Del 30 de marzo al 1° de abril, en la localidad de Juiz de Fora, Brasil se realizó el Octavo Encuentro de Mujeres Estudiantes (EME) que reunió cerca de dos mil participantes de todas las universidades del país. Este año se convocó bajo el lema “La resistencia de las mujeres en las universidades y en las calles” y tuvo como eje central el pedido de justicia por Marielle Franco, la concejala negra, feminista, lesbiana y defensora de los derechos humanos del PSOL que fue asesinada el pasado 14 de marzo por ser una de las voces que más se opuso a la intervención del ejército y militarización de Río de Janeiro.

La Corriente Socialista de Trabajadores (CST), partido hermano de Izquierda Socialista e integrante del PSOL, participó con una nutrida delegación de mujeres estudiantes representantes de cuatro universidades, referenciadas en la agrupación juvenil Vamos A Luta. Nuestra compañera Mercedes Trimarchi, diputada electa por la provincia de Buenos Aires y dirigente de la agrupación Isadora, participó del EME con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la organización del movimiento de mujeres en ambos países y, fundamentalmente, para fortalecer la campaña de justicia por Marielle.

Además de intervenir en el acto de apertura y en las comisiones de debate, Vamos A Luta organizó una charla titulada “Ni Una Menos - Marielle Vive” en la que Mercedes expuso acerca de la importancia de la organización internacional de las mujeres y de continuar el legado de Marielle, señalando que “repudiamos este crimen político, no queremos impunidad sino justicia. Y estamos preparadas para continuar su lucha por un mundo feminista y socialista”.

A su vez, remarcó la pelea que se está llevando adelante en Argentina para lograr el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, reclamo con el que se solidarizaron las mujeres brasileras porque allí también el aborto clandestino se cobra la vida de las mujeres pobres y jóvenes. Incluso vienen resistiendo desde el año pasado un intento de diputados conservadores y religiosos para eliminar las causales que habilitan el derecho al aborto: violación, peligro de vida de la mujer y malformaciones fetales graves.

Desde 2015, Brasil con su primavera feminista se suma, al igual que Argentina, a la oleada de movilizaciones de mujeres que recorre el mundo, exigiendo el fin de las violencias machistas, los femicidios y por el aborto legal. El pasado 8M, en el segundo Paro Internacional de Mujeres, quedó demostrada la fortaleza del movimiento feminista que en todo el mundo sale a las calles por sus derechos y contra los planes de ajuste de todos los gobiernos.

Escribe Mercedes Trimarchi

A partir del masivo #Pañuelazo frente al Congreso, que obligó a habilitar el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, esta modalidad de protesta se instaló como forma de visibilizar el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y fue tomada en los lugares de trabajo y estudio como una forma de manifestarse en cada sitio para expresar que las mujeres queremos el aborto legal ya.

El #Pañuelazo del 19F frente al Congreso abrió el camino. El 8M, en el marco del Segundo Paro Internacional de Mujeres, las trabajadoras del Indec y del Mecon abrieron sus pañuelos verdes para exigir que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Lo mismo hicieron las trabajadoras telefónicas. Las estudiantes de distintas facultades de la UBA desde Psicología hasta Ingeniería, montaron enormes pañuelos verdes para también manifestarse a favor.

Al mes del 19F, se organizó un enorme #Pañuelazo frente a la Quinta de Olivos para plantearle al gobierno que las mujeres le decimos basta al aborto clandestino. Lo mismo sucede en todas las universidades y plazas del país. Los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se transformaron en todo un símbolo de protesta y cada vez más se llevan atados en mochilas y bolsos.
Incluso fue noticia la respuesta que dieron los alumnos del Instituto Padre Márquez de Berazategui frente al pedido de las autoridades y directivos del colegio de sumarse a la campaña #TodaVidaVale que impulsa la Iglesia Católica. Los alumnos de cuarto año aparecieron al día siguiente con pañuelos, vinchas y pulseras de color verde para manifestarse en favor de la legalización del aborto.
Llevar el pañuelo verde de la campaña, lejos de ser una moda es un símbolo de protesta y una exigencia para que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que presentó la campaña nacional se apruebe. A su vez, es una forma de dar a conocer la triple consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir

1. Desde el Comité Ejecutivo de Izquierda Socialista queremos precisar nuestras posiciones visto los diversos comentarios vertidos en las redes sociales ante de la denuncia pública de abuso sexual contra nuestro militante Alejandro Resnik.

