Escribe Miguel Lamas

Una huelga general iniciada el lunes 8 de febrero y multitudinarias movilizaciones conmueven Myanmar (ex Birmania). Rechazan el golpe de Estado militar del lunes 1° de febrero que disolvió el Parlamento electo en noviembre y apresó al presidente Win Myint, a la líder nacional consejera de Estado Aung San Suu Kyi y a decenas de miembros del Gobierno civil.

La huelga general tiene alta participación e incluye a trabajadores textiles convocados por su sindicato, maestros, médicos, enfermeras, estudiantes y hasta bomberos. Centenares de miles están en las calles de Yangón, la capital, y en otras grandes ciudades por tercer día consecutivo.

El partido encabezado por San Suu Kyi (Liga Nacional para la Democracia), formalmente en el gobierno desde 2016, ganó las elecciones parlamentarias con el 83% de los votos, poniendo así en riesgo el dominio militar del Estado que se sostiene desde hace más de medio siglo. La Constitución que hicieron los militares en el 2008 con una supuesta apertura democrática, permite las elecciones pero deja a los militares el control total de los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras, y los generales eligen el 25% de los escaños parlamentarios. Para cambiar la Constitución hace falta la aprobación militar.

Suu Kyi, hija del general Aung San, héroe de la independencia birmana, se convirtió en uno de los íconos del movimiento pro-democrático del país. En 1991 ganó el premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la democracia y los derechos humanos. Fue sometida a arresto domiciliario desde 1995 al 2010 por la dictadura militar. Ahora fue arrestada nuevamente bajo la acusación ridícula de tener en su casa varios walkie-talkies “importados ilegalmente”, con lo que podrían condenarla a tres años de cárcel.

Myanmar, con 54 millones de habitantes, es uno de los países con más pobreza de Asia. Durante años se ha perseguido a las minorías étnicas, al pueblo musulmanes rohingya se le negó la nacionalidad, miles fueron asesinados y unos 700 mil debieron huir del país. En las minas se han denunciado trabajos forzados.

Su economía es en gran parte agraria. Los militares controlan cientos de licencias de explotación en las lucrativas minas de rubíes y jade, cuyo valor total en el país se estima en unos 31.000 millones de dólares, casi la mitad del PBI nacional. China tiene presencia económica creciente y excelentes relaciones con los militares. Es el principal socio comercial (un tercio del comercio exterior) y hay 69 multinacionales chinas en minas, hidroeléctricas, producción de automóviles, extracción de petróleo y gas. Pero también hay profundos lazos con las multinacionales occidentales. El portavoz de la ONG Justice for Myanmar, Yadanar Maung, asegura que Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) es el negocio militar más lucrativo, con contratos con multinacionales como la francesa Total, la estadounidense Chevron y la surcoreana Posco. La multinacional española Zara tiene contratos con empresas para fabricar ropa de lujo con obreras a menos de 80 dólares al mes.

Nos unimos al reclamo popular por la libertad de los presos, porque se vayan los militares y se respete el resultado electoral. El Consejo de Seguridad de la ONU expresó “preocupación” por los hechos, pero por el veto de China y Rusia, se ha negado a condenar el golpe. Estados Unidos y Europa “condenan”, pero siguen haciendo buenos negocios y explotando a los trabajadores en el país.

Cabe destacar que durante el gobierno capitalista de Sann Suu Kyi desde el 2016 no hizo nada por cambiar o denunciar la brutal represión al pueblo, ni la superexplotación de los trabajadores. Eso refleja que defiende los intereses de la burguesía de Myanmar asociada al imperialismo y no de los oprimidos.

Este gran levantamiento democrático del pueblo contra el golpe militar, muestra también la necesidad de una alternativa política del pueblo trabajador, por plenos derechos para las minorías nacionales y derechos laborales contra la explotación imperialista.  

Escribe Miguel Lamas

El arresto del político opositor Alexei Navalny en Moscú el 17 de enero último desencadenó una ola de protestas por toda Rusia, con más de 40.000 personas manifestando en el centro de Moscú y miles más en casi todas las ciudades.

