No contento con el asesinato del docente Carlos Fuentealba en abril de 2007, este miércoles 21 una bala policial estuvo a milímetros de matar a Luis Bastidas, delegado de UPCN, cuando el cabo Fabián Escobar le disparó un tiro a quemarropa que impactó en la parte plana de la costilla, a la altura del corazón, y se desplazó hasta triturar el húmero izquierdo. Esa fue la respuesta policial ante la movilización que se instaló frente al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente, exigiendo solución a un pedido de recategorización de un centenar de trabajadores que pide esa reivindicación desde febrero de este año. El ministro al que le reclaman es Jorge Lara, el mismo que en 2007 era Jefe de Gabinete del gobernador Jorge Sobisch.

El grave hecho sucedió cuando una empleada empujó la puerta del ministerio y logró ingresar parte de su cuerpo. Los policías que estaban adentro cerraron la puerta apretándola e inmovilizándola contra el marco de la misma. Esto llevó a la reacción de sus compañeros, que lograron vencer la resistencia de la policía e ingresar al interior del recinto donde recibieron el balazo del cabo Escobar.

Al día siguiente, la respuesta fue un paro general de CTA -estatales, docentes y judiciales- y UPCN, con una multitudinaria marcha de 5.000 trabajadores exigiendo justicia y la renuncia del ministro. Mientras, el gobernador Gutiérrez exclamó por televisión en reiteradas oportunidades “gracias a Dios que no murió el trabajador”. Una imploración por su propia estabilidad, ya que la muerte de Bastidas hubiera ocasionado una reacción popular impredecible.

Exigimos cárcel para el cabo Escobar y la no judicialización de la protesta

El gobierno está tironeado por los trabajadores que exigen cárcel para Escobar y la policía, que hizo una marcha de unos trescientos familiares exigiendo que se investigue el “enfrentamiento” con los trabajadores aduciendo que fueron golpeados. La justicia abrió dos causas, una de ellas caratula la causa Escobar como “homicidio en grado de tentativa calificada por el uso de arma reglamentaria y abuso por su función policial” pero otorgándole la prisión preventiva domiciliaria durante cuatro meses. La otra imputa a los trabajadores que entraron al ministerio y comenzó con el allanamiento el lunes 26 a Edgardo Oñate, secretario gremial de UPCN, abriéndole una causa por “daños y lesiones graves y robo de la tonfa (bastón policial)”. La lucha deberá redoblarse para lograr que se le retire la causa a los trabajadores, frenando la judicialización de la protesta. Y para que se avance en juzgar a Escobar -quien estuvo a milímetros de matar a un trabajador estatal- hasta que quede preso.