Campaña internacional

Las y los abajo firmantes, ante la persistencia y gravedad de la pandemia del Covid-19 y la crisis mundial de los planes de vacunación, exigimos que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para el Covid-19.

Rechazamos el manejo irresponsable de la industria farmacéutica privada, su secretismo y el incumplimiento de las multinacionales de entrega de vacuna por su búsqueda de ganancias con la pandemia.

Los gobiernos deben exigir la exención de patentes y desconocer unilateralmente esas patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas para tratar el Covid-19 mientras dure la pandemia y que se coordine un plan de producción y distribución masiva de emergencia de vacunas gratis para todos los países del mundo.

Nos sumamos a las diversas iniciativas que apunten a movilizarse por la exigencia de abolición o suspensión de las patentes hasta lograr la inmunidad colectiva mundial. Entre ellas las de Médicos sin Fronteras (“No a las patentes. La salud no es un negocio”) o la solicitud presentada a la OMS por India y Sudáfrica, apoyada por 99 países, que propone la exención de patentes de herramientas médicas para tratar el Covid-19.

 Firmá el petitorio a continuación

Desde Ambiente en Lucha, como parte de la @cbfs.plurinacional reproducimos el siguiente comunicado

Los días 4 de cada mes desde hace 18 años la población de Chubut sale a las calles para reafirmar que #NoEsNo. Para este jueves 4, desde la Coordinadora #BastadeFalsasSoluciones convocamos, en coordinación con las asambleas chubutenses, a una jornada de lucha en todo el país.

El año comenzó con un nuevo intento de imponer la aprobación de la ley de zonificación minera, presentado en la Legislatura por el gobernador Mariano Arcioni. El 21/1, Alberto Fernández reunió a Arcioni, al vicegobernador Ricardo Sastre y al diputado Carlos Eliceche, representantes de los 3 bloques mayoritarios, que juntos reunirían los votos necesarios para garantizar la sanción.

En medio del verano y de una crisis sanitaria, ecológica, social y económica, quieren pasar por encima de la voluntad popular que se expresó en masivas movilizaciones contra la megaminería y en defensa del agua de Chubut.

Mientras 8 millones de personas se encuentran sin acceso al agua potable en nuestro país, defender este recurso es urgente. Son inobjetables las experiencias devastadoras de la megaminería en otras provincias, como San Juan y Catamarca, con derrames de millones de litros de agua con sustancias tóxicas y metales pesados.

Con más de 30.000 firmas se ha presentado la Iniciativa Popular 2020 en la Legislatura de Chubut para prohibir la megaminería. Este reclamo del movimiento ambiental y de diversos sectores sindicales, profesionales, científicos y educativos, representa la verdadera voluntad de la población.

El argumento extorsivo de que la megaminería traerá progreso y crecimiento económico es un fraude ya que las legislaciones dictan que las mineras sólo dejan el 3% de sus ganancias. Con el pago de la deuda externa como prioridad, el gobierno nacional y provincial apoyan el avance de este crimen ambiental y social desoyendo el reclamo popular. Por eso es fundamental ganar las calles en todo el país contra esta política extractivista.

Llamamos a toda la juventud, el activismo ambiental, colectivos y sindicatos de todo el país a sumarse a esta jornada. #NoALaMegamineriaEnChubut.

Prensa UIT-CI 30.01.2021

Mientras la pademia del Covid 19 no se detiene en el mundo estalla la crisis de los planes de vacunación.

Surge claramente el rol nefasto de las multinacionales de la industria farmacéutica mundial. Vuelve a ponerse en evidencia el rol criminal del sistema capitalista-imperialista. Los propios gobiernos imperialistas como Alemania, Francia o Italia denuncian los incumplimientos de entrega de vacuna de las multinacionales como Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Los propios gobiernos capitalistas avalan el secretismo de los contratos. Se desconoce cuánto pagará por las vacunas y cómo se fijan los precios. Las multinacionales, con la gigante Pfizer a la cabeza, introducen cláusulas que las eximen de responsabilidades por efectos adversos, las blindan contra los sistemas judiciales nacionales. Mientras millones de personas se siguen contagiando y muriendo por el Covid 19, las vacunas se han convertido en un gran negocio para las multinacionales farmacéuticas.

Desde la UITCI nos sumamos a todos aquellos que luchan y reclaman por la abolición de las patentes farmacéuticas, por vacunas gratuitas para todos y un plan de producción de emergencia mundial de vacunas, con libertad de producción en cada país.