Los manifestantes, con consignas contra la corrupción y a favor de la liberación de Navalny, fueron violentamente reprimidos. El centro de Moscú fue cerrado y hubo 10.000 presos.

Navalny se convirtió en referente de la disidencia contra Putin, centrando su campaña contra la corrupción y la represión del régimen. Fue detenido al regresar de Alemania luego de recuperarse de un sospechoso envenenamiento. Acusa a Putin con un video de haberse construido un gigantesco Palacio de 1.000 millones de dólares en el Mar Negro, algo que aquel ha negado. Arkady Rotenberg, oligarca amigo de la infancia de Putin, declaró que él es el dueño.

Algunos sectores de la izquierda consideran a Putin como “progresivo” por sus choques políticos y económicos con Estados Unidos y la Unión Europea. Pero Putin no tiene nada de progresivo. Encabeza un régimen capitalista y dictatorial. Sus choques son en defensa de las ganancias de la nueva oligarquía rusa.

Putin consolidó la restauración del capitalismo centrando la economía en lograr rápidas ganancias para sus nuevos ricos con las exportaciones de petróleo, gas y minerales, que en los últimos dos años han bajado enormemente sus precios.

Putin intenta, como todos los gobiernos capitalistas, que la crisis la pague el pueblo y no sus amigos oligarcas. Se han ido aplicando ajustes en salud, educación y una reforma jubilatoria que subió la edad de retiro a 65 años. El salario mensual promedio de los trabajadores de Rusia es de 245 dólares, pero aún menor es el de los empleados públicos que están en 125.

Navalny es parte de un movimiento político burgués liberal que tiene apoyo de sectores del imperialismo europeo. Lo que no denuncia Navalny es que más allá de Putin y el Palacio, 98 rusos se mencionan en una lista global elaborada por la revista Forbes en la que aparecen personas cuya riqueza está valorada en más de mil millones de dólares. Esto fue obtenido de la superexplotación de los trabajadores, una política de expansión imperialista en los países que integraban la ex Unión Soviética y en otros también, y del robo de la propiedad pública con la restauración capitalista. Ocho de ellos incluso se encuentran entre los 100 más ricos del mundo. Esto es capitalismo puro. Y con todos sus peores vicios, como la corrupción de los políticos “amigos” que actúan al servicio de estos capitalistas, y la represión y superexplotación de los migrantes, que son empleados en la construcción y otros sectores industriales. Por eso las denuncias de Navalny contra la corrupción de Putin caen en terreno fértil. Su video filmando con un dron el supuesto Palacio de Putin que circuló por las redes fue reproducido 100 millones de veces (en un país de 144 millones de habitantes).

Desde la UIT-CI nos sumamos al reclamo por la libertad de Alexei Navalny y todos los presos políticos rusos por protestar contra Putin y la corrupción y su régimen represivo. Pero creemos que desde la izquierda y los trabajadores no se le debe dar ningún crédito político a Navalny, ya que su proyecto es mantener el mismo régimen social, sin Putin, pero con los mismos capitalistas super explotadores amigos del actual mandatario. 

Elecciones en Ecuador: Yaku Pérez, indigenista, podría ir a segunda vuelta

Con 99% de votos escrutados, este martes ganaba Andrés Arauz (candidato del ex presidente Correa) con el 32%; Yaku Pérez, indigenista ambientalista, lograba el 20%, siendo “la revelación” de la elección según los medios, y Guillermo Lasso, banquero neoliberal, quedaba con el 19,55%.

Yaku Perez fue una de las figuras visibles del levantamiento popular de octubre del 2019 contra el gobierno de Lenin Moreno y los acuerdos con el FMI. Antes había estado preso tres veces durante el gobierno de Correa por oponerse a proyectos mineros en defensa del agua. Representa a Pachakutik, expresión política de la Conaie, la organización indígena. Si pasa a segunda vuelta, es muy probable que se convierta en presidente. Yaku Pérez ha denunciado que se intenta un fraude para que no pase a segunda vuelta, con reconteo de actas.

