Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda- Unidad.

Ludmila Pretti, de 14 años, salió con una amiga el sábado a la noche y no volvió a su casa. La peor de las noticias se la confirmaron a su mamá, al día siguiente. Según la autopsia, la mataron por asfixia. Este nuevo femicidio es el octavo que se produce en lo que va de la pandemia en Moreno, el municipio del oeste del conurbano bonaerense que tiene la mayor cantidad de femicidios. Con mucha tristeza, y sobre todo con mucha bronca, familiares, amigxs y vecinxs de la víctima se movilizaron para exigir justicia.

Fue la policía la que no hizo nada frente a las denuncias que había recibido el día anterior por parte de vecinxs que escucharon gritos que venían de la casa donde ocurrieron los hechos. Fue la policía, también, la que dejó escapar a Cristian Jerez, el principal sospechoso. Y fue esa misma policía la que reprimió y persiguió a las personas que se manifestaban pidiendo justicia por Ludmila.

La bronca popular estalló y rápidamente cientos de jóvenes, en su mayoría mujeres indignadas, se movilizaron frente a la comisaría e hicieron piquetes en la ruta 7 al grito de “Señor, señora no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”. A medida que la situación se fue poniendo cada vez más tensa, el cántico fue “yo sabía que a los femicidas los cuida la policía”, denunciando su rol encubridor y machista. La respuesta fue una feroz represión policial, con motos y a los tiros perseguían a las manifestantes. Pero no las iban a amedrentar así de fácil, y con la movilización se logró un primer triunfo, y fue que se busque y encarcele a Cristian Jerez. Pero la lucha continúa y se debe investigar para que los cómplices también sean castigados.

La pandemia de los femicidios no se detiene

En Moreno gobierna Mariel Fernández, del Frente de Todos, y a pesar de ser una mujer no resolvió en sus nueve meses de gestión el drama de que sea uno de los municipios con mayor tasa de femicidios. Tampoco lo solucionó el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, a cargo de Estela Díaz, como tampoco el nacional, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. Si hay algo que dejó al descubierto esta pandemia es la falta de políticas públicas para actuar rápido y prevenir estos hechos aberrantes.

Por eso insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. Porque en vez de destinar mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género, lo que viene haciendo es destinar esos recursos para pagar una deuda externa ilegítima e impagable. Cada dólar que se llevan los bonistas usureros o el FMI es plata que no va a escuelas, no va a salud, tampoco a generar empleo, ni mucho menos a combatir la violencia de género.

Es urgente que los gobiernos destinen mayor presupuesto para terminar con la violencia machista, y más en el marco de la pandemia en la que se profundizan todas las desigualdades, entre ellas las de género. Las mujeres sufrimos una triple pandemia, la sanitaria, la social y la de la violencia patriarcal con los femicidios.

Exigimos que el gobierno de Alberto Fernández declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto para combatirla, sobre la base del no pago de la deuda externa, la implementación de un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como lo plantea el FIT Unidad, y el retiro de subsidios a las iglesias, en especial a la católica, enemiga declarada de los derechos de las mujeres.

Escribe Noelia Agüero, diputada cordobesa electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hace meses, en Córdoba venimos dando una incansable lucha acompañando a la familia y amigxs de Nora, nombre ficticio para resguardar la privacidad de una joven que durante meses fue víctima de una red de trata. El gobierno de Juan Schiaretti no solo es responsable, sino que una vez más se encuentra directamente involucrado ya que Nora fue coaccionada, manipulada y violentada por Eduardo Garzuzi, miembro del Poder Judicial de nuestra provincia y uno de los principales acusados de captación para redes de trata con fines de explotación sexual. Este hombre la obligaba a concurrir a fiestas, donde debía tener relaciones con sus amigos y la sometía al consumo de drogas, ambiente del cual estaba intentando alejarse asistiendo a rehabilitación.

