte, el 25% del tributo será para subsidiar a YPF para la exploración y producción de gas. YPF tiene el 49% de sus acciones en manos privadas, motivo por el cual distintas grandes empresas y algunas multinacionales, distribuidoras de gas, recibirán plata del impuesto.

El Frente de Izquierda presentó un verdadero proyecto de impuesto a la riqueza

Una vez más, el gobierno hace gala de su doble discurso. Dice que va a sacarles a los más ricos para darles a los más pobres. Pero la realidad es que el proyecto deja afuera a una parte importante de los principales millonarios del país y casi la mitad de lo recaudado va a ir a parar a distintas empresas.

Frente al doble discurso del gobierno, desde el Frente de Izquierda Unidad presentamos un verdadero proyecto de impuesto a las grandes riquezas, que permitiría recaudar 15.000 millones de dólares, cinco veces más que los 3.000 millones que propone el gobierno, y alcanzaría tanto a las empresas como a las personas físicas. Se cobraría anualmente y no por única vez, como el que propone el gobierno, y los fondos se destinarían íntegramente para solucionar las crisis sanitaria y social. Con lo recaudado, junto con el no pago de la deuda externa se podrían dar importantes pasos para  fortalecer el sistema de salud, la educación, el trabajo y solucionar los problemas de vivienda existentes. Esta es una verdadera política para atacar realmente los intereses de los ricos, los grandes empresarios y avanzar en la solución de los graves problemas sociales y sanitarios que sufre el país.