Los problemas cotidianos del pueblo trabajador crecen día a día. La situación ya es dramática. La plata no alcanza para nada. Los precios de los artículos de la canasta familiar continúan por las nubes, ganándole, y de lejos, a los salarios y las jubilaciones. La pobreza y la marginación social siguen en aumento. Hay millones sin trabajo. La pandemia sigue y las vacunas no alcanzan. Millones continúan esperando. Ni siquiera se terminó de vacunar al personal de salud, ni qué hablar de las personas de riesgo. Todo mientras, al mismo tiempo, tuvimos el  “vacunatorio vip” del Frente de Todos. Ahora, el gobierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires suma su propio escándalo amontonando mayores de 80 años en larguísimas colas al sol en el Luna Park y en Boedo.

Hay un cansancio tremendo. Ya hace un año que se está viviendo esta situación. Cada día crece más la bronca que se expresa en luchas, como la de los docentes de varias provincias, manifestaciones enormes como las de los movimientos sociales, o movilizaciones como la de Chubut, que obligaron una vez más al gobernador Arcioni a retroceder en su enésimo intento por imponer la megaminería en su provincia.

Lo sucedido en Formosa es un fuerte mensaje que muestra el hastío y la bronca. Hubo una auténtica rebelión popular contra la pobreza, precariedad del sistema sanitario provincial, los atropellos y la represión del gobierno de Insfrán.

Muy lejos, y por fuera de toda esta realidad, el gobierno peronista de Alberto y Cristina está preocupado por su propia crisis política, que incluye renuncias de ministros (primero Ginés González García y ahora Marcela Losardo), o la búsqueda de la propia impunidad para la vicepresidenta. Mientras tanto, siguen apoyando a Insfrán, el gobernador represor de Formosa. Para desviar la atención de todo esto lanzan “campañas”, como la de la judicialización de Macri, o los discursos de Cristina contra la Justicia. Todo pensando en cómo posicionar al Frente de Todos de cara a la campaña electoral que se avecina. 

Al mismo tiempo, ahí donde mueren las palabras y los discursos, el gobierno sigue pagando la deuda externa y apostando a la negociación con el FMI. Se continúan avalando el enriquecimiento de las grandes patronales, sus superganancias y las de los bancos. No hay impuesto a la renta financiera y el impuesto a la riqueza es mínimo. Por eso no es cierto que “no hay plata” para mejorar las jubilaciones, los sueldos de los docentes o del personal de salud. Sucede que los millones que se tendrían que dedicar a eso van a engrosar los bolsillos de los ricos y los grandes empresarios.

Por supuesto que la oposición patronal de Juntos por el Cambio, aprovechando el río revuelto, trata de pescar algo que le permita mejorar sus chances electorales. Pero no ofrece ninguna salida para los problemas del pueblo trabajador. Es más, allí donde gobierna tiene la misma actitud que el Frente de Todos. Por ejemplo, en CABA, donde no terminó de vacunar al personal de salud, prácticamente ni comenzó con los docentes y a los adultos mayores los manda a hacer filas vergonzosas de largas horas como ya citamos. Y mejor ni hablar de que Cambiemos tiene un acuerdo total con el Frente de Todos en lo que respecta a la continuidad del pago de la deuda externa y a mantener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

En síntesis, peronistas del Frente de Todos y opositores de Juntos por el Cambio se pelean entre ellos para la tribuna. Ambas son variantes patronales que buscan cómo posicionarse mejor de cara a las elecciones. Pero ninguna de las dos resuelve los dramas que afligen al pueblo trabajador, los precios, los salarios, las jubilaciones, la falta de trabajo o de las vacunas.

Hace falta un plan de emergencia obrero y popular que comience por suspender inmediatamente todos los pagos en concepto de deuda externa y rompa los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI. Que imponga de verdad un impuesto a los grandes grupos económicos, a los bancos, a los que hicieron millones durante la pandemia como Mercado Libre y a las grandes fortunas. Que termine con la especulación y los negociados financieros nacionalizando la banca. Que vaya a fondo contra los monopolios agroexportadores como Cargill, Dreyfuss y Bunge, nacionalizando el comercio exterior. Para así, con todos esos recursos, resolver los acuciantes problemas populares de trabajo, salario, educación y vivienda. Otorgándoles un ingreso a todos aquellos que lo necesiten ante la emergencia. Y, al mismo tiempo, poniendo los recursos que hacen falta para la crisis sanitaria del coronavirus, con más insumos, más trabajadores de la salud, con mejores salarios y, por sobre todo, que garantice lo que hoy es de vida o muerte, vacunas para todos. Para eso no solo hace falta plata, sino también la decisión política de desconocer las patentes de los monopolios para poder producir localmente las vacunas. Justamente para eso, desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores estamos llevando adelante una campaña internacional promoviendo un  movimiento y acciones unitarias, que ya ha reunido miles de firmas de dirigentes y personalidades.