Fue el mismo 3 de junio, icónico día en el calendario feminista, de este año, en que la familia de Nora realizó una denuncia por trata de persona en la justicia federal. Sin embargo, una vez más la Justicia cómplice de estas redes no siguió los procedimientos indicados en los allanamientos, cometiendo incontables irregularidades, perdiendo pruebas clave para la investigación. A partir de este momento, la familia y amigxs de Nora se apoyaron en el movimiento de mujeres, participando activamente en las asambleas del Ni Una Menos, confiando en que para obtener respuestas la única salida es la lucha y la movilización. Es así que a pocas semanas de comenzar nuestra lucha, conseguimos que Nora se encuentre resguardada en una institución donde realiza su rehabilitación.

No obstante, la lucha no terminó aquí. Aún exigíamos que el tratante fuese detenido, por lo cual, una vez más estuvimos en las calles al grito de ¡cárcel para Garzuzi! Es así que el pasado 26 de agosto se consiguió que la fiscalía y el juzgado a cargo hicieran lugar al pedido de detención con prisión preventiva. Además, junto con esto se logró que la familia sea aceptada como querellante, ya que, recordemos, en un principio no la admitieron por no existir imputación alguna. Un gran triunfo del movimiento feminista.

El poder de las redes de trata

La trata de personas es uno de los negocios ilegales más rentables a nivel mundial, junto con el narcotráfico y la venta de armas. Negociado que se sostiene gracias a la enorme complicidad y connivencia entre la Justicia, la policía, los funcionarios públicos y las redes de narcotráfico, siendo uno de los delitos con menor cantidad de arrestos y denuncias y generando aún más miedo a las familias y las víctimas.

A partir de las grandes movilizaciones por el caso de Marita Verón, en 2012 se sancionó la ley 26.842, de trata de personas, a partir de la cual fueron rescatadas miles de mujeres, recibiendo cientos de llamadas diarias a la línea 145. Sin embargo, detrás de estos números se esconde que ninguna red de trata fue desmantelada. Así como también es vergonzoso el presupuesto destinado para combatir las violencias y la trata. Sin embargo, el caso de Nora nos permite dar cuenta de la posibilidad de revertir esta situación mediante la organización y la movilización en las calles.

Pero aquí no termina esta lucha, no nos detendremos hasta conseguir la prisión efectiva de Garzuzi, así como de los otros acusados, entre ellos otro miembro del Poder Judicial y un funcionario público del gobierno local. Pero además seguiremos, para que este hecho no sea considerado como algo individual, sino como un delito de trata, con todo lo que esto implica. Continuaremos organizadxs por las compañeras que tenemos que cuidar y por las que desaparecieron y deben aparecer con vida. Desde Isadora seguimos exigiendo el desmantelamiento de las redes de trata y la aparición inmediata de todas sus víctimas, junto con el presupuesto para combatir la violencia de género, que se podría obtener dejando de pagar la deuda. ¡Protección urgente para Nora e investigación y justicia ya!

Escriben Euge y Agxs por Isadora y Diversidad de Izquierda Socialista

El gobierno nacional sancionó por decreto el cupo laboral travesti trans en toda la administración pública nacional, un reclamo histórico de la comunidad travesti trans. Desde Izquierda Socialista Diversidad e Isadora acompañamos esta pelea y celebramos este triunfo de nuestras luchas advirtiendo que debemos ir a fondo por su cumplimiento y por verdaderas políticas de inclusión y contra la violencia trava-trans.

A lo largo de los años, desde Izquierda Socialista, junto a la comunidad de la diversidad sexual y de género, impulsamos con la lucha en las calles el reclamo por la inclusión laboral travesti trans. ¿Qué significa el cupo sancionado? Que al menos el 1% de los cargos del Estado nacional deben ser cubiertos por personas travestis, transexuales y transgénero.

La exclusión de los espacios de trabajo por la discriminación existente hace que se encuentren en una situación económica realmente precaria, la mayoría no logra acceder a un techo y gran parte de la comunidad travesti trans está en situación de prostitución para subsistir, lo que les expone a situaciones de violencia, infecciones de transmisión sexual, estigmatización social y persecución policial. Esto, sumado a los crímenes de odio, hace que la expectativa de vida de travestis y trans en la Argentina sea de 35 años.