2. Existen una multiplicidad de comentarios de lógica preocupación de compañeras que han leído el testimonio que es público y que, sin pertenecer a nuestra organización, dudan sobre si nuestro partido va a tomar o no la denuncia y si realmente se va a investigar e ir hasta el final. Comprendemos que se tengan esas dudas e interrogantes. Por eso lo primero que queremos ratificar es que la denuncia no la ignoramos ni la rechazamos.

Hacia el interior de nuestro partido nosotros tenemos el método de llevar estas denuncias a nuestra Comisión de Moral. Esta denuncia ha sido llevada a la comisión para que investigue y busque testimonios. En primer lugar de la propia denunciante, a la que queremos reiterarle que le brindaremos todas las seguridades para que pueda realizarlo con la privacidad y el cuidado que el caso amerita. Nuevamente insistimos en las plenas garantías necesarias para la presentación de ese testimonio. 
Compartimos la preocupación por la gravedad de lo denunciado. Por eso las denuncias de violencia de género u otras que puedan ir contra lo que debe ser el comportamiento de un militante socialista y revolucionario son abordadas por una comisión especial de nuestro partido conformada a tal fin, que denominamos Comisión de Moral. Está compuesta por militantes de décadas con una tradición intachable en su accionar moral. Es independiente de la dirección del partido, es elegida en cada uno de nuestros congresos y en cuya composición no puede haber ningún miembro de la dirección del partido, para asegurar que cualquiera de sus integrantes pueda ser sancionado si violara la moral revolucionaria.

3. Lo que no podemos compartir son los ataques que por las redes se vienen haciendo a Izquierda Socialista y a nuestra Comisión de Moral, de ser “encubridores de abusadores”. Lamentablemente gran parte de esas acusaciones provienen de mujeres militantes independientes o de agrupaciones que se reivindican feministas. Algunas se definen “antipartido”, otras tienen simpatías con el peronismo kirchnerista y otras rechazan a los partidos de izquierda en particular. Izquierda Socialista es parte de ese gran movimiento nacional e internacional de lucha de las mujeres en el que existen todo tipo de posiciones políticas, lógicamente por su masividad. Lo que rechazamos es que se utilice el método del “vale todo” para dirimir diferencias políticas, con difamaciones, mentiras y calumnias a los oponentes políticos. Por eso queremos debatir con franqueza y claridad. Consideramos muy equivocadas esas acusaciones a nuestro partido y sostenemos que, objetivamente, contribuyen a dividir y debilitar la lucha común contra el capitalismo patriarcal y contra los máximos enemigos que son el gobierno de Macri y todos los partidos patronales que lo defienden. No solo desde las gobernaciones, aplicando la misma política, sino también en el parlamento, votándole todas las leyes al gobierno.

4. Izquierda Socialista nunca ha encubierto abusadores sexuales. Tenemos una larga tradición que desmiente esa reiterada difamación. En el seno de nuestra organización consideramos los hechos de violencia de género como violaciones a la moral partidaria, porque entendemos que son un gravísimo ataque a la integridad personal de las víctimas y también del proyecto de organización y de sociedad que queremos construir.
Es por eso que, tal como lo hemos publicado en las redes oficiales y en nuestro periódico partidario, recientemente nuestra Comisión de Moral expulsó de la organización a dos militantes por denuncias de violencia de género después de investigar y evaluar los hechos. Uno de ellos referente y miembro de una dirección regional. Incluso, en uno de esos casos, ante la definición de la víctima de también proceder a realizar la denuncia judicial, nuestro partido ha definido acompañar también ese proceso legal (ver El Socialista N° 378, del 31 enero y 379 del 14 de febrero de 2018).
Por otro lado, nuestro partido avanzó en elaborar un protocolo interno para abordar los casos de violencia de género. En el marco de reafirmar nuestra tarea militante en cada lugar para combatir la violencia de género y promover también la formación en nuestra moral revolucionaria, con su perspectiva socialista y antipatriarcal.

