Escriben Ana Valverde, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) y Otto Giachero, Jubilados en Marcha Córdoba

Los jubilados agrupados en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) realizamos el martes 10 una reunión virtual donde charlamos sobre la nueva ley de movilidad previsional que exige el FMI y que el presidente Fernández acepta. Esta ley lo único que traerá para nosotros será una baja del haber jubilatorio ya que se toma la variación de los salarios en actividad y la recaudación de impuestos. Fernández durante este año fijó los aumentos de las jubilaciones a través de decretos. Nosotros decimos que no queremos decretos, que queremos una jubilación igual al valor de la canasta del jubilado, que es casi de 50.000 pesos.

Ya todos sabemos que día a día aumentan los alimentos, los remedios, los impuestos, etcétera. Es por esto que decimos que la ley de movilidad tiene que estar basada en la inflación y que debe ser actualizado el haber mes a mes, dado que en nuestro país tenemos una inflación altísima.

También charlamos que para luchar por nuestros derechos tenemos que organizarnos todos los jubilados y pensionados.

El miércoles 18, a las 15, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados llama a realizar un encuentro de agrupaciones de jubilados frente al Congreso. La Utjel asistirá para proponer un plan de lucha para enfrentar los planes de hambre y ajuste de Fernández y el FMI.

Los gobernadores también ajustan los salarios y las jubilaciones. Arcioni, en Chubut, va más lejos porque les está debiendo los sueldos y las jubilaciones desde hace más de dos meses y el aguinaldo de junio.

En Córdoba, el gobernador peronista Schiaretti, a través de las leyes 10.333 y 10.694, logró la armonización a la baja con las jubilaciones nacionales, del 82% sobre el mejor sueldo pasaron al 67% actualizado, del promedio de estos últimos diez años, nos cuentan nuestros compañeros de la agrupación Jubilados en Marcha de Córdoba.

La Utjel y Jubilados en Marcha de Córdoba decimos que tenemos que recuperar todos los derechos y conquistas, como el 82% móvil del mejor sueldo al momento de jubilarnos, jubilación mínima no menor a la canasta del jubilado, restitución de todos los aportes patronales y medicamentos sin cargo. No al vaciamiento de la Anses y de todas las cajas previsionales. No al pago de la deuda externa. Impuesto a las grandes multinacionales y las grandes fortunas y que estos fondos sean para salarios, jubilaciones, salud, educación, planes de vivienda y para combatir la pandemia del coronavirus.

Escribe Adolfo Santos

El fracaso de las políticas públicas para enfrentar la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández está demostrado. Al limitar su acción al aislamiento social preventivo, sin desplegar otras medidas necesarias, los contagios continuaron en aumento, lo mismo que el número de muertos. El gobierno hizo caso omiso a los planteos de los profesionales de la salud como lo indicaba, entre otros, la combativa Cicop, que exigía testeos masivos, el acompañamiento de los grupos de riesgo y de los sectores infectados y el incremento del presupuesto de salud para evitar el colapso. Es que todo lo que significa gastar dinero al servicio de la salud pública es rechazado por el gobierno, que está decidido a bajar el gasto público para no contrariar al FMI.

A la hora de gestionar la vacuna, el gobierno está dispuesto a hacer grandes negocios. En octubre, el Congreso aprobó un proyecto del Frente de Todos para proteger a los laboratorios internacionales. Una ley vergonzosa que prevé “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” a los laboratorios. Todo lo que esté errado con las vacunas contra el Covid-19 no será de responsabilidad de las multinacionales, sino del Estado, que deberá asumir el perjuicio. Y garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero.

Con esta legislación, ahora se anuncian una serie de negociaciones para la compra de vacunas cuya eficacia no ha sido debidamente comprobada. Existen decenas de vacunas que están siendo investigadas en todo el mundo. Muchas en fase preclínica, que se testean en animales. De las que se testean en humanos, sólo once están en fase 3, pero sin ser aprobadas aún para uso masivo de la población. En este nivel existe una competencia feroz entre los distintos laboratorios para apoderarse de un mercado que demandará miles de millones de dosis cuando sean aprobadas.