Como parte del Frente de Izquierda Unidad, desde las bancas de Izquierda Socialista hemos presentado e impulsado distintos proyectos de cupo travesti trans en todas las legislaturas como un aporte más al reclamo callejero que impulsamos para terminar con la discriminación y exclusión en el mercado laboral. Muestra de ello fue el proyecto de ley de cupo femenino y travesti-trans para todo el transporte nacional, público y privado de carga y pasajeros, que presentó en 2019 nuestra compañera Mónica Schlotthauer en el Congreso Nacional, que tiene estado parlamentario y podría votarse ahora mismo si hubiera voluntad política de hacerlo por parte de los partidos patronales, y de esta manera hacer extensivo el cupo para otras actividades. Sin embargo, peronistas, radicales, kirchneristas y macristas miran para otro lado.

¿Cómo seguimos la pelea?

Una vez reglamentado el DNU, tenemos importantes peleas por delante. Las experiencias provinciales de cupo travesti trans –el caso más emblemático es el de la provincia de Buenos Aires con la ley Diana Sacayán– o la ley nacional de identidad de género son muestra de que, aunque se haya aprobado la ley, para su correcta e inmediata implementación hay que seguir batallando. Somos conscientes de que será necesario seguir luchando por su efectiva implementación, sin impedimentos burocráticos o contratos basura que precarizan a miles de estatales.

También es urgente que este cupo sea acompañado de políticas públicas de inclusión y formación con presupuesto efectivo sobre la base del no pago de la deuda externa, como el cumplimiento de la ley de identidad de género, de educación sexual integral y que sean acompañadas por políticas para prevenir la violencia, los travesticidios, transfemicidios y demás crímenes de odio que sufre la comunidad de conjunto. Desde Izquierda Socialista Diversidad e Isadora, como parte del Frente de Izquierda Unidad, continuamos dando la pelea por todos nuestros derechos.

Escribe Malena Lenta, comisión directiva AGD-Psicología, referente de Isadora-Mujeres en Lucha

El fallecimiento de la docente Paola De Simone reveló las precarias condiciones laborales de la docencia universitaria. Mientras tanto, el gobierno y los recortes pretenden seguir avanzando sobre los derechos laborales docentes. La burocracia sindical mira para otro lado.

La impactante noticia de la docente de 46 años que falleció cuando daba una clase virtual a estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa, el pasado martes 1º de septiembre, llegó a ser tapa de los diarios. Pero mientras surgían noticias valorizando su compromiso docente, lo que no se terminó de decir es algo evidente, Paola tenía Covid-19 hacía cuatro semanas. Sin embargo, ni en la universidad privada ni en la Universidad de Buenos Aires, donde también era docente, había logrado el derecho a licencia que le correspondía por enfermedad. Y eso no es una casualidad.

Desde el inicio de las medidas sanitarias de aislamiento social preventivo, tanto las universidades privadas como las públicas iniciaron un proceso de virtualización forzada del trabajo docente. Sin garantizar equipos, ni internet, ni capacitaciones, obligaron a la docencia a convertir en tiempo récord el dictado de clases presenciales en clases virtuales. La consecuencia fue el aumento cuantitativo y cualitativo de la carga del trabajo, es decir, hubo que dedicarle muchas horas extras de trabajo a la capacitación autogestiva para el manejo de las plataformas virtuales y la preparación de gran cantidad de materiales específicos para el trabajo con el nuevo formato. Además, todo se realizó en un contexto de pandemia en donde también se incrementaron las cargas del trabajo de cuidado doméstico. Y el costo se pagó con la salud física y mental de la docencia.

Pero no contentos con esta imposición, los rectores de las universidades, con anuencia del Ministerio de Educación y de las conducciones burocráticas de los gremios universitarios y preuniversitarios como Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Conadu (h), decidieron no garantizar los mínimos derechos laborales, como el derecho a la desconexión y, sobre todo, a las dispensas por cuidado de hijos e hijas menores de edad o familiares, ni las licencias por enfermedad. Por este motivo, Paola se encontraba trabajando a pesar de estar enferma y no pudo obtener la atención de salud necesaria en el momento en que la necesitaba para salvar su vida. Por eso decimos que la virtualización forzada es muerte.

Frenar el avance de la precarización

No obstante, este lamentable suceso puede no ser un caso extremo sino convertirse en una triste escena cotidiana. Organismos internacionales como la Unesco. en acuerdo con las multinacionales de software, están pujando para que la enseñanza a través de dispositivos virtuales se extienda luego de la pandemia. Y el propio Ministerio de Educación y los rectores de las universidades miran con agrado esta perspectiva mientras la burocracia se mantiene silente.