5. Parte de la difamación que ha circulado en las redes es cuestionar nuestra moral revolucionaria y a nuestra Comisión de Moral, buscando compararnos con la moral de la curia de la Iglesia Católica. Con eso se quiere tocar la fibra del lógico y compartido odio de millones de personas en Argentina y el mundo, a la repugnante “moral” del Vaticano, haciendo una caricatura de nuestra moral y nuestra Comisión de Moral. Puede haber compañeras que, por el odio a los partidos patronales (UCR, PJ, PRO) o a lo que fue la burocracia estalinista, duden que Izquierda Socialista vaya a ir a fondo en su investigación. O porque desconozcan nuestra trayectoria como corriente socialista revolucionaria. A esas compañeras les decimos que nuestro partido sostiene una moral opuesta a la “moral” repugnante de la Iglesia y la burguesía. Ellos tienen una “moral” hipócrita, de doble discurso, antimujer y, de última, antihumana. Tampoco tenemos nada que ver con la “moral” estalinista y burocrática. Del falso socialismo de José Stalin, que difamó a revolucionarios como León Trotsky y a miles, que eran tratados de “contrarrevolucionarios”, para justificar los crímenes y traiciones del stalinismo. La trayectoria de Izquierda Socialista tiene sus antecedentes en la década del ‘70 con el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que tiene más de 100 militantes asesinados y desaparecidos entre las Tres A del peronismo y la dictadura genocida de Videla y decenas de presos en los centros clandestinos de detención. Esa es nuestra moral. A eso llamamos moral revolucionaria*. Nuestra Comisión de Moral hoy día, está integrada por mujeres y hombres militantes que vienen de esa trayectoria intachable. Desde ya que nuestro partido ni nuestra Comisión de Moral están exentos de cometer errores. Por eso existen reaseguros democráticos como que los fallos de dicha comisión pueden ser apelados en el congreso partidario.

6. Izquierda Socialista ratifica su lucha contra toda forma de violencia de género, dentro y fuera de nuestro partido. Llamamos a quienes usan métodos de polémicas equivocados a abandonarlos, para no favorecer la división del movimiento que lucha contra el capitalismo patriarcal, contra el gobierno de Macri y sus cómplices, por los derechos de las mujeres, contra toda forma de violencia de género y, en el presente inmediato, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, entre otras reivindicaciones.

Comité Ejecutivo de Izquierda Socialista.
3 de abril de 2018

* Ver Su moral y la nuestra. León Trotsky 

Escribe Malena Zetnik

Empezó el debate en la Cámara de Diputados con diferentes proyectos. El de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es el único que expresa el reclamo de la mayoría de las mujeres. Hay que seguir en las calles para que se apruebe.

En una histórica jornada, este 20 de marzo sesionó por primera vez un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para dar inicio al debate sobre la legalización del aborto. Durante dos meses se realizarán audiencias públicas en donde se expresarán las diferentes posiciones en torno del tema que se trataría en junio en la Cámara baja.

El principal proyecto presentado es el elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con 71 firmas de diputados de diferentes bloques, desde el Frente de Izquierda (el único que lo apoya unánimemente) pasando por PRO, el kirchnerismo y los distintos sectores del PJ. Propone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y que se garantice su realización de manera gratuita en todo el sistema de salud, desde los hospitales públicos hasta las empresas de medicina prepaga.

Sin embargo, a pesar de ser éste el proyecto con más firmas y con el contundente apoyo de centenares de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país el pasado 8 de marzo, existen otros proyectos presentados para “embarrar la cancha” y tratar de cercenar nuestro reclamo.

Los diputados Wisky y Lipovetzky, junto con otros siete diputados de PRO y la UCR proponen una modificación del artículo 86 del Código Penal para incluir entre las causales de aborto no punible a la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación y a las malformaciones fetales graves. De esta manera, solo se despenalizaría el aborto, pero no se legalizaría, es decir, el Estado no regularía la práctica y las mujeres deberían pagar, manteniéndose las mismas desigualdades para las mujeres pobres. A su vez, los mismos diputados presentaron otro proyecto complementario sobre el procedimiento para la interrupción legal del embarazo. Allí proponen una serie de pasos por los que debería pasar una mujer que decide abortar, como la creación de un equipo interdisciplinario que debería intervenir de manera obligatoria y le ofrecería a la mujer propuestas como la adopción u otras modalidades de apoyo económico para que continúe el embarazo, lo que sin dudas constituye una forma de violencia cuando la mujer ya ha tomado la decisión. En este mismo sentido se redactó el proyecto de Marcelo Wechsler, de PRO, presentado junto con otros dos legisladores. Además, se plantea la existencia de la objeción de consciencia individual, dando lugar al reclamo de la Iglesia para que los médicos puedan exceptuarse de intervenir en un aborto.

