May 23, 2024 Last Updated 9:06 PM, May 23, 2024

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Empezó el 2024 y Milei decidió cortar todos los fondos educativos que enviaba a las provincias, sin cumplir siquiera con los miserables aportes que legalmente debía mandar, como el Fonid (“incentivo” salarial) o para infraestructura, comedores escolares, programas educativos. Mientras tomaba esta medida, entregaba subsidios millonarios a las escuelas privadas y “ayudas” a quienes envían sus hijos allí, para pagar sus cuotas. Queda claro que el ajuste no es a la supuesta “casta”, sino a la docencia y la escuela pública.

Muchos gobernadores se quejaron y reclamaron contra el recorte. La Ctera y otros gremios docentes de la CGT llamaron a paro nacional, aunque en días diferentes. Milei tuvo que retroceder parcialmente y envió parte de los fondos, sin Fonid.

Los gobernadores tomaron una decisión similar a la de Milei: recortar los salarios docentes. Quitaron del salario el “incentivo” (rebajaron entre 30 a 70 mil pesos a cada docente, según la provincia) y ofrecieron “recomposiciones” a la baja. No cubrieron lo perdido para el 2023 ni más del 50% de inflación de diciembre a febrero. El salario inicial docente es casi de indigencia.

Esto obligó a la docencia a salir a pelear en todas las provincias. En varias se logró que los gobernadores pagaran el incentivo. Pero en todas sostienen propuestas de salarios perdiendo con la inflación pasada y futura. Llaryora en Córdoba ofrece pagar sólo el 50% de la inflación. Ningún gobernador quiere siquiera pagar el porcentaje de lo perdido al mes siguiente. En Neuquén o Santa Cruz, donde había cláusulas gatillo, las quieren sacar. Por eso en las provincias hay conflictos.

Lamentablemente las burocracias sindicales de Ctera y de los gremios provinciales, en vez de impulsar un plan de lucha nacional, tratan de acordar con los gobernadores salarios a la baja y levantar la lucha. En Neuquén hay una rebelión. En Santa Fe la docencia de Amsafe les pasó por arriba, rechazó las propuestas y votó un plan de lucha con movilizaciones masivas. En Córdoba, después de paros altísimos y marchas multitudinarias, la conducción Celeste de UEPC decidió aceptar el ajuste salarial, incluso con un fraude sindical (varios departamentos no hicieron asamblea para votar, porque dos semanas atrás había perdido la moción de paro ¡entonces contaron sus votos como “a favor”!). Y así en varias provincias.

Hay que exigirle a Ctera y gremios nacionales que dejen de dividir la lucha y las unifiquen en un paro y marcha federal para lograr que Milei devuelva lo que se está robando y haya aumento de presupuesto y salarios igual a la canasta familiar en todo el país. Y que la CGT y CTA le pongan fecha al paro nacional.

Con la oposición nacional docente debemos seguir impulsando la coordinación para la lucha y llamar a asambleas generales donde dirigimos y plenarios opositores en las provincias. Es fundamental ponernos al servicio de la unidad y que la docencia pueda debatir y decidir cómo luchar. Es lo que hacemos con Docentes en Marcha en ATEN Capital, Ademys, Adosac, SAE y lo planteamos en donde dirige la oposición, como UEPC Capital o la Multicolor bonaerense.

Así podremos derrotar el plan motosierra de Milei y los gobernadores y lograr que la plata (que sí hay) no vaya al FMI y a los subsidios a escuelas privadas, sino a los salarios y a la escuela pública.

Escribe Olga Ortigoza, directiva Multicolor de Suteba La Matanza

La docencia arrancó el año enfrentando el brutal ajuste de Milei que quitó todos los fondos educativos a las provincias para pagar al FMI. Los gobernadores reclaman, pero también usan al salario docente como la variable de ajuste. El 26 de febrero hicimos un fuerte paro sólo con Ctera. Luego UDA, AMET, Sadop y CEA pararon el 4 de marzo. Las provincias luchan solas. Basta de divisiones, que se unifiquen con un paro nacional el 8 de marzo y plan de lucha.

La reunión convocada por el gobierno nacional, con los ministros de Educación y los sindicatos nacionales fracasó. Milei ratificó la quita del Fonid y otros fondos a las provincias. Y pretende declarar la educación “como servicio esencial”, no para aportar más presupuesto, sino para prohibir los reclamos docentes. Y propuso que un salario docente sea de 300.000 pesos. ¡La mitad del salario de pobreza!