Por eso resulta extraño que, ante este panorama, el gobierno esté anunciando con cierta euforia la compra de diez millones de dosis de la Sputnik V, de procedencia rusa, que también está en fase 3 y solo ha sido autorizada por el gobierno ruso. ¿Cuánto se ha pagado por esa vacuna a los rusos? ¿Qué sucedió con el contrato firmado con el laboratorio AstraZeneca, del empresario ligado al gobierno Hugo Sigman, que iba a producir una vacuna con la Universidad de Oxford? ¿Qué vacuna se le va a ofrecer a la población argentina, la rusa o la inglesa? ¿Con qué garantías? Son muchas las preguntas sin respuestas. Mientras tanto, los rumores hacen variar los precios de cada dosis entre 4 y 20 dólares.

Las vacunas son patrimonio de la humanidad

En este momento hay una feroz disputa entre las distintas multinacionales para quedarse con el negocio de las vacunas. No se pueden aplicar los patrones habituales de los negocios internacionales. Como estamos ante un desastre humanitario las vacunas deben ser declaradas patrimonio de la humanidad. Las multinacionales ya han recibido cuantiosas sumas de dinero de gobiernos y de organismos internacionales como la GAVI (Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización) para desarrollar sus proyectos. Solamente del gobierno de Trump, en el mes de abril, han recibido 10.000 millones de dólares, a lo que debe agregarse millonarias sumas de subsidios que han puesto gobiernos e instituciones. Por eso la vacuna tiene que ser gratuita.

A pesar de las enormes ganancias de la industria farmacéutica, existen denuncias de que un subsidio de 1.5 mil millones de dólares que se distribuyó en gran medida a Pfizer y Glaxo para asegurar el abastecimiento de vacunas contra la neumonía para los países en desarrollo, el suministro no alcanzó para la vacunación masiva. 

Diferente de la vacuna contra la poliomielitis, descubierta por Jonas Salk, que rápidamente estuvo disponible en forma gratuita, hoy la mayoría de las vacunas salen al mercado patentadas. Le debemos exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández la liberación de la patente del Covid-19. Mientras tanto, se debe apoyar en el conocimiento de los especialistas nombrados por las facultades de Medicina y Farmacia de las universidades estatales, del Conicet y otros institutos de investigación estatales para ayudar a definir los criterios para adquirir las vacunas que sean necesarias. La salud pública no es una mercadería, es un bien social que el gobierno no puede negociar. Solo la estatización de los laboratorios para la producción nacional de vacunas puede acabar con este comercio infame.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys

La ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, participó del programa “Un café con Fernando Iglesias”, el diputado nacional de Juntos por el Cambio reconocido por ser un provocador de derecha que expresa sin tapujos el pensamiento más reaccionario de su sector.

Allí, quizás entusiasmada y cebada por sus interlocutores, Soledad Acuña no tuvo filtro en decir sinceramente lo que opina de la educación y de los docentes. (ver link: https://youtu.be/Qk_ESFkkFbY)

Sus dichos han generado un repudio generalizado en todos los sectores de la educación y de los derechos humanos por racistas, reaccionarios y muchos otros calificativos. 

Desde el sindicato docente Ademys respondimos duramente y estamos pidiendo que se vaya ya (ver link de Ademys: https://www.ademys.org.ar/v2/total-repudio-a-la-politica-totalitaria-de-acuna/). Si Soledad Acuña tuviera algo de dignidad personal ya habría presentado sus disculpas… y su renuncia.

Las declaraciones de Acuña, además de repudiables, muestran su concepción sobre la educación, el fracaso de su política educativa, su hipocresía, desnudando que todas las críticas que venimos realizando a su política, y ella negaba, eran correctas.

Acuña clarifica que, para el gobierno, el principal problema de la educación es que necesita docentes serviles a los conceptos antiescuela pública y sumisos a los mandamientos de los gobiernos patronales de turno. No quiere docentes ni alumnos con pensamiento crítico, sino repetidores de las ideologías oficiales. Por eso muestra repulsión hacia los profesorados que han formado docentes durante décadas que han llevado a la educación pública argentina al respeto internacional. Como venimos diciendo, no son los profesorados el problema de la crisis educativa, sino la política gubernamental de destrucción de la escuela pública, de privatización, de reducción presupuestaria, de salarios miserables a la docencia y de escuelas destruidas la que está atacando esa calidad educativa que siempre tuvimos.

Y somos los docentes, con nuestro tremendo esfuerzo y lucha, junto con la comunidad educativa de las escuelas públicas, los que estamos sosteniendo la educación pública y evitando que los gobiernos y las Soledad Acuña la terminen de liquidar y privaticen todo el sistema.

