Escribe Claudio Funes

El 20 y 21 de abril se realizó la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en la ciudad de Andorra, de la cual participó Alberto Fernández en forma virtual.   

Destacó que “la región necesita una justicia social de las vacunas. El saldo actual nos demuestra que la innovación inclusiva no es moneda corriente, los resultados de la comunidad científica internacional no se han distribuido de manera equitativa, la distribución universal de las vacunas tiene rol clave en la pandemia”.

¿Qué solución propuso?: “Hay que trabajar un sistema que, reconociendo las patentes, promueva activamente un sistema efectivo de concesión de licencias que garantice la oferta global de vacunas maximizando la posibilidad de producción en cada parte del planeta”.

Esta es la solución “nacional y popular” de Alberto Fernández que cuida el negocio cuasi-mafioso de las multinacionales farmacéuticas.  

Recordemos que en octubre de 2020 India y Sudáfrica presentaron una propuesta ante la Organización Mundial de Comercio para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, medicamentos y tecnologías contra el Covid-19 mientras dure la pandemia. El gobierno argentino tuvo una activa participación en promover ese pedido. Hoy Alberto Fernández dice otra cosa. ¿En qué quedamos? 

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández comunicó la semana pasada el lanzamiento de una canasta de alimentos de ciento veinte productos con precios congelados por seis meses. Al parecer, el anuncio se realizaría el 15 de mayo.

Cualquiera podría pensar que, en medio del aumento desaforado de los productos de la canasta familiar que cada día pulveriza más los salarios y las jubilaciones, se trataría, aunque no fuera suficiente, al menos de una buena noticia.

Pero lamentablemente no es así. Hecha la ley, hecha la trampa. Aunque en este caso, más que de trampa se trata de una monumental puesta en escena para esconder lo más importante, la luz verde para incrementar los precios de los “otros” productos de la canasta familiar que queden por fuera de esos ciento veinte.

Repasemos lo que viene pasando. En marzo del año pasado, al comienzo de la pandemia, el gobierno nacional creó el programa de “precios máximos”, definiendo una amplia lista de bienes –unos dos mil– que quedaban congelados y, teóricamente, no se podrían incrementar mientras durara la emergencia. Ese programa empezó a convivir con otro, más viejo, llamado “precios cuidados”. Los “precios cuidados”, que existen desde hace años, no son otra cosa que un acuerdo voluntario entre el gobierno y las grandes patronales de alimentos y productos de limpieza y tocador para incorporar determinados bienes a una lista de bienes a “precios populares”. La historia es conocida, esos productos muchas veces no se encuentran en las góndolas.

Con los “precios máximos” sucedió lo mismo. Las patronales hicieron y hacen de todo para violarlos. Desde cambiar el envase del producto, inventando otro con 5 o 10 gramos de más o de menos para burlar el control, o directamente haciéndolos desaparecer de los grandes supermercados, que es el único lugar donde deben cumplir la reglamentación, destinándolos a otros canales de comercialización, como los negocios de barrio o los supermercados chinos, obviamente a precios más caros.

Sin embargo, aun así hace meses que las patronales de alimentos, alineadas en su cámara empresaria, Copal, vienen presionando para eliminar los precios máximos. Y lo vienen logrando paulatinamente. En enero pasado, mientras el gobierno anunciaba pomposamente la incorporación de más productos a precios cuidados, se cuidaba de decir que en realidad eran bienes que figuraban en el listado de precios máximos y ahora se los bajaba de ahí, se los pasaba al listado voluntario de precios cuidados y, lo más importante, se lo hacía permitiendo incorporar fuertes aumentos.

Pero ahora se llega al sumun del doble discurso. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negoció con las cámaras patronales el cierre definitivo del programa de precios máximos para el próximo 15 de mayo. Esto quiere decir, en concreto, que un número inmenso de productos, los aproximadamente ochocientos que todavía sobreviven en el programa, quedarán “liberados” y las empresas podrán aumentarlos como quieran. A cambio de esto, se negoció que ciento veinte productos, que ni siquiera se garantizará que son los más importantes de la canasta, quedarán “congelados” por seis meses. El gobierno dice en su discurso que esos productos deberán tener el mismo precio congelado en cualquier lugar donde se los venda, sea un hipermercado o un comercio de barrio. Claro que las patronales ya advierten que “difícilmente” puedan cumplir con el abastecimiento a todos los canales. ¡Ya están avisando que piensan burlarlos haciéndolos desaparecer aun antes de que se lance el programa!