En los sectores de la educación donde rige la formación a distancia a través de plataformas virtuales desde antes de la pandemia, ya se ha instalado la contratación de docentes con vocación de servicio, es decir, a corto plazo y sin derechos laborales mínimos como licencias, vacaciones, aguinaldo, feriados, etcétera. Tampoco se garantizan los instrumentos de trabajo ni de conectividad.

Pero la virtualización no solo ahorra costos al desconocer el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria, sino que también fragmenta y aísla a los trabajadores y las trabajadoras de la educación superior, promoviendo prácticas pedagógicas acríticas y de peor calidad educativa que, además, suelen ser vigiladas por las autoridades institucionales. Y, al mismo tiempo, aumenta la brecha laboral de género, ya que al realizar el trabajo virtual en el espacio doméstico, incluso sin pandemia, son las mujeres las que sufren mayores interrupciones en la jornada laboral a causa de las demandas familiares y pierden todo derecho de licenciarse ante los requerimiento del cuidado familiar.

Nuestros derechos laborales son esenciales. Nadie debe morir en el trabajo. No a la precarización. Derrotemos el pacto del gobierno, los rectores y la burocracia sindical de la docencia universitaria.

Escribe José Castillo

El pasado viernes 4 se realizó un importantísimo encuentro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria. Convocada por distintas agrupaciones opositoras a las conducciones mayoritarias de Conadu Histórica y Conadu, más de 270 dirigentes y referentes docentes de todo el país, debatieron y votaron importantes resoluciones. Estuvieron presentes delegaciones de 25 universidades del país y de investigadores del Conicet.

Desde Docentes Universitarios y Pre-universitarios de Izquierda Socialista participamos con una importante delegación, con compañeras y compañeros de la Universidad de Buenos Aires, Moreno, Luján, Jujuy, Misiones, Rosario, Río Cuarto, Río Negro y Cuyo. Nuestro compañero Nahuel Toledo, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de Moreno, integró la mesa directiva del Encuentro.

El evento, realizado en forma virtual por las obvias razones de la cuarentena,  se realizó en un momento clave. Ante la negativa del gobierno de Alberto Fernández de reabrir la negociación paritaria (la “oferta” del gobierno es “cero” pesos de aumento), las conducciones de Conadu, Fedun, Fatun, UDA y Ctera no sólo la dejaron correr, sino que incluso apoyaron lo resuelto por el gobierno, “felicitándolo” por el acuerdo con los acreedores externos. La Conadu Histórica, mientras tanto, sigue con su inmovilismo. Su dirección mayoritaria, integrada por el PCR y la CTA Autónoma, están jugados a dejar pasar este ajuste a nuestros salarios de hambre sin salir a dar pelea. Por eso resulta fundamental el encuentro, en el que han participado distintos agrupamientos que en algunos lugares son conducción y en otros oposiciones en distintas asociaciones de base que pertenecen tanto a la Conadu Histórica como a la Conadu.

El Encuentro sesionó bajo la presidencia honoraria de la compañera Paola de Simone, fallecida dictando clases frente a su computadora, víctima del Covid y de la flexibilización más extrema de nuestras condiciones de trabajo. Se terminó votando una importante resolución, que incluye todo un programa de reivindicaciones por nuestros salarios, la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo, en defensa de las jubilaciones y las obras sociales,contra la virtualización forzosa, en defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, contra la precarización y el ajuste en Ciencia y Técnica. Y también se pronunció  por el aumento inmediato del presupuesto educativo y por el no pago de la deuda externa y contra los acuerdos con el FMI.

Finalmente, el Encuentro decidió poner en discusión en la Conadu Histórica, la Conadu y todas las asambleas de las asociaciones de base, la imperiosa necesidad de llevar adelante una jornada de lucha de 48 horas, a realizarse en la segunda quincena de septiembre.

La docencia universitaria y pre-universitaria ha dado un gran paso adelante para recuperar sus mejores tradiciones de lucha. ¡Manos a la obra!