Queda claro ahora cuáles eran los verdaderos objetivos de Acuña al querer cerrar los profesorados y montar la Unicaba, querer modificar los programas de estudio y la libertad de cátedra. Por qué liquidó la junta de clasificaciones y apuntó a los nombramientos “a dedo” de docentes serviles. Por qué quiso cerrar las escuelas nocturnas donde estudian los trabajadores. Queda clara su política de achicar la educación a profesores y alumnos de clase alta que tengan la “capacidad social” de viajar por el mundo, los únicos que, según la reaccionaria Acuña, tendrían “capacidad de formar y agregarles un plus” a los estudiantes, mientras los docentes pobres (pobreza generada por el propio gobierno) solo “utilizaríamos” la educación como “tercera opción laboral ante los fracasos anteriores”. Los que venimos de familias trabajadoras o pobres no tendríamos ningún valor para compartir con nuestros alumnos. ¡Ni a Mussolini se le ocurrieron esas ideas!

Acuña desnudó públicamente su repulsión a los docentes de origen pobre, a los profesores “críticos”, a los sindicatos opositores como Ademys, a la “izquierda” que, luchando todos juntos, no le permitimos la implementación de sus planes reaccionarios. 

Queda claro también cómo jugó el peronismo kirchnerismo durante estas últimas décadas, ya que el macrismo no necesitó aprobar ninguna nueva ley para implementar toda esta política reaccionaria y privatista. Solo se apoyó en las leyes del kirchnerismo ya existentes, la Ley Nacional de Educación kirchnerista que habilita todas estas barbaridades. Por eso Acuña dijo que su problema “no fue el kirchnerismo, sino la izquierda”.

Desde Izquierda Socialista siempre fuimos claros y repudiamos y combatimos la Ley de Educación del peronismo kirchnerista, nacionalmente y en cada provincia donde intentan avanzar en su aplicación. Será por eso que desde Ctera la secretaria general Alesso solo pidió a Acuña “que se disculpe”, en vez de, como impulsamos nosotros, exigir que se vaya este personaje nefasto de la derecha política. Sigamos defendiendo la educación pública, los profesorados, un mayor presupuesto con plata de la deuda externa y el fin de los subsidios a la educación privada. Sigamos defendiendo, orgullosos, la educación pública y nuestra tarea docente.

Escribe Diego Martínez

A través de un decreto presidencial, el gobierno autorizó a nivel nacional el autocultivo de cannabis con fines medicinales y la venta en farmacias de aceites y crema de origen cannábico. Se trata de un triunfo de los usuarios que se vienen organizando hace años para exigir la legalización del uso medicinal del cannabis, pero no resuelve el problema de fondo del narcotráfico y el consumo problemático de drogas, los cuales están directamente relacionados con la legalización y el papel de prevención del Estado.

 La ley 27.350, sancionada en 2017, establecía el uso de cannabis medicinal solo para quienes eran parte de protocolos de investigación en epilepsia refractaria. Con la nueva normativa se prevé la cobertura estatal de obras sociales y de prepagas de derivados de la planta de cannabis y la posibilidad de adquirir preparados cannábicos en farmacias.

Con el decreto establecido la semana pasada se logra evitar la persecución judicial a miles de personas que, frente a la falta de respuesta del Estado, cultivaban marihuana con fines terapéuticos por su propia cuenta o, peor aún, se arriesgaban a la compra del producto de manera clandestina. Fruto de la persistencia de la lucha de muchos, que se organizaron en distintas asociaciones, se logró un marco legal para el uso medicinal del cannabis que permitirá mejorar la calidad de vida de miles de pacientes en el país sin que los usuarios corran el riesgo de ser judicializados, ni de recibir productos adulterados o de mala calidad.

¿Cómo solucionar el consumo problemático de drogas y combatir el narcotráfico?

El consumo abusivo de sustancias psicoactivas es un flagelo al que se ven arrastradas millones de personas en el mundo debido al sufrimiento, la alienación y la miseria que provoca el sistema capitalista. Desde luego, estamos totalmente a favor de trabajar para resolver el consumo problemático y la adicción a las drogas, sean legales, como el alcohol, el tabaco y distintos fármacos, o ilegales como la cocaína, el “paco” y otras sustancias. Pero somos conscientes de que la drogadicción va a persistir mientras no se erradiquen las profundas causas sociales que la generan.

En el capitalismo todo se convierte en negocio. Es así que las drogas mueven anualmente 600.000 millones de dólares, con márgenes de ganancia cercanos a 3.000 por ciento. En términos de rentabilidad, el negocio de las drogas le disputa el primer puesto al petróleo y el tráfico de armas. El carácter ilegal de la actividad lo hace más provechoso. Los traficantes no pagan impuestos, ocupan a millones de trabajadores en condiciones de esclavitud y pagan con sus multimillonarias ganancias el favor de policías, jueces y políticos patronales. También están involucrados muchos empresarios que “lavan” sus ganancias a través de actividades legales.    

El carácter ilegal de la producción, venta y consumo es lo que provoca que se generen mafias que en algunos países, como México, Colombia o Brasil, alcanzan el rango de organizaciones paramilitares, sembrando el terror, la muerte y la violencia entre la población. Debido a la falta de regulación en la comercialización de drogas los más pobres se exponen a consumir productos adulterados que ponen en riesgo su salud y su vida.

Aunque el consumo en la mayor parte del mundo es ilegal, crece día a día. Lejos están la prohibición y la represión de ser armas efectivas para disminuirlo. Una prueba es lo que sucedió en los Estados Unidos con la “ley seca”, que prohibió el consumo de alcohol en 1919, lo que dio al crecimiento del poder de las mafias del contrabando y la destilación clandestina, y el consumo creció a medida que aumentaba la pobreza en los prolegómenos de la gran crisis del ’30 y posteriormente.

Está demostrado que para lo único que sirve la ilegalidad de las drogas es para mantener las fabulosas ganancias de quienes lucran con la desesperación, la salud y la vida misma de los adictos. La legalización de la producción, la venta y el consumo implicaría que no se persiga y judicialice a los consumidores, a la vez que privaría a los narcos de jugosas ganancias estableciendo precios razonables para su comercialización y desaparecerían las bandas violentas asociadas con el comercio ilegal. Si se legalizara, se deberían imponer fuertes impuestos y retenciones a los productores y comercializadores de las sustancias para utilizar ese dinero en campañas de prevención y concientización sobre los riesgos físicos y psíquicos que implica el consumo de drogas, así como también para ofrecer tratamientos de rehabilitación gratuitos para los que sufren adicciones por consumo problemático, garantizados por el sistema de salud pública, responsabilidad de la que hoy el Estado se deslinda por completo. 

Escribe Agustín Gigli

El gobernador de Chubut anunció que iba por la zonificación de la provincia para habilitar el saqueo megaminero. Para acompañar ese anuncio y seguir vinculando la “bondad” de tener megaminería con los salarios chubutenses, dijo que iba a pagar la totalidad de los sueldos de los empleados públicos, aunque no aclaró que lo hace con dos meses de atraso. Mariano Arcioni es el gobernador con menor apoyo social y está decidido a imponer la megaminería antes de irse. Cuenta con el aval del presidente Fernández, de los empresarios locales y de las multinacionales saqueadoras. Intenta hacer lo que nadie logró en los últimos veinte años. Trata de realizar la zonificación provincial creando “zonas de sacrificio” a la explotación megaminera.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, tuvo que decir que no tiene una opinión formada sobre las consecuencias sanitarias de la megaminería porque no quiere reconocer que la salud corre peligro con estos emprendimientos. Pero el repudio es enorme y sectores del PJ y la UCR, que siempre apoyaron, tienen que salir a rechazarlo.

La respuesta del pueblo de Chubut no se hizo esperar y se realizaron movilizaciones enormes en toda la provincia con las asambleas ambientalistas y del No a la Mina.

Arcioni decidió reprimir este movimiento asambleario mandando a allanar y detener a referentes de varias ciudades mientras esto ocurría, de la mano del tristemente célebre fiscal Rivarola, el mismo que al caso de violación en manada lo consideró “desahogo sexual” y que recibió y utilizó fichas de la SIDE sobre los vecinos antimegaminería.   

Desde Izquierda Socialista repudiamos la megaminería y el saqueo que hacen las multinacionales de los recursos naturales de nuestra provincia. Las empresas vienen por el oro, la plata y los demás minerales porque las leyes los benefician, reciben subsidios y se roban los minerales, solo dejan la destrucción ambiental. 

Los veinte años de lucha lograron que el rechazo inicial, que solo era en Esquel, se extendiera a toda la provincia. Ya no hay localidad chubutense donde no se movilice exigiendo trabajo genuino y rechazando la megaminería. Es preciso continuar la lucha y la movilización en otra jornada provincial unitaria y que todos los gremios que integran la CGT y la CTA se sumen en defensa del trabajo, el ambiente y contra el saqueo. Arcioni y Fernández no van a lograr la licencia social. No es no.