En las provincias, hipócritamente los gobernadores usan los recortes de Milei para justificar rebajas salariales a la docencia y el desfinanciamiento de la escuela pública. Con una inflación galopante, la mayoría ofrecen “recomposiciones” por debajo de la inflación y bajan los salarios “porque Milei manda menos plata”. Además, se quitan las horas de la “jornada extendida”, se cierran programas educativos, no se arreglan las escuelas ni se cubren cargos y horas vacantes, por lo cual se achican aún más los salarios, se despiden docentes y se recorta la educación. ¡Y nos piden “comprensión y paciencia”! En los comercios no nos cobran con “compresión” ni tenemos paciencia cuando no nos alcanza para llegar a fin de mes.

Por eso muchas provincias están en conflicto, haciendo huelgas y preparando nuevas medidas, más allá de los paros nacionales. En Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, La Rioja, CABA, Buenos Aires y muchas más ya hubo paros. Y los reclamos van a continuar.
 
Basta de divisionismo, un plan de lucha unificado

Ctera llamó al paro el 26 de febrero. UDA, AMET, Sadop y CEA, el 4 de marzo. Estas convocatorias divididas sólo generan confusión, paros parciales y nos dividen en la lucha contra el ajuste de Milei. En lugar de actuar acorde a las necesidades de la docencia, unificando y dándole mayor fuerza a los paros, la burocracia sindical divide por sus internas político sindicales. Al no llamar a parar Ctera el 4 de marzo, permitió que el gobernador Kicillof abra las sesiones legislativas y pueda mentir descaradamente diciendo que “en Buenos Aires hace cuatro años que no hay paros docentes”.

El camino es el opuesto, los gremios nacionales deben unificar las medidas con planes de lucha conjuntos, parando el 8 de marzo (día Internacional de la Mujer Trabajadora, amplia mayoría en nuestro gremio) y darle continuidad, convocando a una gran marcha federal. Ctera convoca a una “jornada de lucha” el 7 de marzo, sin paro y un día antes del 8, debilitando la gran convocatoria del movimiento de mujeres. En la reunión de coordinación de conducciones gremiales docentes provinciales antiburocráticas, además de impulsar la lucha y apoyar a las provincias en conflicto, acordamos hacerles estos reclamos a las conducciones gremiales, para poder derrotar al ajuste de Milei y el FMI.
 
Plata para educación y salarios, no para el FMI

Contra el ajuste de Milei y los gobernadores, desde Izquierda Socialista y Docentes en Marcha planteamos que la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores y el pueblo, la docencia ni la educación pública. Que se suspendan los pagos al FMI y esa plata vaya al presupuesto educativo. Que el salario docente no sea la variable de ajuste en las provincias. Que se pongan fuertes impuestos a las multinacionales y grandes empresarios. Que se renacionalice el sistema educativo, derogando las leyes de Menem y del peronismo kirchnerista y el estado nacional vuelva a ser el sostenedor indelegable de todo el financiamiento educativo. Impulsemos estas propuestas en cada asamblea, en cada provincia y apoyemos las luchas docentes en todo el país.

Escribe Angélica Lagunas, secretaria general ATEN Capital

Con conflictos docentes iniciamos el año educativo en el país. El aislado e insuficiente paro de Ctera del 26 de febrero fue superado por los docentes neuquinos que rechazamos la política de Milei y del gobernador Rolando Figueroa de mayor ajuste y la imposición del “servicio esencial” contra nuestros derechos. Por eso paramos 72 horas esta semana y otras 72 la próxima.

Miles de docentes marchamos este lunes 4 cumpliendo las primeras 48 horas de paro, que se completará con el paro del 8M, día internacional de lucha de la mujer trabajadora. El plan de lucha fue arrancado a la directiva provincial encabezada por Marcelo Guagliardo (agrupación TEP peronista y miembro del secretariado de Ctera). Más de 2200 en la asamblea de ATEN Capital y otros miles en el interior de la provincia votamos las medidas de fuerza surgidas en nuestra asamblea capitalina y seccionales opositoras.

El gobierno había afirmado que no podía otorgar una actualización según el Índice de precios al consumidor (IPC). Pero, ante la masividad y contundencias de las asambleas, tuvo que ofrecer un aumento salarial cada tres meses atado al IPC, aunque no contempla la inflación de enero, que fue de 24% en Neuquén, y tiene una cláusula que le permite modificarlo cuando quiera. Algo inaceptable.

Esta segunda propuesta fue rechazada en asambleas masivas, el martes 5, y vamos a exigir el IPC mensual porque continuará una inflación altísima. Y porque es fundamental la recuperación salarial en el básico, para que vaya a los jubilados y sume en el plus por zona y por antigüedad. Nuestro pliego exige también el arreglo de las escuelas y el aumento de las partidas de refrigerio y comedor.

