Escribe Iván Blacutt, candidato a diputado provincial

Este domingo 27 se realizarán los comicios en la provincia, porque el gobierno de Morales, con el apoyo del PJ, decidió desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Esta medida, fuertemente resistida por el pueblo trabajador, debido a la segunda ola de Covid-19 se impuso contra toda lógica, porque beneficia al oficialismo, y a aquellos que contaron con mayores recursos para postularse. También porque esperan que vote menos gente y eso haga que los porcentajes que se necesitan para ingresar a las legislaturas se vuelvan inalcanzables. Esperan barrer a la oposición.

Por esto, aunque los senadores de Morales y de Rivarola hayan votado hace pocos días en el Congreso Nacional posponer la fecha de las PASO por cuestiones sanitarias, paradójicamente avanzaron con las elecciones en la provincia. Al igual que mantienen la presencialidad en los colegios, aún a pesar del incremento en el número de contagios, y del alto porcentaje de ocupación de camas, mantuvieron las elecciones porque no les importa la salud, solo sus votos.

Así, este domingo se renovarán veinticuatro bancas en Diputados, pero el piso del 5% del total del padrón electoral, como requisito para ingresar a las Legislaturas, es claramente proscriptivo, y como decíamos, ante la esperable caída en el nivel de votación, este porcentaje sube mucho más. (recordemos que hace unos días se votó en Misiones y solo se alcanzó el 60% del padrón electoral).

Por ello, como la única lista opositora consecuente al bipartidismo UCR-PJ, el FIT Unidad, necesita obtener 30.000 votos para renovar los diputados y fortalecer esta alternativa política de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Este frente, encabezado por Alejandro Vilca y Natalia Morales (PTS), lleva a los compañeros Iván Blacutt, Fernanda Giribone y Miguel Urzagasti, de Izquierda Socialista, como candidatos a diputados provinciales, y Segundina Girón, a concejala en San Salvador.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llamamos a votar a la lista del FIT Unidad para fortalecer esta alternativa política, apoyando nuestras candidaturas para apoyar las luchas de los trabajadores, los desocupados y las mujeres y hacerle frente al gobernador radical Gerardo Morales de Cambia Jujuy y a las distintas variantes del PJ, que administran la provincia para su propio beneficio.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista / FIT Unidad

El diputado nacional peronista del Frente de Todos Facundo Moyano compartió una imagen en su cuenta de Twitter para difundir un encuentro entre referentes de diferentes áreas gremiales menores de 55 años para trabajar, según posteó el diputado, sobre tres objetivos fundamentales: el futuro del trabajo, la democracia sindical y la perspectiva de género en los sindicatos. La foto que utilizó Moyano para ilustrar la reunión fue contundente: diecisiete varones, ninguna mujer, travesti ni trans. Por su parte, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, le respondió también en su cuenta de Twitter: “No se puede discutir futuro del trabajo, ni democratización sindical, ni perspectiva de género en los sindicatos sin nosotras. Las mujeres somos parte de la fuerza laboral, de la creación de riqueza y de la producción”. Sin embargo, la frase de la funcionaria es más del doble discurso del gobierno, que dice una cosa pero, en la práctica, hace lo opuesto.

La imagen se contrapone con otra foto tomada a la misma hora pero en otro canal. Es de los talleres organizados por el cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento, de la Unión Ferroviaria, junto a la agrupación Mujer Bonita es la que Lucha, coordinada por nuestra compañera Mónica Schlotthauer, actual diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad. En esos talleres debatían sobre la violencia de género laboral tanto ferroviarias como ferroviarios. Fueron organizados desde la base y estuvieron a cargo de Malena Lenta, dirigente de la agrupación de mujeres Isadora y de Izquierda Socialista. Se abordaron temas sobre la violencia de género en el ámbito laboral y sindical, así como el desgaste de las trabajadoras, agobiadas por la sobrecarga del trabajo de cuidado en pandemia y porque se les niega la licencia para cuidar a sus hijes. Sin dudas, esta es la manera de trabajar en los sindicatos, la perspectiva de género junto a la pelea por la incorporación de más mujeres en los puestos mejor pagos y personas trans para garantizar el cupo, pero no con contratos precarios sino con igualdad de condiciones que el resto de la planta laboral.

