Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

El canciller Felipe Solá expresó en su cuenta de Twitter: “Pedimos oficialmente que nos envíen vacunas que están stockeadas en su país”. El tuit, que fue compartido por el propio Alberto Fernández, fue emitido al final de la reunión que Solá mantuvo con Juan González, principal asesor de Joe Biden para el Hemisferio Occidental (Perfil, 13/4/2021). La reserva estadounidense de la vacuna elaborada por AstraZeneca asciende a más de 20 millones de dosis, según personas familiarizadas con el tema (Perfil, 8/4/2021). Espera la autorización de la FDA (la ANMAT norteamericana) para ser utilizada en la campaña de vacunación nacional del presidente Joe Biden. El gobierno peronista, en lugar de ponerse a fabricar la vacuna a gran escala en nuestro país, prefiere pedir a los Estados Unidos lo que, en realidad, se puede hacer aquí.

La respuesta del país del Norte no se hizo esperar. Nos enteramos hace unos días por el propio Boletín Oficial. La Argentina le comprará a los Estados Unidos diez aviones Beechcraft Hurón con destino a la Fuerza Aérea (La Nación, 19/4/2021) por un monto superior a los 16 millones de dólares. El gobierno de Alberto Fernández se apresuró a concretar la adquisición apenas unos días después de la visita del enviado del presidente norteamericano. De las vacunas, ni una palabra. Esa plata, que equivale a cuatro millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, podría haber sido aplicada también a aliviar los múltiples problemas que pesan sobre el agotado sistema de salud. Evidentemente, las prioridades del gobierno no apuntan a satisfacer las necesidades populares.                           

Escribe Adolfo Santos

Cuando en 2013 el gobierno de Cristina Kirchner prometía que con Vaca Muerta íbamos a salvar a YPF y nos beneficiaríamos todos, no era más que parte de un doble discurso destinado a imponer una ley nacional para entregar esas riquezas del subsuelo neuquino a la multinacional yanqui Chevron. El proyecto fue impuesto, pese a la resistencia que opusieron los trabajadores y pueblo originarios, con una violenta represión en la Legislatura de Neuquén que dejó decenas de heridos.

Los que nos resistíamos teníamos razón. El vaciamiento y la crisis de YPF, en vez de superarse, se profundizó. Y el anunciado beneficio a la población trabajadora nunca llegó. En todos estos años, solo con muchas luchas, piquetes y movilizaciones, los trabajadores han podido defender el poder adquisitivo de sus salarios en una de las provincias más caras del país. Es el ejemplo que están dando los heroicos trabajadores de la salud con el apoyo de la comunidad que se moviliza junto a ellos.

Vaca Muerta ha traído más destrucción que beneficios. Los grandes beneficiados han sido las multinacionales petroleras que se llevan la riqueza del subsuelo a costa de destruir el ambiente. A seis años de su inicio, el fracking ya deja huellas profundas y empieza a afectar directamente la vida en la región. Y esto a pesar de que recién está en sus comienzos la perforación en profundidad y horizontalidad con miles de miniexplosiones y el uso de setecientos productos químicos diferentes para romper los poros de las rocas y las arcillas y chupar el petróleo y el gas.

Pequeños movimientos sísmicos que se producen reiteradamente en la zona urbana de Sauzal Bonito, en el corazón de Vaca Muerta, causan rajaduras en las paredes de las viviendas. También se produjo un derrame de hidrocarburos en el área Bandurria Sur de YPF que afectó por lo menos a 45 hectáreas, dejando un pasivo que quizá nunca se remedie, más allá de las multas irrisorias que se puedan cobrar a las petroleras. En las últimas semanas vecinos de Añelo han salido a cortar la ruta exigiendo la provisión de agua, que falta en sus casas porque va a los pozos para hacer la hidrofractura.

Ya son más de 20.000 las punciones que agujerean y bombardean la roca. La voracidad de las multinacionales, apañada por YPF y los gobiernos de la Nación y la provincia, se está manifestando al extremo aprovechando la cotización del barril por encima de los 60 dólares. Por debajo de 40 dólares las empresas retraen la producción de fracking, pero ahí no son los empresarios los que pierden, sino los trabajadores. En 2020 enviaron a su casa a 20.000 petroleros, con la complicidad de la burocracia sindical, cobrando la tercera parte de su sueldo, pero con los precios actuales se acelera muchísimo la destrucción y, claro, las ganancias.