Venezuela: Huelga en Sidor

Sidor, la mayor siderúrgica estatizada en 2008, tiene más de 15.000 obreros. En los últimos días los trabajadores resolvieron ir a la huelga y movilización. Y están saliendo a la calle masivamente, en varios días junto a miles de obreros metalúrgicos, del hierro y aluminio, y de las empresas básicas de Guayana. Sus obreros denuncian que cobraron en la quincena entre 3 y 7 dólares, y exigen salarios dignos. La protesta se gestó desde las bases, pasando por encima de la burocracia sindical sometida a Maduro. 

Chile: Carabineros asesina a joven malabarista

El 5 de febrero pasado, en la ciudad de Panguipulli un carabinero (policía) de tránsito asesinó en la calle a quemarropa al joven malabarista Francisco Martínez, después de una discusión por el control de identidad. En la mañana del 8 de febrero, otro joven, Camilo Miyaki, fue asesinado en una comisaría después de ser detenido supuestamente por no tener documento de identidad. Estos hechos repudiados por la población, vuelven a mostrar el carácter asesino de la institución de carabineros que viene reprimiendo con violencia las protestas populares contra Piñera. La lista de Trabajadores Revolucionarios (PTR, MST e independientes) exige castigo a los asesinos y el fin de esta institución manchada de sangre.

Desde la “Multisectorial por los Humedales - Paraná” ingresamos una nota de solicitud de audiencia (9/11/20) al gobernador de la Provincia de Entre Ríos Cdor. Gustavo Bordet para dialogar respecto a la gestión de megafactorías porcinas chinas en proceso/suspenso de ejecución a nivel nacional sobre la cual, según declaraciones públicas de funcionarios locales, el poder político de esta provincia estaría interesado.
La respuesta (21/01/21) que recibimos del Gobierno de Entre Ríos fue por escrito, sin audiencia ni diálogo, con muchas ambigüedades aduciendo que hay poca información del acuerdo porcino con China.

El secretario de Agricultura y Ganadería (Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico) sostiene que está en etapa de análisis el memorándum de entendimiento con China. Además se busca brindar un marco diplomático de cooperación con las entidades porcinas de Argentina con la Asociación China. Estas deberán presentar proyectos que contemplen la legislación ambiental que corresponda y afirma que las potenciales inversiones plantean modelos circulares, biodigestores y biofertilizantes. Las posibles 12.000 madres en 100 hectáreas con el consumo de trigo, maíz y soja no provocaría la “extensión de la frontera agrícola” convirtiendo proteínas vegetales en proteínas animales para la exportación. Respecto al consumo de agua, la compara con la producción de arroz para dar cuenta que se utilizaría en menores cantidades. Agrega que está prohibido el ingreso de cerdos provenientes de países asiáticos y que sólo está permitido el ingreso desde Brasil y de Canadá que cumplen los status sanitarios exigidos por la Argentina. La provincia “exigirá” posible instalaciones en zonas poco pobladas para evitar daños a la población y resguarde la bioseguridad animal.

Nos quedan muchas dudas en cuanto se nos informa sobre la posibilidad de que se instalen  granjas porcinas en la provincia (lugar), cómo se va a desarrollar el estudio de impacto ambiental (evaluación estratégica), cómo van a garantizar el derecho humano a un ambiente sano y consagrar el deber de preservación por parte de la sociedad y como obligación del Estado.

Queremos dejar en claro que estamos viviendo una pandemia mundial de COVID-19 desconociendo su origen zoonótico, y que China intenta externalizar la producción porcina intensiva y extractivista por la enfermedad denominada gripe porcina africana teniendo que sacrificar millones de cerdos que fueron enterrados por topadoras en fosas comunes. Es decir, quiere sacar de su país el riesgo sanitario y además abaratar el creciente consumo de carnes de su población. Advertimos de los peligros latentes a la salud pública, a las condiciones ambientales y de bioseguridad  si se concreta este acuerdo con el país asiático, incluso observado por la OMS.