Plata hay en la provincia porque sigue creciendo el ingreso por regalías de la producción de gas y petróleo, que en enero sumó 40.000 millones de pesos de recaudación adicional. Seguiremos firmes nuestro plan de lucha y le exigimos a Ctera la continuidad a nivel nacional y una marcha federal educativa.


Escribe Federico Wagner, directivo UEPC Capital

El martes 5 de marzo la docencia volvió a parar y a impactar a todo Córdoba con más de 30 mil docentes por el centro de la ciudad. La directiva combativa de UEPC Capital fuimos el 70% de la marcha y terminamos con un acto en Apross (obra social) denunciando su vaciamiento.

Es que la propuesta salarial de Llaryora es una vergüenza. No cumplió con el acuerdo paritario del 2023, cuando en enero debía aumentar un 24% sólo pagó 14%. Y ahora propone dar en febrero, marzo y abril la mitad de la inflación mensual. Con salarios a mitad de la canasta de pobreza, nos condena a la miseria salarial. Por eso a la multitudinaria movilización el 26 de febrero con el paro de Ctera, se sumó esta y vamos a otro paro el 8M por el día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Llaryora justifica su brutal ajuste por los recortes de Milei. Pero, como denunciamos en la directiva de UEPC Capital e Izquierda Socialista, no pueden ser los salarios docentes la variable de ajuste.
El jueves, una nueva asamblea departamental resolverá como continuar la lucha. Desde Docentes en Marcha, como parte de la directiva de UEPC Capital, apoyamos lo resuelto por unanimidad en la asamblea de capital: ningún docente con salario de pobreza. Hay que seguir el plan de lucha con paros activos semanales y exigir a Ctera y la CGT y CTA el paro nacional.

Escribe Lista Fucsia de docentes universitarios (Izquierda Socialista + Independientes)

El 2024 inició en nuestras universidades con la ratificación de que nos enfrentamos a un gobierno que tiene en su horizonte político que las universidades públicas cierren o avancen en su privatización (directa, arancelaria o por generación de “recursos propios”). La definición de Javier Milei de proponer que arranque el ciclo lectivo con el mismo presupuesto que se había pautado en septiembre de 2022, habiendo atravesado un desierto de nuevos ingresos que hagan frente al 367% de inflación de este periodo, da cuenta de la inocultable intención de estrangular a la educación superior en su expresión pública.   

Va de suyo que la oferta salarial hasta ahora anunciada en la paritaria nacional ratifica esa orientación. Agregar un 6% en febrero al 10% ya acordado previamente, sin ninguna contemplación ante el salto en torno al 65% de la inflación tras la devaluación decretada por el ministro Luis Caputo, sonaría meramente a una burla, sino fuera por tratarse de una política consciente de ataque a quienes sostienen con su trabajo la educación pública en todos sus niveles. Allí se agrega, por tanto, la eliminación del FONID que redunda en una quita en torno al 10% para -también- les docentes de los colegios pre-universitarios. 

La coronación de este ataque en regla fueron la eliminación del consumo subsidiado de servicios públicos como la luz, lo que implica un salto cualitativo en el gasto de cada unidad académica, al mismo tiempo que los presupuestos son congelados; y a su vez, el cierre por decreto de cinco nuevas Universidades creadas a finales del 2023, un claro ataque a la ampliación de la oferta de la educación pública superior. 

Este ajustazo se sustenta en la idea de que el presupuesto de la educación superior es un gasto y amplía los horizontes de la batalla político-cultural que el gobierno nacional encara, atacando a un sector de la sociedad al cual adjetiva de adoctrinador e ineficiente, para a fin de cuentas incluirlo como parte de la famosa “casta”.

Milei es consciente de que la histórica defensa de la clase trabajadora y el pueblo argentino de sus universidades públicas le impiden hoy hacer anuncios abiertos de cierre o privatización de las universidades nacionales existentes. Pero está utilizando su capital político para llevar adelante un ataque de una magnitud jamás vista hacia la comunidad universitaria. En ese contexto se enmarca que desde su cuenta de X (Twitter) difunda comentarios que proponen directamente arancelar o cerrar las carreras humanísticas. Justamente lo que hizo la última dictadura cívico-militar de la que el presidente y la vice resultan ser apologistas. 

Es urgente y necesario ganar las calles para poner en evidencia lo que hay por detrás del debate sobre cifras de congelamiento presupuestario: una política de liquidación de la universidad pública coherente con la visión de un gobierno que tiene por horizonte la voucherización de la educación inicial y media. No estamos ante una discusión paritaria más, sino ante el mismo desafío que también enfrenta el sistema de ciencia y técnica nacional, y el CONICET en particular: un gobierno que apunta al desguace de la producción pública de conocimiento. 