Enajenada, Vaca Muerta no es solución para los graves problemas que sufre la población trabajadora de la provincia. Hay que arrancarla de las manos de las multinacionales del petróleo que son los grandes ganadores de este negocio. Para terminar con el saqueo y la crisis de YPF exigimos la recuperación de la totalidad de las reservas de hidrocarburos, la reestatización total de YPF y de toda la industria hidrocarburífera bajo control de los trabajadores, respetando a las comunidades originarias y el fin del fracking. Solo así se podrá beneficiar a la población pobre y trabajadora y resolver los graves problemas que sufre la salud pública.

La inflación de marzo superó todos los pronósticos y ya acumula 13% en lo que va de 2021. Todas las medidas del gobierno para intentar frenarla fracasan, mientras la suba del precio de los alimentos pulveriza el bolsillo del pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El número superó hasta a las consultoras económicas del establishment, 4,8%, el valor más alto para un mes de marzo desde la hiperinflación de 1991. Sumado a los números ya por arriba de 4% de enero y febrero, asciende a 13% para el primer trimestre. Frente a esta realidad, la inflación anual que calcula el gobierno para todo 2021, de 29%, se transforma en un cuento chino. El cálculo es que, con suerte, y suponiendo incluso que el alza de precios amaine un poco en los próximos meses, terminará en 48 por ciento. Y no hablemos si se llega a dar algún episodio de suba del dólar u otra anécdota parecida, ahí fácilmente se superará el 50 por ciento.

Estos números fríos, sin embargo, esconden que los productos de la canasta familiar subieron mucho más. El rubro de artículos relacionados con la educación, muy sensible en el mes de marzo con el comienzo de las clases, aumentó 28,5%, y los delantales y uniformes, 10,8 por ciento. En lo que respecta a los alimentos, el precio de la carne está desbocado. Pero no es el único, la leche entera se incrementó 12%, el queso cremoso 15,8% y el yogur firme 10,8%, por citar solo algunos ejemplos.

El gobierno del Frente de Todos no va más allá de las declaraciones altisonantes de la secretaria de Comercio, Paula Español, o incluso de medidas administrativas que salen de su cartera que luego nadie hace cumplir. Parecen comentaristas, ellos mismos dicen que las empresas “anticipan aumentos para cubrirse” (Ámbito Financiero, 16/4/2021), pero no toman ninguna medida concreta para frenar estas maniobras.

La realidad es que los acuerdos voluntarios de “precios cuidados” y el listado cada vez más pequeño de “precios máximos” no sirven para nada. El propio gobierno autoriza aumentos, o directamente los provoca, como hace YPF con los combustibles.
Y las empresas, en particular las monopólicas y oligopólicas de alimentos agrupadas en la Copal, violan escandalosamente todas las restricciones. Hacen desaparecer los productos que están en los listados de precios máximos o cuidados y los reemplazan por otros, con envases que dicen tener 10 gramos más o menos, pero que ya al ser “distintos” no tienen restricciones y son “libres”, o sea, se los puede aumentar a voluntad. Estas firmas están aumentando, como piso, 1,3% promedio cada semana los productos vinculados a la alimentación.

Todo esto no es nuevo. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señala que en los últimos cuatro años, mientras la inflación promedio creció 310,6%, los precios de los alimentos subieron 335,2%, ¡casi 25% más! Con algunos rubros totalmente por encima, las frutas subieron 437,7%,  la carne 389,6% y el grupo conformado por café, té, yerba y cacao, 348,6 por ciento.

No se puede seguir jugando con el bolsillo de las y los trabajadores, jubilados y demás sectores populares. Hay que recomponer urgentemente sus ingresos con aumentos de emergencia y salario social para el que lo necesite durante la pandemia. Pero, al mismo tiempo, hay que terminar con los “vivos”, las empresas monopólicas y oligopólicas de alimentos u otros productos de la canasta familiar y las cadenas de hipermercados que remarcan y lucran con el hambre popular. Se deben establecer precios máximos para todos los productos de esta canasta, sin excepciones, y exigir su cumplimiento, con durísimas sanciones, aplicando la Ley de Abastecimiento a quien los viole, lo que significa requisar mercadería acaparada, clausurar y hasta expropiar a los infractores.