Escribe Claudio Funes

El gobernador Gildo Insfrán decretó la vuelta a fase 1 del aislamiento social lo que provocó una gran rebelión popular. Su respuesta a los justos reclamos de comerciantes, trabajadores autónomos y vecinos fue una feroz represión policial. Una historia de autoritarismo que ya lleva veinticinco años y que cuenta con el apoyo del gobierno del Frente de Todos.

El pasado jueves 4 de marzo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, decretó la vuelta a la fase 1 del aislamiento debido al registro de diecisiete casos positivos de Covid-19, según informaron.

Ante el anuncio se dieron las primeras manifestaciones de comerciantes, vecinos y trabajadores autónomos frente a la Casa de Gobierno en repudio a la decisión del gobierno provincial. Luego las movilizaciones se volvieron multitudinarias y fueron ferozmente reprimidas con gases y balas de goma por la policía de Insfrán. El saldo, noventa y tres detenidos y decenas de heridos, entre ellos la concejala peronista Gabriela Neme. Durante los días siguientes el repudio creció con nuevas y masivas movilizaciones. Lo que se dió fue una rebelión popular como nunca antes en la provincia.

Por supuesto, la oposición patronal de Juntos por el Cambio trató de aprovechar electoralmente estos hechos “repudiando” la represión, e incluso enviando a varios de sus principales dirigentes, como la propia Patricia Bullrich, a la provincia. Un hecho totalmente cínico ya que, tanto cuando fueron gobierno nacional como ahora en las provincias donde gobiernan, reprimieron infinidad de manifestaciones obreras y populares.

Pero volviendo a Insfrán, es indudable que la restricción al derecho a protestar fue la gota que rebasó el vaso, no sólo por las violaciones a los derechos humanos, sino por la pobreza, la precariedad del sistema de salud y la falta de vacunas en la provincia. Recordemos que, con la excusa de luchar contra el Covid-19, el gobernador peronista utilizó métodos autoritarios y sometió al pueblo trabajador y a los sectores populares a tratos inhumanos.

Mientras Insfrán comete todo tipo de tropelías el Frente de Todos habla de una campaña de desprestigio contra el gobernador. A su vez, el presidente Alberto Fernández sigue sosteniendo y apoyando al gobernador formoseño. Recordemos que, no hace mucho tiempo, cuando visitó la provincia de Formosa, lo llenó de elogios: “Es uno de los mejores políticos y mejores seres humanos que conozco”. Ahora, Fernández recibió a Insfrán en Buenos Aires, donde volvió a apoyarlo.

¿Quién es Gildo Insfrán?

Fue elegido diputado en 1983, luego vice del gobernador Vicente Joga por dos mandatos y, desde 1995, ininterrumpidamente gobernador de una de las provincias más pobres del país y con mayores tasas de mortalidad infantil y analfabetismo.

Durante su gobierno transcurrieron las presidencias de Menem (su primer gran aliado), De la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner, con quienes mantuvo una fuerte alianza y recibió miles de millones de pesos. Ahora es uno de los pilares de apoyo del Frente de Todos.

Además se dieron las persecuciones a las comunidades indígenas de Formosa con el objetivo de garantizar los negocios que implican la deforestación y la tala, el monocultivo (soja), los agrocombustibles y la extensión de la frontera petrolera.

Nuestra salida

Repudiamos la represión desatada en Formosa y reivindicamos el derecho a la protesta. 

Para combatir con eficacia la pandemia se necesitan medidas de fondo, no políticas represivas como la de Insfrán. Es necesario, en cambio, como proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, establecer un plan económico alternativo para reactivar la economía basado en el no pago de la deuda externa que atienda las dos pandemias, la sanitaria y la social. Y, a la vez, anular las patentes para que, pudiéndose producir en el país, haya vacunas para todas y todos.

Escribe José Castillo

El PTS, lamentablemente, decidió colocar prácticamente en un pie de igualdad la histórica movilización popular contra Insfrán y la represión del gobernador peronista por la utilización que intenta hacer de ella la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Cediendo al argumento típico del peronismo kirchnerista de que, de otra forma, “se le hace el juego a la derecha”.

De hecho, en sus notas comienza restándole carácter popular a la movilización formoseña limitándola a un malestar de “comerciantes” y al “reclamo esencial de que abran los comercios”. Se hace caso omiso de que la movilización expresó el estallido y hartazgo ante las innumerables medidas represivas y antipopulares de Insfrán. 

Pero lo más grave es que el PTS dedica largos párrafos en sus notas de La Izquierda Diario, casi tanto como los que les lleva la propia crónica de la represión, al intento de utilización mediática que busca realizar la oposición patronal de Cambiemos, con el objetivo, dicen, de “demonizar al gobernador peronista”. Incluso pone énfasis en que en la concentración se “mezclaron” sectores opositores de Juntos por el Cambio. ¿Qué se quiere decir con todo esto?   

Seamos claros. Comencemos deslindando lo que no tiene nada que ver con Formosa. Por supuesto que sabemos que Juntos por el Cambio, cuando era gobierno nacional, como en las distintas provincias donde gobernó antes y lo sigue haciendo actualmente, lleva adelante violentas represiones. Basta con citar los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y obvio que son demagógicas las lágrimas de cocodrilo que derraman Bullrich y compañía ante la represión buscando llevar agua para su propio molino electoral. 

Pero vamos a lo central. ¿Fue la derecha la que “demonizó” a Insfrán? La realidad es que se trata de un gobernador peronista que actúa como un patrón de estancia, que tiene sumida a la provincia en la pobreza más extrema y posee un larguísimo historial de represiones, asesinatos de pueblos originarios Qom incluidos. Eso fue lo que lo “demonizó” ante cada vez más sectores populares de su propia provincia ¿Qué fue lo que pasó? Que, independientemente del hecho anecdótico que detonó todo, estalló una auténtica rebelión popular, histórica en la provincia, que el gobierno reprimió con ferocidad, con heridos y detenidos, entre ellos miembros del Partido Obrero, integrante del FIT Unidad.

 Estos son los hechos. La izquierda tiene que ponerse sin dudas del lado del pueblo movilizado, denunciando a Insfrán, sus políticas y su represión. Y también deslindado del macrismo.Todo lo otro es secundario. 

Lamentablemente, el PTS termina dándole tanta entidad a la posible utilización de los hechos por la oposición patronal de Cambiemos que diluye lo central: un gobernador peronista que ajusta y reprime, que tiene en las calles enormes movilizaciones en su contra y, escandalosamente, sigue siendo sostenido por el gobierno nacional. Lo que plantea el PTS es, en última instancia, la misma argumentación del peronismo kirchnerista: no “hacerle el juego a la derecha”, que busca golpear a Insfrán para pegarle a Alberto y Cristina. Termina abonando a la concepción de que habría un gobierno “popular” cercado y presionado por una “derecha” que trata de debilitarlo.

Una argumentación similar expresó el PTS la semana pasada con la condena a Lázaro Báez, donde culminó concediendo al gobierno que todo es parte de un lawfare con el objetivo de encarcelar a Cristina. Ahora vuelve a poner como hecho central la utilización que puede hacer la oposición de Juntos por el Cambio de la rebelión popular en Formosa.

Llamamos a la reflexión a los compañeros del PTS. La izquierda debe tener una posición independiente, de denuncia sin concesiones a todos los gobiernos patronales, sea el “nacional y popular” de Alberto Fernández y Cristina, los provinciales de su mismo signo y también los opositores. Apoyando incondicionalmente todas las movilizaciones populares contra los ajustes y, mucho más aún, denunciando la represión. Caer en el razonamiento de que hay que perdonar o al menos “igualar” a cualquiera de estos gobiernos con represiones de otros porque si no se le hace “el juego a la derecha” es, justamente, entrar en la trampa del doble discurso del peronismo kirchnerista. El Frente de Izquierda se hizo fuerte y ganó personalidad, justamente, con posiciones inclaudicables frente a ambos bloques patronales. Ese es el camino en el que tenemos que perseverar.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

En esta nota analizamos qué esconde el gobierno tras el anuncio de la “querella” a quienes nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional

Alberto Fernández dijo en el Congreso sobre el endeudamiento de Macri con el FMI: “Instruí el inicio formal de una querella criminal a fin de determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria registra”. El anuncio ha sido aplaudido por sus seguidores. Un discurso “picante”, tituló Página/12. Esto ya venía precedido por la campaña del Frente de Todos sobre “la pesada herencia que dejó Macri”, que el endeudamiento con el FMI fue para apoyar al ex presidente en las elecciones y, fundamentalmente, que los 44.000 millones de dólares que ingresaron fueron a financiar la fuga de capitales. ¿Qué hay detrás de la “querella”?

