Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno del Frente de Todos, incluido el peronismo kirchnerista, dice que en los doce años de gobierno de Néstor y Cristina se expulsó al FMI, que Macri lo trajo de vuelta y que ahora a Alberto Fernández no le queda otra que volver a acordar con ese organismo para refinanciar y pagar una deuda a pesar de que no se contrajo en beneficio del pueblo trabajador. Con esto quieren justificar el nuevo pacto con el FMI y las políticas de ajuste. Veamos cómo fueron los hechos.

Lo que hizo el kirchnerismo cuando gobernó no fue “romper con el FMI”, sino pagarle en diciembre de 2005 toda la deuda de contado, 10.000 millones de dólares, con el cuento de que de esa manera la Argentina se iba a liberar de sus dictados. Pero no fue así. La deuda externa siguió siendo el gran problema del país, a tal punto que en los últimos años de gobierno de Cristina Kirchner el Banco Central se estaba quedando sin reservas porque pagó de contado en la denominada “década ganada” 200.000 millones de dólares contantes y sonantes. Luego le pagó al Club de París, e incluso hay que recordar que, a pesar de que el gobierno en 2008 estatizó la jubilación privada (AFJP) quedándose con 30.000 millones de dólares, esa plata no fue centralmente para los jubilados sino para pagar deuda y dar créditos a multinacionales como General Motors.

El gobierno peronista ahora dice que al FMI y al endeudamiento los trajo Macri para justificar el nuevo sometimiento. Pero cuando asumió Néstor Kirchner en 2003, después del Argentinazo que había repudiado el endeudamiento e impuesto el no pago, en vez de seguir por ese camino y desconocer todo el endeudamiento externo que venía desde la dictadura, el peronismo kirchnerista reanudó los pagos mediante varios canjes, sometiendo al país a los dictados de los organismos financieros internacionales. O sea, ahora el gobierno paga con la excusa de que la deuda la contrajo Macri… ¡pero también pagaron en el gobierno anterior a pesar de que el Argentinazo “rompió con el FMI” e impuso el no pago! “Somos pagadores seriales”, decía Cristina.

Despejada esa versión falsa y distorsionada de la realidad como parte del acostumbrado doble discurso kirchnerista, vamos al debate actual. Es cierto que Macri nos endeudó y volvió a pactar con el Fondo Monetario. Pero, como dice el propio gobierno de Alberto Fernández, la mayoría de esa deuda fue para financiar la fuga de capitales y la campaña electoral del gobierno anterior. Era la gran oportunidad entonces para desconocerla y no pagar. ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no hacen esto? ¿Por qué no hacen valer la teoría internacional de la “deuda odiosa”, que dice que cuando un gobierno (sea constitucional o dictadura, no importa) endeuda ilegítimamente a un país puede declararlo nulo de nulidad absoluta? El gobierno del Frente de Todos hace todo lo contrario. A tal punto que, de arranque, con la propia ley de emergencia votada en diciembre del año pasado, dispuso pagar 4.500 millones de dólares a pesar de que ya el propio gobierno de Macri estaba en cesación de pagos.

La cruda realidad es esta, con Fernández sigue el FMI. Es lo que denunciamos en las pasadas elecciones desde Izquierda Socialista con un inmenso cartelón de campaña. El FMI vino con la “derecha” de Macri y se va a quedar con el “gobierno popular”.

Otro tema es qué hizo el peronismo cuando gobernó Macri. Se la pasó haciendo actos con la leyenda “la patria está en peligro”, donde actores y artistas leían documentos repudiando el acuerdo Macri-FMI de 2018 junto a La Cámpora, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Hugo Yasky, Pablo Moyano, la CTEP y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, con Hebe a la cabeza. Pero lo único que perseguían esos actos era ganar votos, no repudiar la deuda. Por eso nunca llamaron a una movilización o paro para derrotar el pacto Macri-FMI. Nunca el peronismo, incluida su variante kirchnerista, dijo que había que dejar de pagar y desconocer ese endeudamiento. Después ganó el Frente de Todos que, finalmente, en esa zaga de endeudamiento y entrega, está siendo una continuidad con las nefastas consecuencias que vemos hoy, cuando se está por votar una ley de movilidad jubilatoria robándole nuevamente a los jubilados y se sacó el IFE para cumplir con el FMI.