Escribe Guido Poletti

Los salarios llevan 37 meses consecutivos (más de tres años) perdiendo sistemáticamente contra la inflación. El acumulado promedio ya da más de un 20% en los trabajadores en blanco (con números mucho peores para los precarizados y aquellos que están en negro). Este año, las “mejores” negociaciones colectivas se están firmando por un 35% (y en cómodas cuotas). Pero la inflación va a orillar 50%, con lo que, si seguimos así, volverá a darse  una pérdida descomunal del poder adquisitivo.

Las jubilaciones, por su parte, ya llevaban perdido entre 14,8 y 21,8% antes de 2020. El año pasado, se hundieron en promedio otro 10,5%. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, calcula una pérdida de 12,5% sólo en el último semestre. Como sea, la realidad es que, en lo que va de 2021, frente a una inflación acumulada del primer trimestre de 13%, el incremento jubilatorio de marzo fue de sólo 8,07 por ciento.

Los números son claros: es urgente una recomposición de salarios y jubilaciones, sino queremos que la clase trabajadora se siga hundiendo en la miseria. Es necesario un aumento salarial de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE-Indec, en 85.590 pesos, y que, desde allí, se actualice mensualmente de acuerdo al incremento del costo de vida. Al mismo tiempo, deben reabrirse todas las paritarias, sin ningún tipo de techo salarial en la discusión. Y con respecto a las jubilaciones, también es necesario un incremento de emergencia llevando la mínima a 64.039 pesos, el valor de la canasta de la tercera edad calculada por el Defensor Eugenio Semino. Y que, desde ese valor, se aplique el 82% móvil. 

Escribe José Castillo

“No hay motivos para otorgar otro IFE”. Esta afirmación increíble salió hace apenas diez días de la boca del mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández. Con la pobreza por arriba del 42% y en medio de la segunda ola del coronavirus, ahora el gobierno del Frente de Todos intenta tapar el ostensible ajuste sobre las partidas sociales con el otorgamiento de un bono de 15.000 pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los monotributistas de las categorías más bajas (A y B), que residan en el AMBA. Según declaraciones de la titular de la Anses Fernanda Raverta, esto alcanzará a “casi” un millón de personas, por un monto total de 13.900 millones de pesos.

Para ilustrar la insuficiencia de la medida, basta con compararla con el IFE que se pagaba el año pasado. Este alcanzaba a nueve millones de beneficiarios, y aún siendo extremadamente insuficiente, implicó que el estado gastara 90.000 millones de pesos por cada cuota del mismo (fueron tres, por un monto total de 270.000 millones). Los números saltan a la vista: ahora se está destinando para el bolsillo del pueblo trabajador afectado por la pandemia ¡18 veces  menos! Y será  cobrado por 8 millones de personas menos.
Todo esto es parte del ajuste que se plasma en el presupuesto nacional de este año, redactado a pedir de boca del FMI, para mostrarle a este organismo el “ahorro” que permitiría reducir el déficit fiscal y así garantizar los pagos de deuda.
Los números ya van quedando a la vista: la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional   muestra que el gasto destinado a las asignaciones familiares y por hijo se redujo 15,5% en términos reales (teniendo en cuenta la inflación) en los tres primeros meses de ese año, comparados con igual período de 2020.

El Frente de Todos quiere esconder estos datos diciendo que dicho retroceso fue “compensado”con el aumento de otras partidas sociales. Pero es una vulgar mentira. Veamos: para planes sociales (programa Potenciar Trabajo) se destinó 31.912 millones de pesos, para políticas alimentarias 29.251 millones, al Repro II 14.012 millones y a salarios complementarios 10.296 millones. Todo sumado da 85.471 millones.¡Menos que una sola cuota del IFE, borrado de un plumazo en 2021!

La pandemia social arrecia y la segunda ola del coronavirus se agrava día a día. Es más urgente que nunca terminar con este ajuste a las partidas sociales, implementando un salario social de emergencia para todo el que lo necesite de 59.000 pesos. Con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa o con un impuesto a las grandes fortunas de verdad (a diferencia del actual) alcanzaría y sobraría para financiarlo.