Detrás de este anuncio altisonante está la política del gobierno de reconocer esa deuda mafiosa y pagarla para encarar una nueva negociación con el FMI firmando otro pacto que traerá más ajuste, dependencia y sometimiento. Si la deuda es todo lo que denuncia el gobierno, que hubo responsabilidades delictivas de Macri, Dujovne, Caputo y los CEOs que participaron de ese endeudamiento sideral, la pregunta obligada y sencilla es ¿por qué el gobierno “nacional y popular” no usa todo eso para desconocer los pagos y volcar esos fondos a combatir la pandemia? Todo lo contrario. La querella es una cortina de humo para encubrir esa política de reconocimiento y pago que está llevando adelante el gobierno nacional, sin “fisuras”, entre Alberto Fernández, Cristina de Kirchner, el ministro Guzmán, Kicillof y el aval de todo el establishment que apoya, desde los empresarios de la UIA y la Sociedad Rural hasta la burocracia sindical de la CGT y las CTA.

El gobierno sigue con su doble discurso. Mientras denuncia la deuda y ordena una querella criminal, la reconoce y paga. La “querella” sería para determinar responsabilidades. ¿Pero acaso no se sabe quiénes fueron los responsables? Todos los funcionarios de Macri, clarito. Es como si se pidiera una “querella” contra los que nos endeudaron en la dictadura cuando está claro que fue un genocidio y ya se sabe quiénes fueron los responsables. Pero cuando se dictó el fallo del juez Ballestero en el año 2000 condenando el endeudamiento ocurrido en la dictadura militar, el peronismo kirchnerista de entonces hizo oídos sordos, el Congreso no hizo nada, y a pesar de que el Argentinazo en 2001 impuso el no pago, el gobierno de Néstor Kirchner desde 2003 pagó dólar sobre dólar, canceló la deuda de contado con el FMI y después Cristina hasta pagó deuda externa con fondos de la Anses.

Desde el gobierno dicen que la querella nos va a ayudar en la negociación con el FMI. “Debemos completar la histórica decisión presidencial llevando el caso argentino a la ONU para forzar una negociación que permita quita de capital y plena autonomía en la política económica”, declaró Claudio Lozano, el centroizquierdista devenido en peronista y funcionario del Banco Nación. Está clara la maniobra, una querella … ¡para pedirle una migaja al FMI bajo la mentira de que podría haber una negociación favorable!  “Los lobos de Manhattan consideran que la denuncia ‘es humo’ de Alberto para construir un relato electoral” (Clarín, 5/8).

“Hay que negociar con firmeza”, escribió el columnista económico Alfredo Zaiat (Página/12, 28/2). Esto sería para conseguir “una tasa más baja, un extenso cronograma de pago y flexibilidad en las condicionalidades del acuerdo”. O sea que todo se resolvería con una buena muñeca negociadora. Algo ridículo. 

El mismo Zaiat dice cuáles serían los posibles escenarios mencionando al economista Emmanuel Alvarez Agis, según se llegue a un acuerdo para pagar la deuda con el FMI en diez o veinte años. En el primero de los casos, entre 2026 y 2031 la Argentina debería pagar 16.500 millones de dólares promedio por año, y si fuera a veinte años los pagos serían de 12.500 millones de dólares por año. ¡En cualquier escenario las cifras son siderales y millonarias! Si en 2020 se pagaron 6.000 millones de dólares y ya voló el IFE, imaginémonos cuando Argentina tenga que pagar dos o tres veces más en los próximos años. Una locura.

Zaiat también dice para justificar el millonario pago al FMI que como Estados Unidos es el “dueño del Fondo monetario” porque tiene el poder de veto en el organismo y desobedecerlo con un default no sería conveniente porque “el contexto internacional no se presenta para nada amigable lo que llevaría a un callejón sin salida”. Olvida que en Estados Unidos hubo una rebelión antirracista contra Trump; hay más de 200 antecedentes de no pago en el mundo; hubo y hay luchas contra el FMI -como la reciente en Ecuador- y crece en el mundo el repudio a un capitalismo depredador y a sus organismos financieros como el FMI. Nada de eso vale para encarar un no pago soberano. Porque como decía Cristina Kirchner, “somos pagadores seriales”, encubierto ahora bajo la famosa querella.