A la vez se presentaron dos proyectos que abogan directamente por la prohibición del aborto: uno cuenta con veintiuna firmas de PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el PJ y Córdoba Federal y el segundo solo con dos firmas de diputadas de Unidad Justicialista de San Luis.

Ambos plantean la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la embarazada y de los niños por nacer, lo que incluiría una asignación universal por hijo por nacer (cuestión que ya se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández) y otras medidas de protección a las mujeres embarazadas como el transporte público gratuito y apoyo telefónico 24 horas. Ante los casos de violaciones, el planteo de ambos proyectos es la adopción o el acompañamiento de comités de bioética para convencer a las mujeres de que crien al posible bebé. Es decir, incluso se plantea un retroceso respecto de los derechos actuales de las mujeres que, desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal plantea como abortos no punibles al caso de violación o peligro de vida o la salud de la mujer.

Frente a todos estos proyectos, es importante tener claro que el único que garantiza terminar con la muerte de mujeres jóvenes y pobres y que les permite decidir sobre sus propias vidas es el proyecto de la campaña nacional. Proponer solo la despenalización del aborto no alcanza. Y utilizar la protección de los derechos de las personas que quieren ser madres o dar en adopción a sus hijos para contraponerlo al derecho al aborto es una burda maniobra de los mismos sectores religiosos que son financiados por el gobierno y que defienden a los curas abusadores.
No tenemos que depositar ninguna confianza en las maniobras parlamentarias que buscarán “consensuar” los distintos proyectos. Ni en Macri, que junto con la mayoría de sus ministros sigue diciendo que está en contra; ni en Cristina, que durante todo su mandato no habilitó el debate y sigue sin pronunciarse. El único camino es la movilización. Por eso, hoy más que nunca tenemos que seguir en las calles hasta lograr la legalización del aborto. Ni una muerta, ni una presa más por abortar. Vivas y libres nos queremos.

Escribe Mercedes Trimarchi • Diputada electa por Izquierda Socialista/FIT (Buenos Aires)

Frente al debate por la legalización del aborto, el jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado Luis Petcoff Naidenoff, presentó un proyecto de ley que plantea una consulta popular no vinculante, sobre la despenalización o no de la interrupción del embarazo. En el mismo sentido, habían presentado un proyecto similar los diputados y senadores del peronismo de San Luis encabezados por Adolfo Rodríguez Saá. Es decir, estos diputados están pensando en encuestas de opinión y consultas populares dilatorias, en vez de aprobar de una vez por todas lo que el movimiento de mujeres viene reclamando en las calles desde hace años: que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo se resuelva de esta manera es totalmente equivocado. En primer lugar, porque estamos hablando del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y ese derecho hoy está siendo vulnerado en nuestro país. Por lo tanto, la decisión sobre continuar o no con un embarazo no deseado es personal de la mujer y no tiene porque ser puesta a consideración del conjunto de la sociedad. En segundo lugar, el aborto en nuestro país ya se practica de manera clandestina (500.000 al año). Las mujeres abortan sabiendo que ponen en peligro su salud, su vida y su libertad. Entonces, lo que se debe discutir en el Congreso no es aborto sí o aborto no, sino cómo se garantiza la salud y la vida de las mujeres que por ser pobres recurren a métodos inseguros que en muchos casos les cuesta la vida.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ya expresó su rechazó la idea de la consulta popular a través de un comunicado donde dice que los “derechos humanos no se plebiscitan ni se consultan” texto que fue redactado en función del artículo 39 de la Constitución Nacional, que establece que no pueden ser objeto de iniciativa popular los proyectos de ley que planteen reformas en materia penal. Otra de las voces que expresó también el rechazo fue la del sociólogo y profesor de derecho constitucional de la UBA Roberto Gargarella, quien sostuvo categóricamente que no puede plebiscitarse la legalización del aborto por ser un derecho y que, como tal, no puede ser motivo de encuesta de opinión o consulta popular (Clarín, 16/03/18).
¡Ni plebiscito ni ninguna otra maniobra dilatoria! Sigamos en las calles hasta que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito.