Escribe: Guillermo Sánchez Porta
Esta semana se conocieron medidas contra la escuela pública. Son parte de una política nacional que avanza en muchas provincias. Una compañera de Tigre, Cecilia Maristany, fue sancionada por aplazar a un alumno. Se dio a conocer la prohibición de hacer repetir de grado a los alumnos de 1° y 2° y las complicaciones administrativas para evitar que se repita cualquier grado o se lleven materias a rendir (hay que presentar actas, carpetas y fundamentos para justificar que si un alumno no llega a los contenidos no es por responsabilidad del docente...). Se permite que los alumnos pasen de curso con más materias previas y se modifican las calificaciones comenzando por 4, eliminando el 1, 2 y 3, “para no estigmatizar” a los chicos. Se aprueba una ley donde a las “guarderías” particulares que tenían organizaciones territoriales/ barriales, políticas y ONG, se las reconoce como “jardín comunitario de 45 días a 2 años” y habilitan como “maestras jardineras” a militantes que allí trabajen, aunque no tengan título docente. Solo por nombrar las medidas más publicitadas. ¿Por qué pasa esto?