Cuando gobernaba Macri el peronismo decía “patria sí, colonia no”. ¿Pero cómo vamos a ser patria si para dejar de ser colonia hay que desconocer los pactos políticos y económicos que nos atan al imperialismo y al Fondo Monetario y dar pasos hacia una segunda independencia con un frente de países latinoamericanos que el peronismo nunca postuló? Desde la izquierda considerábamos entonces, igual que hoy, que para derrotar el pacto Macri-FMI hacía falta una gran lucha nacional para que todo el movimiento obrero y popular sea protagonista de esta gesta anti-FMI y antiajuste. Nada de eso ocurrió.

El nuevo pacto que se apresta a firmar el gobierno con el FMI y la política de Fernández y Guzmán idolatrando a ese organismo imperialista como un “FMI bueno”, está siendo muy mal visto por grandes franjas de sus propios votantes. A ellos les proponemos luchar para que no se firme ningún acuerdo con el Fondo Monetario y que se suspenda ya todo pago de deuda externa, volcando esos fondos para combatir todas las pandemias que aquejan a millones como parte de otro plan económico, obrero y popular.

Escribe Claudio Funes

Alberto Fernández tomó nota y comenzó a desarmar Precios Máximos sin hacer mucho ruido y de a poco. Quitó de la lista algunos alimentos, como arroz integral, conservas de pescado, sémola, artículos de higiene personal y productos de limpieza.

La eliminación de los precios máximos será otro duro golpe al bolsillo de los trabajadores y los sectores populares.

Las grandes empresas y multinacionales de la alimentación, que de conjunto producen el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino, entre las que se encuentran Arcor (que obtuvo 1.129 millones de pesos de ganancias en el primer semestre, una mejora en relación con el mismo período del año anterior), Molinos Río de La Plata (que reconoció ganancias durante el primer semestre en el orden de los 608 millones de pesos), Danone (la multinacional francesa alcanzó un beneficio de 1.015 millones entre enero y junio), Morixe Hermanos (durante la cuarentena incrementó hasta 570% sus ventas), Mondelez, Pepsico, Unilever, las aceiteras General Deheza y Cargill, entre otras, serán las privilegiadas.

También lo serán las grandes cadenas de comercialización como Coto, Carrefour, Cencosud, Anónima y Walmart, que manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. Todas ellas, que nunca dejaron de ganar y son las principales responsables de la inflación, resultarán beneficiadas con el fin de Precios Máximos.

La medida que tomó Fernández fue exigida el jueves 12 por las principales empresas alimentarias nucleadas en la Copal, que preside Daniel Funes de Rioja, que emitieron un comunicado advirtiendo sobre el desabastecimiento de mercadería en caso de que continúe el programa Precios Máximos. Una amenaza.

Aun con la inflación que no cesa y que continuará en ascenso, sobre llovido, mojado: el gobierno anunció que en diciembre no pagarán el IFE 4.

Por contraposición, mientras millones de hogares padecen las consecuencias de la desocupación y los bajos salarios, Alberto Fernández, con el guiño de la burocracia sindical peronista, logró imponer  paritarias a la baja. En medio de este panorama de crisis económica y social el gobierno, que dice cuidar a los más necesitados, continúa castigándolos.  

El mismo jueves 12 el Indec daba a conocer la inflación de octubre, 3,8%, la más alta del año, impulsada principalmente por los aumentos de  precios en alimentos, vestimenta y combustibles. El rubro alimentos y bebidas, el de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC),  registró un alza de 4,8% producto de los incrementos en los precios de las frutas y verduras. De esta manera, en lo que va de 2020, los precios aumentaron 26,9 por ciento.

Una vez más, los precios suben por el ascensor, y los salarios, con incrementos a la baja, lentamente por la escalera. Se impone pelear por un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar y se reabran inmediatamente todas las paritarias.

Escribe Guido Poletti

La derecha argentina está intentando instalar una nueva alternativa política. Lo hace con José Luis Espert, fallido candidato presidencial el año pasado, que salió último, de la mano del payasesco Javier Milei. Ambos se venden como economistas. Espert lo es, de hecho hizo su fortuna como consultor del establishment, en especial de los bancos y los especuladores de la Bolsa. Milei es más patético, es “ñoqui” de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de Eduardo Eurnekian. El ultraliberal Milei recibe un sueldo de una compañía que vive de una concesión del Estado. Peor aún, en los primeros meses de este año figuró que su salario lo pagó un ATP. Gracias a eso pasea entre la farándula y hasta se da el lujo de ser un personaje de teatro de revistas.

Evidentemente, los medios de comunicación amplifican lo que intentan construir Milei y Espert, dándoles horas y horas en sus programas. Los dos tratan de mostrarse como “modernos”, “cancheros”, tiran frases de efecto, como “los políticos le roban a la gente”. Incluso Milei ha llegado a definirse como anarquista, “anarco-capitalista”, dice.

Pero, a poco que miramos qué plantean, lo que encontramos son las viejas consignas más antiobreras y reaccionarias que nos podamos imaginar. ¿Cómo se resuelven los problemas de nuestro país? “Echando a un millón de empleados públicos”, responden, sin ponerse colorados. A esto le suman eliminar las indemnizaciones por despido, hacer una superflexibilización laboral, privatizar la salud y arancelar la educación. Prometen cárcel para los que protesten y se movilicen. Defienden a muerte a las patronales contra los trabajadores. 

A Milei y Espert no les faltan las consignas más reaccionarias que se pueden juntar hoy, se declaran anticuarentena, apoyan a Trump, están en contra de la legalización del aborto y son misóginos.

En realidad, su planteo no es novedoso, como nos quieren hacer creer. Entronca con los viejos programas de la derecha liberal que ya hubo en otros tiempos con personajes que crearon experimentos políticos similares. El más “exitoso” fue el de la UCeDé, con Alvaro Alsogaray, que se destacaba por defender las dictaduras militares y participar como ministro. En los ’80 era el campeón de la impunidad a los militares genocidas y fue el padre teórico de las privatizaciones que luego llevó adelante Menem, con María Julia, hija de Álvaro, como funcionaria, que terminó presa por corrupción. 

Milei-Espert, envase nuevo para un programa viejo y con olor a podrido. 

El Socialista entrevistó a Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad sobre los cambios en la ley de movilidad jubilatoria.

–¿Qué opina del nuevo mecanismo de movilidad que el gobierno está proponiendo votar en el Congreso?

–Son tantos los porcentajes que pone el gobierno que a veces se vuelve confuso, pero la gente percibe claramente que los jubilados en la Argentina vienen mal desde hace muchos años y ahora están mucho peor. Los políticos no registran que es un problema gravísimo desde el punto de vista social. Entre 2018 y 2019, con una inflación de 50% y 53% respectivamente, los jubilados perdieron 20 puntos. El propio presidente Alberto Fernández dijo en la época que era candidato que no bien asumiera iba a recomponer estos 20 puntos vendiendo las Leliq*. Pero no lo hizo, los argentinos estamos pagando los intereses de las Leliq y a los jubilados encima se les suspendió la ley de movilidad y los tres reajustes fueron a la baja respecto de lo que correspondía por ley. Desde enero hasta ahora el gobierno se “ahorró” 70.000 millones de pesos de jubilaciones y pensiones; quiere decir que se les pagó 70.000 millones de pesos menos a los jubilados. Esa es la verdad.

–O sea que el problema no es solo la movilidad, sino el manejo discrecional que se hace con los jubilados.

–En mi opinión, la comisión que discute la movilidad está discutiendo el sexo de los ángeles, y yo se los dije personalmente cuando fui consultado. El problema central no es la movilidad sino recomponer el haber jubilatorio. En estos tres años se perdió 40% del poder adquisitivo, entonces cualquier fórmula va a mantener el statu quo de la miseria que hoy representan las jubilaciones y las pensiones. Hay cuatro millones que cobran 18.000 pesos, dos millones más que cobran una media de 26.000 pesos y 1,3 millones de discapacitados que cobran 13.000 pesos. En este contexto están discutiendo la movilidad cuando deberían pensar cómo hacer para cubrir la canasta familiar del jubilado. El reajuste que el gobierno piensa hacer por decreto en diciembre, antes de que empiece a regir el nuevo mecanismo de movilidad, va a ser de 6 puntos. Sobre 18.000 pesos son 1.000 pesos, o sea 33 pesos por día, menos que el precio de un alfajor. Esta es la tragedia. El reclamo correcto es llevar la jubilación mínima al costo de la canasta del jubilado. Nosotros hace once años la venimos calculando. Hoy en las grandes ciudades está en torno de los 49.000 pesos. Eso es lo que tendría que pagar el gobierno.

–Además, en un país como el nuestro no considerar la inflación como índice de reajuste es fatal.

–El valor de los haberes jubilatorios en el mundo se reajusta según la variación del salario del trabajador activo porque la jubilación es una continuidad de eso. En la Argentina tenemos una inflación altísima, que no es un fenómeno mundial, es un fenómeno de algunos países como Sudán, Venezuela, países que están mal, como nosotros. En la mayoría de los países la inflación es de 2% o 3%, a veces de cero por ciento. En caso de que haya inflación se aplica una cláusula gatillo como garantía y se completa ese 2% o 3% que puedan perder. Aquí, si aparte de no recomponer las pérdidas de los últimos años no consideramos la inflación, la pérdida va a ser enorme.

–¿El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no podría recomponer las pérdidas?

–La rueda de auxilio del sistema debería haber sido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que para eso fue creado, pero ninguna administración usó un solo peso de ese fondo para los jubilados, se usa para financiar deudas del Estado. Por eso lo que queda, que son unos 20.000 millones de dólares, ya deberían ponerse en el bolsillo del jubilado. Pero el gobierno no tiene ninguna intención de hacer eso. Si recordamos el día que apareció en pantalla el “porno diputado”, en ese momento, mientras todos hablaban de eso, se estaba tratando el manejo del fondo por parte de Hacienda, donde un banquero explicaba que para garantizar que no se liquidara el Fondo “se lo iban a llevar”, y esto pasó a la semana siguiente, lo ratificó el Senado, nadie se enteró, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, usó el fondo para bajar el dólar blue. Así gasta el gobierno el dinero de los jubilados.

*Letra de Liquidez del Banco Central. Es como un bono o un préstamo que toma el Banco Central (BCRA) con los bancos por una semana. Alberto Fernández, siendo precandidato presidencial por el Frente de Todos, aseguró a El Destape: “Vamos a dejar de pagar los intereses de Leliq que está pagando la Argentina todos los días”.

La propuesta del gobierno peronista

* La nueva ley de reajuste jubilatorio, tiene como objetivo reducir la masa de dinero que se pagan en jubilaciones, como parte del “ahorro fiscal” (léase ajuste) exigido por el FMI.

*No toma en cuenta la inflación y los aumentos serán semestrales, en marzo y septiembre.

*Los incrementos de las jubilaciones se calcularán por las variaciones de los salarios y la recaudación de la Anses de hasta nueve meses antes.

*De la suba de los salarios y la recaudación tributaria con destino a la Anses y la recaudación total de la Anses, incrementada 3%, se aplicará la que otorgue menos aumento.

*Si los salarios suben menos que la recaudación se reduce el aumento de las jubilaciones. Por el contrario, si los salarios suben más que la recaudación se chocará con el tope impuesto por esta. Los haberes siempre tendrán techo y estarán en su valor más bajo.

*La ley anterior del peronismo tomaba la variación del índice general de salarios establecido por el Indec y el Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social, de ambos el mejor. 

*La nueva fórmula solo toma el Ripte. Esta modificación no es menor, reduce los futuros aumentos jubilatorios porque elimina una cláusula que garantizaba el índice más favorable del componente salarial, que es responsable del 50% de la fórmula de movilidad. 

*La nueva fórmula tampoco establece una compensación por la pérdida de los haberes jubilatorios durante 2018 y 2019. Y tampoco durante 2020, que afectó a las jubilaciones medias y más altas.

La propuesta de Cambiemos

*Insiste con la fórmula macrista de 2017, 70% por inflación y 30% por Ripte.

*Durante los cuatro años de gobierno macrista, los jubilados perdieron 20% de su poder adquisitivo. El ahorro fiscal alcanzó los 100.000 millones de pesos en 2018.

*Fue parte en su momento de las recomendaciones del FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 Nuestra propuesta

*Aumento de emergencia. Elevar la jubilación mínima, hoy en 18.129 pesos, a 49.614 pesos, valor de la canasta del jubilado según la Defensoría de la Tercera Edad.

*Reimplantar el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.

*Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan, de acuerdo a la inflación mensual.

* 82% móvil del salario en actividad.

*Para financiar esta propuesta se deben suspender los pagos al FMI.