Como es de conocimiento público, Argentina necesita dólares para pagar una deuda externa fraudulenta, ilegítima y usurera, y pretende exportar 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo con un plantel de 300.000 hembras distribuidas en el territorio nacional con una exigencia en particular de disponer agua dulce (recurso estratégico y escaso en todo el planeta) y zonas no inundables. Por este fin de lucro en el país se están generando resistencias populares/ambientales, de la cual somos parte, a lo que el poder hegemónico denomina “ZONAS DE SACRIFICIO” como sucede con la megamineria, el fracking, la agricultura tóxica…

Los gobiernos dicen combatir la pandemia, dicen que quieren un país ambientalmente sustentable, dicen que son un país soberano, dicen…pero en realidad estamos frente a un proyecto neocolonial extractivista de nuestros territorios; dispuesto a enfermarlo, saquearlo y venderlo como materia prima. Es evidente que la corporación política gobernante sigue con la misma lógica del “progreso, desarrollo y crecimiento” dependiente del mercado mundial como hace siglos sumidos a los imperialismos reinantes. A ese sector minoritario vinculado a los sectores exportadores y alejado de las necesidades populares no le interesa la defensa de la vida planetaria, todos se alinean en el marco de este capitalismo depredador.

Los participantes del colectivo ambiental “Multisectorial por los Humedales - Paraná” no renunciaremos a los principios de territorios sanos, a la participación popular, al principio precautorio y al resguardo de la vida.

Paraná, Enero de 2021-
“MULTISECTORIAL X LOS HUMEDALES PARANÁ”

En una nueva jornada reclamando que el gobierno de la ciudad establezca las condiciones necesarias para una vuelta a la presencialidad de forma segura el legislador porteño Pablo Almeida, por el Frente de Izquierda Unidad (Fit-U) en representación de Izquierda Socialista, acompañó la conferencia de prensa. Realizada en la Jefatura del Gobierno Porteño organizada y con la participación de familias, estudiantes y organizaciones de la comunidad educativa en un gran acto de unidad.

El legislador aseguró “No hay condiciones para que la vuelta a clases no implique mayores contagios de covid-19”. Como se dijo durante la conferencia de prensa, las condiciones de las escuelas, la falta de personal de limpieza y la falta de docentes hacen inviables una vuelta a clases presenciales de forma segura. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los dos distritos que plantea volver a las clases de forma completamente presenciales en medio de una segunda ola de casos.

En la conferencia de prensa la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, manifestó “la unidad de esta mesa demuestra que es falso lo que dice el gobierno, todos queremos la presencialidad: docentes, alumnos, familias, auxiliares; toda la comunidad educativa. Pero no queremos hacerla a costa de la salud” en el mismo sentido insitió “reclamamos un protocolo que pueda garantizar las condiciones de sanidad necesarias para un retorno seguro a las clases presenciales. Este protocolo debe incluir una mayor partida de docentes, mas cantidad de auxiliares, obras de infraestructura en las escuelas y que se abra la discusión salarial en la Ciudad de Buenos Aires”.

El legislador recordó que desde la banca del Frente de Izquierda Unidad pidieron una reunión con la ministra de educación, Soledad Acuña, para discutir las medidas y el protocolo de una vuelta a clases presenciales. La misma sigue aún sin respuestas.

“Este tema también es nacional, el ministro Trotta insiste en volver a la presencialidad sin mejorar el presupuesto en educación mientras en el día de ayer pagaron 315 millones de dólares en concepto de intereses al FMI” agregó Pablo Almeida.

El legislador finalizó diciendo que la banca del FITU está completamente a disposición para seguir acompañando este y todos los reclamos para una vuelta a clases segura como así la recomposición salarial necesaria para las y los docentes.

CONTACTO

Prensa Legislador Pablo Almeida: 1161934551

Asesora en educación Laura Marrone: 1168829255