El asesinato de Paola Acosta significó la 11° muerte de una mujer en lo que va del año en Córdoba. Esta cifra coloca a la provincia a la cabeza de esta terrible estadística, en un país en el cual hay un femicidio cada 30 horas. Sin embargo, cuando la familia de Paola denunció su desaparición, la justicia tuvo como primera hipótesis la “ausencia voluntaria”. Debemos terminar con esta inacción y encubrimiento que permite a los femicidas actuar y eliminar pruebas.
El próximo Encuentro Nacional de la Mujer nos pone frente a un gran desafío. Es fundamental organizarnos para dar la pelea contra la impunidad y la política de poner en manos de las víctimas la responsabilidad de denunciar y probar las agresiones.
Hay que declarar la emergencia en Violencia de Género, para que de inmediato las mujeres en situación de violencia tengan albergues en los cuales protegerse, donde reciban atención psicológica y legal. Además de brindar las condiciones económicas y laborales para no depender de los potenciales agresores como ocurrió con Paola.
Debemos exigir también que se otorgue presupuesto a la Ley de Violencia de Género. ¡Justicia para Paola!