Las autoridades alarman con una mano y ajustan con la otra

Al momento, la reacción de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional ha sido sacar comunicados y comunicados alertando sobre cómo el presupuesto alcanzaría, a lo sumo, para mantener abiertas las universidades hasta promediar el primer cuatrimestre. En ese sentido se han pronunciado decanatos y consejos directivos a lo ancho y alto de todo el país. 

El problema es que esas advertencias, lejos de apuntar hacia una convocatoria a organizarse de forma interclaustros para enfrentar el ajuste y conquistar el presupuesto necesario -al menos- para sostener abiertas las puertas de las universidades, terminaron siendo la tapadera justificatoria de que las propias autoridades metan mano al achique y ataquen derechos adquiridos por estudiantes y trabajadorxs universitarixs. 

En todo el país vemos como: se recortan la cantidad de materias a las que pueden anotarse lxs estudiantes (todas las universidades del Conurbano); se ataca los sistemas de medios de comunicación de las universidades (Universidad Nacional de Córdoba); se amenaza con cerrar (Sociales-UBA) y ponerle cupo (UNICEN) a los comedores universitarios; se atacan derechos conquistados por lxs trabajadorxs no-docentes; se impulsan cursadas virtuales para achicar gastos operativos (o más bien para trasladárselos a los hogares de docentes y estudiantes); y se avanza con el arancelamiento directo de cursadas como sucede en la sede de Chivilcoy de la UNLP.

Tenemos que rechazar la política de denunciar el ajuste mientras se lo administra. Los derechos conquistados por docentes, no docentes y estudiantes no pueden ser moneda de cambio para sostener abiertas un par de semanas más las universidades. Ni acomodarse a la miseria, ni ir tras la búsqueda privatista de “recursos propios”, son caminos para sostener una universidad pública de calidad al servicio de las necesidades populares.

Hay que poner en pie a la comunidad universitaria

Es en este contexto en el cual las actividades académicas inician el presente ciclo lectivo; donde la administración del ajuste conlleva diferentes discusiones en cada Unidad Académica, que van desde la licuación del salario, la incertidumbre por el desarrollo del cuatrimestres, la posibilidad de permanencia de lxs estudiantes, etc. Y es en este marco que las federaciones docentes deberán discutir cómo organizar un plan de lucha.

Desde la Lista Fucsia (Izquierda Socialista+independientes) entendemos que es necesario un movimiento unitario del conjunto de la comunidad universitaria que salga a enfrentar la amenaza privatizadora de Javier Milei. Es necesario un plan de lucha activo que tenga como uno de sus objetivos llevar al inicio de la cursada el debate nacional, el ejemplo de cómo con la movilización se le pudo poner un primer freno al gobierno y su reaccionaria “Ley Ómnibus”, de esa manera politizar las aulas y los pasillos para poder colaborar para que el movimiento estudiantil vuelva a tener el rol que tuvo ante los ataques del gobierno macrista en 2018, y que tantas veces antes había tenido en apoyo a la lucha docente y por sus propias reivindicaciones. 

Las clases públicas pueden ser una buena herramienta para desarrollar ese diálogo, en un marco en que vaciar las facultades podría dificultar poder concretar esta necesaria articulación. Los paros activos coordinados a nivel nacional entre las federaciones docentes deben ir en camino de buscar que vaya creciendo el activismo hacia medidas concretas de lucha, cortes de calles, y movilizaciones. En cada casa de estudios, podemos impulsar asambleas interclaustros que se propongan coordinar las acciones y poner en pie un pliego de reclamos que tanto rechace la “motosierra” nacional como los “tijerazos” locales. 

En ese camino, además, debemos incorporar el rechazo a la represión y criminalización en la provincia de Jujuy donde dos docentes universitarios, Nahuel Morandini y nuestro compañero de Izquierda Socialista, Iván Blacutt, están procesados por twittear y por luchar respectivamente. Así como también, el reclamo del desprocesamiento de lxs 27 estudiantes de la UNC que están por afrontar un juicio en su contra por las movilizaciones de 2018.

Tenemos además por delante las movilizaciones del 8M y el 24 de marzo, que brindarán el marco de acciones masivas en que desde las universidades podremos difundir nuestros reclamos y buscar amplificar la lucha. 

 

Claramente no hay tiempo que perder, pongamos en pie en todo el país un gran movimiento en defensa de la Universidad Pública contra la motosierra de Milei y el FMI.  

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