Escribe Diego Martínez

La semana pasada Cristina Fernández hizo su alegato por la causa conocida como “dólar futuro”. Allí se despachó contra la Justicia, a la que acusó de ser servil al poder económico, de no actuar frente a los femicidios y de gozar de privilegios aristocráticos a los que acceden al perpetuarse en sus cargos. Además de esto criticó duramente a Macri y a su entorno, a quienes acusó de hacer negociados usufructuando su antigua condición de funcionarios a costa del esfuerzo de los trabajadores.

Entendemos la simpatía que estos dichos pueden haber causado en sectores de trabajadores que con toda justeza sienten odio por una Justicia que protege a los ricos y poderosos y persigue y criminaliza a los pobres, así como también tienen un fuerte rechazo por Macri y Cambiemos. Compartimos con estos compañeros estos sentimientos de rechazo, pero queremos decirles que, pese a sus declaraciones, Cristina y el gobierno no van a impulsar ningún tipo de reforma progresiva en la Justicia. No lo hizo Cristina en los doce años en los que gobernó, ni lo pretende hacer ahora que se enfrenta a ella por estar acusada en distintos casos de corrupción y apela al doble discurso para salvarse.

En los doce años de gobierno de Néstor Kirchner, y luego de Cristina Fernández, el peronismo kirchnerista manejó la Justicia a su antojo criminalizando a los luchadores y defendiendo la impunidad de sus funcionarios corruptos a capa y espada. En el año 2011, el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández impulsó una campaña plagada de falsedades para encarcelar a nuestro compañero y dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Fue la Justicia K la que condenó a los petroleros de Las Heras por luchar contra el impuesto a las ganancias. La misma que garantizó la impunidad para los responsables políticos de las masacres de Cromañón y de Once, quienes fueron condenados, ya sin Cristina en el poder, después de años de lucha. Cuando el ex procurador general de la Nación Esteban Righi intervino en la causa Ciccone, por la que hoy está condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, fue echado de su cargo.

El actual aumento de la virulencia de los ataques discursivos de Cristina contra la Justicia no tiene que ver con que haya cambiado de parecer y ahora abogue por una justicia independiente, sino con que su situación judicial es cada vez más comprometida. En el mes de enero se confirmó la prisión efectiva para  Boudou y a fines de febrero fue condenado Lázaro Báez, quien está sospechado de ser el testaferro de la mismísima Cristina. La vicepresidenta se prepara para enfrentar a la Justicia ante un posible avance de las causas intentando ganar simpatía en un sector de la población con su doble discurso. Más comprometedora es su situación porque no logra avanzar con la mentada reforma judicial. Reforma que, lejos de implicar una democratización del Poder Judicial como sostiene el oficialismo, solo serviría  para que el gobierno tenga más jueces adeptos y controle la Justicia al servicio de sus intereses políticos y así pueda garantizar la impunidad para sus funcionarios y empresarios amigos.

 Así como ahora el gobierno, con Cristina a la cabeza, busca tener una justicia adepta, lo propio hizo Macri cuando gobernó. Al momento de asumir nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto y puso magistrados afines en todos los fueros. Así logró la impunidad para él y todo su gobierno. No era fácil, Macri ya contaba con doscientas catorce causas en su contra.

Más allá del alineamiento individual de cada juez y de los roces circunstanciales que se generan como reflejo de peleas de poder en las alturas, de conjunto la Justicia responde a los intereses de los empresarios y del régimen político capitalista. La realidad demuestra que la división de poderes y la justicia independiente no existen.

¿Qué justicia necesitamos?

Mientras luchamos por una justicia que defienda los intereses de los trabajadores y no de los empresarios, en el marco de un gobierno de los trabajadores, peleamos por algunos cambios en la Justicia actual

No va más un Poder Judicial elegido a dedo. Queremos que todos los jueces se elijan por el voto popular y que sus mandatos no sean vitalicios, sino que puedan ser revocables.

Basta de privilegios para los jueces. No solo cobran sueldos siderales, sino que perciben jubilaciones de privilegio que oscilan entre los 300.000 y 700.000 pesos. Como si esto fuera poco, están exentos del pago del impuesto a las ganancias, que abonan, entre otros miles, los trabajadores de la salud en plena pandemia. Es una vergüenza absoluta que los jueces no lo paguen.

Otra medida que debería implementarse son los juicios por jurado, establecidos en la Constitución, pero que, salvo escasísimas excepciones, nunca se implementaron. Deben hacerse realidad con la participación de vecinos y vecinas designados por sorteo. Es un mecanismo que permite reducir las maniobras del Poder Judicial que, en todos los niveles, sistemáticamente falla contra los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y los jóvenes.