Por eso, la respuesta de Vilma Ibarra roza la hipocresía. Podemos coincidir en que “las mujeres somos parte de la fuerza laboral, de la creación de riqueza y de la producción”, pero combatimos que las mujeres cobren de conjunto menos que los varones y que haya ramas de la economía completamente feminizadas ligadas a la división sexual del trabajo. El gobierno de Alberto Fernández es el responsable de que en las áreas de salud, educación y limpieza, en donde la mayoría son mujeres, los sueldos estén por debajo de la línea de pobreza, o que en las paritarias los burócratas sindicales como Moyano arreglen aumentos de salarios por debajo de la inflación.

Desde Isadora e Izquierda Socialista somos parte de las luchas de las trabajadoras por conquistar mejores condiciones laborales y más espacios de participación para las mujeres, pero no como decorado para una foto, sino para mejorar la vida del conjunto de la clase trabajadora. Eso solo se podrá lograr con cambios de fondo, como los que proponemos desde el Frente de Izquierda Unidad, que partan de dejar de pagar la deuda externa y que todo ese dinero se destine a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, empezando por un aumento de salarios de emergencia, que nadie gane menos que los 99.930 pesos que estableció el último informe del Indec (31/5/2021) para la canasta familiar. Y que se terminen las condiciones precarias de contratación por parte del Estado, principal empleador con contratos basura en los que se quitan conquistas históricas como el aguinaldo, las vacaciones pagas y las licencias igualitarias para acompañar la crianza de les hijes. Sin estas medidas urgentes el Frente de Todos no puede hablar de perspectiva de género.

Escribe José Castillo

El intento de denunciar a nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano Izquierda Socialista /FIT Unidad catalogándolo de “antisemita”, e incluso “nazi”, por sus críticas a la política genocida del Estado de Israel no es novedoso. Es parte de una campaña que, desde hace años, el sionismo viene llevando adelante en todo el mundo para acallar las cada vez mayores condenas a las acciones criminales contra el pueblo palestino.

Sin embargo, así como se acumulan las denuncias, también se suman los fallos rechazando la falsa equiparación de antisionismo con antisemitismo. En nuestro país tenemos el antecedente de la Cámara Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en un fallo de 2016 dictaminó con toda claridad que “criticar a Israel y sus políticas, por más duros que sean los términos que se empleen, no puede en ningún caso ser considerado un acto de discriminación racial o religiosa y por lo tanto no es pasible de persecución penal”.

En ese fallo, los jueces Marcelo Vázquez y Elizabeth Marum dejaron en claro qué es específicamente el antisemitismo: “Cuando una agrupación política promueva ideas de superioridad racial o religiosa, o cuando se alentare o incitare la persecución o el odio contra una comunidad –en este caso la judía– en virtud de su religión, raza o nacionalidad”. Algo totalmente opuesto a lo que planteamos quienes condenamos la masacre sionista sobre el pueblo palestino.

El tercer juez de la cámara, José Saéz Capel, adhirió a las mismas conclusiones que sus colegas, pero introdujo otros elementos más claros aún. Distinguió entre comunidad judía y Estado de Israel por tratarse de entes distintos: “Si una comunidad es un conjunto de personas vinculadas por intereses comunes, un Estado es una organización política compuesta de poder, territorio y población. Un Estado no puede nunca ser objeto de discriminación porque no es una ‘comunidad’”. Y concluye: “Cuestionar la política exterior de un Estado nación, en modo alguno implica discriminación racial o religiosa”. Y recuerda, para apoyar sus afirmaciones, al llamado Informe Goldstone, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2009 expresamente señaló la violación de los derechos humanos por el Estado de Israel en sus bombardeos a Gaza.