Así, evidentemente, lo único que se está garantizando son las superganancias de los pulpos monopólicos, no el cuidado del bolsillo de los trabajadores y los sectores populares. Es necesario un congelamiento real de los precios de todos los productos que componen la canasta familiar, con sanciones severas a quienes lo violen, como lo establece la Ley de Abastecimiento, que permite incautar mercadería acaparada y clausurar y hasta expropiar a quienes no respeten las disposiciones. 

Solo así, juntamente con un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para que nadie gane menos que la canasta familiar, se podrá empezar a recuperar el poder adquisitivo del pueblo trabajador. 

Escribe Guido Poletti

Mientras que, silenciosamente, el gobierno de Alberto Fernández va ajustando todas las partidas sociales, sucede lo contrario con los subsidios a las empresas. 

Así surge de los propios datos del informe fiscal del primer trimestre de 2021 publicado por el Ministerio de Economía.

Al mismo tiempo que salarios y prestaciones sociales se redujeron en términos reales 6% respecto de igual período de 2020, los subsidios a la energía y al transporte crecieron 23,6% y 19,3% respectivamente. 

La conclusión es clarísima, más plata para los dueños de las privatizadas de electricidad (Edenor, Edesur y Edelap) y para los monopolios transnacionales del gas y el petróleo, a cambio de que se achiquen los salarios reales de los empleados públicos (docentes, trabajadores de la salud, etcétera), los jubilados y las partidas que se destinan a planes sociales y comedores. Así se ve a quién se está priorizando en medio de la pandemia. 

Escribe José Castillo

Se trata de datos oficiales, brindados por el propio Ministerio de Economía, en el informe fiscal del primer trimestre. Este año ya se llevan pagados 790 millones de dólares de deuda. Se suman así a los 6.000 millones abonados en 2020, haciendo un total en el gobierno del Frente de Todos, transcurrido durante buena parte de la pandemia, de 6.790 millones de dólares. 

Tomando solo lo pagado en los primeros tres meses de este año son casi 120.000 millones de pesos. ¡Casi diez veces más que los 13.900 millones de pesos que suma todo el dinero que se va a destinar al bono de 15.000 pesos para los destinatarios de la AUH!

Con lo que se pagó de deuda a los pulpos acreedores este trimestre se podría hacer un pago de emergencia de 59.000 pesos para dos millones de personas más que lo necesiten. Claro, ahora se entiende por qué el presidente Alberto Fernández dice que no se está contemplando otro IFE a pesar del agravamiento de la pandemia, ese dinero está destinado al pago de la deuda externa. 

Un ejemplo más, entonces, de lo que decimos siempre. No hay salida si no suspendemos inmediatamente los pagos  de deuda y ponemos todo ese dinero al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

La escena fue más que sugestiva. Mientras se encontraba en España, en gira de negociaciones con los pulpos acreedores de la deuda externa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se hizo tiempo para almorzar con el empresario Hugo Sigman. En el encuentro también estuvo presente el embajador argentino en el Estado Español, Ricardo Alfonsín.

Recordemos que Hugo Sigman es el empresario argentino, amigo personal del presidente Alberto Fernández, dueño de la planta de mAbxience en Garín, donde se están produciendo millones de vacunas contra el Covid-19 que, en vez de servir para la vacunación en nuestro país, son embarcadas hacia los Estados Unidos, ya que son “propiedad” de AstraZeneca.

Por supuesto, no conocemos los detalles de lo que se negoció en ese almuerzo. Pero resulta llamativo que poco después Sigman sacó un comunicado, buscando deslindarse, diciendo que él no es responsable por los retrasos en las entregas comprometidas, y ya pagadas, de vacunas de AstraZeneca hacia la Argentina.

Todo es, evidentemente, una auténtica vergüenza. En vez de negociar cómo taparse unos a otros, lo que se debería estar haciendo en el pico de la segunda ola de la pandemia es vacunar a toda velocidad. Por eso, insistimos una vez más, ¡las vacunas existen y están en Garín! Hay que incautarlas ya mismo y proceder a distribuirlas masivamente.