Para profundizar en porque existe esta crisis de vacunación, reproducimos partes destacadas de una nota (El Socialista N° 490. 26/1/2021) del doctor Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop (organización sindical d ellos profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires, Argentina) y dirigente de Izquierda Socialista, sección de la UIT-CI de Argentina.

“El retraso en la producción de vacunas es un problema mundial del que participan todas las multinacionales farmacéuticas. Hasta el presente solo se han vacunado 64 millones de personas en todo el mundo: 20 millones en Estados Unidos, 15 millones en China, 7 millones en el Reino Unido y en Alemania, España, Italia y Francia 1,5 millones en cada uno. En Brasil 600.000 y en la Argentina 292.000. (…) El 75% de los países no ha comenzado la vacunación masiva.

¿Por qué ese retraso? El doctor Germán Velásquez, ex director del Programa de Acceso a Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, señala que las multinacionales farmacéuticas no quieren correr riesgos y no continúan la producción hasta que tengan los lotes vendidos: “Si no me las compras, no sigo”. Esta situación lleva a que sean los países imperialistas que cuentan con mayores recursos quienes se han quedado con la enorme mayoría de las vacunas. Según Amnesty International, estos países que cuentan con el 13% de la población mundial retienen el 52% de las vacunas existentes.

Por otra parte, la existencia de las patentes impide a cualquier país o empresa producirlas. Velásquez remarca que la industria ha desarrollado las vacunas gracias a cuantiosos subsidios estatales pero, patentes mediante, las multinacionales se han adueñado de lo que en su origen es patrimonio de la humanidad. “Las patentes están destruyendo la campaña de vacunación y hay que cambiar el sistema de patentes”, concluye. No satisfechos con utilizar los subsidios estatales para la producción, los monopolios exigen además a los gobiernos la inmunidad judicial frente a los reclamos que pudieran plantearse por efectos colaterales. Para ello obtienen leyes que los favorecen, como es el caso de nuestro país (Argentina), donde los diputados peronistas y los de Juntos por el Cambio sancionaron una ley con la sola oposición del FIT Unidad.

Hemos mencionado la iniciativa de noventa y nueve países encabezados por India y Sudáfrica que proponen la suspensión de las patentes mientras dure la pandemia. Esta semana se pronunció la rectora de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, en el mismo sentido, uniéndose a un número creciente de instituciones como Oxfam, Amnesty International y Médicos sin Fronteras. El gobierno argentino que es firmante de esta declaración debe impulsar y, si es necesario, desconocer unilateralmente las patentes de vacunas y medicamentos encarando la producción local para enfrentar la pandemia.” (…)

“Desde Izquierda Socialista (…) reclamamos la abolición de las patentes farmacéuticas que, junto con el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como lo plantea el Frente de Izquierda Unidad, deben servir para sostener el esfuerzo de todo el pueblo trabajador para terminar con la pandemia”

El presidente Alberto Fernández habló hoy en el foro económico de Davos abordando distintos temas. El diputado nacional Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista/FIT Unidad) se refirió a la frase dicha por el primer mandatario de que “no hay más lugar para ajustes irresponsables”. “¿Quiso decir que puede haber ajustes “responsables”?”, se preguntó Giordano. Y prosiguió: “Fernández dijo que el imperativo moral que se impone en esta hora es poner el punto en defender a los más vulnerables. ¿Pero por qué entonces sacó el IFE a millones? ¿Por qué votó una ley para cambiar la movilidad jubilatoria reduciendo las jubilaciones a millones de jubiladas y jubilados? El gobierno quiere encubrir que hay un ajuste, por eso crecen la pobreza y la desigualdad social”.

“El presidente dijo que tuvo que lidiar con “el virus del endeudamiento tóxico con el FMI” pero a renglón seguido señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario nos va a salvar y a generar “inclusión social”. ¿Pero cómo va a haber “inclusión” pagando una deuda de 50.000 millones de dólares que fue para la fuga de capitales, dinero que debería ir a los hospitales, salarios y trabajo? Con el FMI habrá más ajuste, dependencia y sometimiento, no más sustentabilidad”, denunció Giordano.

Giordano prosiguió: “Fernández llamó a la “solidaridad” entre empresarios y trabajadores, lo que según él se ha puesto en marcha exitosamente en Argentina. ¿Pero qué solidaridad ha tenido la patronal explotadora Techint echando a 1.450 trabajadores en plena pandemia? ¿Y la UIA rebajando con el aval de la CGT el 25% de los salarios? ¿Y la de Mercado Libre de Galperín llegando a tener una empresa valuada en 100 mil millones de dólares en plena pandemia?”.

“El presidente habló de las bondades de la unidad entre lo público y lo privado y puso de ejemplo que la industria Argentina cooperó junto a México en la producción de la vacuna de Oxford y AstraZeneca para toda Latinoamérica. ¿Pero por qué la vacuna no aparece? Fernández dijo que la vacuna debe ser un bien “público global” pero para eso hay que terminar con las patentes y el monopolio del conocimiento de los laboratorios y emprender una producción nacional y regional combatiendo el lucro privado y las ganancias siderales de las farmacéuticas y multinacionales con la vacuna, algo de lo que no habló Fernández”, dijo Giordano.

Giordano denunció a su vez que “Fernández habló de “industrias limpias” y de un capitalismo “verde” mientras el gobierno avala la megaminería y fomenta la industria petrolera de Vaca Muerta saqueadora y contaminante”.

“Hay que dejar atrás al “capitalismo infeliz” dijo el presidente, como si el capitalismo alguna vez hubiera llevado felicidad al pueblo trabajador. El capitalismo es hambre, pobreza, pandemias, desigualdad social y destrucción del planeta, por eso luchamos por una sociedad socialista para terminar con todos sus males”, finalizó Giordano.

Contacto
Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo Facebook: Juan Carlos Giordano
Prensa: 1160540129 @PrensaIzquierda

Escribe Simón Rodríguez, dirigente de la UIT-CI

La asunción el 20 de enero de Joe Biden, un veterano del partido demócrata, marca un cambio político respecto de los cuatro años del “emperador loco” Trump. El nuevo gobierno intentará que las aguas desbordadas del descontento social retornen a su cauce, pero no cerrará el capítulo de la exacerbada polarización social y política, dada la profundidad de la crisis. Internacionalmente buscará, a diferencia de Trump, actuar concertadamente con sus aliados imperialistas para sostener su dominio contra los pueblos.

El discurso inaugural de Biden reflejó de manera muy clara su orientación. Celebró la “democracia” y la “grandeza” de los EEUU, exaltó la “unidad” nacional como salida para la crisis sanitaria, económica y social. Finalmente, llamó a “volver a hacer de EEUU la fuerza dirigente para el bien” a nivel mundial. Esta versión de los demócratas de la vuelta a la grandeza perdida, no deja de recordar la consigna trumpista de “hacer a los EEUU grandes nuevamente”, aunque lo procure por métodos diferentes. Y es que el telón de fondo de las disputas entre demócratas y republicanos es la crisis de dominación del imperialismo estadounidense, acelerada durante el gobierno de Trump.

El demencial ataque de una turba de ultraderechistas al Capitolio el 6 de enero no solo fue el corolario de la derrota política y electoral de Trump, también fue un indicio de la crisis política, que se acentúa en el marco de una enorme crisis sanitaria, con más de 400 mil muertes por la pandemia del covid19, y la crisis económica y social que corre paralela a ella. Más del 10% de la población padece inseguridad alimentaria y alrededor del 15% se encuentra en la pobreza, una proporción que se duplica para la comunidad afroamericana por el racismo estructural. Estas condiciones fueron las que vieron estallar la poderosa rebelión antirracista en el verano de 2020, durante la cual más de 25 millones de personas en unas dos mil ciudades se movilizaron.

Todo ello explica que el gobierno de Biden se vea obligado a hacer algunas concesiones, atendiendo a la presión del descontento social como a la necesidad de prevenir futuros estallidos sociales. En su primera semana en el poder, firmó decenas de órdenes ejecutivas y memorandos revirtiendo, unas veces más simbólicamente que otras, muchas de las políticas de Trump. Retornó al Acuerdo de París sobre el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud. Se comprometió, vagamente, a promover la equidad racial. Levantó el veto al ingreso al país de personas de siete países de mayoría musulmana. Incorporó a los inmigrantes indocumentados al censo nacional. Eliminó la prohibición de ingreso de personas transgénero al ejército. Estableció algunas medidas para enfrentar la pandemia del covid19. Interrumpió la ampliación del muro en la frontera con México. Revocó el permiso para la construcción del oleoducto Keystone que atravesaba tierras indígenas para transportar crudo canadiense. Elevó el salario mínimo federal a USD$15 la hora.

El proyecto de paquete de medidas de Biden para paliar los efectos de la crisis es de USD$1,9 billones de dólares. Ya se implementaron para estos fines gastos estatales de USD$2,9 billones entre marzo y diciembre de 2020. El nuevo plan incluye las inversiones para vacunación, reapertura de escuelas, ayudas para la alimentación, pagos directos a la población y subsidios a empresas. Estas inversiones se combinarían con moratorias de desalojos y suspensiones de cobros de deudas educativas. Se han realizado comparaciones entre estas medidas y el New Deal de Roosevelt durante la década de los 1930s. En realidad las medidas actuales son mucho más modestas y es evidente que el plan de Roosevelt tampoco acabó con el desempleo o la miseria. Pero las medidas pueden generar expectativas en sectores del pueblo trabajador estadounidense.

Dado el carácter burgués e imperialista del Partido Demócrata, que es uno de los pilares del bipartidismo a través del cual gobiernan los capitalistas estadounidenses, no se propondrá realizar cambios sustanciales. Aunque puedan parecer audaces algunas de las primeras medidas de Biden, rápidamente se impondrá la negociación y la construcción del consenso bipartidista en las políticas gubernamentales. Ya una de las tímidas medidas de Biden, la suspensión por tres meses de las deportaciones, fue revocada por una corte federal.

Construir una alternativa de izquierda

Se aprecia mucho más el verdadero carácter del nuevo gobierno a la luz de las recientes exigencias sociales como salud pública universal, desfinanciamiento de los cuerpos policiales para invertir en educación y asistencia social o ante el problema de la destrucción ambiental y el cambio climático.

Biden ya gobernó durante 8 años como vicepresidente de Obama y en su larga carrera legislativa, ha sido promotor de leyes que profundizan la criminalización de la pobreza y castigan especialmente a las comunidades más oprimidas, como los negros y los latinos. Durante las protestas antirracistas aclaró que está en contra de disminuir el presupuesto millonario de las policías. Las intenciones de aprovechar el ataque al Capitolio para promover nueva legislación contra el “terrorismo doméstico”, que terminen usándose para criminalizar la protesta y los movimientos sociales, también tienen precedentes en los aportes de Biden a legislaciones como la Ley Patriota aprobada luego del 11 de septiembre de 2001.

La rivalidad con la potencia capitalista china continuará, pero procurando presiones concertadas con el imperialismo europeo. Biden mantendrá un apoyo férreo al Estado colonial y racista de Israel. No está claro si retomará el acuerdo nuclear con Irán, o si volverá al giro de Obama en la relación con Cuba. En relación con Venezuela se reiteró el apoyo al autodenominado gobierno interino de Guaidó. No se levantan las criminales sanciones petroleras contra un país arruinado por el saqueo boliburgués desde mucho antes.

Aunque la medida contra el oleoducto Keystone fue recibida con entusiasmo por el activismo ambientalista y las comunidades indígenas que lucharon por años para lograr esa conquista, Biden no pretende abandonar los subsidios al fracking. Incluso la suspensión del otorgamiento de concesiones petroleras en el Ártico es solo temporal.

Socialist Core (simpatizantes de la UIT-CI) planteó, luego del ataque derechista al Capitolio, una propuesta programática para la unidad del movimiento antirracista, la juventud, el movimiento de mujeres y el movimiento de trabajadores, tomando las principales exigencias de las protestas antirracistas del año pasado y atendiendo a la necesidad de levantar un importante frente que luche contra la extrema derecha y por una agenda de reivindicaciones ante el gobierno de Biden y el Partido Demócrata.

Por otro lado, la construcción de un partido independiente de izquierda es un paso imprescindible para ofrecer una perspectiva distinta al eterno reciclaje del “mal menor” entre los dos partidos de la burguesía. La organización Socialistas Democráticos de EEUU (DSA) podría cumplir un rol fundamental en la construcción de esta alternativa si rompe con el Partido Demócrata, llevando a la práctica una decisión ratificada desde hace muchos años en sus conferencias nacionales. Es crucial que deje de ser el “ala izquierda” de los demócratas. De lo que se trata es de que los millones que se han movilizado heroicamente el verano del año pasado, que han protagonizado centenares de huelgas, tengan finalmente su propia herramienta política, para luchar por los verdaderos cambios de fondo y por un gobierno de los asalariados, los explotados y oprimidos.