La definición de antisemitismo de IHRA

El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández, buscando congraciarse con el gobierno de Netanyahu, aprobó la definición de antisemitismo de 2016 de la denominada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Aclaremos que esta alianza, a pesar de que su nombre puede llevar a confusión, no es una organización de víctimas del Holocausto ni reúne a las más importantes personalidades que por décadas han luchado para mantener viva la memoria de los crímenes nazis. Por el contrario, la IHRA es un ente intergubernamental formado por 31 países, sobre el que ejerce lobby el Estado de Israel buscando que los distintos  gobiernos “adhieran” a su definición de antisemitismo para equipararlo con antisionismo.

Cuando el gobierno de Alberto Fernández se sumó a esa definición, la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, envió una nota al Inadi  solicitando que “adopte las medidas necesarias para evitar que la adhesión argentina a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA (Res. 114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) sea utilizada como un recurso para perseguir la libertad de pensamiento, expresión y acción de todos aquellos que defendemos los derechos inalienables del pueblo palestino y nos oponemos, en consecuencia, al movimiento nacionalista extremista conocido como sionismo”.

La cátedra explicaba, ya en ese momento, las intencionalidades políticas que se intentarían poner en juego haciendo uso de esa definición. Así, señalaba en su texto: “El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Sr. Jorge Knoblovitz, no tardó un día en manifestar ‘antisionismo debería ser equiparado desde ahora con antisemitismo’. A su vez, el presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, declaró: ‘Para que lo comprendan todos: los ataques a Israel, en tanto país judío, y al sionismo, movimiento de liberación nacional del pueblo judío, son en definitiva antisemitismo y judeofobia’. Por último, el Sr. Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, sostuvo abiertamente en el diario La Nación que ‘antisemitismo y antisionismo son lo mismo, para que no queden dudas’”.

Antecedentes europeos

El debate tiene antecedentes internacionales. En el año 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia señalando explícitamente que no se puede criminalizar la campaña de boicot contra Israel. Fue el fallo “Baldassi and others”, cuando se intentó condenar a once activistas franceses que realizaban campañas pidiendo el boicot contra productos israelíes. El fallo señaló que criminalizarlos violaba el derecho a la libertad de expresión.

Comentando este fallo, Marco Pergolini, investigador de Amnesty International, la organización internacional de derechos humanos más reconocida del planeta, señaló: “La decisión histórica de hoy sienta un importante precedente que debería poner fin al uso indebido de leyes contra la discriminación para atacar a activistas que hacen campaña contra las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina”.

Seguiremos denunciando los crímenes sionistas y defendiendo a una Palestina libre

Defendemos nuestro derecho inalienable a continuar apoyando al pueblo palestino y a denunciar una y mil veces los aberrantes crímenes del sionismo. Igual que lo hacemos con todas las causas de los oprimidos en el planeta. Del mismo modo en que, en los tiempos de Hitler, los socialistas revolucionarios, con León Trotsky a la cabeza, condenamos y enfrentamos con las armas en la mano al nazismo mientras gobiernos y empresas transnacionales negociaban con él o, peor aún, amasaban fortunas sobre los cadáveres de seis millones de víctimas judías del holocausto.

La asamblea de la Federación Italiana de Trabajadores del Transporte (FILT) se pronunció, en su sesión del 17 de junio, en solidaridad con Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista de la Argentina, integrante del Frente de Izquierda (FIT-Unidad), ante el ataque calumnioso recibido por el sionismo argentino a raíz de haber expresado desde el Parlamento su solidaridad con el pueblo palestino ante los bombardeos del Estado sionista de Israel en la Franja de Gaza.

