Escribe Miguel Lamas

Una huelga general iniciada el lunes 8 de febrero y multitudinarias movilizaciones conmueven Myanmar (ex Birmania). Rechazan el golpe de Estado militar del lunes 1° de febrero que disolvió el Parlamento electo en noviembre y apresó al presidente Win Myint, a la líder nacional consejera de Estado Aung San Suu Kyi y a decenas de miembros del Gobierno civil.

La huelga general tiene alta participación e incluye a trabajadores textiles convocados por su sindicato, maestros, médicos, enfermeras, estudiantes y hasta bomberos. Centenares de miles están en las calles de Yangón, la capital, y en otras grandes ciudades por tercer día consecutivo.

El partido encabezado por San Suu Kyi (Liga Nacional para la Democracia), formalmente en el gobierno desde 2016, ganó las elecciones parlamentarias con el 83% de los votos, poniendo así en riesgo el dominio militar del Estado que se sostiene desde hace más de medio siglo. La Constitución que hicieron los militares en el 2008 con una supuesta apertura democrática, permite las elecciones pero deja a los militares el control total de los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras, y los generales eligen el 25% de los escaños parlamentarios. Para cambiar la Constitución hace falta la aprobación militar.

Suu Kyi, hija del general Aung San, héroe de la independencia birmana, se convirtió en uno de los íconos del movimiento pro-democrático del país. En 1991 ganó el premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la democracia y los derechos humanos. Fue sometida a arresto domiciliario desde 1995 al 2010 por la dictadura militar. Ahora fue arrestada nuevamente bajo la acusación ridícula de tener en su casa varios walkie-talkies “importados ilegalmente”, con lo que podrían condenarla a tres años de cárcel.

Myanmar, con 54 millones de habitantes, es uno de los países con más pobreza de Asia. Durante años se ha perseguido a las minorías étnicas, al pueblo musulmanes rohingya se le negó la nacionalidad, miles fueron asesinados y unos 700 mil debieron huir del país. En las minas se han denunciado trabajos forzados.

Su economía es en gran parte agraria. Los militares controlan cientos de licencias de explotación en las lucrativas minas de rubíes y jade, cuyo valor total en el país se estima en unos 31.000 millones de dólares, casi la mitad del PBI nacional. China tiene presencia económica creciente y excelentes relaciones con los militares. Es el principal socio comercial (un tercio del comercio exterior) y hay 69 multinacionales chinas en minas, hidroeléctricas, producción de automóviles, extracción de petróleo y gas. Pero también hay profundos lazos con las multinacionales occidentales. El portavoz de la ONG Justice for Myanmar, Yadanar Maung, asegura que Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) es el negocio militar más lucrativo, con contratos con multinacionales como la francesa Total, la estadounidense Chevron y la surcoreana Posco. La multinacional española Zara tiene contratos con empresas para fabricar ropa de lujo con obreras a menos de 80 dólares al mes.

Nos unimos al reclamo popular por la libertad de los presos, porque se vayan los militares y se respete el resultado electoral. El Consejo de Seguridad de la ONU expresó “preocupación” por los hechos, pero por el veto de China y Rusia, se ha negado a condenar el golpe. Estados Unidos y Europa “condenan”, pero siguen haciendo buenos negocios y explotando a los trabajadores en el país.

Cabe destacar que durante el gobierno capitalista de Sann Suu Kyi desde el 2016 no hizo nada por cambiar o denunciar la brutal represión al pueblo, ni la superexplotación de los trabajadores. Eso refleja que defiende los intereses de la burguesía de Myanmar asociada al imperialismo y no de los oprimidos.

Este gran levantamiento democrático del pueblo contra el golpe militar, muestra también la necesidad de una alternativa política del pueblo trabajador, por plenos derechos para las minorías nacionales y derechos laborales contra la explotación imperialista.