La moción fue presentada por Lukas Tremaliti Galluccio, miembro del comité de dirección de la FILT-CGIL. La Federación de los Trabajadores del Transporte, de Italia, abarca a todos los sectores de la industria de transporte: ferroviarios, marítimos, portuarios, logística, transporte público y aviación civil. En la asamblea estuvo presente Maurizio Landini, secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta del Suteba La Matanza

La semana pasada, la más fría del año, el gobernador bonaerense decidió seguir convocando a la docencia y los estudiantes a clases presenciales. Además, con escuelas en pésimo estado, sin gas ni buenas condiciones de infraestructura. Esto fue repudiado por las conducciones multicolores de la provincia.

Buenos Aires no es la única. Además de la CABA de Larreta, de Cambiemos, siguen sufriendo esta política criminal la docencia y la comunidad de la provincia de Córdoba bajo el gobierno peronista de Schiaretti. Y varias más. En Neuquén, el gobernador del MPN, Gutiérrez, “anunció” que se retomaba la presencialidad, pero las escuelas siguieron vacías porque no había condiciones edilicias ni sanitarias para volver.

Reproduzco aquí parte de la declaración que aprobamos en Suteba La Matanza, que ratifica nuestra postura de parar contra esta política irresponsable de Kicillof, del gobierno nacional y de numerosos gobernadores.

“Los números de la pandemia en Argentina indican que la situación está lejos de normalizarse como el gobierno pretende presentar: 4.300.000 contagios que nos colocan 12° a nivel mundial, 89.043 fallecidos (8°), la mitad de los fallecidos (45.000) son de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra solamente el 38% de la población. Los contagios ascienden a 1.800.000. Datos que nos ubican lejos de la ‘normalidad’ para imponer una presencialidad sin condiciones, como pretende Kicillof, con el acuerdo especialmente de la conducción celeste del Suteba de Baradel.

La falta de condiciones fue evidenciada por la enorme cantidad de escuelas que no podían iniciar las clases por la falta de calefacción o de condiciones generales de infraestructura.

La lenta vacunación en la docencia, donde recién el 45% de las docentes están siendo citadas para recibir la primera dosis.

Desde los Suteba Multicolor rechazamos el regreso apresurado a la presencialidad. Antes deben bajar efectivamente la circulación del virus y los contagios, se tiene que completar la vacunación de docentes y auxiliares y avanzar seriamente en la vacunación del conjunto de la población.

Kicillof debe aumentar el presupuesto y realizar todas las reparaciones y obras de infraestructura necesarias. Y tiene que pasar el momento de peores condiciones climáticas. Mientras, es necesario que garantice conectividad y dispositivos gratuitos para estudiantes y docentes, se desdoblen los cursos superpoblados y se nombre todo el personal docente faltante para terminar con la sobrecarga laboral y dar una salida a la creciente desocupación docente. Cientos de miles de alumnos y sus familias están en creciente pobreza, es urgente la restitución del IFE al valor de la canasta básica. La inflación hace estragos con nuestro poder adquisitivo y es urgente la reapertura de la paritaria salarial”.

Por eso hemos resuelto continuar enfrentando la presencialidad sin condiciones y seguir adelante con nuestro plan de lucha por el conjunto de demandas.

Además de asambleas entre docentes y familias, estamos realizando relevamientos por escuelas con fotos, videos, petitorios que muestren y denuncien la realidad de las escuelas bonaerenses. Continuamos con la suspensión de clases presenciales y la retención de servicios presenciales.

Llamamos a toda la docencia a organizarse y a exigirles a Kicillof, a Fernández y a cada gobernador donde corresponda, que dejen de jugar con la salud y la vida de docentes y familias por especulaciones electorales y por negarse a invertir lo necesario para que pueda haber una educación virtual coherente y masiva. Que inviertan en infraestructura escolar para poder volver a escuelas dignas. Que garanticen aumento salarial y nombramientos. También llamamos a reclamar a los dirigentes de Suteba, Ctera y los gremios provinciales a que dejen de apoyar todo este ajuste en educación y esta política sanitaria irresponsable y llamen a asambleas y a una medida de fuerza nacional.